CC - A117-2023

A117-23TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-117/23

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Rechazar por falta de carga argumentativa

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Presupuestos formales y materiales de procedencia

NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No constituye oportunidad para reabrir debates jurídicos resueltos

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 117 DE 2023

Referencia: Expediente T-7.980.786

Solicitud de nulidad de la Sentencia SU227 de 2021 proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la que se revisaron las decisiones judiciales relacionadas con la petición de tutela presentada por Hernando Barrios Luján en contra de la Sala de DescongestiónNo. 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia

Magistrado sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO

OCAMPO

Bogotá, D. C., dos (02) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias[1], procede a resolver la solicitud de nulidad de la Sentencia SU-227 de 2021[2], presentada por el accionante dentro del proceso de la referencia, previas las siguientes consideraciones:

I. ANTECEDENTES

A. La Sentencia SU-227 de 2021

1. Al revisar las decisiones judiciales relacionadas con la solicitud de

tutela de Hernando Barrios Luján contra la Sala de Descongestión No. 2 de

I. ANTECEDENTES

A. La Sentencia SU-227 de 2021

1. Al revisar las decisiones judiciales relacionadas con la solicitud de

tutela de Hernando Barrios Luján contra la Sala de Descongestión No. 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, previa verificación de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, encontró que dicha autoridad judicial no incurrió en los defectos alegados por el accionante, por las siguientes razones:

2. Defecto fáctico. No se configuró porque el debate de fondo propuesto cuestiona la validez del Acto Legislativo 01 de 2005, su alcance e interpretación, pero no una acción u omisión judicial o la valoración de las pruebas. Luego se trata de un reproche normativo y no probatorio.3. Exceso ritual manifiesto. No se acreditó pues, a diferencia de lo sostenido por el peticionario, la Corte Constitucional no ha excusado el cumplimiento de las formalidades del recurso extraordinario de casación, por el contrario, ha considerado que estas corresponden con el ordenamiento procesal laboral y con el artículo 29 constitucional. Con todo, precisó que laperspectiva constitucional del recurso extraordinario constitucional no permite desconocer su alcance ni convertirlo en un instrumento para discutir problemas que pueden tramitarse por otros medios legales y constitucionales[3]. Además, aclaró que, al margen de la falencia de técnica, la sala acusada se pronunció de fondo en relación con la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005.

4. Desconocimiento del precedente. No se configuró porque en la Sentencia SL-766 de 2019 no se estableció el alcance de la convención

la sala acusada se pronunció de fondo en relación con la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005.

4. Desconocimiento del precedente. No se configuró porque en la Sentencia SL-766 de 2019 no se estableció el alcance de la convención celebrada entre ANEBRE y el Banco de la República, sino que se valoró una convención que acordaron otras partes, en la que se fijaron unos requisitos pensionales diferentes. Y, además, el demandante en el mencionado fallo cumplió la edad en el 2006.

5. El fallo cuestionado es coherente con la Constitución y con la Sentencia SU-555 de 2014 porque, según la convención colectiva del Banco de la República, para que le fuera reconocida la pensión de jubilación al peticionario este debió cumplir las exigencias de tiempo de servicio y edad a más tardar el 31 de julio de 2010, toda vez que dichas reglas pensionales perdieron su vigencia de acuerdo con lo fijado en el parágrafo transitorio 3º del artículo 48 de la Constitución.

6. En particular, destacó el fallo que en la Sentencia SU-555 de 2014 la Corte indicó que “las reglas pensionales convencionales estuvieron vigentes hasta el 31 de julio de 2010, fecha de expiración de la última prórroga automática de la cláusula 18 de la convención, toda vez que el mandato constitucional es claro al eliminar cualquier derecho distinto a los contenidos (sic) en las leyes generales de pensiones”.

