CC - A1084-2022

Auto 1084/22

Referencia: solicitud de nulidad de la Sentencia T-073 de 2022. Acciones de tutela instauradas por Herwing Gerardo

Forero Delgado, Linda Sharid Figueroa Delgado y Jorge Figueroa Ramírez contra la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Gobierno de Bucaramanga (T-8.292.660); y Wilman Gilberto Atencio Gaviria contra la Alcaldía Municipal de Montería (T8.309.211).

Solicitante: Director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público del municipio de

Bucaramanga.

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a resolver la solicitud de nulidad de la Sentencia T-073 de 3 de marzo de 2022, proferida por la Sala Primera de Revisión.1 En esta providencia se presentará (i) la síntesis de lo decidido en la Sentencia T-073 de 2022 y la fundamentación de la petición de nulidad, para con posterioridad (ii) dar cuenta de su trámite, (iii) reiterar la jurisprudencia de la Sala Plena acerca de la nulidad de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, (iv) analizar la solicitud de nulidad, y (v) establecer una conclusión al respecto.

I. ANTECEDENTES

1. El 19 de mayo de 2022, el Director del Departamento Administrativo de

la Defensoría del Espacio Público del municipio de Bucaramanga solicitó que se declarara la nulidad de la Sentencia T-073 de 2022, en relación con lo decidido en el expediente T-8.292.660. Debido a la anterior, en este auto no se hará alusión al trámite adelantado respecto del expediente T-8.309.211, acumulado y resuelto en la mencionada providencia. 1 M.P. Diana Fajardo Rivera. AV. Alejandro Linares Cantillo.

1. La Sentencia T-073 de 2022

Hechos2

2. Linda Sharid Figueroa Delgado, Herwing Gerardo Forero Delgado y Jorge Figueroa Ramírez señalaron que desde el 2013 trabajaban como vendedores informales de ayacos en la ciudad de Bucaramanga, actividad con la que sufragaban los gastos de sus respectivos hogares, debido a que no contaban con otros ingresos económicos. Sostuvieron que desde el 1 de abril de 2021, funcionarios de la Secretaría de Gobierno del municipio de Bucaramanga no les permitían trabajar en su sitio habitual porque impedían la libre locomoción de los transeúntes, por lo que tuvieron que trasladarse a otro lugar en donde se les dificultaba la venta de su producto.3 Esto, a pesar de que en el Centro de la ciudad había otros vendedores informales a quienes sí se les permitía desempeñar sus labores. El 4 de mayo de 2021 presentaron acción de tutela contra la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Gobierno de Bucaramanga, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, al trabajo y a la confianza

legítima, y solicitaron que se ordenara a esas entidades que les permitieran seguir trabajando en el que era su sitio habitual, hasta que la Alcaldía determinara el lugar donde pudieran laborar con la garantía en el flujo de ventas. Trámite de instancias4

3. En la respuesta a la acción de tutela,5 el Director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público del municipio de Bucaramanga solicitó desvincular a esa dependencia por falta de legitimación por pasiva. Agregó que las actuaciones adelantadas por la Secretaría del Interior o por la Policía Nacional encaminadas a proteger y preservar el espacio público obedecen al ejercicio de las facultades y competencias que les asigna el ordenamiento jurídico (v.gr. artículo 87 de la Ley 1801 de 2016), y que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, existe una oferta institucional disponible como alternativa de ocupación para quienes cumplen con el perfil requerido, de conformidad con la normatividad vigente.

Finalmente, sostuvo que los accionantes manipulaban alimentos sin los protocolos de seguridad ni cumplir las condiciones fitosanitarias.

4. La acción de tutela fue negada el 14 de mayo de 2021 por el Juzgado Veintisiete Civil Municipal de Bucaramanga, que consideró que (i) no se 2 Sentencia T-073 de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera. AV. Alejandro Linares Cantillo, antecedentes N° 1 a

