CC - A1826-2023

A1826-23TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-1826/23

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA CIVILControversias contractuales y extracontractuales con entidades públicas del sector financiero, siempre que la actividad corresponda al giro ordinario de sus negocios

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

AUTO 1826 DE 2023

Referencia: Expediente CJU-3624

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Fundación y el Juzgado 10 Administrativo del Circuito de Santa Marta

Magistrado sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO

OCAMPOBogotá D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES

1. La apoderada judicial de la Caja Promotora de la Vivienda Militar y de Policía presentó demanda verbal[1] contra el señor Jaider WilfridoCervantes Bueno. En esta, solicitó que se condene al demandado a reintegrar la suma de $35’989.923 a la Caja Promotora de la Vivienda Militar y de Policía, con la aclaración de que ese monto debía ser indexado. Igualmente,

pidió que se condene en costas a la parte demandada. La abogada de la demandante indicó que su poderdante reconoce un subsidio de vivienda a sus afiliados, siguiendo las reglas del Decreto 3830 de 2006 y del Decreto 1070 de 2015.

2. Informó que el señor Jaider Wilfrido Cervantes Bueno se postuló de forma irregular para obtener un subsidio de vivienda el día 13 de noviembre de 2020. Refirió que la Caja Promotora de la Vivienda Militar y de Policía reconoció a esa persona el subsidio mediante Resolución 589 del 17 de noviembre de 2020. Relató que la entidad logró comprobar que el beneficiario no cumplía los requisitos para acceder al auxilio. Afirmó que la Caja Promotora de la Vivienda Militar y de Policía le pidió a Jaider Wilfrido Cervantes Bueno que restituyera el monto del subsidio, sin obtener respuesta positiva.

3. La demanda fue asignada al Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Fundación mediante reparto del día 1 de julio de 2022[2]. Ese despacho rechazó la demanda, declaró falta de jurisdicción para instruirla y ordenó remitirla a los Juzgados Administrativos de Santa Marta por medio de Autodel 18 de julio de 2022[3]. El juzgado inició su pronunciamiento dando aconocer el contenido de los artículos 2, 104 y 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministrativoCPACA-.

4. Advirtió que la demandante es una empresa industrial y comercial del Estado y que la controversia estudiada no trata sobre responsabilidad extracontractual o contractual. Señaló que se trata de una solicitud de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministrativoCPACA-.

4. Advirtió que la demandante es una empresa industrial y comercial del Estado y que la controversia estudiada no trata sobre responsabilidad extracontractual o contractual. Señaló que se trata de una solicitud de reintegro de un subsidio que fue reconocido mediante acto administrativo.En consecuencia, afirmó que este caso no se ajustaba a las excepciones de la regla de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y concluyó que esa jurisdicción debía instruirlo.

5. El Juzgado 9 Administrativo del Circuito de Santa Marta recibió el asunto luego del reparto del 27 de julio de 2022[4]. Ese despacho le remitió el casoal Juzgado 10 Administrativo del Circuito de Santa Marta cumpliendo una medida de redistribución de procesos del Consejo Seccional de la Judicatura de Magdalena[5]. El Juzgado 10 Administrativo del Circuito de Santa Martadecidió promover conflicto de competencias entre distintas jurisdicciones y remitir el asunto a la Corte Constitucional mediante Auto del 15 de diciembre de 2022[6].

6. Ese despacho dio a conocer el contenido del primer inciso del artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Luego, afirmó que la Caja Promotora de la Vivienda Militar y de Policía es una empresa industrial y comercial del Estado, vigilada por la Superintendencia Financiera, dotada de autonomía administrativa y financiera, vinculada al Ministerio de Defensa y organizada como establecimiento de crédito. Específicamente, señaló que el objeto de esa entidad es facilitar la adquisición de vivienda a los miembros de la Fuerza

Pública.

7. Advirtió que este caso no se ajustaba a las situaciones contempladas en

establecimiento de crédito. Específicamente, señaló que el objeto de esa entidad es facilitar la adquisición de vivienda a los miembros de la Fuerza Pública.

7. Advirtió que este caso no se ajustaba a las situaciones contempladas en las disposiciones que fijan la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, concretamente, a las establecidas en el artículo 104 del CPACA. Mencionó que este asunto trataba sobre el reconocimientode un subsidio de vivienda y estableció que esa actividad hacía parte del giro ordinario de los negocios de la demandada, es decir, que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo estaba excluida de tramitarlo.

8. La Corte Constitucional recibió el expediente el día 8 de febrero de 2023[7]. El reparto fue realizado en sesión virtual del 23 de mayo de 2023 y el sumario fue remitido al despacho del magistrado sustanciador el 26 de mayo del año citado[8].

II. CONSIDERACIONES

Competencia

9. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[9].

Presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones

10. Esta Corporación ha señalado[10] que los conflictos de competencia entre autoridades de distintas jurisdicciones ocurren cuando dos o más

autoridades encargadas de administrar justicia y que pertenecen a diferentes jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso. Los conflictos de competencia pueden ser negativos, en caso de que las autoridades colisionadas rechacen ser competentes para tramitar el proceso; o positivos, cuando las autoridades en disputa consideren que son competentes para instruirlo.

11. Igualmente, la Corte ha considerado que existen tres presupuestos para la configuración de los conflictos de competencia: el subjetivo, el objetivo y el normativo[11]. En primer lugar, el presupuesto subjetivo exige que la controversia sea provocada por dos o más autoridades que administrenjusticia y pertenezcan a distintas jurisdicciones[12]. Luego está el presupuesto objetivo, que requiere la existencia de una causa judicial en curso como objeto de la disputa por la competencia[13]. Finalmente, elpresupuesto normativo exige que las autoridades manifiesten expresamente las razones de índole constitucional o legal para reclamar o rechazar la competencia sobre el caso.

Competencia judicial para tramitar las demandas que sean presentadas por entidades públicas organizadas como instituciones financieras y que se deriven del giro ordinario de sus negocios. Reiteración del Auto 766/23

12. La Corte ha establecido que la especialidad civil de la Jurisdicción Ordinaria es competente para resolver las demandas promovidas por entidades estatales organizadas como instituciones financieras, siempre que la controversia planteada se derive del giro ordinario de los negocios de esos organismos. Específicamente, fijó esa postura en el Auto 766/23[14]. En esaprovidencia, la Corte analizó una demanda presentada por la Caja Promotora

de la Vivienda Militar y de Policía para obtener el reembolso de la suma de dinero equivalente al subsidio de vivienda que le otorgó a un particular.

13. Igualmente, estudió la naturaleza jurídica de la Caja Promotora de la Vivienda Militar y de Policía, la excepción a la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establecida en el numeral 1° del artículo 105 del CPACA[15] y la competencia de la JurisdicciónOrdinaria para instruir los asuntos relacionados por esa norma. Luego de ese estudio, estableció que la Caja Promotora de la Vivienda Militar y de Policía es una entidad estatal de carácter financiero, dedicada a facilitar a sus afiliados la adquisición de vivienda y vigilada por la Superintendencia

Financiera.

14. Seguidamente, infirió que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no era competente para juzgar las controversias relacionadas con el giro ordinario de los negocios de las entidades públicas financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera relacionadas con el giro ordinario de sus negocios, acudiendo a la excepción del numeral 1° del artículo 105 del CPACA. Finalmente, dedujo que la especialidad civil de la Jurisdicción Ordinaria era la competente para tramitar esa clase de asuntos,aplicando la cláusula residual de competencia consagrada en el artículo 15 del Código General del Proceso[16] y en el inciso 2° del artículo 12 de la Ley 270 de 1996[17].

III. CASO CONCRETO

En el caso examinado se configuró un conflicto de competencia entre jurisdicciones

15. La Sala estima que el presupuesto subjetivo se cumple porque existe una tensión entre dos autoridades judiciales de diferentes jurisdicciones. Por un

III. CASO CONCRETO

En el caso examinado se configuró un conflicto de competencia entre jurisdicciones

15. La Sala estima que el presupuesto subjetivo se cumple porque existe una tensión entre dos autoridades judiciales de diferentes jurisdicciones. Por un lado, el Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Fundación que integra la especialidad civil de la Jurisdicción Ordinaria. Por el otro, el Juzgado 10

Administrativo del Circuito de Santa Marta que hace parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

16. La Sala también establece que el presupuesto objetivo se cumple, pues acreditó que la controversia sobre la competencia recae sobre una causa judicial particular que está en curso. Concretamente, sobre la demanda verbal promovida por la Caja Promotora de la Vivienda Militar y de Policía contra el señor Jaider Wilfrido Cervantes Bueno.

17. Por último, verifica que se cumple el presupuesto normativo porque las autoridades judiciales emplearon razones jurídicas para justificar la decisión de rechazar la competencia sobre la demanda. Luego de realizar el estudio de esos tres elementos, la Sala concluye que en este caso se configura un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Fundación y el Juzgado 10 Administrativo del Circuito de Santa Marta.

En ese orden de ideas, pasa a decidir a cuál autoridad judicial debe ser asignado el proceso.

La especialidad civil de la Jurisdicción Ordinaria es la competente para tramitar el asunto examinado

18. La Caja Promotora de la Vivienda Militar y de Policía promovió una demanda con la que pretende que el señor Jaider Wilfrido Cervantes Bueno le reintegre la suma de $35’989.923. La demandante aseguró que esa suma equivale al monto del subsidio de vivienda que le otorgó al accionado y que el particular actuó de forma irregular para conseguir ese reconocimiento. LaCorte considera que la controversia que plantea la demandante se deriva de una actividad del giro ordinario de los negocios de una entidad pública de carácter financiero y vigilada por la Superintendencia Financiera.

