CC - A1358-23

TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-1358/23 COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR-Conocimiento de procesos que vinculen a miembros de la Fuerza Pública por delitos cometidos en relación con la prestación propia del servicio Corresponde a la justicia penal militar el conocimiento de las investigaciones penales adelantadas en contra de miembros de la Fuerza Pública, en las que existan elementos materiales probatorios que permitan advertir que las conductas objeto de investigación tienen origen en una actividad lícita de la institución policial y están relacionadas con la prestación propia del servicio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL Sala Plena Auto 1358 de 2023

Referencia: Expediente CJU-4041

Conflicto de competencia entre jurisdicciones, suscitado por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata, Huila, y el Juzgado 151 de Instrucción Penal Militar.

Magistrado Sustanciador: Juan Carlos Cortés González

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil veintitrés (2023) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial la prevista en el artículo 241.11 de la Carta, profiere el siguiente AUTO

I. ANTECEDENTES

1. El 18 de febrero de 2022, una patrulla policial se presentó en el barrio Primitivo Losada, del municipio de La Argentina en Huila, con el fin de solicitarle a un grupo de personas que le bajaran el volumen de la música a algunos vehículos ubicados en la vía principal. Durante el procedimiento policial, surgió un altercado y, en medio de este, el patrullero José Fladimir

Grajales Villada accionó su arma de dotación contra Óscar Iván Alarcón. El ciudadano fue trasladado al Hospital Juan Ramón Núñez Palacios, en donde falleció1.

2. El 22 de febrero de 2022, el Juzgado 151 de Instrucción Penal Militar dio apertura a una investigación preliminar con radicado No.P-001/2022, en «averiguación de responsables» por el presunto punible de homicidio.

3. Simultáneamente, el 1 de octubre de 2022, el Juzgado Único Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Paicol, Huila, celebró las audiencias preliminares concentradas. En particular, decretó la legalidad de la 1 Expediente CJU-4041, hechos descritos en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía 30 Seccional de La Plata, Huila. captura por orden judicial de José Fladimir Grajales Villada. Asimismo, la Fiscalía 30 Seccional de La Plata, Huila, formuló imputación en contra del patrullero por la conducta punible descrita en el artículo 103 de la Ley 599 de

2009. Finalmente, al procesado se le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio2.

4. El 28 de noviembre de 2022, la Fiscalía 30 Seccional de La Plata, Huila presentó escrito de acusación en contra de José Fladimir Grajales Villada, por la presunta comisión del delito de homicidio agravado, por haber colocado a la víctima en condición de inferioridad3.

5. El 2 de febrero de 2023, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La

Plata, Huila, celebró audiencia de acusación. Durante esta diligencia, la defensa del procesado solicitó que se informara al Juzgado 151 de Instrucción Penal Militar sobre el trámite que se adelantaba ante la jurisdicción ordinaria, para que se manifestara al respecto. Por lo anterior, la autoridad judicial suspendió la audiencia4.

6. El 23 de marzo de 2023, el Juzgado 151 de Instrucción Penal Militar profirió auto de apertura de investigación en contra del señor José Fladimir

Grajales Villada5.

7. El 18 de abril de 2023, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata, Huila, continuó la audiencia de acusación. La autoridad judicial advirtió que, el 2 de febrero anterior, puso en conocimiento del Juzgado 151 de Instrucción Penal Militar el proceso que se adelantaba en la jurisdicción ordinaria para que se pronunciara sobre su competencia. Sin embargo, para el momento, no se había obtenido respuesta. De este modo, las partes estuvieron de acuerdo en proseguir con la diligencia.

2 Idem. 3 Idem. 4 Expediente CJU-4041, según el recuento que realiza el juez Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata, Huila, en la continuación de la audiencia de acusación, el 18 de abril de 2023. 5 Expediente CJU-4041. Auto de apertura de investigación proferido por el Juzgado 151 de Instrucción Penal Militar. En el curso de la audiencia, la defensa del procesado solicitó la nulidad de lo actuado desde la audiencia de imputación de cargos, conforme al artículo 456 del Código de Procedimiento Penal, por incompetencia del juez. Consideró