7. Además, precisó el fallo que la Sala de Casación Laboral de la Corte

Suprema de Justicia ha sido enfática en negar pensiones convencionales detrabajadores del Banco de la República cuando no han acreditado el cumplimiento de los requisitos con anterioridad al 31 de julio de 2010. En particular, mencionó las sentencias SL-2806 de 2018, SL-3962 de 2018 y SDL2623 de 2020[4].

8. Aclaró la providencia que en la Sentencia SL-660 de 2021 la Sala de Casación Laboral precisó que su postura recoge cualquier otra que haya sido

emitida en un sentido contrario[5]. En particular, la proferida por la Sala deDescongestión No. 2 de la Sala Laboral de esa corporación en la Sentencia SL-3407 de 2020[6].

9. En esta última providencia, la Sala de Descongestión interpretó el artículo 18 de la convención bajo estudio y entendió que la edad constituía un requisito de exigibilidad y no de causación, a pesar de que el precedente de la Sala de Casación Laboral ha establecido lo contrario. Esto es, que laedad corresponde con uno de los requisitos de causación y no de exigibilidad. Y, por lo tanto, fue dejada sin efectos mediante Sentencia STP9304 de 2020.

10. Por consiguiente, para la Sala Plena de esta Corte (i) la mencionada

Sentencia SL-3407 de 2020 de la Sala de Descongestión No. 2 hizo una interpretación de la convención colectiva de trabajo de la ANABRE diferente a la fijada en la Sentencia SU-555 de 2014, y (ii) las decisiones de

las salas de descongestión laboral de la Corte Suprema de Justicia no tienen la vocación de modificar la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, lacual ha fijado su posición frente al tema, entre otras, en la Sentencia SL-660 del 17 de febrero de 2021, reafirmando que “los requisitos de causación del derecho” a la pensión de jubilación establecidos en dicha convención “son, concurrentemente, el tiempo de servicio y la edad”.

11. Defecto sustantivo y violación directa de la Constitución. La decisión atacada no incurrió en ninguno de esos defectos porque las objeciones que planteó el solicitante no cuestionan la impertinencia de la aplicación de una norma inferior ni su interpretación sino que, por el contrario, se dirigen a discutir la validez del Acto Legislativo 01 de 2005, la competencia delCongreso para proferirlo y la interpretación que se le ha dado por parte de laCorte Constitucional y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de

Justicia.

12. Además, expuso que en la Sentencia SU-555 de 2014 la Corte se pronunció respecto del contenido y el alcance del Acto Legislativo 01 de

2005. Y, respecto a su parágrafo transitorio 3º, entre otras cosas, aclaró las reglas de vigencia de las convenciones[7] y señaló que, en todo caso, las prórrogas de vigencia de estas no podían extenderse más allá del 31 de julio

de 2010. En particular dijo:

13. “[…] No obstante, dichas prórrogas no podrán extenderse más allá del 31 de julio de 2010, con independencia de la fecha en la que, sin este imperativo constitucional, hubieran expirado. Lo anterior, por cuanto el

13. “[…] No obstante, dichas prórrogas no podrán extenderse más allá del 31 de julio de 2010, con independencia de la fecha en la que, sin este imperativo constitucional, hubieran expirado. Lo anterior, por cuanto el parágrafo consagra de manera indiscutible que todas las pensiones especiales finalizan el 31 de julio de 2010[8]”.

14. Además, la Sentencia SU-227 de 2021 expuso la interpretación que ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto de la vigencia de las reglas pensionales convencionales, de cara al Acto Legislativo 01 de 2005, en los siguientes términos:

