CC - A025-2023

A025-23COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Conocimiento de acciones populares o de grupo cuando el sujeto pasivo es una entidad pública o un particular que desempeñe funciones administrativas

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 025 DE 2023

Referencia: Expediente CJU-1408

Conflicto de jurisdicción suscitado entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ocaña y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ocaña.

Magistrado ponente: Jorge Enrique

Ibáñez Najar

Bogotá D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES1. Los señores Alex Fermín Restrepo Martínez y Robinson Alfonso Larios Giraldo presentaron demanda en ejercicio del medio de control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos contra Amparo Arévalo Arévalo en calidad de Notaria Segunda del Círculo de Ocaña, con el fin de que se protejan los derechos e intereses colectivos a la defensa del patrimonio público, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida

prestación sea eficiente y oportuna, a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y a los derechos de los consumidores y usuarios. Lo anterior, toda vez que la entidad no cuenta con un intérprete y guía de interprete para las personas sordas y sordociegas que lo requieran para acceder a los servicios que presta la Notaría Segunda del Círculo de Ocaña.

2. La acción popular fue repartida al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Ocaña. Ese despacho profirió Auto de 18 de agosto de 2021, mediante el cual declaró la falta de jurisdicción y ordenó su remisión a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Ocaña. Para tal efecto, invocó el artículo 15 de la Ley 472 de 1998, por lo que estimó que no es competente para conocer de la acción popular.

3. En consecuencia, el expediente fue repartido al Juzgado Segundo Civil de Ocaña. Esa autoridad judicial, mediante auto del 2 de septiembre de 2021, propuso conflicto negativo de jurisdicciones y ordenó el envío del expediente a la Corte Constitucional. En su criterio, las pretensiones incoadas por los actores se refieren a las actuaciones que están relacionadas con el servicio público que prestan las notarías en el marco del principio de descentralización por colaboración. Es decir, las pretensiones se refieren a

la prestación del servicio público que se le debe garantizar a aquellas personas que presentan limitaciones físicas, pues deben poder acceder al servicio en igualdad de condiciones. Por ello, considera que la jurisdicción de lo contencioso es la competente para conocer de este proceso.

4. El 8 de julio de 2022, la Secretaría General de la Corporación remitió el expediente al despacho del Magistrado Sustanciador.Presupuesto Contenido Constatación Subjetivo La controversia debe suscitarse por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones.[3] El conflicto se suscitó entre una autoridad judicial de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y otra autoridad judicial de la jurisdicción ordinaria civil.

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia

De conformidad con lo previsto en el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015,[1] la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

B. Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

5. Esta Corporación ha señalado que los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde

(negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”.[2]

6. En ese sentido, la Sala Plena de la Corte, por medio del Auto 155 de 2019, añadió que son necesarios tres presupuestos para que se entienda configurado un conflicto de jurisdicciones. Exigencias que, en el presente

(positivo)”.[2]

6. En ese sentido, la Sala Plena de la Corte, por medio del Auto 155 de 2019, añadió que son necesarios tres presupuestos para que se entienda configurado un conflicto de jurisdicciones. Exigencias que, en el presente caso, se acreditan tal y como se demuestra a continuación:Objetivo Existencia una causa judicial sobre la cual se desarrolle la controversia, lo que requiere constatar que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional.

[4] Existe una controversia en relación con la autoridad competente para conocer la causa de naturaleza judicial existente en contra de la Notaría Segunda de Ocaña. Normativo Las autoridades involucradas en el conflicto de jurisdicciones manifiesten expresamente las razones por las cuales se consideran competentes -o nopara conocer de dicha causa judicial.[5] El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ocaña invocó el artículo 15 de la Ley 472 de 1998, para sostener que no es competente para conocer de la acción constitucional. El expediente fue repartido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ocaña, que manifestó que las pretensiones incoadas por los actores están encaminadas no a otra actuación de la notaría, sino a las relacionadas con la prestación del servicio público que prestan las notarías.

C. Las acciones populares y la jurisdicción competente para tramitarlas[6]

7. La acción popular es un mecanismo previsto en el artículo 88[7] de la Constitución Política. Su finalidad es la protección de los derechos e intereses colectivos cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción

tramitarlas[6]

7. La acción popular es un mecanismo previsto en el artículo 88[7] de la Constitución Política. Su finalidad es la protección de los derechos e intereses colectivos cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares.[8] El Legislador reguló esta acción constitucional mediante la Ley 472 de 1998.

De acuerdo con lo expuesto, las jurisdicciones contencioso administrativa y la ordinaria, en su especialidad civil, son las que asumen el conocimiento de estas acciones. La primera, lo hace cuando la controversia tenga origen en actos, acciones u omisiones de dos tipos de personas: (i) las entidades públicas y (ii) los particulares que desempeñen funciones administrativas. A la segunda, le corresponde tramitarlas en todos los demás casos.

8. Así, mediante Auto 1100 de 2021, la Sala Plena de la Corte Constitucional, determinó que la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de acciones populares, solo se activa a partir delcumplimiento de una de dos condiciones: (i) que la accionada sea una entidad pública o (ii) se trate de un particular que desarrolle funciones administrativas.

9. En caso de que no se configure ninguna de estas hipótesis, el asunto le corresponde a la jurisdicción civil ordinaria. Además, la Sala Plena ordenó que la adecuación de las notarías para permitir el acceso efectivo de las personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas a la función notarial no es un

asunto meramente locativo desprovisto de relación con dichas competencias. En este sentido, aspectos como la señalización, avisos, información visual, sistemas de alarmas luminosas, intérpretes y demás ajustes, son herramientas que permiten el acceso de las personas en condición de discapacidad a la función pública fedataria, de manera autónoma y sin que dependan de terceros para realizar los trámites notariales.

