CC - A109-2023

A109-23TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-109/23

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Los únicos factores de competencia en materia de tutela son el territorial, el subjetivo y el funcional

FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

AUTO 109 DE 2023

Referencia: Expediente ICC-4330

Conflicto de competencia suscitado entre elJuzgado Quinto Penal Municipal conFunciones de Control de Garantías deArmenia, Quindío, y el Juzgado Treinta ySiete Penal Municipal con Funciones deConocimiento de Medellín, Antioquia

Magistrada ponente: PAOLA ANDREA MENESESMOSQUERA

Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES

1. El 5 de diciembre de 2022, Juliana Arango Gaviria interpuso acción detutela en contra de la Universidad del Quindío al considerar que la entidadaccionada vulneró sus derechos al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y

“al acceso a cargos públicos por concurso de méritos”[1]. En su escrito detutela, la accionante afirmó que participó en el concurso de méritos convocadopor la institución accionada mediante el Acuerdo 396 del 10 de octubre de 2022[2], postulándose, específicamente, para el concurso de dos plazas en el área de “mejoramiento animal – nutrición animal”[3]. Indicó que el día 15 denoviembre de 2022 se publicaron los resultados de la preselección decandidatos y que su postulación no fue preseleccionada con la observación de que su título de posgrado “[n]o corresponde al Requerido por el Perfil”[4]. Laaccionante afirmó que, contrario a la observación de la institución accionada,su postulación sí cumplía con el perfil profesional señalado en el anexo 3 del acto administrativo que abrió el concurso de méritos[5]. Señaló que el 21 denoviembre de 2022 hizo “uso del recurso de reposición [y] en subsidio apelación” en contra de la decisión de la institución accionada[6]. Sin embargo,afirmó que el 24 de noviembre de 2022 recibió respuesta de la accionada a surecurso y que dicha respuesta “plasma unos argumentos escuetos y carente (sic) de razón” que no corresponden a “una respuesta de fondo a [su] pretensión”[7].2. La tutela fue repartida al Juzgado Quinto Penal Municipal conFunciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío. El 5 de diciembre de2022, dicho juzgado determinó que carecía de competencia territorial paraavocar conocimiento de la acción de tutela porque, a su juicio, en la ciudad deMedellín “se surten los efectos de la presunta violación o amenaza de derechos

fundamentales” al ser la “ciudad de residencia” de la accionante[8]. Enconsecuencia, ordenó remitir la acción de tutela a la oficina judicial deMedellín para que se surtiera su reparto a los juzgados municipales de dicha ciudad[9]. 3. El asunto fue repartido nuevamente al Juzgado Treinta y Siete PenalMunicipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia. Medianteauto del 6 de diciembre de 2022, dicha autoridad judicial resolvió no avocarconocimiento de la acción de tutela y remitir el expediente a la Corte Constitucional “para que dirima el conflicto suscitado”[10]. En su criterio, elJuzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías deArmenia, Quindío, es el despacho judicial competente para conocer el asuntopor dos razones. Primero, porque la ciudad de Armenia es “el lugar donde sepresenta la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados”, por cuanto en dicha municipalidad “tiene su sede la entidad Accionada”[11].Segundo, señaló que la accionante “eligió” a la ciudad de Armenia parainstaurar la acción de tutela y, por lo tanto, en dicha ciudad “fue donde se repartió inicialmente”[12]. II. CONSIDERACIONES

4. Competencia residual de la Corte Constitucional para resolver elconflicto. La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, laresolución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde alas autoridades judiciales previstas por la Ley 270 de 1996 –Ley Estatutaria de

Administración de Justicia (en adelante, LEAJ)–[13]. Asimismo, esta Corte haexplicado que su competencia para resolver conflictos de competencia solo seactiva cuando: (i) la referida ley no prevé una autoridad encargada de resolverlos[14] o (ii) a la luz de los principios de celeridad y eficacia, estaCorte deba pronunciarse para garantizar a los ciudadanos acceso oportuno a la administración de justicia[15]. En criterio de la Sala, el presente asunto debióser resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 de la LEAJ[16], en razón de sucompetencia residual para resolver conflictos de competencia dentro de lajurisdicción ordinaria. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridady eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún másuna decisión de fondo, la Corte Constitucional asumirá su estudio.

5. Factores de competencia en relación con acciones de tutela. La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 8 del título transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, así como 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de competencia en materia de

tutela, a saber:

Factores de competencia en materia de tutela

Factor territorial En virtud del factor territorial, son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (i) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud o (ii) se producen sus efectos[17].

Factor subjetivo Según el factor subjetivo, corresponde a: (i) los jueces del circuito el conocimiento de las acciones de tutela interpuestas en contra de los medios de comunicación y (ii) al Tribunal

solicitud o (ii) se producen sus efectos[17].

Factor subjetivo Según el factor subjetivo, corresponde a: (i) los jueces del circuito el conocimiento de las acciones de tutela interpuestas en contra de los medios de comunicación y (ii) al Tribunal para la Paz, tramitar las acciones de tutela presentadas en contra de las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz[18].

Factor funcional De acuerdo con el factor funcional, podrán conocer de la impugnación de una sentencia de tutela las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” del juez ante el cual se surtió la primera instancia[19].

6. Conflicto negativo de jurisdicción entre dos autoridades competentes envirtud del factor territorial. Este tribunal ha sostenido que cuando se presenteuna divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del factorterritorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante,pues en virtud del criterio “a prevención”, consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[20], se ha interpretado que existe un interés dellegislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con laposibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que

desea promover[21]. De otro lado, la Sala Plena ha señalado que lacompetencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionante[22] o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales[23]. En efecto,la Sala Plena ha indicado que la competencia por el factor territorialcorresponde al juez del lugar donde se presentó la supuesta vulneración de losderechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectosde la misma, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes[24].