15. “[…] una primera regla, consistente en que la expresión «término inicialmente pactado» hace alusión al tiempo de duración expresamente acordado por las partes en una convención colectiva de trabajo, de manera que «si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el ‘término inicialmente pactado’». Esto, desde luego, se refiere a aquellos acuerdos colectivos o reglas pensionales que sean negociadas por primera vez antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y cuya fecha de finalización sea ulterior a esta reforma constitucional. || La segunda y tercera hipótesis, básicamente expresan un mismo razonamiento, en el sentido que en el evento de que la convención haya sido objeto de sucesivas

prórrogas por cuenta de lo dispuesto en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010, fecha fijada como límite a la pervivencia de los beneficios pensionales extralegales […][9]”.16. También precisó el fallo que es posible acudir a una interpretación más favorable al aplicar una cláusula convencional, siempre y cuando (i) la convención aplicable esté vigente o lo estuviera al momento de causar el derecho, y (ii) que de su lectura se puedan plantear razonablemente diferentes sentidos de interpretación, porque no es posible desconocer el sentido obvio y natural de los acuerdos[10].

17. Finalmente, consideró la Corte que, en el caso estudiado, la cláusula 18 de la convención no generaba dudas interpretativas porque tanto la edad como el tiempo de servicio eran requisitos exigidos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Incluso, para obtener esa prestación acreditando solamente el requisito de tiempo de servicio, el acuerdo exigía en los artículos 19 y 20 otros tiempos diferentes a los del artículo 18, establecidos entre 25 o 30 años de servicio[11], antes del 31 de julio de2010.

18. Por lo tanto, al no encontrar acreditados los defectos planteados por el solicitante en contra de la sentencia atacada, con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala resolvió: “[…] SEGUNDO.- REVOCAR

los fallos proferidos, en primera instancia, por la Sala de Tutela No. 1 de la

Corte Suprema de Justicia, que ‘denegó por improcedente la acción de tutela’ y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó el de primera instancia. En su lugar, NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor Hernando Barrios Luján por las razones expuestas […]”.

B. La solicitud de nulidad

19. El señor Hernando Barrios Luján solicitó la nulidad de la Sentencia SU-227 de 2021, mediante escrito en el cual señaló que cumple con losrequisitos desarrollados por la Corte Constitucional, así:

20. Temporalidad, porque presentó su solicitud de nulidad dentro del término exigido[12].21. Legitimación en la causa, porque la solicitud de nulidad fue promovida por quien presentó el recurso de amparo cuyos fallos se revisaron en la Sentencia SU-227 de 2021.

22. Carga argumentativa, porque la sentencia cuestionada omitió pronunciarse sobre un aspecto trascendental que, de haberse analizado, habría llevado al reconocimiento de su mesada pensional, de conformidad con la línea unificada de la Corte Constitucional. Argumentación que, en su opinión, no introduce nuevas razones ni constituye un disgusto con la decisión atacada.

23. En cuanto a los presupuestos materiales, el solicitante expuso el cargo de “elusión del análisis de asuntos de relevancia constitucional” que, según estima, vulneró su derecho al debido proceso. A continuación, se

exponen las razones planteadas:

24. Elusión del análisis de asuntos de relevancia constitucional. La

argumentación se centra en dos razones:

25. La primera, refiere que la autoridad judicial cuestionada no aplicó el

exponen las razones planteadas:

24. Elusión del análisis de asuntos de relevancia constitucional. La

argumentación se centra en dos razones:

25. La primera, refiere que la autoridad judicial cuestionada no aplicó el principio de favorabilidad para determinar el alcance de la cláusula convencional. En particular, en la identificación de los requisitos de causación y exigibilidad de la pensión de jubilación.

26. La segunda, señala que no realizó un “recuento histórico que a la fecha se ha efectuado en las sentencias como la SU-027 de 2021, SU-113 de 2018, SU-267 de 2019 para garantizar el respeto al debido proceso del suscrito […]”[13].

Falta de aplicación del principio de favorabilidad

27. (i) A pesar de que en la solicitud de tutela planteó la necesidad de aplicar el mencionado principio para resolver su caso, e incluso citó unosapartes puntuales de una sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[14], la sentencia cuestionada no abordó el temaporque solo “[e]nunció ligeramente y sin realizar un estudio del desarrollo que ha tenido la intelección de la cláusula 18 de la Convención firmada con el Banco, que la cláusula no genera dudas”[15].

