CC - A121-24

A121-24

TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-121/24 COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Controversias sobre recobros de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios de salud-PBS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL SALA PLENA Auto 121 de 2024

Referencia: Expediente CJU-4771.

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad.

Magistrado Ponente: José Fernando Reyes Cuartas.

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente: AUTO

I. ANTECEDENTES

1. El 22 de septiembre de 2021, la Caja de Compensación Familiar del Huila

(en adelante Comfamiliar Huila EPS-S), interpuso demanda ordinaria laboral en contra de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante Adres), el departamento del Huila – Secretaría Departamental de Salud del Huila y el municipio de Guadalupe (Huila). Entre otras, pretendió que se declare que la parte demandada le adeuda la suma de $43’496.359 correspondientes al valor que, de conformidad con la liquidación mensual de afiliados, están a cargo de las entidades territoriales por concepto de esfuerzos propios en la administración de recursos del Régimen Subsidiado y que tienen sustento en los servicios en

salud prestados por la entidad demandante.

2. Concretamente, señaló que la deuda comprende los meses de agosto y noviembre de 2020. Por lo anterior, solicitó que se ordene el reconocimiento y pago a las entidades demandadas de la deuda antes referida y de los

[1] intereses moratorios correspondientes . [2]

3. El 17 de julio de 2022 , el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva (Huila), quien previamente había admitido y dado traslado de la demanda, declaró su falta de jurisdicción y remitió el expediente a los jueces administrativos de la ciudad. Sostuvo que de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.4 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (en adelante CPTSS), 622 del Código General del Proceso (en adelante CGP) y 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), la demanda no está estrictamente relacionada con la prestación de los servicios de la seguridad social y las entidades demandadas no hacen parte de los sujetos enunciados en el CPTSS. De manera que no se activa la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral para conocer del presente trámite. Para sustentar su interpretación citó el Auto 721 de 2021 de la Corte Constitucional.

[3]

4. El 21 de septiembre de 2022 , el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva (Huila) declaró su falta de jurisdicción para conocer del proceso, provocó un conflicto negativo y remitió el asunto a esta Corporación.

Manifestó que el asunto era de competencia de la jurisdicción ordinaria en su

especialidad laboral puesto que versaba sobre una demanda ejecutiva que solicita se libre mandamiento de pago a su favor y en contra de las ejecutadas teniendo como título las facturas aportadas. Lo anterior, conforme a los artículos 2.4 del CPTSS, 104.6 del CPACA y el Auto 1181 de 2021.

5. De acuerdo con el reparto del 16 de noviembre de 2023, el expediente de la referencia le fue enviado al despacho del magistrado sustanciador el 20 de

[4] noviembre siguiente .

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia

6. De conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

7. Esta Corporación ha advertido que para que se configure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que se cumplan los presupuestos subjetivo,

[5] objetivo y normativo, definidos de manera reiterada por este tribunal . En el caso de la referencia se satisfacen los anteriores presupuestos: Presupuesto El conflicto se suscita entre una autoridad que hace parte subjetivo de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y otra de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Presupuesto La controversia se enmarca en la demanda ordinaria objetivo laboral presentada por Comfamiliar Huila, contra la Adres, el departamento del Huila – Secretaría Departamental de Salud del Huila y el municipio de Guadalupe (Huila). Presupuesto Las autoridades judiciales enunciaron los fundamentos de normativo índole legal en los que soportaban cada una de sus

posiciones. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva (Huila) señaló que los jueces administrativos son los llamados para adelantar el trámite de conformidad con los artículos 2.4 del CPTSS, 622 del CGP y 104 del CPACA, así como el Auto 721 de 2021. Por su parte, el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva (Huila) justificó su negativa para continuar con el estudio del proceso, en atención a los artículos 2.4 del CPTSS, 104.6 del CPACA y el Auto 1181 de 2021. Normas de competencia judicial invocadas para conocer asuntos relacionados con el pago de la UPC en el régimen subsidiado. Reiteración del Auto 721 de 2021

