CC - A023-23

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Conocimiento de actos sujetos al derecho administrativo, cuando esté involucrada una entidad pública En los procesos en los que se solicite la nulidad de actos administrativos proferidos al interior del trámite del proceso de cobro coactivo adelantado por una entidad pública, la competencia recaerá en la Jurisdicción Contencioso Administrativa de conformidad con el entendimiento armónico y sistemático de los artículos 5° de la Ley 1066 de 2006, 835 del Estatuto Tributario y 101, 104 inciso primero y 138 de la Ley 1437 de 2011.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL Sala Plena AUTO 023 de 2023

Referencia: Expediente CJU-1367.

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, Antioquia y la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Magistrado Ponente:

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS.

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente: AUTO

I. ANTECEDENTES

1. Situación jurídico-fáctica que originó la demanda. Al señor Gustavo de Jesús Marín Díaz se le reconoció la pensión especial de jubilación por CJU-1367 convención colectiva de trabajo, mediante la Resolución N° 267 del 31 de

mayo de 1996 proferida por Metrosalud ESE1.

2. El 12 de noviembre de 2008, el Instituto de los Seguros Sociales (en adelante ISS) concedió a favor del señor Marín Díaz indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por la suma de $10.497.3162, basada en 666 semanas cotizadas.

3. Posteriormente, a través de la Resolución GNR-176272 del 16 de junio de 2015, la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) “reconoció una pensión de vejez de carácter compartida con la ESE Metrosalud de Medellín (...) efectiva a partir del 23 de diciembre de 2011, con base en 1685 semanas y en la normatividad establecida en la Ley 797 de 2003 (...)3”. Adicionalmente, dejó en suspenso el retroactivo generado y ordenó al señor Marín Díaz reintegrar los valores correspondientes a la indemnización sustitutiva actualizados al año 2015 ($13.355.384)4.

4. A su turno, en la Resolución GNR-314424 del 13 de octubre de 2015

Colpensiones “negó la reliquidación de la pensión de vejez” solicitada por el señor Marín Díaz (punto resolutivo primero) y le ordenó nuevamente realizar el reintegro de los valores pagados por la referida indemnización sustitutiva (punto resolutivo segundo)5. Adicionalmente remitió el asunto a la Gerencia Nacional de Cobro para que iniciara el proceso de cobro coactivo (p.r. tercero) e indicó que el acto administrativo prestaría mérito ejecutivo (p.r. cuarto).

5. Por la Resolución SUB-80687 del 26 de marzo del 2018, la entidad rechazó los recursos de reposición y apelación formulados contra la anterior decisión

(p.r. primero); sin embargo, “con el objeto de preservar principios constitucionales como el debido proceso, eficiencia y a efectos de desembocar futuras nulidades”6, ordenó revocar de oficio los numerales segundo, tercero y cuarto del acto administrativo GNR-314424 del 13 de octubre de 2015 “en lo concerniente al cobro”, para dejar vigente “solamente el cobro obrante en Resolución GNR-176272 del 16 de junio del 2015”7 (p.r. segundo).

6. Ahora bien, la resolución DIR-9100 del 11 de mayo del 2018, confirmó en cada una de sus partes la Resolución GNR-176272 del 16 de junio del 2015 que reconoció la pensión de vejez e inicialmente ordenó el reintegro de lo 1 Expediente digital 02. DEMANDA CON ANEXOS.pdf. Folio 43. De acuerdo con el acto administrativo el señor Marín Díaz se desempeñó como portero celador. El 8 de julio de 1996 la misma entidad le otorgó una pensión transitoria hasta que cumpliera 55 años de edad. Esto en aplicación del Decreto 1748 del 12 de octubre de 1995. Dicha pensión le fue reconocida a través de la Resolución n.° 369 del 8 de julio de 1996. 2 Expediente digital 02. DEMANDA CON ANEXOS.pdf. Folio 51. Según el artículo 37 de la ley 100 de 1993 y el Decreto 1730 de 2001. Lo anterior teniendo en cuenta que el afiliado indicó su imposibilidad de

continuar cotizando con el ánimo de solicitar la indemnización sustitutiva. 3 Expediente digital 02. DEMANDA CON ANEXOS.pdf. Folio 14. 4 Ib. Folio 22. 5 Ib. Folio 15. 6 Ib. Folio 25. 7 Ib. 2 CJU-1367 pagado en virtud de la indemnización sustitutiva8, se abstuvo de modificar o aclarar la Resolución SUB-80687 del 26 de marzo del 2015 frente a la vigencia del reintegro de la mencionada indemnización y remitió a la Dirección de Cartera ese acto administrativo para dar inicio al proceso de cobro coactivo. Finalmente, en la Resolución N.° 3100 del 12 de mayo de 2020, en virtud del proceso de cobro coactivo, Colpensiones ordenó “librar mandamiento de pago por la suma de $13.355.384 pesos, correspondientes al valor girado por concepto de una indemnización sustitutiva a la cual no tenía derecho”9.