3. 3 Específicamente, manifestaron que desempeñaban sus labores en la Calle 56 entre la Carrera 17C y la Carrera 15, al lado de un parqueadero y en un andén “bastante ancho que permite el flujo de PEATONES sin

ningún obstáculo”, en jornadas de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. Expusieron que, debido a la conducta del Municipio, tuvieron que trasladarse a otro sector (Carrera 17C con Calle 56, al lado de una “bomba de venta de combustibles”), en donde el andén es reducido y les dificultaba realizar las ventas de su producto, además que solo les permitían trabajar hasta las 7:00 p.m. 4 Sentencia T-073 de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera. AV. Alejandro Linares Cantillo, antecedentes N° 4 a 13. 5 También presentaron respuesta el Secretario del Interior del Municipio de Bucaramanga y el Comandante de Estación de Policía Sur de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. 2 vulneró el principio de confianza legítima porque los accionantes no probaron sus afirmaciones y, además, “decidieron empezar a vender alimentos sin autorización alguna”; (ii) ellos podían acceder a la oferta institucional relacionada con las alternativas a la ocupación del espacio público; y (iii) se encontraban ejerciendo su actividad en otro punto de la ciudad. En particular, destacó que la ocupación del espacio público no está legitimada por la Constitución, porque al ser un derecho de carácter colectivo prevalece sobre el derecho individual de los vendedores informales. Los accionantes impugnaron esa determinación. Entre otras cosas, manifestaron que la oferta de programas institucionales solo estaba disponible para los vendedores informales de otros barrios.

5. La sentencia de primera instancia fue confirmada el 4 de junio de 2021 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga. Reiteró que los accionantes no acreditaron que ejercieran una actividad informal, ni que la

administración municipal hubiera generado en ellos “la íntima convicción de que la venta informal de alimentos ocupando el espacio público, era una actividad jurídicamente aceptada y no susceptible de reproche alguno por parte de las autoridades.” Añadió que los accionantes se encontraban ejerciendo sus labores en otro sector y percibiendo ingresos. Actuaciones en sede de revisión6

6. Los expedientes T-8.292.660 y T-8.309.211 fueron escogidos para revisión y acumulados por la Sala de Selección Número Ocho mediante Auto de 30 de agosto de 2021, el cual fue notificado el 15 de septiembre de 2021. A través de Auto de 8 de noviembre de 2021, se solicitó información a las partes.

7. El 11 de noviembre de 2021, el Director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público del municipio de Bucaramanga presentó un documento, pero las respuestas correspondían a las preguntas que se formularon a la Alcaldía Municipal de Montería (accionada en el expediente T-8.309.211). Por tanto, a través de Auto de 16 de noviembre de 2021, le fue solicitado que respondiera las cuestiones del Auto de 8 de noviembre que le correspondían.

8. El 18 de noviembre de 2021, el referido Director respondió que desde octubre de 2020 se puso en marcha una nueva caracterización de vendedores informales, pero que en el sector donde estaban ubicados los accionantes “no ha llegado la caracterización por tanto no están incluidos en los censos de vendedores informales.” No obstante, destacó que los accionantes no habían solicitado ser incluidos en las caracterizaciones ni que se les tuviera en cuenta

como trabajadores informales en el espacio público. Reiteró que el Municipio contaba con una oferta institucional de programas de reubicación en centros comerciales y plazas de mercado, pero no especificó si los accionantes podían postularse. De otra parte, resaltó que el Municipio no había ordenado el 6 Sentencia T-073 de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera. AV. Alejandro Linares Cantillo, antecedentes N° 25 a

32. 3 traslado de los accionantes, y que estos hacían alusión “a una actuación de policía adelantada conforme el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016 (…), el cual establece las condiciones bajo las cuales se debe desarrollar toda actividad comercial, competencias atribuidas a la Policía Nacional, (…) en cuanto a la conservación y preservación del espacio público y así evitar que las conductas y sus consecuencias trasciendan a un problema de carácter judicial e inclusive de carácter penal.”

9. El 17 de noviembre de 2021, los accionantes informaron que no habían regresado a su sitio de trabajo habitual y que las autoridades municipales a veces los dejaban laborar normalmente, pero otras veces les exigían que se trasladaran o levantaran sus utensilios de trabajo, lo que los mantenía en una situación de zozobra. Herwing Gerardo Forero sostuvo que hace algunos años le ofrecieron reinstalarlo en un centro comercial, pero en un local “muy escondido” ubicado debajo de una escalera, que no contaba con servicios públicos y no tenía flujo de clientes. Los dos accionantes restantes indicaron que nunca habían recibido una oferta institucional de reubicación.