que la investigación debía ser conocida por la justicia penal militar, por cuanto el procesado tenía «fuero especial», aunado a que aquella jurisdicción ya adelantaba un proceso por los mismos hechos. En ese sentido, señaló que tramitar dos procesos judiciales en jurisdicciones distintas, por la misma causa, vulneraba los derechos fundamentales del patrullero Grajales Villada, en tanto no se definía el juez natural que debía juzgarlo. El juez negó de plano la solicitud de nulidad planteada por la defensa pues, con base en el escrito de acusación, expresó que «logra uno concluir que esta jurisdicción debe asumir esta investigación y juzgamiento, debido a que si bien se trata de […] un sujeto calificado, en el sentido de que se trata de un miembro de policía que estaba actuando en cumplimiento de una función, según la fiscalía, se extralimitó de tal manera en su función, que eso amerita que sea juzgado ante la jurisdicción ordinaria»6. En vista de lo anterior, ordenó remitir el proceso a la Corte Constitucional para que resolviera el conflicto positivo de competencia entre jurisdicciones.

8. El 24 de abril de 2023, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata, Huila, remitió el expediente de la referencia a la Corte Constitucional7.

9. El 27 de abril de 2023, el Juzgado 151 de Instrucción Penal Militar remitió comunicación al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata, Huila.

Manifestó que la investigación que se adelantaba en contra de Grajales Villada era competencia de la justicia penal militar, por cuanto no se evidenciaba una

ruptura con el servicio que le correspondía brindar como miembro activo de la Fuerza Pública. En particular, argumentó que, según constaba en una copia del libro minuta de vigilancia de la estación de policía La Argentina, para el 17 de febrero de 6 Expediente CJU-4041. Grabación de la audiencia de acusación, celebrada el 18 de abril de 2023 por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata, Huila. 7 Expediente CJU-4041. Constancia de envío de correo a la Corte Constitucional, con el expediente de la referencia. 2022, el procesado estaba realizando turno de servicio, entre las nueve de la noche de aquel día y las seis de la mañana del día siguiente. Los moradores del barrio Primitivo Lozada comunicaron que varias personas se encontraban reunidas consumiendo licor en la vía pública, con música a alto volumen. Ante la perturbación a la tranquilidad pública, el patrullero Grajales Villada se dirigió al lugar. Durante el procedimiento policivo, el señor Óscar Iván Alarcón lo agredió por la espalda e intentó despojarlo de su arma de fuego. Por ello, el uniformado reaccionó. Luego de describir los eventos, la autoridad de dicha justicia especial recordó que para que se active la figura del fuero penal militar, se requiere el cumplimiento de dos requisitos para su configuración: el subjetivo y el funcional. De acuerdo con lo allegado hasta el momento en la investigación, se observaba que el patrullero Grajales Villada se encontraba en servicio y adelantaba una actividad relacionada con su función constitucional y legal de «mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y

libertades públicas». En tal sentido, con fundamento en los artículos 2°, 218 y 221 de la Constitución y 1° y 2° del Código Penal Militar, consideró que era competente para conocer del asunto. En consecuencia, solicitó al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata, Huila, allegar al despacho la investigación adelantada contra el procesado y, en caso de no compartir los argumentos expuestos, propuso un conflicto positivo de competencia entre jurisdicciones8.

10. En sesión virtual del 2 de mayo de 2023, se repartió el asunto al magistrado sustanciador y se remitió al despacho el 5 del mismo mes y año9.

II. CONSIDERACIONES Competencia 8 Expediente CJU-4041. Comunicación del Juzgado 151 de Instrucción Penal Militar al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata, Huila. 9 Expediente CJU-4041. Oficio realizado por la Secretaría General de la Corte Constitucional.

11. El caso cumple con los presupuestos para la procedencia de un conflicto de competencia entre jurisdicciones. Con base en las reglas expuestas en el Auto 155 de 2019, la Sala Plena encuentra que en el caso bajo estudio se acreditan los presupuestos para la configuración de un conflicto positivo de competencia entre jurisdicciones, por las siguientes razones:

(i) Presupuesto subjetivo. El conflicto positivo fue suscitado entre dos autoridades judiciales que pertenecen a distintas jurisdicciones. De un lado, el Juzgado 151 de Instrucción Penal Militar y, del otro, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata, Huila. Sobre este asunto, es necesario

