CC - A005-2019

Auto 005/19 FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto

Referencia: Expediente ICC-3524

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo de Familia de Cartago -Valle del Caucay el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Popayán -Cauca-.

Magistrado Ponente:

ALBERTO ROJAS RÍOS

Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil diecinueve (2019). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente AUTO

I. ANTECEDENTES

1. El 17 de octubre de 2018, la señora Jenny Astaíza Castellanos, domiciliada en el municipio de Cartago –Valle del Cauca-, promovió acción de tutela contra la Universidad del Cauca con la finalidad de proteger los derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la vida digna, al acceso a la información, a la dignidad, a la solidaridad y a la igualdad.

2. Afirma la accionante que sostiene un vínculo contractual con la Universidad del Cauca a través de un contrato de prestación de servicios. Sin embargo, en virtud de la ejecución del contrato, la Universidad del Cauca le ha exigido actividades que implican una configuración de una relación laboral y, por tanto, un contrato de trabajo.

3. Como consecuencia de dichas exigencias por parte de la Universidad

del Cauca, de su situación de discapacidad y del acoso laboral que ha soportado por parte de sus compañeros de trabajo, la señora Jenny Astaíza Castellanos sostiene que ha presentado problemas y alteraciones graves a su salud. Por las anteriores razones, solicita, dentro otras, la declaración de la existencia de un contrato de trabajo con la Universidad del Cauca y, por tanto, el pago de los emolumentos de ley que le corresponden como trabajadora de dicha universidad.

4. Por reparto le correspondió al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago -Valle del Caucaconocer la acción de tutela formulada por la señora Jenny Astaíza Castellanos contra la Universidad del Cauca. Dicho despacho, mediante el auto Nº 1156 del 17 de octubre del 2018, y como consideración textual del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 20151, remitió la acción de tutela formulada por la señora Jenny Astaíza Castellanos a la oficina de apoyo judicial para que sea repartida ante los Jueces del Circuito de Popayán2.

5. De acuerdo con lo anterior, le correspondió al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Popayán -Cauca-. Este despacho, mediante Auto del 24 de octubre de 2018, sostuvo su falta de competencia, pues, de acuerdo con el Auto de 113 de 2018 expedido por la Corte Constitucional, la accionante al residir en Cartago -Valle del Caucadebe preferirse su elección. Por lo anterior, ordenó remitir la controversia directamente a la Corte Constitucional para que resuelva el presente conflicto

negativo de competencias.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 19963. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de 1 Folio 371 del expediente. 2 Folio 371 del expediente. 3 Autos 014 de 1994, 087 de 2001, 122 de 2004, 280 de 2006, 031 de 2008, 244 de 2011, 218 de 2014, 492 de 2017, 565 de 2017, 178 de 2018, entre otros. 2 conflictos debe ser interpretada de manera residual4 y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite, o, en aquellos casos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales5.

En principio, el presente conflicto de competencias negativo debería ser resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia conforme con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 270 de 19966. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se

dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

2. La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio del título transitorio de la misma, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos7; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz8; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las 4 Autos 170A de 2003 y 205 de 2014, entre otros. 5 Autos 159A y 170A de 2003.

6 Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación. Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y

pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación. 7 Cfr. Auto 493 de 2017. 8 Incorporado por el Acto Legislativo 01 de 2017 dispone: “Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas” (negrillas fuera del texto original). Cfr. Auto 021 de 2018. 3 autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”9 en los términos establecidos en la jurisprudencia10. Este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues, en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 199111, se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover12.

3. De otro lado, esta Corporación también ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo sin más al lugar de residencia de la parte accionante13 o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales14. En efecto, ha expresado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde

se presentó u ocurrió la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de la misma, los 9 Ver, entre otros, los Autos 486 y 496 de 2017. 10 De conformidad con lo dispuesto en, entre otros, el Auto 655 de 2017, debe entenderse que por la expresión “superior jerárquico correspondiente”: “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico” (negrillas fuera del texto original). Asimismo, en el Auto 225 de 2018 la Sala Plena precisó que el factor funcional debe entenderse en razón del factor territorial, a fin de que el juez que decida la impugnación de la tutela no solo tenga formalmente la competencia – de acuerdo con el régimen legal aplicable – sino que materialmente cumpla con el factor territorial –lugar donde se generó la vulneración o donde se extienden los efectos de ésta acorde con lo previsto en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991–. 11“Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud (…)”. (Subrayado fuera del texto original). 12Cfr. Auto 053 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerreo Pérez). 13Ver Autos 299 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) y 074 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), entre otros. 14Ver Autos 086 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y 048 de

2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), entre otros. 4 cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.

III. CASO CONCRETO De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

1. Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial, toda vez que, de una parte, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago -Valle del Caucarechazó la competencia para conocer la tutela de la referencia al interpretar de manera textual el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del

2015. De otra parte, el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Popayán -Caucaestimó que a partir del Auto 113 del 2018 y “ de la lectura de la acción de amparo, se extracta que la accionante reside en la localidad valluna de Cartago, y por eso fue su querer instaurarla en la Judicatura de ese lugar, de suerte que con base en el criterio jurisprudencial reseñado, y en punto de dirimir el aspecto de colisión negativa de competencia, que emana de este Despacho, se remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para lo de su cargo.”15 ii.El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago -Valle del Caucaes la autoridad competente para tramitar la acción de tutela interpuesta por Jenny Astaíza Castellanos, ya que los efectos de la vulneración a los derechos fundamentales del accionante se producen en el municipio de Cartago –Valle del Cauca-. En efecto, de acuerdo con la acción de tutela, por condiciones climáticas y de

salud, el municipio de Cartago –Valle del Caucaes el lugar apropiado para que su condición de salud no empeore. Adicionalmente, porque debe respetarse la elección que “a prevención” hizo el demandante de interponer la acción de tutela ante los jueces del municipio de Cartago –Valle del Cauca-. iii. En consecuencia, le corresponde al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago -Valle del Caucaconocer del presente proceso de tutela en virtud del artículo 2.2.3.1.2.1 inciso 1 del Decreto 1069 de 2015. Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto Nº 1156 proferido el 17 de octubre de 2018 por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago -Valle del Caucadentro de la acción de tutela formulada por Jenny Astaíza Castellanos contra la Universidad del Cauca y remitirá el 15 Folio 375 del expediente. 5 expediente ICC-3524 al mencionado despacho judicial, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar. Igualmente, la Sala Plena de la Corte Constitucional advertirá al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de PopayánCaucaque siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual deberá observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto

550 de 2018. iv. DECISIÓN Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, RESUELVE: PRIMERO. - DEJAR SIN EFECTOS el auto Nº 1156 del 17 de octubre de 2018, que profirió el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago -Valle del Cauca-, mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela presentada por la ciudadana Jenny Astaíza Castellanos contra la Universidad del Cauca. SEGUNDO. - REMITIR el expediente ICC-3524 al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago –Valle del Cauca-, para que, de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado. TERCERO.- ADVERTIR al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Popayán -Cauca- (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018. 6 CUARTO. - Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte accionante y al Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Popayán -Caucala decisión adoptada en esta providencia. Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Presidente

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

7 Magistrada

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General 8