La decisión7

10. Después de verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia,8 la Sala determinó que no se configuró ninguno de los eventos de carencia actual de objeto en relación con el expediente T-8.292.660,9 por lo que debía resolver si la Alcaldía Municipal de Bucaramanga desconoció el principio de confianza legítima y vulneró el derecho fundamental al trabajo de los accionantes al impedir el desempeño de sus labores como vendedores informales en el lugar que ha sido su sitio de trabajo durante ocho años.10 Para ello, la Sala Primera de Revisión reiteró la jurisprudencia constitucional sobre la armonización entre el derecho al espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores informales.11

11. En las consideraciones, la Sala Primera reiteró -entre otras cosasque

(i) los municipios son los competentes de regular lo atinente a la protección del espacio público (Cfr. Arts. 82, 313 y 315 de la Constitución Política); (ii) si bien el Estado tiene el deber de velar por la integridad del espacio público esta obligación encuentra límites en los derechos de las personas que, amparadas en los principios de buena fe y confianza legítima,12 se han dedicado a las actividades informales en esas zonas, cuestiones que no son incompatibles; (iii) lo anterior ha sido tenido en cuenta por la Corte al declarar la exequibilidad simple o condicionada de algunos apartes del artículo 140 de 7 Ibídem., fundamentos jurídicos N° 37 a 87. 8 Ibídem., fundamentos jurídicos N° 44 a 46. 9 Ibídem., fundamentos jurídicos N° 52 y 53. 10 Ibídem., fundamento jurídico N° 58.

11 Ibídem., fundamentos jurídicos N° 60 a 71. 12 La Sala Primera de Revisión sostuvo, en particular, que el principio de confianza legítima se desconoce cuando los cambios generados por la administración en ejecución de los planes de restitución del espacio público ocupado por los trabajadores informales (i) ocurren de modo intempestivo; (ii) suceden sin que haya mediado previo aviso y/o trámite administrativo bajo el cumplimiento del debido proceso; y (iii) no se evalúan cuidadosamente las circunstancias que rodean la situación concreta de las personas dedicadas al comercio informal involucradas y la administración se abstiene de adoptar trámites indispensables para ofrecerles alternativas de subsistencia. 4 la Ley 1801 de 201613 (sentencias C-211 de 2017 y C-489 de 201914); (iv) la protección de los derechos de los vendedores informales no se limita a su reubicación en otro lugar, por cuanto el Estado asume la carga de localizarlos en un sitio que les permita el desarrollo de su actividad en similares condiciones; (v) las políticas públicas en materia de espacio público también pueden ofrecer programas que conduzcan a la vinculación laboral en condiciones dignas; y (vi) la reubicación no es la única alternativa, ya que las autoridades locales, en ejercicio de su autonomía, pueden definir cuáles van a ser las políticas, los programas, los proyectos y las medidas mediante los cuales va a garantizar la integración social, el fomento del empleo, la formalización del comercio informal y, en general, las políticas de apoyo a la población que deriva su sustento de las ventas informales.

12. Al abordar el caso concreto, la Sala Primera concluyó que las autoridades accionadas desconocieron el principio de confianza legítima y, en consecuencia, el derecho fundamental al trabajo de los accionantes, por cuanto les impidieron continuar laborando en el sitio habitual donde desempeñaban sus funciones, por lo que tuvieron que trasladarse.15 Ello se dio manera intempestiva, sin realizar un aviso previo o luego de adelantar un trámite administrativo en el que se haya respetado el debido proceso, y sin haber evaluado la situación concreta de los accionantes. Por otra parte, la Sala agregó que si bien la parte accionada adujo que el Municipio contaba con una oferta institucional, el propio Director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público del municipio de Bucaramanga aclaró que la caracterización de vendedores informales no había aplicado en el sector donde estaban ubicados los accionantes, lo que fue corroborado por ellos; y resaltó que en sede de revisión se preguntó a la parte accionada qué oferta institucional existía para que los accionantes pudieran postularse, pero no emitió una respuesta concreta.

13. De conformidad con lo expuesto, la Sala Primera de Revisión revocó las sentencias de tutela de instancia -que habían negado el amparoy, en su lugar, tuteló el derecho al trabajo de los accionantes, ordenando a la Alcaldía Municipal de Bucaramanga y a la Policía Metropolitana de Bucaramanga que 13 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 14 En esta providencia la Sala Plena declaró la exequibilidad condicionada del numeral 6 del artículo 140 de la