28. (ii) Con el estudio de la Sentencia SU-555 de 2014, que se reiteró en la providencia que ataca, no se puede suplir la falta de valoración de dicho

principio, como quiera que a) la favorabilidad se valoró de forma unificada en la Sentencia SU-241 de 2015 y; b) el objeto de esa sentencia no imponía valorar el principio de favorabilidad sino que “se limitó única y exclusivamente [a] abordar la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2005, el respeto por las recomendaciones de la OIT y la sujeción de[l] legislador a los derechos constitucionalmente establecidos”[16]. Además,planteó que, en su opinión, el magistrado sustanciador de la Sentencia SU555 de 2014 estaba impedido para dictar ese fallo[17], situación que expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de una queja que presentó[18] y cuestionó a los demás magistrados que apoyaronese fallo.

29. (iii) Cuando se profirió la Sentencia SU-227 de 2021 no existía una providencia de esta Corte que aclarara la interpretación de la cláusula 18 de la convención colectiva de 1997, respecto de los requisitos de causación y exigibilidad. Como tampoco la tenía, ni la tiene en la actualidad, la Sala de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de

Justicia.

30. En este punto, en relación con la decisión de la Corte Constitucional, argumentó que el fallo atacado omitió que a la fecha en que se expidió la Sentencia SL-3806 de 2019[19], “si bien existían fallos que fundaban las nociones generales para resolver el asunto en otras empresas […], frente a

la cláusula contenida en la convención firmada con el Banco de la República no existía una sola sentencia que aclarara este asunto. Ello solo tuvo lugar hasta el 17 de febrero de 2021 con la sentencia SL-6602021”[20] (negrillas del texto).31. En relación con la decisión de la Sala de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dijo que tiene la misma falta de claridad porque en la Sala No. 1 se considera que ambos requisitos son de causación[21], mientras que en la Sala No. 2 se precisa que uno es de causación y otro es de exigibilidad[22]. Esta situación ha llevado a que, por ejemplo, en el caso No. 78.551[23] se hayan presentado dos solicitudes de tutela en contra de la providencia proferida, interpuestas por el Banco de la República con la intención de “acomodar la intelección de la cláusula que más le conviene”[24].

32. Además, cuestionó que en la Sentencia SL-2962 de 2022[25] la Sala Laboral privilegiara aplicar su reglamento interno sobre la convención colectiva de trabajo, a pesar de que la convención es la fuente principal del derecho al trabajo.

33. Finalizó indicando que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia considera que la edad es una condición para exigir el derecho y no para causarlo. Como sustento de ello, citó las sentencias de tutela STC-6026 de 2021, STC-7131 de 2021, STC-8656 de 2020, STC4527 de 2019 y STC-10507 de 2022[26]. Esos planteamientos, en suopinión, se ajustan a su punto de vista en relación con la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005.

No haber realizado el recuento histórico que se ha efectuado en las sentencias SU-027 de 2021, SU-267 de 2019 y SU-113 de 2018

34. Sobre este punto, destacó que de haberse analizado su caso en el marco de “los precedentes que a la fecha han fundado la postura de la Corporación respecto a la intelección favorable de las normas convencionales y la edad como requisito de exigibilidad […], la conclusión de la sentencia habría sido otra [porque] para esta Corporación, las pensiones convencionales interpretadas a la luz del principio defavorabilidad se causan con el tiempo de servicio y se exigen al cumplir la edad”[27] (negrillas del texto).

35. Por lo tanto, precisó que el fallo atacado no tuvo en cuenta las mencionadas decisiones a pesar de que, luego de la Sentencia SU-555 de 2014, la Corte “enderezó el rumbo de su jurisprudencia”[28].