III. CASO CONCRETO

7. En el caso sub examine se configuró un conflicto negativo de competencia. La Sala Plena advierte que en el presente caso se configuró un conflicto negativo de competencia originado en las diferentes interpretaciones del factor territorial por parte de las autoridades judiciales involucradas. El Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia, propuso el conflicto negativo de competencia porque consideró que el juez competente para conocer de la tutela era el del lugar de domicilio de la entidad accionada al cual se le repartió la tutela inicialmente.

Por su parte, el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío, argumentó que los juzgados de Medellín son los competentes para conocer de la tutela sub examine, simplemente porque en el municipio de Medellín reside la accionante.

8. El Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia es competente para resolver la acción de tutela. La Sala

Plena considera que el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío, es la autoridad judicial a quien le corresponde tramitar la acción de tutela en virtud del factor territorial de competencia. Esto, porque (i) en la ciudad de Armenia se produjeron los

presuntos efectos de la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante al ubicarse en esta ciudad la sede de la Universidad del Quindío y, (ii) en virtud del criterio “a prevención”, la ciudad de Armenia fue el lugar que la accionante eligió para que se tramitara su acción de tutela.9. Conclusión. Con fundamento en lo expuesto, la Sala Plena (i) dejará sinefectos el auto proferido el 5 de diciembre de 2022 por el Juzgado Quinto PenalMunicipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío. Enconsecuencia, (ii) ordenará que se le remita el expediente a dicha autoridadpara que continúe con el trámite y profiera decisión de fondo respecto de laacción de tutela presentada por la accionante, de conformidad con lo previstopor el artículo 86 de la Constitución Política y por el Decreto 2591 de 1991. Asímismo, (iii) advertirá al Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones deControl de Garantías de Armenia, Quindío, que, en adelante, se abstenga dedeclarar su falta de competencia para conocer una acción de tutela acudiendo,sin más, al lugar de residencia de la parte accionante. Por otro lado, (iv)advertirá al Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con Funciones deConocimiento de Medellín, Antioquia, que, en caso de proponer conflictos decompetencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a lasautoridades judiciales previstas para el efecto en la Ley 270 de 1996 y en lasreglas fijadas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en elpresente auto y compiladas en el auto 550 de 2018.

IV. DECISIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la CorteConstitucional,

RESUELVE

IV. DECISIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la CorteConstitucional,

RESUELVE

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 5 de diciembre de2022 por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control deGarantías de Armenia, Quindío, en el marco de la acción de tutela promovidapor Juliana Arango Gaviria en contra de la Universidad del Quindío.

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-4330 al Juzgado Quinto PenalMunicipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío, paraque, de forma inmediata, continúe con el trámite de amparo y profiera ladecisión de fondo a que haya lugar dentro de la acción de tutela presentada porla accionante.

Tercero.- ADVERTIR al Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones deControl de Garantías de Armenia, Quindío, que, en lo sucesivo, se abstenga dedeclarar su falta de competencia para conocer una acción de tutela acudiendo,sin más, al lugar de residencia de la parte accionada.

Cuarto.- ADVERTIR al Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal conFunciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia, que, siempre queproponga la existencia de un conflicto de competencia en materia de tutela, estedebe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en laLey 270 de 1996, por lo cual, debe observar las reglas previstas sobre lamateria en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, compiladas en el Auto550 de 2018. Quinto.- Por Secretaría General, COMUNICAR a la parte actora la decisiónadoptada mediante esta providencia.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

DIANA FAJARDO RIVERAMagistrada

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS MagistradoMARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General[1] Escrito de tutela, pág. 1. [2] Ib. [3] Ib. [4] Ib., pág. 2. [5] Ib. [6] Ib. [7] Ib., pág. 3. [8] Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garanas de Armenia, Quindío. Auto del 5 de diciembre de 2022.

[9] Ib. [10] Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, Anoquia. Auto del 6 de diciembre de 2022, pág. 4. [11] Ib., pág. 3. [12] Ib. [13] Corte Constucional, auto 550 de 2018. Sobre el parcular, la Corte Constucional ha reiterado que la autoridad judicial encargada dedirimir los conflictos de competencia suscitados dentro de los procesos de tutela debe determinarse de conformidad con lo previsto por losarculos 17, 18, 37 y 41 de la LEAJ. [14] Cfr. Autos 003 de 2018, 050 de 2018, 158 de 2018 y 262 de 2018, entre otros. [15] Arculo 3 del Decreto 2591 de 1991. Cfr. Autos 243 de 2012 y 495 de 2017, entre otros. [16] “(…) Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan disnta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a disntos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Juscia en la respecva Sala de Casación que deacuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de laCorporación”. [17] Decreto 2591 de 1991. “Arculo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o

tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que movaren la presentación de la solicitud […]”. [18] Ib. [19] Ib. El factor funcional “debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a una sentencia de tutela, lo cual implica, que únicamente podrán conocer del asunto, las autoridades judiciales que ostentan la condición de superior jerárquico correspondiente, en los términos establecidos en la jurisprudencia”. [20] “Arculo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicciónen el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que movaren la presentación de la solicitud (…)” (subrayado fuera del texto original). [21] Corte Constucional, auto 053 de 2018. [22] Corte Constucional, autos 299 de 2013 y 074 de 2016, entre otros. [23] Corte Constucional, autos 086 de 2007 y 067 de 2011, entre otros.[24] Corte Constucional, auto 210 de 2021.