aclarar que el juez ordinario remitió el asunto objeto de estudio a esta Corporación antes de que el Juzgado 151 de Instrucción Penal Militar se pronunciara sobre su competencia. Sin embargo, posteriormente, esta autoridad de justicia se manifestó y su argumentación consta en el expediente. Así, en cumplimiento de los principios de celeridad y de acceso a la administración de justicia, la Sala da por acreditado este presupuesto. (ii) Presupuesto objetivo. La Sala Plena advierte la existencia de una controversia entre dichas autoridades judiciales en relación con la investigación penal activa adelantada contra el patrullero José Fladimir Grajales Villada, por la presunta responsabilidad en el homicidio del ciudadano Óscar Iván Alarcón. (iii) Presupuesto normativo. La Corte constata que el Juzgado 151 de Instrucción Penal Militar fundamentó su postura en los artículos 2°, 218 y 221 de la Constitución, y 1° y 2° del Código Penal Militar. Por su parte, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata, Huila, no estableció de forma explícita las normas constitucionales o legales que justificaron su postura. Al respecto, esta autoridad en primer lugar sugirió el cumplimiento del factor subjetivo. Seguidamente, manifestó la ausencia del factor funcional debido a una presunta extralimitación en las funciones del procesado, que rompía la relación con el servicio. Por lo expuesto, negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del patrullero Grajales y consideró que el proceso debía continuar su curso en la jurisdicción ordinaria. No obstante, en aras de

garantizar los derechos fundamentales del procesado y la víctima, remitió el expediente a la Corte para resolver el conflicto de competencia entre jurisdicciones. La Sala considera necesario dar por acreditado el elemento normativo en los términos establecidos en el Auto 402 de 202210, reiterado en los autos 1254 de 202211, 1587 de 202212 y 818 de 202313. En primer lugar, aunque el juez no señaló de forma explícita una norma que justifique su postura, su análisis estuvo dirigido a sustentar la ausencia del factor funcional establecido en el artículo 221 de la Constitución. Así mismo, ejerció sus funciones judiciales en varias actuaciones en curso del proceso penal, al amparo del régimen ordinario. Por tanto, existen argumentos razonables que permiten identificar la posición de dicha autoridad y su ejercicio de competencia en el caso, así como la remisión que hizo del expediente a este tribunal, al considerar y negar la solicitud de nulidad formulada por la defensa del encartado. En segundo lugar, la actuación del juez penal según la cual expone los motivos por los que considera que el asunto no corresponde a la jurisdicción penal militar, permite a esta Corte colegir la posición afirmativa respecto a su conocimiento. En tercer lugar, resulta indispensable analizar el caso de fondo para garantizar el principio de celeridad y el derecho de acceso a la administración de justicia del indiciado, particularmente teniendo en cuenta la vigencia de una medida de aseguramiento que pesa en su contra. Asunto objeto de decisión y metodología

12. Advertida la configuración del conflicto positivo de competencia entre jurisdicciones, la Sala dirimirá la controversia bajo estudio. Para tal efecto:

10 M.P. Diana Fajardo Rivera. En esa oportunidad la Sala advirtió que el representante de la justicia ordinaria no determinó de forma expresa la norma que justificaba su postura. Simplemente, manifestó que acogería los argumentos esbozados por la defensa. Para la Corte, en ese caso, resultaba indispensable dar por acreditado el requisito. De un lado, aseguró que esa decisión pretendía garantizar la celeridad y administración de justicia de las 11 personas indiciadas. Del otro, manifestó que el juez coadyuvó los argumentos de la defensa, los cuales tenían sustento normativo. Esa situación permitía comprender la postura de la autoridad judicial en relación con el caso. Con todo, llamó la atención del juez para que en futuras oportunidades sustente su postura en argumentos de orden constitucional y legal. 11 M.P. Hernán Correa Cardozo. 12 M.P. Diana Fajardo Rivera. 13 M.P Juan Carlos Cortés González. (i) abordará el carácter especial y excepcional del fuero penal militar y (ii) resolverá el caso concreto.

13. El fuero penal militar y la competencia de la justicia penal militar.

Reiteración de jurisprudencia14. El fuero penal militar puede definirse como una excepción a la regla general de competencia atribuida a la jurisdicción ordinaria para conocer de la comisión de injustos penales. Por aquel se dispone que los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en ejercicio de sus funciones legales y constitucionales, siempre que tengan relación con las mismas, serán conocidos por un sistema especial de juzgamiento, en el que se aplicarán las leyes penales militares15.

