CC - A1888-2023

A1888-23TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-1888/23

INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Corte Constitucional carece de competencia para dirimir conflicto

(...) Conforme con el artículo 39 y el numeral 10° del artículo 112 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, “CPACA”), la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la competente para conocer los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; y de aquellos asuntos de naturaleza administrativa y que versen sobre un caso particular y concreto.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

AUTO 1888 DE 2023

Referencia: Expediente CJU-3646

Presunto conflicto entre jurisdicciones suscitado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y laProcuraduría Regional de Instrucción de Sucre

Magistrado sustanciador:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES

1. El 16 de febrero de 2019, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Sincelejo compulsó copias ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre, con el fin de que se investigara las conductas del señor Julián Hernández Rivera en calidad de avaluador, en un proceso de expropiación que cursó ante dicha autoridad judicial[1].

2. El mismo día, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre dio apertura a la indagación preliminar en contra del señor Hernández Rivera. Sin embargo, el 7 de octubre de 2022, la Comisión declaró su falta de competencia para seguir con el trámite del asunto y dispuso remitirlo a la Procuraduría General de la Nación regional Sucre para lo de su competencia. En su criterio, a partir de un pronunciamiento previo de la Comisión Seccional y los artículos 2, 92 y 263 de la Ley 1952 de 2019, los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria, por lo que la competencia para examinar las actuaciones que den lugar a reproches disciplinarios está radica en la Procuraduría General de la Nación[2].3. El 22 de diciembre de 2022, la Procuraduría Regional de Instrucción de Sucre declaró su falta de competencia para conocer del asunto, propuso un conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a esta corporación. Al respecto, afirmó que los artículos 2 y 92 de la Ley 1952 de 2019 atribuyen la competencia de la acción disciplinaria contra particulares a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, tal y como sucede en el presente caso[3].

4. El 14 de febrero de 2023, el expediente se radicó en Secretaría

2019 atribuyen la competencia de la acción disciplinaria contra particulares a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, tal y como sucede en el presente caso[3].

4. El 14 de febrero de 2023, el expediente se radicó en Secretaría General de la Corte. Luego, el 25 de julio del mismo año se repartió y tres días después se remitió a este despacho para su sustanciación[4].

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

5. Competencia. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[5].

6. Falta de competencia de la Corte Constitucional para resolver conflictos suscitados entre Procuradurías regionales y Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial por no ser conflictos entre distintas jurisdicciones. Reiteración jurisprudencial. En la sentencia C-030 de 2023, este tribunal estudió la constitucionalidad del artículo 2 de la Ley 2094 de 2021, el cual atribuyó a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y también se le otorgaron facultades para adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley.

7. En esa oportunidad, la Sala Plena declaró la inexequibilidad de las expresiones “jurisdiccionales” y “jurisdiccional” contenidas en los artículos

establecidas en la ley.

7. En esa oportunidad, la Sala Plena declaró la inexequibilidad de las expresiones “jurisdiccionales” y “jurisdiccional” contenidas en los artículos 1°, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021, al considerar que “las funcionesdisciplinarias que ejerce la PGN son de naturaleza administrativa y no jurisdiccional”. Por lo anterior, declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 13, 16 y 17 de la Ley 2094 de 2021, en el entendido de que las funciones disciplinarias que ejerce la Procuraduría son de naturaleza administrativa y no jurisdiccional, concluyendo así, que la Procuraduría General de la Nación y su Procuradurías Regionales ejercen función disciplinaria de naturaleza administrativa.

8. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para dirimir conflictos de competencia derivados de actuaciones administrativas de una autoridad que ejerce función jurisdiccional y una autoridad administrativa. Conforme con el artículo 39[6] y el numeral 10° del artículo 112[7] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, “CPACA”), la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la competente para conocer los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; y de aquellos asuntos de naturaleza administrativa y que versen sobre un caso particular y concreto[8].

9. Examen del caso concreto. La Sala Plena constata que carece de competencia para resolver la disputa planteada porque no es un conflicto

naturaleza administrativa y que versen sobre un caso particular y concreto[8].

9. Examen del caso concreto. La Sala Plena constata que carece de competencia para resolver la disputa planteada porque no es un conflicto entre “distintas jurisdicciones”[9]. En consecuencia, no es posible dictar un pronunciamiento de fondo y, por ende, se declarará inhibida para adoptar una decisión sobre la controversia, siendo necesario remitir el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para lo de su competencia, conforme con lo dispuesto en los artículos 39 y 112.10 del CPACA. Esto, debido a que el litigio propuesto es un conflicto de competencias entre (i) la Procuraduría Regional de Instrucción de Sucre, autoridad en ejercicio de funciones disciplinarias administrativas, y (ii) la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre, autoridad que ejerce función jurisdiccional disciplinaria.

III. DECISIÓNCon base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte

Constitucional,

RESUELVE

Primero. - Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la controversia suscitada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y la Procuraduría Regional de Instrucción del mismo departamento.

Segundo. - REMITIR el expediente CJU-3646 a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este asunto.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

MagistradoJORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

MagistradoANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General[1] Archivo “Radicación. 70-001-11-02-000-2019-00054-00”. [2] Ibíd, págs. 45-53. [3] Ibíd, págs. 2-4. [4] Archivo “03CJU-3646 Constancia de Reparto.pdf”. [5] “Arculo 241. A la Corte Constucional se le cona la guarda de la integridad y supremacía de la Constución, en los estrictos yprecisos términos de este arculo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […] // 11. Dirimir los conflictos de competencia que

ocurran entre las disntas jurisdicciones”. [6] Arculo modificado por el arculo 2º de la ley 2080 de 2021. “Arculo 39. Conflictos de Competencia Administrava. Los conflictosde competencia administrava se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considereincompetente remirá la actuación a la que esme competente; si esta también se declara incompetente, remirá inmediatamente laactuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al TribunalAdministravo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de disntos departamentos, conocerá la Sala de Consulta yServicio Civil del Consejo de Estado. // De igual manera se procederá cuando dos autoridades administravas se consideren competentespara conocer y definir un asunto determinado. // En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: recibida la actuación en Secretaría se comunicará por el medio más eficaz a las autoridades involucradas y a los parculares interesados y se fijaráun edicto por el término de cinco (5) días, plazo en el que estas podrán presentar alegatos o consideraciones. Vencido el anterior término,la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado o el tribunal, según el caso, decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes:Contra esta decisión no procederá recurso alguno”.

[7] Inciso modificado por el arculo 19 de la ley 2080 de 2021. “Arculo 112. Integración y funciones de la Sala de Consulta y ServicioCivil. La Sala de Consulta y Servicio Civil cumplirá funciones separadas de las funciones jurisdiccionales y actuará en forma autónoma como cuerpo supremo consulvo del gobierno en asuntos de administración. Estará integrada por cuatro (4) Magistrados. // Losconceptos de la Sala no serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario. La Sala de Consulta y Servicio Civil tendrá las siguientesatribuciones: // (…) 10. Resolver los conflictos de competencias administravas entre organismos del orden nacional o entre talesorganismos y una endad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administravo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentrode los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto”. [8] Corte Constucional, autos 1691y 1658 de 2022, entre otros. [9] Ver, pie de página 5.