7. Demanda. El 21 de octubre de 2020, el señor Gustavo de Jesús Marín Díaz, a través de apoderado, presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con el que pretendió que: i) se declare la nulidad de los actos administrativos GNR-314424 del 13 de octubre de 201510 y 3100 del 12 de mayo de 202011 y ii) se levanten las medidas cautelares de embargo y secuestro de los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria 012-49514 y 012-2066712. Adicionalmente, solicitó el llamado de Metrosalud ESE en calidad de litisconsorte necesario, “a fin de

que aclare lo relacionado con la pensión compartida, así como también para que explique la razón por la cual en el año 2010 (...) retuvo (...) el pago por nueve meses de la pensión de jubilación especial (...)13.”

8. El demandante consideró que a partir de la Resolución DIR-9100 del 11 de mayo del 2018, quedaba “plenamente establecido que no había lugar a reintegrar suma de dinero alguna”14 por concepto de la indemnización sustitutiva pagada, razón por la cual “habrá de concederse la nulidad”15 de las resoluciones censuradas. Explicó que la Resolución GNR-314424 del 2015 no se encuentra vigente, dado que a través del acto administrativo SUB-80687 del 2018, la orden de reintegro de la indemnización sustitutiva fue revocada16.

Sostuvo que a partir de la mencionada Resolución 9100 no hay lugar a reembolso de dineros alguno. Resaltó que los actos relativos al cobro coactivo lesionaron sus derechos al exigirle “hacer la devolución de unos dineros que 8 Y en ese sentido revocó parcialmente la resolución SUB-80687 de 2018, específicamente el numeral 1° que había rechazado los recursos de reposición y apelación formulados contra el acto administrativo GNR-314424 del 13 de octubre de 2015. Expediente digital 02. DEMANDA CON ANEXOS.pdf. Folio 41. 9 Ib. Folio 16. Se observa que los actos administrativos que sirvieron como título ejecutivo para librar el mandamiento de pago fueron i) la Resolución GNR-176272 del 16 de junio del 2015 y ii) la Resolución DIR9100 del 11 de mayo del 2018, los cuales no fueron objeto de solicitud de nulidad. 10 Que negó la reliquidación de la pensión de vejez del señor Marín Díaz (numeral primero de la resolución) y le ordenó nuevamente realizar el reintegro de los valores pagados por la referida indemnización sustitutiva (numeral segundo). Por último, ordenó remitir el acto administrativo a la Gerencia de Cobro Coactivo de Colpensiones (numerales tres y cuatro). Los numerales dos a cuatro fueron revocados mediante la Resolución SUB-80687 del 26 de marzo del 2018 (supra, f.j. 5). 11 Que ordenó “librar mandamiento de pago por la suma de $ 13.355.384 pesos, correspondientes al valor girado por concepto de la indemnización sustitutiva” (supra, f.j. 6). 12 Expediente digital 02. DEMANDA CON ANEXOS.pdf. Folio 5. 13 Ib. Folio 4. 14 Ib. Folio 2. 15 Ib. Folio 3. 16 Ib. Folio 2 a 4. 3 CJU-1367 nunca le fueron pagados, de igual forma tiene embargados los inmuebles con matrícula inmobiliaria N° 012-49514 y 012-20667”17.

9. El asunto fue asignado por reparto el 26 de octubre de 202018 al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, autoridad que mediante auto del 16 de febrero de 202119 declaró la falta de jurisdicción y ordenó remitir el asunto a los Juzgados Laborales del Circuito de Medellín.

