CC - A158-2024

A158-24TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-158/24

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 158 DE 2024

Referencia: Expediente CJU-4901.

Conflicto de jurisdicciones entre el TribunalAdministrativo del Cesar y el Juzgado PrimeroLaboral del Circuito de Valledupar.

Magistrado Ponente: José Fernando Reyes Cuartas

Bogotá D. C., Treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:

AUTOI. ANTECEDENTES

1. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, Colpensiones),mediante apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad yrestablecimiento del derecho, presentó una demanda en contra del señor Felipe Santiago Molina Iguaran[1]. Lo anterior, con el fin de que se declare la nulidad delas resoluciones GNR-181149 del 12 de julio de 2013 y GNR-176451 del 16 dejunio de 2015, por medio de las cuales dicho fondo le reconoció al demandado una pensión de invalidez y una reliquidación, respectivamente[2]. A título derestablecimiento del derecho, Colpensiones pidió el reintegro de lo pagado porconcepto de las mesadas pensionales y los retroactivos, junto con la indexacióncorrespondiente. 2. El conocimiento del proceso fue asignado al Tribunal Administrativo del Cesar.Mediante auto del 17 de febrero de 2022, esa autoridad judicial consideró que no

tenía competencia para tramitar el asunto[3]. Al respecto, indicó que el demandadotrabajó en INTERCOR por lo que tenía la calidad de trabajador particular cuando secausó la prestación pensional. Concluyó que la jurisdicción ordinaria laboral es lallamada a resolver estos conflictos relativos a la seguridad social en pensiones. Sebasó en los artículos 97, 104 y 105 del Código de Procedimiento Administrativo yde lo Contencioso Administrativo (CPACA) y 2 del Código Procesal del Trabajo yde la Seguridad Social (CPTSS). En consecuencia, remitió el expediente a la oficinajudicial, para que fuera asignado entre los jueces laborales del circuito deValledupar.

3. Por su parte, mediante auto del 4 de agosto de 2022, el Juzgado Primero Laboraldel Circuito de Valledupar declaró la falta de competencia y propuso un conflicto de jurisdicciones[4]. Ese despacho estimó que cuando la administración demanda unacto propio, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, elestudio le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdocon el Auto 316 de 2021 de esta Corporación y el artículo 104 del CPACA. Porende, remitió las diligencias a la Corte Constitucional para que dirimiera la controversia presentada[5]. 4. El 20 de noviembre de 2023, el expediente fue remitido al despacho del magistrado sustanciador[6]. II. CONSIDERACIONESCompetencia

5. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos dcompetencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 24de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 d

2015[7].

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

2015[7].

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

6. Esta Corporación ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentancuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintajurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman qua ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusivincumbencia (positivo).

7. De forma reiterada, la Corte Constitucional ha considerado que, para que sconfigure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que se estructuren lo presupuestos subjetivo, objetivo y normativo, definidos por este tribunal[8]. En ecaso de la referencia se satisfacen los anteriores presupuestos:

Presupuesto subjetivo La controversia se originó entre autoridades de distintas jurisdicciones que rechazaron expresamente su competencia, a saber: el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar (jurisdicción ordinaria laboral) y el Tribunal Administrativo del Cesar (jurisdicción de lo contencioso administrativo).

Presupuesto objetivo

El conflicto objeto de la decisión se fundamenta en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Colpensiones en contra del señor Felipe Santiago Molina Iguaran. Esto con el fin de que se declare, entre otras, la nulidad de las resoluciones GNR-181149 del 12 de julio de 2013 y GNR176451 del 16 de junio de 2015. Presupuesto normativo

Las autoridades en colisión manifestaron los fundamentos constitucionales y legales para negar su competencia respecto del proceso referido. Por un lado, el Tribunal Administrativo del Cesar afirmó que el demandado tenía la calidad de un trabajador particular, por lo que la controversia le corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral. Citó los artículos 97, 104 y 105 del CPACA y 2 del CPTSS. Por otro, el Juzgado Primero Laboral delCircuito de Valledupar refirió el artículo 104 del CPACA y argumentó que de conformidad con el Auto 316 de 2021 de la Corte Constitucional cuando la administración demanda un acto propio el estudio le concierne a la jurisdicción contencioso administrativa.

La competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en materia dacciones de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto propio

8. Esta Corporación en el Auto 316 de 2021[9], determinó que el conocimiento demedio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a través del cual ladministración pretende la nulidad de su propio acto administrativo, que creó omodificó una situación particular y concreta, corresponde exclusivamente a ljurisdicción de lo contencioso administrativo, aun cuando el acto administrativo verssobre un tema relacionado con asuntos laborales o de la seguridad social. Esto, dconformidad a lo establecido en los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011. En esoportunidad, la Corte estableció como regla de decisión que:

“cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejerciciode la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asuntoserá competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, confundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011”. Caso concreto

Caso concreto

9. En el presente caso, la Sala evidencia que Colpensiones presentó una demanda dnulidad y restablecimiento del derecho en contra del señor Felipe Santiago MolinIguaran para que se declare la nulidad de las resoluciones GNR-181149 del 12 de juliode 2013 y GNR-176451 del 16 de junio de 2015, por medio de las cuales dicho fondole reconoció al demandado una prestación pensional y una reliquidaciónrespectivamente. De manera que, la parte actora pretende la nulidad de unos actoadministrativos que esa entidad expidió, por lo que se acredita que el conocimiento deste asunto es de competencia exclusiva de la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo, en virtud de los artículos 97 y 104 del CPACA.

10. Conforme a lo dispuesto por esta Corporación en el Auto 316 de 2021, la Cortedeclara que le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativoconocer de la presente demanda y, en consecuencia, ordenará la remisión delexpediente al Tribunal Administrativo del Cesar, para lo de su competencia.III. DECISIÓN

Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrandojusticia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre la jurisdicciónde lo contencioso administrativo y la jurisdicción ordinaria laboral, en el sentido deDECLARAR que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo(Tribunal Administrativo del Cesar) conocer la demanda promovida porColpensiones en contra del señor Felipe Santiago Molina Iguaran.

SEGUNDO. REMITIR el expediente CJU-4901 al Tribunal Administrativo delCesar, para que proceda con lo de su competencia y comunique esta decisión a losinteresados y al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

MagistradoVLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS MagistradoANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ Secretaria General[ 1 ] Archivo digital 02DemandaCC_17952445_Felipe_Molina.pdf. [ 2 ] En una invesgación administrava realizada por el fondo, este evidenció que “reconoció pensiones de invalidez, presuntamente sin el lleno de losrequisitos exigidos por la ley y con documentación fraudulenta”. Ibid. Pág. 3. [ 3 ] Archivo digital 15AutoDeclaraIncompetencia.pdf. [ 4 ] Archivo digital 27AutoDeclaraFaltaCompetencia.pdf. [ 5 ] Esto fue realizado por medio oficio del 27 de sepembre de 2023. Archivo digital 28OficioRemiteCorteConstucional.pdf. [ 6 ] Archivo digital 03CJU-4901 Constancia de Reparto.pdf.

[ 5 ] Esto fue realizado por medio oficio del 27 de sepembre de 2023. Archivo digital 28OficioRemiteCorteConstucional.pdf. [ 6 ] Archivo digital 03CJU-4901 Constancia de Reparto.pdf. [ 7 ] “Arculo 241. A la Corte Constucional se le cona la guarda de la integridad y supremacía de la Constución, en los estrictos y precisos términos deeste arculo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: [...] || 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las disntasjurisdicciones”. [8] Autos 155 de 2019, 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020. [ 9 ] CJU-489. Esta postura ha sido reiterada, entre muchos otros, en los autos 377 de 2021 y 1437 de 2023. Además, se destaca que esta es la hipótesisque doctrinaria y jurisprudencialmente se ha descrito con el concepto de acción de lesividad, que se refiere al escenario en el que la administracióndemanda un acto propio con el objevo de defender los intereses de la Nación y proteger los recursos públicos, entre otros fines.