CC - A1112-2023

A1112-23TEMAS del Auto A1112-23:

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORALConflictos sobre sistema de seguridad social integral de trabajadores oficiales, independientes o del sector privado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

AUTO 1112 DE 2023

Referencia: expediente CJU-3135

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado DieciséisLaboral del Circuito de Medellín y el Juzgado DoceAdministravo Oral de la misma ciudad

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Bogotá D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintrés (2023)

La Sala Plena de la Corte Constucional, en cumplimiento de sus atribuciones constucionales, en parcular, la prevista por el numeral 11 del arculo 241 de la Constución Políca, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES

constucionales, en parcular, la prevista por el numeral 11 del arculo 241 de la Constución Políca, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES Á1. El 03 de noviembre de 2021, Ángela María Jaraba Pérez presentó demanda ordinarialaboral en contra de la Gobernación de Anoquia. La demandante pretende que: (i) se declareque es beneficiaria de la convención colecva de trabajo y laudos arbitrales vigentes suscritosentre el Sindicato de trabajadores y empleados del Departamento de Anoquia; y (ii) sereconozca y pague la pensión de jubilación convencional y el retroacvo pensional. 2. Los hechos en los que se fundamentó la demanda fueron los siguientes: la demandante(i) se vinculó a la Gobernación de Anoquia en calidad de trabajadora oficial, para desempeñar elcargo de aseadora asignada a la División de Servicios Generales en la Secretaría de Servicios

Administravos[1] y, (ii) se afilió al Sindicato de trabajadores y empleados del Departamento deAnoquia (Sintradepartamento). (iii) Entre el sindicato y la Gobernación se han suscrito variasconvenciones colecvas de trabajo. (iii) La demandante realizó reclamación administrava con elfin de obtener la pensión convencional, sin embargo, esta fue negada. 3. El 8 de sepembre de 2022, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín resolvió(i) rechazar la demanda, (ii) declarar la falta de competencia funcional para conocer del asunto y(iii) ordenar la remisión del expediente a los jueces administravos de Medellín. Citó el numeral 4del arculo 104 del Código de Procedimiento Administravo y de lo Contencioso Administravo(CPACA) y manifestó que “se puede colegir que la presente demanda fue presentada en el año2021, año para el cual ya había cobrado vigencia la normavidad antes mencionada, acorde a lopreceptuado por el art. 308 de la Ley 1437 de 2011; y además que es instaurada procurando sereconozca y pague la pensión de jubilación que está a cargo de una endad de derecho público, yes por ello, que en aplicación a la norma antes transcrita, considera éste Juzgador, que carece decompetencia funcional para conocer del caso pues se itera, la acción está dirigida en contra de

una Endad de derecho Público [sic]”[2]. 4. La demanda le correspondió por reparto al Juzgado Doce Administravo Oral deMedellín. El 21 de octubre de 2022, la referida autoridad judicial resolvió (i) declarar la falta decompetencia para conocer del asunto, (ii) proponer el conflicto negavo de competencia frente alJuzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín y (iii) remir el expediente a la Corte Constucional. Citó pronunciamientos del Consejo de Estado[3], del Consejo Superior de la Judicatura[4], el arculo 416 del Código Sustanvo del Trabajo y manifestó que “de acuerdo con lanormavidad y la Jurisprudencia [sic] en cita, esta Judicatura considera que si bien la naturalezajurídica de la endad demandada es pública, no se puede pasar por alto el hecho que el sublite secontrae en determinar si la parte actora ene o no derecho a acceder a una pensión convencional, lo que de antemano nos da a entender que se trata de una trabajadora oficial”[5]. 5. El 2 de mayo de 2023, el expediente fue asignado al despacho de la magistradasustanciadora. Luego, el 5 de mayo del 2023, la Secretaría General de la Corte Constucional lo remió al referido despacho[6].

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

6. La Corte Constucional es competente para resolver el presente conflicto dejurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 del arculo 241 de laConstución Políca.2. Delimitación del asunto objeto de revisión y metodología

7. La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado Dieciséis Laboraldel Circuito de Medellín y el Juzgado Doce Administravo Oral de la misma ciudad, la cual versasobre la competencia para conocer la demanda ordinaria laboral presentada por Ángela MaríaJaraba Pérez en contra de la Gobernación de Anoquia. A estos efectos, la Sala, en primer lugar,verificará si la controversia entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestossubjevo, objevo y normavo de los conflictos de jurisdicciones (II.3 i n f r a ). En segundo lugar, deconstatarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará las reglas de competencia paraconocer de un proceso laboral en el que se solicita el reconocimiento de una pensiónconvencional por ser beneficiario de la convención colecva de trabajo (II.4 i n f r a ). Por úlmo,resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o connuar conel conocimiento del proceso (II.5 i n f r a ).

3. Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

8. Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entrejurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimientode un proceso, bien sea porque esman que a ninguno le corresponde (negavo), o porque

consideran que es de su exclusiva incumbencia (posivo)”[7]. La Corte Constucional hasostenido en reiterada jurisprudencia que para que este po de controversias se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjevo, objevo y normavo[8], los cuales seexplican en el siguiente cuadro:

Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones

1. Presupuesto subjevo Exige que la controversia se presente entre por lo menos dos autoridades que administren juscia y formen parte de disntas jurisdicciones. De este modo, “el conflicto de jurisdicción no puede provocarse autónomamente por las partes del respecvo proceso”

[9].

2. Presupuestoobjevo Implica que la disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa de naturaleza judicial, no políca o administrava[10].

3. Presupuestonormavo Exige constatar que las autoridades judiciales en colisión hayan manifestado expresamente las razones de índole constucional o legal, por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto[11].

9. La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones. Esto es así por lassiguientes razones:

(i) Primero, sasface el presupuesto subjevo, porque enfrenta a dos autoridades judicialesde disntas jurisdicciones, esto es, (i) el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito deMedellín, que forma parte de la jurisdicción ordinaria y (ii) el Juzgado DoceAdministravo Oral de la misma ciudad, que forma parte de la jurisdicción de lo

contencioso administravo[12].

(ii) Segundo, el conflicto cumple con el presupuesto objevo, puesto que las autoridadesjudiciales rechazan el conocimiento un proceso laboral en el que se solicita elreconocimiento de una pensión convencional por ser beneficiario de la convencióncolecva de trabajo, la cual debe resolverse por medio de un trámite de naturalezajudicial.

(iii) Tercero, el presupuesto normavo se encuentra acreditado, debido a que las autoridadesjudiciales enfrentadas expusieron las razones de índole legal y jurisprudencial por lascuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (ver párrs. 3 y4 supra).

4. Competencia para conocer las demandas relacionadas con trabajadores oficiales y laaplicación de convenciones colecvas de trabajo. Reiteración del Auto 872 de 2021

10. La Sala Plena de la Corte Constucional, mediante Auto 872 de 2021, estableció la reglade decisión según la cual: “[l]a jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competentepara conocer un proceso laboral promovido por un trabajador oficial, hecho úlmo que seconstata no solo con la naturaleza del vínculo laboral y las funciones que desempeña, sinotambién, con el hecho de buscar la aplicación de un derecho derivado de una convencióncolecva de trabajo”.

11. Como fundamento de esta decisión, la Corporación explicó que la jurisdicción de locontencioso administravo es competente para conocer los procesos relavos a la relación legal yreglamentaria entre los empleados públicos y el Estado. Lo anterior, de conformidad con loprevisto por el numeral 4 del arculo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 4 del arculo 105ibidem. Por el contrario, en virtud de la cláusula general de competencia de la jurisdicciónordinaria en su especialidad laboral, prevista por el numeral 1 del arculo 2 del Código Procesaldel Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), y según lo dispuesto por el arculo 3 del CódigoSustanvo del Trabajo (CST), el conocimiento de las demandas laborales instauradas por lostrabajadores oficiales en contra de la administración es de conocimiento de los jueces laborales[13]. Además, de conformidad con el arculo 416 del CST y el Decreto 160 de 2014, los empleados públicos no pueden celebrar convenciones colecvas[14], contrario a los trabajadores oficiales que no cuentan con esa limitación[15]. Por lo tanto, si la demanda versa sobre un asuntorelacionado con la aplicación de la convención de trabajo, prima facie, se puede establecer lacalidad de trabajador oficial del actor y, en consecuencia, la competencia de la jurisdicciónordinaria.

5. Caso concreto

12. La demandante es una trabajadora oficial. Según la regla de la decisión mencionada, sepuede concluir prima facie que Ángela María Jaraba Pérez es trabajadora oficial en la

5. Caso concreto

12. La demandante es una trabajadora oficial. Según la regla de la decisión mencionada, sepuede concluir prima facie que Ángela María Jaraba Pérez es trabajadora oficial en la Gobernación de Anoquia[16], no solo porque el vínculo laboral se encuentra reconocido encontrato individual de trabajo regulado por el arculo 22 del CST, sino que, además, la accionantebasa sus pretensiones en el derecho pensional que le corresponde de acuerdo a lo establecido enla convención colecva de trabajo suscrita por la endad demandada y el Sindicato detrabajadores y empleados del Departamento de Anoquia (Sintradepartamento), del cual haceparte.

