CC - A1555-23

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA AUTO 1555 DE 2023

Referencia: Expediente CJU-2918

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 9 Administrativo de Oralidad de Tunja y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad

Magistrado ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente AUTO

I. ANTECEDENTES

1. El señor Misael Porras Toro, a través de apoderado, presentó demanda ordinaria laboral contra el departamento de Boyacá, con el propósito de declarar la existencia de “dos relaciones laborales entre las partes”, al igual que el consecuente pago de prestaciones sociales y demás derechos laborales. Afirmó el demandante que prestó sus servicios de manera personal, cumplió horarios, recibió salarios por sus labores y estuvo bajo la subordinación del personal de la citada entidad territorial. Además, señaló que se desempeñó como operador de maquinaria pesada, a través de sucesivos contratos de prestación de servicios, por dos periodos de tiempo comprendidos entre el 25 de enero de 2010 al 16 de diciembre de 2015 y del 4 de marzo de 2016 al 30 de diciembre de 20181.

2. La demanda fue asignada al Juzgado 4 Laboral de Tunja el 29 de

septiembre de 2020. Este juzgado asumió el conocimiento del caso y profirió sentencia de primera instancia2. El fallo fue apelado y el expediente fue remitido a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la citada ciudad. 1 Expediente digital, carpeta “CJU0002918-15001333300920220016800”, archivo “01. Folio 1-33 Demanda y anexos.pdf”, pág. 15. 2 Expediente digital, carpeta “CJU0002918-15001333300920220016800”, archivo “63. Folio 770-772 Acta Audiencia - sentencia.pdf”. CJU-2918

3. El 21 de junio de 2022, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja declaró la falta de jurisdicción para instruir el caso, dejó sin efectos la sentencia de primera instancia y ordenó la remisión del expediente a los juzgados administrativos de la referida ciudad. Al respecto, se argumentó que, de acuerdo con la regla dispuesta por esta corporación en el auto 492 de 2021, la Jurisdicción Ordinaria Laboral (en adelante “JOL”) no es competente para evaluar la legalidad del contrato suscrito por las partes, en tanto el mismo es de naturaleza estatal, por la cual es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (en adelante “JCA”) la habilitada para decidir esta disputa.

4. El caso fue repartido al Juzgado 9 Administrativo de Oralidad de Tunja, despacho que, mediante auto del 2 de septiembre de 2022, propuso el conflicto negativo de jurisdicciones y ordenó remitir el expediente a esta corporación.

Sostuvo que, en virtud de la regla de la perpetuatio jurisdictionis, no se puede

modificar la competencia en el curso del proceso, como lo ha señalado este tribunal en la sentencia C-755 de 2013.

5. El 2 de mayo de 2023 la Sala Plena de esta corporación repartió el presente asunto al magistrado sustanciador, y el día 5 del mes y año en cita remitió formalmente el expediente al despacho.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

6. Competencia de la Corte Constitucional para resolver conflictos entre jurisdicciones. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de

20153.

7. Presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones.

Esta corporación ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”4.

8. En particular, de forma reiterada, se ha considerado que para que se configure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que se den los presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo5. De esta manera, se ha explicado que el presupuesto subjetivo exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes 3 “Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:

[…] // 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”. 4 Corte Constitucional, autos 345 de 2018, 328 y 452 de 2019. 5 Corte Constitucional, auto 155 de 2019, reiterado, entre otros, por los autos 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020. Página 2 de 6 CJU-2918 jurisdicciones6; el presupuesto objetivo se refiere a la existencia de una causa judicial sobre la cual se suscite la disputa, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional7; y el presupuesto normativo que implica la necesidad que las autoridades en colisión hayan manifestado, expresamente, las razones de índole constitucional o legal por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto8.

9. Competencia para conocer los asuntos relacionados con la declaración de un contrato realidad presuntamente encubierto en la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado. En los autos 492 y 901 de 2021, la Sala Plena de la Corte conoció de conflictos de jurisdicciones similares al de la referencia, en los que estableció que los asuntos debían ser objeto de conocimiento por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

10. En el auto 492 de 2021, la Corte resolvió un conflicto suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria Laboral y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a raíz de una demanda que pretendía declarar la nulidad de un acto administrativo que negó el reconocimiento de una relación laboral. En

dicha oportunidad, esta corporación estableció que, “de conformidad con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado”9. En consecuencia, “cuando el litigio planteado cuestiona la legalidad de actuaciones de la administración, como los contratos de prestación de servicios celebrados por una entidad pública o la validez de un acto administrativo, la competencia es de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”10.