En reiteradas ocasiones, la Corte ha establecido que esta excepción al régimen general de juzgamiento está justificada en el sometimiento de los miembros de la Fuerza Pública a reglas especiales de conducta derivadas de: (i) la naturaleza de sus funciones, como el uso legítimo de la fuerza; y (ii) su sistema de organización y formación castrense 16 . Esas condiciones, en principio, requieren un estudio diferente del que aplica la justicia ordinaria respecto de las conductas que cometen otros miembros de la sociedad17. 14 Consideraciones tomadas parcialmente de los Autos 877 de 2022. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y 818 de 2023, M.P Juan Carlos Cortés González. 15 Sentencia C-084 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 16 Sentencia C-084 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: «[e]ste trato particularizado se ha justificado en las diferencias existentes entre los deberes y responsabilidades que tienen los ciudadanos y los que están llamados a asumir los miembros de la fuerza pública, pues a estos últimos la Constitución les asigna una función especial, exclusiva y excluyente: el monopolio del ejercicio coactivo del Estado, que implica el uso y disposición de la fuerza legítima y el sometimiento a una reglas especiales propias de la actividad militar, opuestas por naturaleza a las que son aplicables en la vida civil. El fuero reclamaría, así, justificación en la necesidad de proporcionar un régimen jurídico especial que se ajuste a la especificidad de las funciones que el ordenamiento jurídico les ha asignado a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, y que resulte coherente y armónico con su particular sistema de organización y de formación castrense».

17 Sentencias C-457 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño y C-372 de 2016 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. «[s]obre esa base, lo ha expresado esta Corporación, el fuero penal militar encuentra pleno respaldo institucional en la necesidad de establecer un régimen jurídico especial, materializado en la denominada Justicia Penal Militar, que resulte compatible con la especificidad de las funciones que la Constitución y la ley le han asignado a la fuerza pública, y que a su vez resulte coherente y armónico con su particular sistema de organización y de formación castrense. A este respecto, en la Sentencia C-457 de 2002, la Corte destacó que la razón de ser de la Justicia Penal Militar radica, “de una parte, en las reglas de conducta particulares a que se encuentran subordinados los miembros de la fuerza pública y, de otra, en la estrecha relación que existe entre esas reglas particulares de comportamiento, el uso de la fuerza y la especial índole de las conductas Asimismo, el fuero penal militar tiene sustento en la necesidad de sancionar, desde una perspectiva institucional y especializada, aquellos comportamientos que afectan particularmente la buena marcha de la Fuerza Pública y los bienes jurídicos que a ella interesan. Con lo expuesto se busca que la especialidad de la institución castrense y la de sus miembros resulte reconocida a partir de las funciones constitucionales que le son propias18.

14. Así, el artículo 221 superior establece que las cortes marciales o los tribunales militares investigarán y juzgarán las conductas punibles que cometan los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, siempre que

tengan relación con el mismo. Al respecto, en sede de constitucionalidad, esta Corporación expuso que la justicia penal militar tiene un campo de acción limitado, excepcional y restringido. Sólo es competente respecto de delitos relacionados con actividades propias del servicio militar o de policía. En ese sentido, señaló que la aplicación del fuero penal militar requiere de un elemento subjetivo. Aquel dispone que la investigación debe adelantarse en contra de un miembro de la Fuerza Pública que estuviera activo al momento de la comisión de la conducta. También exige acreditar un elemento funcional, por el cual se requiere que el proceso corresponda a una investigación respecto de un delito que tenga relación directa con aquel servicio19.

15. Respecto del elemento funcional, la Sentencia C-084 de 201620 señaló que, para evaluar la acreditación de ese presupuesto, es necesario analizar las pruebas recaudadas en el proceso. A partir de esos elementos, el juez deberá establecer las condiciones en las que ocurrió el presunto delito y la relación de la conducta con la prestación del servicio21. Si en ese análisis se establece claramente que la conducta tiene una relación directa, próxima y evidente con que les son imputables”, las cuales son en esencia incompatibles con las reglas generales y comunes que el orden jurídico existente ha establecido para la jurisdicción ordinaria». 18 Idem. 19 Auto 402 de 2022 M.P. Diana Fajardo Rivera 20 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Esa decisión reitera las Sentencias: C-358 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes

Muñoz; C-878 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-932 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-533 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y T-590A de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. 21 Sentencia C-084 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. la función militar o policial, entonces el caso le corresponderá a la justicia penal militar. Para el efecto, la autoridad competente deberá determinar que el sujeto investigado actuó en desarrollo de una orden proferida con sujeción a los fines superiores asignados a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, pero que sin embargo, en algún punto, la actuación generó una consecuencia antijurídica. Eso significa que la relación entre el delito y el servicio no puede ser meramente abstracta e hipotética. El delito debe surgir como una extralimitación o abuso de poder ocurrido en ejercicio de una función propia del cuerpo armado.