36. Añadió que si bien para resolver el problema de vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 se podía acudir a la Sentencia SU-555 de 2014 que zanjó esa discusión, lo cierto es que para dirimir su solicitud de aplicación del principio de favorabilidad “no bastaba con recurrir únicamente a ella, sino a todos y cada uno de los fallos que sobre el asunto esta Corporación

ha expedido al analizar las pensiones convencionales de múltiples empresas de Colombia, como es el caso de Ecopetrol, Mineralco S.A., la Electrificadora del Caribe, incluso, las mesadas convencionales del Departamento de Antioquia”[29] (resaltado del original).

37. Por último, presentó las siguientes conclusiones: (i) los rangos de edad establecidos en la convención para acceder a la jubilación no fueron estipulados considerando la senectud; (ii) el derecho prestacional es un reconocimiento a la perseverancia en el trabajo, luego es el esfuerzo realizado en tiempo de servicios el factor constitutivo de la pensión y no la edad. Esta última es una condición suspensiva para la percepción de la mesada; (iii) se le vulneró el debido proceso, pues sin posibilidad de ejercer una defensa se tomó una decisión distinta a la que debió adoptarse si sehubiera realizado el mismo ejercicio argumentativo abordado en las otras sentencias de unificación de la Corte Constitucional citadas previamente.

C. Trámite de la solicitud

38. Recibido el escrito de nulidad en la Secretaría General, dicha dependencia procedió a librar los oficios B-367 y B-368 del 6 de septiembre de 2022 y envió al despacho sustanciador el informe de la petición, junto con la documentación adicional recepcionada.39. Sin embargo, iniciado el estudio de la solicitud de nulidad, el despacho sustanciador advirtió que la información remitida no contenía la certificación de la fecha en que fue notificado el fallo por parte del juez de primera instancia[30]. Por lo tanto, mediante Auto del 30 de noviembre de2022, procedió a requerir el envío de dicha información.

40. Frente a lo anterior, la Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de la Sala

primera instancia[30]. Por lo tanto, mediante Auto del 30 de noviembre de2022, procedió a requerir el envío de dicha información.

40. Frente a lo anterior, la Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante oficio remitido por correo electrónico el 12 de enero de 2023, informó que el mencionadofallo fue notificado al apoderado judicial del señor Barrios Luján el 7 de octubre de 2022.

Respuesta del Banco de la República

41. El 12 de septiembre de 2022[31], la apoderada judicial del Banco de la República[32] solicitó negar la petición de nulidad al considerar que no se cumplen los presupuestos formales y materiales de procedencia. Para

respaldar su petición, argumentó lo siguiente:

42. Contrario a lo afirmado por el solicitante, la sentencia atacada sí analizó de manera precisa el principio de favorabilidad en relación con la convención colectiva de trabajo del Banco de la República[33].

43. El fallo cuestionado no omitió la valoración de asuntos de relevancia constitucional. En particular, destacó que no era trascendental acudir a la Sentencia SU-241 de 2015 porque dicha providencia no constituye un referente o precedente aplicable al caso. Esto es así, toda vez que (i) analizóuna convención distinta a la del Banco de la República y, además, (ii) el acuerdo que valoró, contrario a la convención del banco, sí admitía varias interpretaciones.

44. Explicó que la convención del Banco de la República no admite una

doble interpretación. Por el contrario, la norma es clara al indicar que los requisitos de causación del derecho pensional son, de manera concurrente, eltiempo de servicios y la edad. Por consiguiente, al no existir dos alternativas de interpretación posibles, no era necesario acudir al principio de favorabilidad.

45. Además, sostuvo que tampoco resultaban aplicables las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que fueron mencionadas en el escrito de nulidad[34], y de las que se valió el solicitante para interponer la petición de tutela, porque no toda regla contenida en un fallo que trate un tema similar puede aplicarse a asuntos con características especiales que lo vuelvendiferente.