11. Precisamente, en el auto 901 de 2021, esta corporación resolvió un conflicto entre la Jurisdicción Ordinaria Laboral y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para conocer de la demanda de un particular contra una entidad pública. En este caso, el demandante se desempeñó como conductor, a través de sucesivos contratos de prestación de servicios, en una E.S.E. En dicha oportunidad, la Sala Plena reiteró que los jueces administrativos son los llamados a conocer “las controversias originadas para reclamar la declaratoria de un vínculo laboral oculto bajo la figura de un contrato de prestación de servicios celebrado con el Estado”, pues “cuando el litigio planteado cuestiona la legalidad de actuaciones de la administración, como los 6 En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) solo sea parte una autoridad; o (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales. 7 En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe,

porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (artículo 116 de la Constitución). 8 No existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, una de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o (b) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos, aparentemente, fundamento normativo alguno, al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia. 9 Corte Constitucional, auto 492 de 2021. 10 Corte Constitucional, auto 492 de 2021. Página 3 de 6 CJU-2918 contratos de prestación de servicios (…) o la validez de un acto administrativo, la competencia es de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”11.

12. En ese orden de ideas, la Corte consideró que el ordenamiento jurídico ha habilitado a la referida jurisdicción, para “controlar y revisar los contratos estatales y determinar la calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une al contratista con la administración, a partir del acervo probatorio y las circunstancias específicas del caso concreto”12. De manera que, debe aplicarse “la cláusula especial de competencia derivada del artículo 104 del CPACA”13.

13. Examen del caso concreto. En el caso concreto, se cumplen con los tres presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones, por las siguientes razones: (i) el mismo se suscitó entre el Juzgado 9 Administrativo de

Oralidad de Tunja y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, como autoridades que integran distintas jurisdicciones (presupuesto subjetivo); (ii) se acreditó una causa judicial respecto de la cual se alegó la falta de jurisdicción para dirimirla, esta es, el conocimiento de la demanda presentada por el señor Misael Porras Toro, a través de apoderado, con el objeto de obtener la declaratoria de nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de la relación laboral entre las partes y el pago de las prestaciones sociales (presupuesto objetivo); y (iii) se verificó que las dos autoridades judiciales en conflicto citaron y justificaron su falta de jurisdicción, tanto en las reglas previstas en el auto 492 de 2021 como en la sentencia C-755 de 2013, ambas proferidas por esta corporación (presupuesto normativo).

14. Superado lo anterior, se advierte que el señor Porras Toro interpuso demanda ordinaria laboral para declarar la existencia de dos relaciones laborales entre las partes y el pago de las acreencias respectivas, con ocasión de los contratos de prestación de servicios celebrados de forma continua en dos periodos de tiempo comprendidos entre el 25 de enero de 2010 al 16 de diciembre de 2015 y del 4 de marzo de 2016 al 30 de diciembre de 2018.

15. Teniendo en cuenta el precedente de este tribunal plasmado en el auto 492 de 2021, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer y decidir de fondo el proceso promovido por el accionante para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el

Estado, de conformidad con el artículo 104 del CPACA.

16. Como consecuencia de lo anterior, la Sala Plena dirimirá el presente conflicto de jurisdicciones declarando que le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Misael Porras Toro contra el departamento de Boyacá.

Por consiguiente, ordenará la remisión del expediente al Juzgado 9 Administrativo de Oralidad de Tunja, para lo de su competencia. 11 Corte Constitucional, auto 901 de 2021. 12 Corte Constitucional, auto 901 de 2021. 13 Corte Constitucional, auto 492 de 2021. Página 4 de 6 CJU-2918

17. Regla de la decisión. De acuerdo con el artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva celebración de contratos de prestación de servicios con el Estado, siguiendo el precedente planteado desde el auto 492 de 2021.

III. DECISIÓN Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte

Constitucional, RESUELVE Primero. - DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 9 Administrativo de Oralidad de Tunja y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 9 Administrativo de Oralidad de Tunja es la autoridad competente para conocer la demanda promovida por el señor Misael Porras Toro contra el departamento de Boyacá.

Segundo. - REMITIR el expediente CJU-2918 al Juzgado 9 Administrativo de Oralidad de Tunja para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados, entre ellos a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la citada ciudad. Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ Magistrado Página 5 de 6 CJU-2918

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ Secretaria General Página 6 de 6