10. Mediante Auto 018 de 2022, esta Corte sostuvo que las acciones populares que se presenten en contra de notarías para obtener las adecuaciones y ajustes razonables que permitan el acceso efectivo al servicio público de las personas en situación de discapacidad serán competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, por cuanto dicha pretensión está inescindiblemente relacionada con el acceso a la función administrativa que cumplen estos particulares (en los términos del artículo 15 de la Ley 472 de 1998). Esto es, el desempeño de las atribuciones encomendadas a los notarios en su condición de fedatarios públicos previstas en el artículo 3° del Decreto 960 de 1970.

11. Regla de la decisión. Las acciones populares que se presenten en contra de notarías para obtener las adecuaciones y ajustes razonables que permitan el acceso efectivo al servicio público de las personas en situación de discapacidad serán competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, por cuanto dicha pretensión está inescindiblemente relacionada con el acceso a la función administrativa que cumplen estos particulares (en los términos del artículo 15 de la Ley 472 de

1998). Esto es, el desempeño de las atribuciones encomendadas a los notarios en su condición de fedatarios públicos previstas en el artículo 3° del Decreto 960 de 1970.

D. Caso concreto12. La Corte observa que el asunto planteado en la presente acción popular está dirigido a realizar adecuaciones en el inmueble en donde presta sus servicios la Notaría Segunda de Ocaña. Lo anterior, por cuanto la demanda tiene como fin procurar que las personas sordas y sordociegas puedan acudir autónomamente, por lo que la alegada falta de adecuación de la notaría en cuanto a la señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para el reconocimiento por personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas tiene una relación directa con las actividades a través de las cuales los notarios desarrollan la función pública, pues incide directamente en el acceso efectivo de este grupo de personas a los servicios notariales.

12. Esta actuación está íntimamente relacionada con la función administrativa que el particular ejerce. Así, la función fedataria pública implica la recepción de declaraciones, el reconocimiento de documentos, la verificación de la autenticidad de firmas, entre otras actividades que requieren que la persona concurra a las notarías para realizarlas. En estos términos, se trata de las condiciones de accesibilidad y ajustes razonables que permiten que las personas sordas y sordociegas puedan acudir a las instalaciones donde se desarrollan tales funciones. Por tal razón, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la llamada a conocer de la presente acción popular.

13. Lo anterior, se refuerza al constatar que las pretensiones del actor popular abarcan también la implementación progresiva del servicio de

jurisdicción de lo contencioso administrativo es la llamada a conocer de la presente acción popular.

13. Lo anterior, se refuerza al constatar que las pretensiones del actor popular abarcan también la implementación progresiva del servicio de intérprete y guía intérprete para las personas sordas y sordociegas. En ese sentido, el propósito de la demanda supera la implementación de adecuaciones de infraestructura física e involucra aspectos que pueden relacionarse con el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.[9]

14. De esta manera, cuando una acción popular se dirija contra los notarios por actividades relacionadas con el desarrollo de las funciones administrativas previstas en el artículo 3° del Decreto 960 de 1970, su conocimiento será de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En este sentido, en la medida en que la presunta vulneración de los derechos colectivos tiene una relación estrecha e inescindible con el acceso a la función fedataria y su desarrollo, la Sala estima que debe ser la jurisdicciónde lo contencioso administrativo la que resuelva sobre la acción popular en el proceso de la referencia.

15. Así las cosas, la Corte asignará a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de la acción popular debatida, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 472 de 1998. Por lo tanto, ordenará remitir el expediente Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ocaña y comunicar la presente decisión a los interesados.

II. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

RESUELVE

PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto jurisdicciones suscitado entre el

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

RESUELVE

PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ocaña y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ocaña, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ocaña, es la autoridad competente para conocer de la totalidad del proceso promovido por Alex Fermín Restrepo Martínez y Robinson Alfonso Larios Giraldo contra Amparo Arévalo Arévalo en calidad de Notaria Segunda del Círculo de Ocaña.

SEGUNDO.- Por Secretaría General, REMITIR al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ocaña el expediente CJU-1408 para que adelante las funciones de su competencia, y para que comunique al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ocaña y a los sujetos procesales e interesados dentro del trámite judicial correspondiente.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.CRISTINA PARDO SCHLESINGER Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada Ausente con excusa

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

MagistradaJOSE FERNANDO REYES CUARTAS

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

MagistradaJOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General[1] Artículo 241. “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 11. Numeral adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015: Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”. [2] Cfr. Autos 345 de 2018, 328 de 2019, 452 de 2019 y 608 de 2019. [3] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad; o (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales (Cfr. Artículos 17, 18, 37 y 41 de la Ley 270 de 1996, así como 97 de la Ley 1957 de 2019). [4] En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Cfr. Artículo

116 de la Constitución Política). [5] Así pues, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, alguna de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla, o (b) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia. [6] Las consideraciones previstas en este acápite y los siguientes se retoman a partir del Auto 884 de 2021 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), expediente CJU-873. [7] “Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.” [8] Consejo de Estado. Sala de Lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Bogotá, D. C., 13 de mayo de 2010. [9] Sobre el particular, la Corte recuerda que mediante la Ley 1996 de 2019, se procuró establecer “medidas específicas para la

garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma”. Es pertinente agregar que el artículo 6º de esta norma, en cumplimiento del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, establece la presunción de capacidad, conforme a la cual “[t]odas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. // En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona.” Esta disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-025 de 2021.