Ley 1801 de 2016, que establece como un comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público el “[p]romover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente”, en el entendido de que las expresiones “promover” o “facilitar” no comprenden conductas de adquirir o consumir bienes o servicios ofrecidos por vendedores informales en el espacio público. De esta manera, aclaró que lo que es objeto de correctivo es la sanción a la promoción y facilitación de la cooptación del espacio público de actores que irregularmente pretenden su apropiación. 15 La Sala Primera de Revisión precisó que si bien el Director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bucaramanga afirmó que el Municipio no ordenó el traslado de los accionantes, lo cierto era que (i) también dijo que los accionantes cuestionaban una actuación de policía adelantada conforme a la Ley 1801 de 2016, y las labores desplegadas por la Secretaría del Interior o la Policía Nacional encaminadas a proteger y preservar el espacio público. Además, (ii) el Secretario del Interior del Municipio expuso que venía adelantando, de manera coordinada con la Policía, acciones de recuperación del espacio público; y (iii) el Comandante de Estación de Policía Sur también explicó que en el sector donde trabajaban los accionantes se habían adelantado procedimientos de recuperación del espacio público. Adicionalmente, (iv) los demandantes adjuntaron dos fotografías, en una de las cuales se veían dos personas que, según aquellos, eran funcionarios de la Secretaría de Gobierno. Por lo tanto, podía inferirse que las

afirmaciones de los accionantes eran ciertas, en cuanto a los impedimentos que enfrentaban para realizar sus ventas en el lugar donde normalmente se ubicaban. 5 no impidieran que los accionantes laboraran en su sitio habitual de trabajo. “Lo anterior, sin perjuicio de las facultades con las que cuenta el Municipio para velar por la integridad del espacio público, lo cual debe realizarse de conformidad con los estándares constitucionales en la materia.”16

14. En particular, sobre lo último, la Sala Primera de Revisión reiteró lo expuesto en las consideraciones acerca de que (i) las reubicaciones deben realizarse respetando el principio de confianza legítima y, desde luego, asegurando la realización de las actividades informales en similares condiciones; (ii) esto no implica que el Municipio no pueda velar por la integridad del espacio público o, incluso, adelantar políticas públicas encaminadas a la reubicación de los vendedores informales; (iii) la reubicación no es la única alternativa, pues las autoridades locales, en ejercicio de su autonomía, pueden definir cuáles van a ser las políticas, los programas, los proyectos y las medidas mediante los cuales va a garantizar en su municipio la integración social, el fomento del empleo, la formalización del comercio informal y, en general, las políticas de apoyo a la población que deriva su sustento de las ventas informales.17

2. De la solicitud de nulidad

15. El Director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público del municipio de Bucaramanga empezó por señalar que al momento de presentar el escrito (19 de mayo de 2022), la Sentencia T-073 de 2022 no había sido notificada, por lo que el Municipio se tenía por notificado

por conducta concluyente. También mencionó que ese Departamento tiene legitimación para proponer la nulidad en tanto el Municipio fue uno de los accionados.

16. Por otra parte, sostuvo que disentía “de los efectos de la decisión adoptada por la Sala Primera de Revisión (…) pues se observa que el fallo (…) carece de toda validez (…).”18 En primer lugar, porque la Sentencia se aparta de los artículos 24 y 82 de la Constitución, que establecenrespectivamenteque los colombianos tienen derecho a circular libremente, y que el Estado (en el caso concreto el Municipio) debe velar por la integridad del espacio público y su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Así, cuestionó que la Sentencia “manda que se vele por la integridad del espacio público sin que se le restrinja a los accionantes la posibilidad de laborar en su sitio habitual de trabajo (…), ya que la reubicación no es la única alternativa (sic).”19 Ligado a lo anterior, destacó que de acuerdo con la Sentencia T-772 de 2003 “nadie puede apropiarse del espacio público para hacer uso de él con exclusión de las demás personas, y es deber de las autoridades desalojar a quienes así procedan, para restituir tal espacio al público en general.”20 A partir de lo anterior, señaló que “la 16 Sentencia T-073 de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera. AV. Alejandro Linares Cantillo, fundamento jurídico N° 87 y ordinal cuarto de la parte resolutiva. 17 Ibídem., fundamentos jurídicos N° 81, 83 y 87, respectivamente. 18 Solicitud de nulidad, pág. 1.