Argumentó que “(…) [l]o pretendido por la parte demandante es que se

dirima un conflicto de carácter laboral (referido a la seguridad social), originado entre una entidad pública y una persona que tuvo la calidad de trabajador oficial (…) Razón por la cual, esta jurisdicción no es competente para conocer del proceso de la referencia, según lo estipulado en el numeral 4° del artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Se impone, por tanto, dar aplicación del artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia el competente para conocer de la presente controversia, al tenor del artículo 2° numeral 4 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 622 de la ley 1564 de 2012 son los jueces laborales del circuito judicial de Medellín a quienes se les enviara la actuación para lo de su cargo (…)”.20

10. El 2 de marzo de 202121, se asignó el conocimiento del asunto al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín. Dicha autoridad, en auto del 13 de agosto de 202122 propuso conflicto negativo de competencia. Indicó que “no se puede perder de vista que el objeto de la discusión está enfocado sobre si se debe nulificar o no los actos administrativos emitidos por Colpensiones, con lo que sería competente la jurisdicción contenciosa administrativa de conformidad con el inciso 1° del artículo 104 del CPACA. Además, hay que recordar que el asunto objeto de estudio no es un conflicto de carácter laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial como lo quiere hacer ver el Tribunal Administrativo, pues al analizar los hechos y fundamentos de la demanda, se puede ver que el demandante no pretende el

reconocimiento de derechos de carácter laboral o de la seguridad social, sino proteger los bienes inmuebles que le fueron embargados por Colpensiones atacando los actos administrativos emitidos por dicha entidad, en los cuales ordena el reintegro de las sumas pagadas y el cobro coactivo de las mismas. Por lo dicho es la jurisdicción contenciosa administrativa la encargada de conocer la presente demanda, pues dicho asunto es propio de dicha jurisdicción, independientemente de la calidad del demandante (…)”23. 17 Ib. Folio 4. 18 Expediente digital 03. ACTA REPARTO.pdf. 19 Expediente digital 04. AUTO REMITE JUZGADOS LABORALES.pdf. Folio 1 al 5. 20 Ib. 21 Expediente digital 09. ACTA 1608 REPARTO.pdf. 22 Expediente digital 14. AUTO SUSCITA CONFLICTO COMPETENCIA -. Folio 1 al 4. 23 Ib. 4 CJU-1367

11. El 26 de agosto de 202124, mediante correo electrónico, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín remitió el expediente a la Corte Constitucional para definir el conflicto propuesto.

12. El expediente fue repartido al magistrado sustanciador en sesión de Sala Plena de la Corte Constitucional del 28 de enero de 2022 y remitido al despacho el 2 de febrero siguiente25.

II.CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia

13. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto

Legislativo 02 de 201526. Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

14. Esta Corporación ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”27.

15. La Corte Constitucional, de forma reiterada, ha considerado que para configurar un conflicto de jurisdicciones es necesario que se den los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo28, a saber: i) Presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones29. ii) Presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional30 . iii) Presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un 24 Expediente digital 15. OFICIO REMITE A LA CORTE CONSTITUCIONAL.pdf. 25 Expediente digital. Constancia de Reparto CJU 1367.pdf. 26 “ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes

funciones: […] || 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”. 27 Autos 345 de 2018 y 328 de 2019. 28 Auto 155 de 2019, reiterado, entre otros, por los autos 452 y 503 de 2019, 129 y 415 de 2020 y 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659 y 660 de 2021. 29 En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad; (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales. 30 En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (cfr. Artículo 116 de la Constitución). 5 CJU-1367 pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.

16. En el asunto de la referencia se satisfacen los anteriores presupuestos. Se cumple el presupuesto subjetivo porque el conflicto se suscita entre una autoridad que hace parte de la jurisdicción contenciosa administrativa (Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia) y otra que pertenece a la jurisdicción ordinaria (Juzgado 5° Laboral del Circuito de

Medellín).

17. Se cumple el presupuesto objetivo, dado que existe una controversia en relación con la autoridad competente para conocer el proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho promovido por el señor Gustavo de Jesús Marín Díaz, en contra de Colpensiones, para que se declare la nulidad de las resoluciones N° GNR-314424 del 13 de octubre de 2015 y 003100 del 12 de mayo de 2020.

18. Se cumple el presupuesto normativo ya que ambos despachos enunciaron los fundamentos de índole legal que soportan sus posiciones dirigidas a negar la competencia. De una parte, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia sostuvo que el competente para conocer de la presente controversia es el juez laboral al tenor del artículo 2° numeral 4 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 622 de la ley 1564 de 2012. Esto, teniendo en cuenta que la controversia gira en torno a una situación laboral entre una entidad pública y una persona que tuvo la calidad de trabajador oficial. De otra parte, el Juzgado 5° Laboral del Circuito de Medellín estableció que la competencia es del Tribunal Administrativo en atención a que el asunto objeto de estudio no es un conflicto de carácter laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial; por el contrario, la pretensión va enfocada a la nulidad de los actos administrativos proferidos por Colpensiones. En ese sentido, la competencia radicaría en la jurisdicción contenciosa administrativa de conformidad con el inciso 1° del artículo 104 del CPACA.

Competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer sobre conflictos originados en la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho de actos administrativos proferidos en el trámite de un cobro

coactivo

19. El inciso 1° de artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) señala que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer los conflictos derivados de “actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”.

6 CJU-1367

20. A esa disposición se adscribe una cláusula general, según la cual, dicha jurisdicción conocerá, entre otras, de aquellas controversias suscitadas sobre actos administrativos donde uno de los extremos en conflicto sea una entidad pública. Esto, en concordancia con el artículo 13831 del CPACA. Aunado a lo anterior, son sujetos al control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa los actos administrativos definitivos, expedidos por la administración, conforme con lo estipulado en el artículo 4332 de la Ley 1437 de 2011.

21. Atendiendo las particularidades del caso concreto, es necesario señalar que la facultad de cobro de Colpensiones se basa en el artículo 57 de la Ley 100 de 1993, el cual establece que corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro coactivo para hacer efectivos los créditos a su favor. Por su parte, la Ley 1066 de 2006, por la cual se dictan normas para la regulación de la cartera pública, prevé en su artículo 5° que “las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de

servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario”.

22. En consonancia, el Decreto 4473 de 2006, reglamentario de la Ley 1066 de 2006, determina que “[l]as entidades objeto de la Ley 1066 de 2006 aplicarán en su integridad, para ejercer el cobro coactivo, el procedimiento establecido por el Estatuto Tributario Nacional o el de las normas a que este Estatuto remita”.

23. El CPACA también hace referencia al deber de recaudo y a la prerrogativa del cobro coactivo que ostentan las entidades públicas determinadas por el mismo Código33. El artículo 98 de la norma señala que “[l]as entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes”. El artículo 99, indica que “[p]restarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, 31 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho

subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. (…)”. 32 “Artículo 43. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”. 33 CPACA, artículo 104: “(...) PARÁGRAFO. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%”. 7 CJU-1367 expresa y exigible, los siguientes documentos: || 1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley”.

24. En cuanto a las reglas de procedimiento para el cobro coactivo, nuevamente el artículo 100 reitera la remisión al Estatuto Tributario: “[p]ara los procedimientos de cobro coactivo se aplicarán las siguientes reglas:1. Los que tengan reglas especiales se regirán por ellas. 2. Los que no tengan reglas especiales se regirán por lo dispuesto en este título y en el Estatuto

Tributario”.

25. El artículo 101 establece el control jurisdiccional de los actos referidos al cobro coactivo en los siguientes términos: “[c]ontrol Jurisdiccional. Sólo serán demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los términos de la Parte Segunda de este Código, los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito”.

26. El Libro V, Título VIII del Estatuto Tributario establece el procedimiento coactivo que, de acuerdo con la normatividad expuesta hasta aquí, debe seguir Colpensiones, como entidad pública, en virtud de su facultad de cobro.

Asimismo, determina las reglas de competencia sobre asuntos relativos a impuestos y refiere que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las controversias relacionadas con resoluciones expedidas dentro del proceso de cobro coactivo. En su artículo 835 se indica: “[i]ntervención del contencioso administrativo. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción”34.

27. Se observa que el Manual de Cobro Coactivo de Colpensiones, Resolución 001 de 202135, también dispone que los procesos de cobro están supeditados a las normas y procedimientos regulados por el CPACA y el artículo 823 y

siguientes del Estatuto Tributario Nacional. En lo no regulado se acudirá al Código General del Proceso36. Asimismo, siguiendo lo establecido en el artículo 835 del Estatuto Tributario, señala en su numeral 5.9 lo siguiente: “[i]ntervención del Contencioso Administrativo: Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, solo serán demandables ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan seguir adelante la ejecución y la resolución de liquidación del 34 Sobre este mismo aspecto, ver el Auto 295 de 2022. 35 Proferida por el presidente de Colpensiones. 36 Primera parte, generalidades, numeral 1.5. y quinta parte, numeral 5.4. 8 CJU-1367 crédito; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero en el evento de remate, éste no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo por parte de dicha jurisdicción. En los eventos en que sean admitidas acciones de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos que conforman el título ejecutivo, sin que se haya librado mandamiento de pago, la Dirección de Cartera se abstendrá de librarlo hasta que la acción se haya resuelto de forma definitiva, conforme al artículo 829 del Estatuto Tributario Nacional”.

28. Más adelante, el literal vi del numeral 5.18 del citado manual, dentro de los eventos de suspensión del proceso de cobro indica: “[p]ronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contenciosa: El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el caso contemplado en el artículo 835 del Estatuto Tributario Nacional y el artículo 101 de la Ley 1437

de 2011”.