46. Por lo tanto, al no existir el desconocimiento de precedentes aplicables, la solicitud de nulidad no cumple el presupuesto formal del deber de argumentación porque se trata de un simple desacuerdo con el sentido de la decisión que pretende reabrir el debate, sin acreditar la vulneración del debido proceso. Disconformidad que se fundamenta, exclusivamente, en una subjetiva interpretación de la norma convencional que desatiende los múltiples pronunciamientos existentes sobre casos idénticos que reposan en el expediente. Entre otros, el fijado en la Sentencia SU-555 de 2014, enrelación con la cláusula convencional del Banco de la República.

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia

47. De acuerdo con lo previsto en el artículo 49 del Decreto Ley 2067 de 1991, la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para decidir los incidentes de nulidad que se promueven contra las sentencias proferidas por esta corporación.

B. La nulidad de las sentencias de la Corte Constitucional y su carácter

1991, la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para decidir los incidentes de nulidad que se promueven contra las sentencias proferidas por esta corporación.

B. La nulidad de las sentencias de la Corte Constitucional y su carácter excepcional[35]48. El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 señala que contra las sentencias de la Corte Constitucional “no procede recurso alguno” y que las “irregularidades que impliquen violación al debido proceso” solo podrán ser alegadas “antes de proferido el fallo”. Este tribunal ha sido enfático en reconocer los efectos de la cosa juzgada constitucional, la cual determina “el carácter inmutable, vinculante y definitivo de sus decisiones, como garantía del principio de seguridad jurídica”[36].

49. La interpretación conjunta de los artículos 29 y 243 de laConstitución en materia de cosa juzgada y seguridad jurídica, han permitido concluir pacíficamente en la jurisprudencia constitucional que las solicitudes de nulidad “no pueden convertirse en un mecanismo para reabrir el debate, ventilar simples desacuerdos o controvertir aspectos de la decisión que, en su momento, la Corte haya examinado”[37].

50. A pesar de ello, y a partir de una interpretación armónica del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 antes citado, la Corte Constitucional ha admitido, por medio de desarrollo jurisprudencial, la procedencia excepcional de la nulidad de sus propios fallos cuando se haya probado una

irregularidad que acredite una transgresión del derecho al debido proceso. Así mismo el tribunal ha establecido que dicha irregularidad debe ser indudable, probada, notoria, significativa y trascendental y debe tener repercusiones sustanciales y directas sobre la decisión o sus efectos[38].

51. Así, la jurisprudencia de este tribunal ha insistido en aclarar que lasolicitud de nulidad es de carácter excepcional y no representa la existencia de un recurso, ni la oportunidad de una nueva instancia. Por lo tanto, “al tramitar una solicitud de nulidad, la Corte no puede entrar a estudiar la corrección jurídica de la decisión, sino que su examen se limita a determinar si en el trámite del proceso o en la sentencia misma ocurrieron violaciones al debido proceso”[39]. Por lo tanto, no es un incidente que pueda usarse para reabrir un debate que ya ha sido cerrado en las discusiones de la Sala de Revisión o la Sala Plena.

52. En este orden de ideas, dado el carácter excepcional de la nulidad, la Sala Plena ha señalado la obligación del solicitante de acreditar lossiguientes presupuestos formales que permiten su procedencia[40]: (i)legitimación para actuar; (ii) presentación oportuna de la solicitud, y (iii) carga argumentativa[41]. En caso de superarlos, además debe cumplir con una serie de requisitos materiales.

Presupuestos formales de procedencia

53. Legitimación para actuar. Impone que la solicitud de nulidad sea propuesta por quien haya actuado como parte en el proceso de tutela o por un tercero que demuestre interés legítimo en la misma.

54. Presentación oportuna. Exige que la solicitud de nulidad se proponga dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del fallo

un tercero que demuestre interés legítimo en la misma.