19 Ibidem, pág. 2. 20 Idem. 6 jurisprudencia es unívoca acerca de la prioridad otorgada al deber de garantizar el especio público por parte de las autoridades (…).”21

17. De otro lado, el solicitante manifestó que (i) la Administración nunca creó expectativas favorables para los accionantes; (ii) a diferencia de lo señalado por la Sala Primera de Revisión, el Municipio “fue claro en que existen alternativas de ocupación regular del espacio público a las que pueden acceder los accionantes a través de la oferta institucional disponible en el Municipio a quienes cumplan con el perfil exigido por la normatividad vigente”;22 (iii) los accionantes no solicitaron ser incluidos en los censos de vendedores informales, no gestionaron los permisos de funcionamiento, no probaron que trabajaran desde 2013 en su actividad informal y, además, reconocieron que el Municipio siempre ha procurado ejecutar acciones preventivas para la recuperación del espacio público, por lo que no podían inferir que las ventas informales fueran “una actividad jurídicamente aceptada y no susceptible de reproche alguno por parte de las autoridades.”23

18. Finalmente, indicó que el Municipio formuló, adoptó y reglamentó en su Plan de Desarrollo 2020-2023, el Plan Maestro de Espacio Público paraentre otras cosascontribuir a las “soluciones de los conflictos generados en el espacio público y atender el déficit cualitativo”, para lo cual también se establecieron cinco programas transversales; y que el 9 de mayo de 2022 adelantó una jornada de oferta institucional en el sector en el que se encuentra el sitio habitual de trabajo de los accionantes.24

3. Trámite dado a la solicitud de nulidad

19. Mediante oficios A-297 y A-298 de 20 de mayo de 2022, la Secretaría General de la Corporación -respectivamentesolicitó a los jueces de primera instancia que certificaran lo relacionado con las notificaciones de la Sentencia T-073 de 2022, y comunicó a los interesados sobre la solicitud de nulidad, en cumplimiento del artículo 106 del Reglamento interno de la Corte. De la información recibida se destaca que el 23 de mayo de 2022, el Juzgado Veintisiete Civil Municipal de Bucaramanga (juez de primera instancia en el trámite del expediente T-8.292.660) informó que la notificación de la Sentencia T-073 de 2022 se realizó mediante correo electrónico enviado a las partes e intervinientes el 20 de mayo de 2022. Respecto de la petición de nulidad no se recibieron intervenciones. El escrito de nulidad fue remitido al despacho el 31 de mayo de 2022, junto con el correspondiente informe secretarial.

21 Idem. 22 Idem. 23 Ibidem, pág. 3. 24 “En la actividad profesional en el terreno les socializó a las personas que realiza (sic) aprovechamiento económico en el espacio público el formato de la oferta institucional en especial a las vendedoras de ayacos que hacen presencia en el sector. Se pudo identificar que muchas personas se identifican como ‘empleadas’ pues el ‘plante de los ayacos’ es de otra persona la cual no se identificó con el profesional del DAPEP. En dicha actividad 5 personas firmaron el Formato de oferta institucional que aceptan postularse la oferta (sic) y 1 personas (sic) firmaron que rechazaban la oferta, es de aclarar que algunas personas que rechazaban la

oferta se negaban a firmarla por desconfianza a la institucionalidad.” Idem. 7

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia

20. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para conocer de la solicitud de nulidad presentada por Manuel José Torres González, director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público del municipio de Bucaramanga, de conformidad con los artículos 49 del Decreto 2067 de 1991, 4º del Decreto 306 de 1992 y 106 del Reglamento interno.

2. Nulidad de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional.

Reiteración de jurisprudencia25

21. Con fundamento en lo previsto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 199126, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha considerado que, cuando en los procesos ante la Corte se verifique la violación del derecho al debido proceso (i.e. vicios acaecidos durante el trámite de revisión de tutelas),27 es procedente declarar su nulidad, posibilidad que se extiende a las sentencias si el motivo se configura en esta última actuación.28 Sin embargo, dicha posibilidad es excepcional puesto que, de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Constitución Política, los fallos proferidos por este Tribunal hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, razón por la que se encuentran resguardados por la garantía del principio de seguridad jurídica, lo que los hace definitivos, intangibles e inmodificables.29

22. Así, por razones de seguridad jurídica y de garantía en la certeza del derecho, la declaratoria de nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional

tiene características muy particulares, por cuanto se trata de situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales -que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991han sido quebrantadas de manera notoria y flagrante, debiendo ser además un yerro significativo y trascendental en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones 25 En el presente acápite se seguirán varias de las consideraciones expuestas en el Auto A-149 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera, fundamento jurídico Nº 2, reiterado -entre otrosen los autos A-352 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera, fundamento jurídico Nº 2.2.; A-485 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas, fundamento jurídico Nº 3 y ss.; y A-162 de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera. SV. Cristina Pardo Schlesinger. AV. Alejandro Linares Cantillo. AV. Antonio José Lizarazo Ocampo, fundamento jurídico N° 2. 26 “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante la Corte Constitucional”. 27 Auto A-530 de 2022. M.P. Alejandro Linares Cantillo. AV. Jorge Enrique Ibáñez Najar. AV. Paola Andrea Meneses Mosquera, fundamento jurídico N° 17.