29. Ahora bien, esta corporación en el Auto 447 de 2021, antecedente importante para el presente asunto, resolvió el conflicto de jurisdicciones suscitado entre dos autoridades judiciales frente al conocimiento de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra Colpensiones. El medio de control impetrado tenía la finalidad de que se dejara sin efecto las resoluciones mediante las cuales esa entidad ordenó la restitución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud descontados de una mesada pensional y el inicio de un proceso de cobro coactivo. Al respecto, la Corte, con fundamento en la Sentencia C-224 de 2013, determinó que el cobro coactivo se estructura por actuaciones administrativas que “no están encaminadas a la definición y resolución definitiva de controversias, sino únicamente a la ejecución y materialización de los actos de la propia administración pública”. Con fundamento en ello, se concluyó -en esa misma sentenciaque las decisiones de la administración, respecto de la ejecución de ciertas obligaciones a su favor “pueden ser controvertidas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

30. En el Auto 477 de 2021 esta Corporación determinó, con sustento en la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura37, que el fondo de la controversia se relacionaba directamente con el cobro coactivo de unos aportes girados por Colpensiones, de modo que una vez en firme los actos administrativos proferidos por esa administradora para la restitución de esos dineros, se procedería con dicho cobro.

31. En igual sentido, este Tribunal constitucional en la Sentencia T-412 de 2017 indicó que en el marco del proceso coactivo “[d]e un lado, las reglas

37 Al respecto, se pueden consultar el Autos del 28 de noviembre de 2017, expedientes: 201702399 y 201702435; Auto del 31 de enero de 2018, expediente: 201702102; Auto del 13 de septiembre de 2018, expediente 201802139; Auto del 10 de julio de 2019, expediente 201802560; Auto del 8 de agosto de 2019, expediente 201900218; Auto del 15 de enero de 2020, expediente: 201800374; Auto del 02 de octubre de 2019, expediente: 201901847, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. 9 CJU-1367 especiales establecen las particularidades del trámite, las cuales constituyen el marco de acción de la entidad y cuya observancia demarca la garantía del debido proceso y, de otra parte, las actuaciones de las autoridades administrativas pueden ser controvertidas ante la jurisdicción contencioso administrativa (…)”.

32. Es preciso reiterar que el inciso 1° del artículo 104 del CPACA determina que “la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa (…)”. En ese sentido, se observa que el cobro coactivo constituye un deber y a su vez una facultad administrativa de determinadas entidades públicas, que se sujeta a las reglas del derecho administrativo.

33. Conforme a lo expuesto, es posible concluir que el ordenamiento jurídico le da un tratamiento específico y especial al procedimiento de cobro coactivo, destacándose entonces que se trata de un asunto sujeto al derecho administrativo en el cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la llamada a resolver las controversias que puedan surgir. Ello se evidencia a la luz de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones referidas previamente, la Ley 1066 de 2006 (artículo 5) el CPACA (artículos 99, 100, 101 y 104) y el Estatuto Tributario (artículo 835), por lo que, cuando se trate de medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho de actos proferidos en virtud del proceso administrativo de cobro coactivo, la competencia le corresponderá a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo atendiendo al contenido material de la controversia38.

Los principios de economía procesal, celeridad y eficacia en la administración de justicia y los deberes del juez como director del proceso39

34. Con independencia de la jurisdicción a la que le corresponda dirimir un determinado asunto, la Corte Constitucional ha señalado que según los artículos 20940 y 22841 superiores, la administración de justicia se orienta por los principios de economía, celeridad y eficacia, entre otros. Asimismo, ha señalado que su inobservancia afecta el acceso a la justicia material42. 38 Al respecto, ver el Auto del 15 de enero de 2020, expediente: 201800374 proferido por la Sala Disciplinaria

del Consejo Superior de la Judicatura. 39 Apartes dogmáticos que se toman del Auto 1154 de 2021, mediante el cual se resolvió el CJU-102. 40 La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 41 La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. 42 Sentencia C-543 de 2011. 10 CJU-1367

35. Así las cosas, ha concluido esta Corporación que “[…] la justicia que se demanda a la autoridad judicial […], se haya rodeada de una serie de garantías constitucionales [como] […] la garantía de la celeridad en los procesos judiciales [y] la garantía de acceso a la administración de justicia, que no sólo implica la ejecución de los actos de postulación propios para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, sino igualmente la seguridad del adelantamiento del proceso, con la mayo