16. Asimismo, la Sala Plena advirtió que, por el contrario, cuando los miembros de la Fuerza Pública se apartan o generan una ruptura con el servicio que les corresponde prestar, la conducta deberá ser investigada por la jurisdicción ordinaria. Es decir, cuando los sujetos investigados adoptan un comportamiento distinto del que les impone la ley y la Constitución y, en esa actuación, cometen un delito, tal situación genera una ruptura del nexo entre la conducta investigada y la función de la Fuerza Pública. Por esa razón, esta Corporación ha señalado enfáticamente que la jurisdicción penal militar no tiene competencia para conocer de delitos que, en general, son identificados

como contrarios a la misión constitucional de la Fuerza Pública. Por ejemplo, «las violaciones a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad y las infracciones al derecho internacional humanitario, pues tal conjunto de delitos, por su extrema gravedad, son considerados en todos los casos ajenos al servicio»22. Estas conductas jamás podrán implicar la persecución de un fin constitucionalmente válido.

17. En este punto, la Sala resalta que, según la jurisprudencia, la justicia penal militar solo conoce de aquellos casos en los que se determine claramente que el delito cometido tiene relación con el servicio militar o policivo. En caso de duda, deberá aplicarse la regla general de competencia. Es decir, la investigación deberá adelantarla la justicia ordinaria. Lo anterior, porque si la jurisdicción penal militar conoce de otro tipo de delitos existiría una diferencia de trato en cuanto al juez competente para conocer del caso, respecto de conductas delictivas que también puedan ser ejecutadas por personas que no 22 Sentencia C-372 de 2016 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. pertenecen a la Fuerza Pública. Esta atribución vulneraría los principios de igualdad, juez natural y autonomía e independencia judicial.

18. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia (en concordancia con lo establecido por esta Corporación) ha reiterado que, para esclarecer si en un asunto procede o no aplicar el fuero penal militar, deben considerarse los siguientes criterios23: • El fuero penal militar solo se activa cuando concurren los elementos subjetivo y funcional. • El ámbito del fuero penal militar tiene una interpretación restrictiva. En

ese sentido, el delito cometido «en relación con el servicio» es el que se realiza en cumplimiento de dicha labor. • El vínculo entre el origen del delito y la actividad del servicio debe ser claro. La relación entre ambos debe ser directa y tener un nexo estrecho. • El delito debe surgir como una extralimitación, desvío o abuso de poder en el ejercicio de la función. • El nexo entre la conducta delictiva y la actividad propia del servicio debe ser próximo y directo. Esto quiere decir que la extralimitación o exceso debe ocurrir en ejercicio de sus funciones. En ese sentido, la relación entre la conducta y las funciones no puede ser hipotético, ni abstracto. • Si el agente utiliza su investidura como un medio para delinquir, no lo ampara el fuero. • Las conductas punibles extremadamente graves, como los delitos de lesa humanidad, rompen el nexo entre el servicio y el delito. Así mismo, si el 23 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, Decisión del 2 de mayo de 2018, SP1424-2018, Radicado No. 52095. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. delito comporta una grave violación a un derecho fundamental o al derecho internacional humanitario, debe entenderse que es ajeno al servicio. • Los actos del servicio no pueden ser delictivos. Por eso, solo son castigados aquellos que tienen relación con el servicio. • El nexo entre el servicio y el delito debe surgir claramente de las pruebas. En caso de duda, el proceso debe ser remitido a la jurisdicción ordinaria.

19. En cuanto al nexo entre la conducta investigada y la prestación del servicio, la Corte Suprema de Justicia precisó que ni la Constitución ni la ley

le adjudican a la justicia penal militar el conocimiento de «actos de servicio». Por el contrario, le atribuyen competencia para juzgar actos que tengan una «relación» con el servicio. Lo expuesto, porque los «actos de servicio» no pueden ser considerados como actos delictivos.24

20. En ese sentido, la Corporación explicó que el Código Penal Militar sanciona conductas que iniciaron de forma válida y legítima en el ejercicio de las funciones propias de la Fuerza Pública. En su criterio, esa conducta como tal jamás puede ser reprochable. Lo que ocurre es que, en su desarrollo, el indiciado decidió desviarla, extralimitarse o abusar de ella. Lo expuesto, en el entendido de que esas actuaciones indebidas tienen una correspondencia o un nexo con la tarea específica, propia del servicio, que el agente desarrollaba.25

21. De igual forma, advirtió que existe un abuso cuando el agente usa «mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente la función concreta, específica, que correspondía por ley y reglamento». Por otra parte, precisó que la actuación configura una extralimitación cuando «tiene el alcance de actuar más allá, fuera de los límites fijados por el servicio correspondiente»26. A partir de lo expuesto, concluyó que el fuero debe concederse cuando el agente

24 Idem. 25 Idem. 26 Idem. inicia su actuación como un acto legítimo propio del servicio, pero, durante su ejercicio, varía su conducta sin que aquella pierda el nexo con las actuaciones iniciadas y genera una consecuencia punible.