28 Autos A-031A de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett, fundamento jurídico N° 2; A-164 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. SV. Jaime Araújo Rentería. SV. Alfredo Beltrán Sierra, fundamento jurídico N° 3.2.; A-234 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. SV. Jorge Iván Palacio Palacio. AV. Nilson Pinilla Pinilla, fundamento jurídico N° 2; y A-272 de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera. SV. Carlos Bernal Pulido. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico N° 46. 29 Autos A-325 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico Nº 2.1.; A-140 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. AV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, fundamento jurídico Nº 2.1.; y A-1135 de 2021. M.P. Diana Fajardo Rivera, fundamento jurídico N° 7. 8 sustanciales en la misma para que la petición de nulidad pueda prosperar.30 Debido a lo anterior, la Sala Plena ha establecido (i) un grupo de presupuestos formales de procedencia, y (ii) otro grupo de presupuestos materiales,31 atendiendo a la condición excepcional del mecanismo.

23. A continuación, se expondrá el contenido y alcance de los presupuestos formales, y se determinará si los mismos son satisfechos por la solicitud de nulidad de la Sentencia T-073 de 2022. Si del anterior análisis se verifica el cumplimiento de todos los presupuestos formales, la Sala Plena procederá a

explicar los presupuestos materiales, enfatizando en aquellos que sean relevantes para el estudio de los cargos, para posteriormente examinarlos y establecer una conclusión al respecto.

3. Presupuestos formales que deben acreditarse para la procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias de tutela proferidas por las salas de Revisión de la Corte Constitucional

24. En cuanto a los presupuestos formales, la Sala Plena ha precisado los siguientes: (i) legitimación para actuar, es decir, que el solicitante tenga interés directo como parte o tercero afectado por la decisión cuya nulidad se discute; (ii) presentación oportuna de la solicitud, dentro del término de ejecutoria, es decir, en los tres días siguientes a la notificación del fallo objeto de cuestionamiento,32 salvo que se trate de un vicio anterior a la sentencia, el cual solo podrá ser alegado antes de que aquella se profiera.

25. Ahora bien, dado que la solicitud de nulidad fue presentada en vigencia del Decreto legislativo 806 de 2020,33 aplicable a los trámites de tutela, en particular para analizar la oportunidad de las solicitudes de nulidad cuando la notificación se hubiera realizado mediante el envío de un “mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado”,34 es necesario 30 Autos A-170 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico N° 2; A-145 de 2012.

M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico N° 2; A-020 de 2017. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico N° 2; y A-530 de 2022. M.P.

Alejandro Linares Cantillo. AV. Jorge Enrique Ibáñez Najar. AV. Paola Andrea Meneses Mosquera, fundamento jurídico N° 17. 31 La Sala Plena ha afirmado que los presupuestos materiales de procedencia que dan lugar a una declaración de nulidad se configuran cuando -entre otros eventos- (i) una Sala de Revisión se aparta de la jurisprudencia sentada por la Sala Plena de la Corte o la jurisprudencia en vigor de las salas de revisión frente a una situación jurídica; (ii) una decisión es aprobada por una mayoría no calificada según los criterios que exige la ley o el reglamento; (iii) existe incongruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva de una sentencia, una contradicción abierta en el texto del fallo, o la decisión carece por completo de fundamentación; (iv) la parte resolutiva de una sentencia de revisión de tutela da órdenes a particulares que no fueron vinculados o informados del proceso; (v) la sentencia proferida por una Sala de Revisión desconoce la cosa juzgada constitucional; o (vi) de manera arbitraria se dejan de analizar asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos transcendentales para el sentido de la decisión. Autos 148 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera, fundamento jurídico N° 2.2.; y A-530 de 2022. M.P. Alejandro Linares Cantillo. AV. Jorge Enrique Ibáñez Najar. AV. Paola Andrea Meneses Mosquera, fundamento jurídico N° 22. 32 El artículo 302 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) dispone que las providencias proferidas “por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de

recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.” 33 De conformidad con el artículo 16 del Decreto le