13. La jurisdicción ordinaria es la competente para conocer el caso que suscita el conflictosub examine. La Sala Plena considera que la demanda laboral presentada por Ángela María JarabaPérez, con el fin de obtener el reconocimiento pensional por parte la Gobernación de Anoquia,debe ser conocida por la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral. Lo anterior, teniendoen cuenta que se discute el reconocimiento y pago de un derecho convencional de un trabajadoroficial. En tales términos, la Sala Plena concluye que la autoridad judicial competente paraconocer la presente demanda es el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín y, por lotanto, ordenará remirle el expediente CJU-3135 para lo de su competencia y para quecomunique la presente decisión.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constucional,

RESUELVE

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constucional,

RESUELVE

Primero. – DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito deMedellín y el Juzgado Doce Administravo Oral de la misma ciudad, en el sendo de DECLARARque el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín es la autoridad competente para conocerla demanda ordinaria laboral presentada por Ángela María Jaraba Pérez en contra de laGobernación de Anoquia.

Segundo. – Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-3135 al JuzgadoDieciséis Laboral del Circuito de Medellín, para lo de su competencia y para que comunique lapresente decisión a los interesados en este trámite y al el Juzgado Doce Administravo Oral deMedellín.

Noquese, comuníquese y cúmplase,

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABOMagistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

MagistradaJOSE FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado Ausente con comisión

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

MagistradaJOSE FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado Ausente con comisión

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General[1] Expediente electrónico. 10 CerPERSONALempolaboradoCETIL.pdf, f.1. [2] Ib. 44AutodejasinefectoDeclarafaltadeCompetencia.pdf, f.1. [3] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administravo. Sección Segunda. Subsección B. Auto de 27 de mayo de 2019. C.P. Sandra LissetIbarra Vélez. Rad: 05001-23-33-000-2016-02502-01(4416-18); Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administravo. Sección Segunda.Subsección B. Auto de 9 de mayo de 2019. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Rad: 41001-23-33-000-2012-00118-01(1204-14); y Consejo deEstado. Sala de lo Contencioso Administravo. Sección Segunda. Subsección B. Auto de 27 de agosto de 2020. C.P. César Palomino Cortés. Rad: 76001-23-33-000-2015-01140-01(3947-17). [4] Consejo Superior de la Judicatura. Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Auto de 4 de marzo de 2020, M.P. Carlos Mario Cano Diosa.

[5] Expediente electrónico. 47 PROVOCA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA POR FALTA DE JURISDICCIÓN.pdf, f.5.

[6] Ib. Archivo Constancia de Reparto CJU 3135. [7] Corte Constucional, Auto 345 de 2018 reiterado, entre otros, por los autos 328 y 452 de 2019, 233 de 2020 y 041 de 2021. [8] Corte Constucional, Auto 155 de 2019 reiterado, entre otros, por los autos 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020. [9] Corte Constucional, Auto 452 de 2019, a través del cual también se reitera el Auto 155 de 2019. En similar sendo, ver el Auto 556 de 2018, reiterado por los autos 691 y 716 de 2018. [10] Este requisito exige a la Corte Constucional verificar que “está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite denaturaleza jurisdiccional. En este sendo, no exisrá conflicto cuando: (a) se evidencie que el ligio no está en trámite o no existe, porque, porejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administravo o políco, pero no jurisdiccional (Arculo 116de la CP”. Corte Constucional, Auto 041 de 2021. [11] Id.

[11] Id. [12] Tales conclusiones encuentran fundamento normavo en los capítulos 2º y 3º del Título VIII de la Constución Políca y el arculo 11 de laLey 270 de 1996, parcularmente, los literales a y b de dicha norma estatutaria. Ley 270 de 1996, art. 11. “La Rama Judicial del Poder Públicoestá constuida por: // I. Los órganos que integran las disntas jurisdicciones: // a) De la Jurisdicción Ordinaria: […] // 3. Juzgados civiles, laborales, […] // b) De la Jurisdicción de lo Contencioso Administravo: […] 3. Juzgados Administravos”. [13] Arculo 3 del Código Sustanvo del Trabajo: “El presente Código regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter parcular, y las de derecho colecvo del trabajo, oficiales y parculares”. [14] En decisión del 19 de agosto de 2021, el Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección A, resolvió demanda de nulidad contra el Decreto 160 de 2014 “Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relavo a los procedimientosde negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos”. Sobre el parcular, el Alto Tribunal sostuvo que sibien los servidores públicos están facultados para presentar pliegos de peciones y realizar negociaciones colecvas, no pueden suscribirconvenciones colecvas de trabajo pues, precisó “como los empleados públicos están vinculados al Estado a través de una relación legal y

reglamentaria, es necesario que los acuerdos a los que se llegue dentro del proceso de negociación, se incorporen en el ordenamiento, pues,de lo contrario, no se harían exigibles”. [15] La Corte Constucional se pronunció al respecto en el Auto 011 de 2022. En esta decisión, resaltó que la Convención Colecva de Trabajo“no constuye un acto administravo y, en esa medida, el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en ese acuerdo de voluntades no haceparte de los supuestos previstos por el arculo 104 [del CPACA], en los cuales el juez contencioso es competente para conocer el asunto”. [16] Expediente electrónico. 10 CerPERSONALempolaboradoCETIL.pdf, f.1.