19. Por un lado, la Caja de la Vivienda Militar y de Policía es una empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, vigilada por la Superintendencia Financiera[18]. Por el otro, sus estatutos disponen que elobjeto de esa entidad es promover el acceso a la vivienda de sus afiliados.

Igualmente, ese documento establece que la entidad está encargada, entre otros, de [g]estionar la consecución de subsidios y apoyos de carácter técnico y financiero que contribuyan a mejorar el acceso a la vivienda de los afiliados. En otras palabras, la entrega del subsidio de vivienda es una actividad propia del giro ordinario de los negocios de la accionante.

20. Es decir, este asunto es de competencia de la especialidad civil de la Jurisdicción Ordinaria, siguiendo la disposición del artículo 15 del Código General del Proceso y la regla establecida en el Auto 766/23. Por lo anterior, la Corte dirimirá el conflicto de jurisdicciones de la referencia declarando

que la especialidad civil de la Jurisdicción Ordinaria es la competente para conocer sobre la demanda analizada. En consecuencia, le remitirá elexpediente al Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Fundación para lo de su competencia y para que comunique esta decisión.

21. Regla de decisión: La jurisdicción ordinara civil es la competente para conocer las demandas que promuevan entidades públicas que tengan el carácter de institución financiera y la discrepancia surja como consecuencia del giro ordinario de sus negocios. Ello de conformidad con el artículo 105 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 15 de la Ley 1564 de 2012 y el inciso 2º del artículo 12 de la Ley 270 de 1996[19].

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVEPRIMERO. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Fundación y el Juzgado 10 Administrativo del Circuito de Santa Marta, en el sentido de DECLARAR que corresponde al Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Fundación conocer sobre la demanda presentada por la Caja Promotora de la Vivienda Militar y de Policía contrael señor Jaider Wilfrido Cervantes Bueno.

SEGUNDO. REMITIR el expediente CJU-3624 al Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Fundación para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado 10 Administrativo del Circuito de Santa Marta y a los interesados en este asunto.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

presente decisión al Juzgado 10 Administrativo del Circuito de Santa Marta y a los interesados en este asunto.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada Ausente con permiso

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

MagistradoJORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado Ausente con permiso

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTASMagistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ Secretaria General[1] Archivo del expediente digital CJU-0003624 02ExpedienteVerbal, folios 4-12. [2] Archivo del expediente digital CJU-0003624 02ExpedienteVerbal, folios 202-203. [3] Archivo del expediente digital CJU-0003624 02ExpedienteVerbal, folios 205-207. [4] Archivo del expediente digital CJU-0003624 04ActaReparto. [5] Archivo del expediente digital CJU-0003624 05AutoRemite. [6] Archivo del expediente digital CJU-0003624 09AutoPromueveConflictoCompetencia.

[7] Archivo del expediente digital CJU-0003624 02CJU-3624 Correo Remisorio. [8] Archivo del expediente digital CJU-0003624 03CJU-3624 Constancia de Reparto. [9] Arculo 241. A la Corte Constucional se le cona la guarda de la integridad y supremacía de la Constución, en los estrictos y precisos términos de este arculo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las disntas jurisdicciones. [10] Corte Constucional, Autos 345 de 2018 y 328 de 2019. [11] Corte Constucional, Auto 155 de 2019, reiterado, entre otros, por los Autos 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020. [12] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) solo sea parte una autoridad; o (b) una de las partes en colisión no ejerza funcionesjurisdiccionales (Cfr. arts. 17, 18, 37, 41 y 112 de la Ley 270 de 1996, así como 97 de la Ley 1957 de 2019). [13] En este sendo, no exisrá conflicto cuando: (a) se evidencie que el ligio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, yafinalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administravo o políco, pero no jurisdiccional (Cfr. art. 116 de laConstución).

[14] Auto 492/21, expediente CJU-317, M.P Gloria Stella Orz Delgado. [15] Arculo 105. Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administravo no conocerá de los siguientes asuntos:

1. Las controversias relavas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por endades públicas que tengan elcarácter de instuciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por laSuperintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas endades, incluyendo los procesos ejecuvos.

[16] Arculo 15. Cláusula general o residual de competencia. Corresponde a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento de todo asunto queno esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción. Corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente porla ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria. Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil. [17] Arculo 12. Del ejercicio de la función jurisdiccional por la Rama Judicial. (…) Dicha función se ejerce por la jurisdicciónconstucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción de lo contencioso administravo, las jurisdicciones especiales talescomo: la penal militar, la indígena y la juscia de paz, y la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén

atribuidos por la Constución o la ley a otra jurisdicción. [18] Según el arculo 1.2.2.1.1 del Decreto Reglamentario del Sector Administravo de Defensa y el arculo 2 del estatuto interno de la endad, entre otros.[19] Regla de decisión del Auto 766/23.