54. Presentación oportuna. Exige que la solicitud de nulidad se proponga dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del fallo adoptado por la Corte. Vencido dicho plazo, “cualquier eventual nulidad queda automáticamente saneada”[42]. Esto no excluye la posibilidad de que este tribunal, en casos excepcionales de gravísima afectación del derecho al debido proceso, asuma de oficio su estudio.

55. Carga argumentativa. Impone que los argumentos de la solicitud de nulidad que describan la supuesta irregularidad sean ilustrados de manera clara, expresa, pertinente y suficiente. Lo anterior “significa que, para que esta Corporación pueda entrar a analizar una petición de nulidad, no basta con expresar razones diferentes a las de la providencia cuestionada, o formular interpretaciones normativas distintas que obedezcan al simple disgusto o inconformismo del solicitante con el fallo adoptado”[43].

Presupuestos materiales de procedencia

56. Adicionalmente, la Sala Plena estableció unos presupuestos materiales de procedencia de la solicitud de nulidad, los cuales serán objeto de estudio una vez se haya cumplido con los requisitos formales.57. La Corte ha señalado que estos presupuestos siempre están conectados con violaciones evidentes e intensas del derecho fundamental al debido proceso. Esto porque, precisamente, la nulidad de sentencias se da en “situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales”[44].

58. Su prosperidad depende, en principio, de que el interesado acredite la

existencia de una grave violación al debido proceso, demostrando que se está en presencia de una irregularidad “ostensible, probada, significativa ytrascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos”[45] (negrillas originales).

59. Además, ha resaltado que no se cumple la carga argumentativa cuando el solicitante presenta razones o interpretaciones diferentes a las que sirvieron de fundamento a la sentencia cuestionada, dejando entrever una inconformidad con el sentido de la decisión[46] y la pretensión de reabrir el debate decidido en la sentencia.

60. Omisión arbitraria sobre el análisis de asuntos de relevancia. Frente a esta causal de nulidad, la Corte ha precisado que en la función de revisión de los fallos de tutela, las salas no están obligadas a estudiar todos los puntos planteados en la solicitud de amparo por las partes o los intervinientes, porque el diseño constitucional le confirió a esta corporación la discrecionalidad para seleccionar los casos y la potestad para fijar el alcance de sus decisiones.

61. A pesar de lo anterior, ha aclarado que en la labor de revisión se hace indispensable que se analicen (i) las cuestiones que, por su importancia constitucional para la protección de los derechos fundamentales, no podían dejarse de lado por la respectiva Sala, y (ii) los asuntos que de haberse analizado de manera clara e inequívoca hubieran generado una decisión o trámite distintos y su omisión correspondió a un obrar arbitrario[47].

62. No obstante, si el asunto que se considera relevante “fue abordado

analizado de manera clara e inequívoca hubieran generado una decisión o trámite distintos y su omisión correspondió a un obrar arbitrario[47].

62. No obstante, si el asunto que se considera relevante “fue abordado en la sentencia el vicio queda excluido”[48] (negrillas del texto). Esto es asíporque la solicitud de nulidad no es un recurso ni una instancia adicional para controvertir la decisión adoptada o el estudio dado al caso. Por lo tanto,no permite reabrir el análisis jurídico o probatorio del fallo atacado (supra,

52).

63. Así las cosas, quien alegue esta causal de nulidad debe acreditar una carga argumentativa dirigida no solamente a demostrar el asunto omitido, sino que le corresponde exponer por qué la falta de valoración de ese componente cambiaría total o parcialmente la decisión.

C. Verificación del cumplimiento de los requisitos de forma

64. Expuesto lo anterior, la Sala Plena pasa a estudiar el cumplimiento de los requisitos formales para la procedencia de la solicitud de nulidad de la Sentencia SU-227 de 2021. En caso de que estos se encuentren satisfechos, continuará con el estudio de los presupuestos materiales.

65. Legitimación para actuar. La solicitud fue presentada po