8. La Sala Plena, mediante el Auto 721 de 2021, estudió un asunto de similares consideraciones, en el que se pretendió el pago de sumas correspondientes a servicios y tecnologías en salud con cargo a la UPC prestados a afiliados del régimen subsidiado, con sustento en la Liquidación Mensual de Afiliados. En dicha oportunidad, se determinó que los jueces administrativos son competentes para conocer de las controversias en las que se “pretendan reclamar el pago de la UPC al Estado por prestaciones del antes POS, hoy PBS UPC, por tratarse de controversias (i) en la que una de las partes es una entidad pública; y que involucra procedimientos administrativos como (ii) la liquidación y pago de la UPC y; (iii) la habilitación de las EPS por parte del Estado para prestar el servicio público de salud”. Asimismo, señaló que se trataba de litigios exclusivamente económicos, que se escapaban al ámbito de competencia de la jurisdicción

[6] ordinaria en su especialidad laboral .

9. En esa oportunidad se fijó la siguiente regla de decisión: “La competencia judicial para conocer de litigios que pretendan reclamar el pago de la UPC al Estado por prestaciones del antes POS, hoy PBS UPC, corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, de acuerdo con la cláusula general de competencia prevista en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que se trata de controversias de carácter exclusivamente económico contra entidades públicas, donde se cuestiona el pago de un valor liquidado dentro de un procedimiento de carácter administrativo a cargo del Estado”.

Caso concreto

10. El conocimiento del presente asunto le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en cabeza del Juzgado Octavo Administrativo de Neiva (Huila). La Sala Plena arriba a la anterior conclusión puesto que, en concordancia con el Auto 721 de 2021: (i) Comfamiliar Huila pretende el pago de sumas correspondientes a la administración de recursos del régimen subsidiado, relacionados con servicios y tecnologías en salud con cargo al UPC; (ii) los mismos fueron prestados por la EPS a los afiliados del régimen subsidiado en las entidades territoriales demandadas en agosto y noviembre de 2020; (iii) la liquidación del valor reclamado tiene sustento en Liquidación Mensual de Afiliados publicada por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, por lo que se trata de un procedimiento de carácter administrativo y; (iv) se trata de un litigio meramente económico, que no involucra a ninguno de los sujetos del SGSSS señalados en el artículo 2.4 del

CPTSS.

11. Por lo tanto, se ordenará remitir el del expediente CJU-4771 al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva (Huila) para que imparta el trámite respectivo al presente asunto. Esta autoridad deberá comunicar la presente decisión al juez laboral involucrado en el conflicto y a los sujetos procesales.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, RESUELVE PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva (Huila) y el Juzgado Octavo Administrativo de la misma ciudad, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva (Huila) es la autoridad competente para conocer de la demanda presentada por Comfamiliar Huila contra la Adres, el departamento del Huila – Secretaría Departamental de Salud del Huila y el municipio de Guadalupe (Huila).

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-4771 al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva (Huila), para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad y a los sujetos procesales y partes interesadas. Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado É

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General [1] Expediente digital CJU 4771. Archivos 02 Demanda.pdf, págs. 46 a 62. [2] Expediente digital. Archivo 02Demanda.pdf, págs. 425 a 430. [3] Expediente digital. Archivo 003AutoProponeConflíctoCompetencia.pdf. [4] Expediente digital. Archivo 03CJU-3863 Constancia de Reparto.pdf [5] Auto 155 de 2019. [6] Asimismo, en el Auto 917 de 2022, que reiteró lo dispuesto por el Auto 721 de 2021, se estableció que la jurisdicción de lo contencioso administravo es competente para tramitar este po de asuntos, pues: “(i) las partes involucradas en su trámite son diferentes a los sujetos enunciados en el arculo 2.4 de la Ley 712 de 2001; (ii) la liquidación y pago de la UPC es un trámite administravo ex post, mediante el cual la Nación reconoce a las EPS un monto de dinero por cada uno de los afiliados al régimen subsidiado para cubrir las prestaciones del POS, hoy PBS, y (iii) la UPC pretende que los recursos de la salud fluyan adecuadamente, pero su trámite no ene relación directa con la prestación del servicio, comoquiera que se trata de un asunto exclusivamente económico”.