22. En suma, la justicia penal militar solo tiene competencia para conocer de

investigaciones adelantadas: (i) en contra de miembros de la Fuerza Pública que estaban activos al momento de la presunta comisión de la conducta. Es decir, de integrantes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana o la Armada Nacional en ejercicio de sus funciones. Lo anterior, (ii) con ocasión de conductas punibles relacionadas directa, próxima y evidentemente con las facultades asignadas por la Constitución y la ley a las fuerzas militares o policiales. Esto es, vinculadas directamente con la función propia o la misión. En atención a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual es compartida por esta Corporación, para acreditar ese elemento, es necesario verificar que la conducta: (i) ocurrió en el cumplimiento de una labor encargada a la Fuerza Pública y (ii) tiene un vínculo directo y claro con la actividad del servicio, porque podría constituir una extralimitación o exceso en el ejercicio de sus funciones27. Para verificar este último elemento, la autoridad judicial competente no deberá limitarse a lo expresado por los jueces en conflicto. También, deberá valorar las pruebas recaudadas en el proceso28, sin que esto constituya un pronunciamiento de fondo sobre el caso.

III. CASO CONCRETO

23. La jurisdicción penal militar es la competente para conocer el caso que suscita el conflicto de competencia entre jurisdicciones. El Juzgado 151 de Instrucción Penal Militar es el competente para pronunciarse sobre el presente asunto. Esto, debido a que el caso cumple con el factor subjetivo porque el indiciado estaba en servicio activo al momento de cometer la conducta.

Además, en principio, reúne el presupuesto funcional porque los elementos

materiales probatorios disponibles en el proceso permiten advertir una 27 Ver al respecto el fundamento jurídico 17 de este auto. 28 Sentencia C-084 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Esa decisión reitera las Sentencias: C-358 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-878 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-932 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-533 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y T-590A de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. relación directa, próxima y evidente entre el delito investigado y el servicio policial. Lo anterior se explicará a continuación: (i) La investigación penal adelantada cumple el elemento subjetivo. Conforme a los elementos materiales probatorios recolectados, el indiciado pertenece a la Policía Nacional. Lo expuesto, en tanto, a pesar de que dentro del expediente no consta algún documento que acredite la calidad policial del procesado, en el escrito de acusación se indica que la Fiscalía 30 Seccional de La Plata, Huila, cuenta con el acta de nombramiento y posesión del patrullero José Fladimir Grajales Villada. También, tanto esta entidad como el Juzgado 151 de Instrucción Penal Militar cuentan con las copias del libro minuta de vigilancia de la Estación de Policía La Argentina para el día de los hechos y del registro del caso durante el turno de servicio del procesado. Con ello, se extrae que, en efecto, el señor José Fladimir Grajales Villada era miembro de la Policía Nacional cuando ocurrió el hecho objeto de investigación. (ii) El examen del elemento funcional: los hechos objeto de investigación

tienen una relación directa, próxima y evidente con la prestación del servicio. Para estudiar la acreditación del elemento funcional, es indispensable analizar de forma integral los elementos materiales probatorios allegados al expediente, tanto por la Fiscalía como por el juez de instrucción penal militar. Esta valoración no constituye un pronunciamiento de fondo sobre el caso objeto de controversia. Por el contrario, responde a una evaluación de los hechos investigados hasta ahora, para establecer si están o no relacionados con la prestación del servicio de los miembros de la Fuerza Pública. Lo expuesto, únicamente para efectos de determinar la jurisdicción competente, en este estado de la actuación. En consecuencia, esta Corporación acudirá a los distintos elementos materiales probatorios recaudados, hasta el momento, por la Fiscalía y el Juez 151 de Instrucción Penal Militar para sustentar sus afirmaciones. (a) Los hechos objeto de investigación ocurrieron durante el ejercicio de una función legal asignada al indiciado. La actividad policial está regida por la Constitución y la ley. El artículo 218 superior estab