CC - A1960-2023

A1960-23TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-1960/23

INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Corte Constitucional carece de competencia para dirimir conflicto

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

AUTO 1960 DE 2023

Referencia: Expediente CJU-3555

Presunto conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo

Magistrado sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO

OCAMPO

Bogotá D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023)La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES

1. El señor José Edilberto Espinosa Mendivelso presentó queja disciplinaria contra la auxiliar de la justicia Edelmira Higuera Díaz[1]. El quejoso informó que la inculpada actuó como secuestre en un proceso de sucesión instruido por el Juzgado 1 Promiscuo de Familia de Duitama. Advirtió que la auxiliar de la justicia exigió una suma de dinero para empezar a realizar las tareas propias de su cargo. Dio a conocer que la secuestre no ejerció su labor, aunque recibió el dinero que estaba pidiendo.

2. El caso fue asignado al magistrado José Oswaldo Carreño Hernández de

la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura

labor, aunque recibió el dinero que estaba pidiendo.

2. El caso fue asignado al magistrado José Oswaldo Carreño Hernández de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá a través de reparto del día 21 de febrero de 2014[2]. Inicialmente,el sustanciador le dio trámite al caso. Aparentemente, el mismo ponente, actuando ahora como magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, ordenó remitir por competencia el asunto a la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo mediante Auto del 30 de junio de 2022[3].

3. La Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo emitió decisión sobre el caso el día 27 de octubre de 2022[4]. Concretamente, propusoconflicto de competencias y ordenó enviar el expediente a la Corte Constitucional. En esa decisión, afirmó que los artículos 2, 92, 239 y 240 del Código General Disciplinario establecieron que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial son las competentes para tramitar los procesos disciplinarios adelantados contralos auxiliares de la justicia, teniendo en cuenta que estos son particulares disciplinables.

4. La Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo envió el expediente a la Corte Constitucional el día 26 de enero de 2023[5]. La Secretaría Judicial de esta corporación realizó el reparto del caso en sesión virtual del 25 de julio de 2023 y remitió el sumario al despacho del magistrado sustanciador el 28 de julio del año citado[6].

II. CONSIDERACIONES

Competencia

5. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de

sustanciador el 28 de julio del año citado[6].

II. CONSIDERACIONES

Competencia

5. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[7].

III. CASO CONCRETO

La Corte Constitucional no es competente para dirimir el conflicto de competencias examinado

6. La Sala Plena de la Corte Constitucional considera que no tiene competencia para resolver el conflicto de competencias planteado porque una de las autoridades colisionadas no desarrolla funciones jurisdiccionales y porque el asunto que motivó la colisión puede ser de naturaleza administrativa. Las autoridades en desacuerdo son la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo. La primera es una autoridad jurisdiccional que ejerce la función disciplinaria respecto a determinados asuntos.

7. Por otro lado, la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo es una dependencia territorial de la Procuraduría General de la Nación, según el artículo 2 del Decreto 262 de 2000[8]. La Procuraduría General de la Nación es una entidad administrativa que no desarrolla funciones jurisdiccionales.Incluso, la Corte Constitucional declaró inexequible la atribución de funciones jurisdiccionales a esa entidad y reafirmó que sus funciones son esencialmente administrativas en la Sentencia C-030 de 2023[9]. Siguiendoesa línea, el proceso disputado sería de naturaleza administrativa si llega a ser asignado a la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo.

8. Eso significa que el conflicto analizado no ocurre entre distintas

ser asignado a la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo.

8. Eso significa que el conflicto analizado no ocurre entre distintas jurisdicciones y, en ese sentido, no se activa la regla de competencia fijada en el numeral 11° del artículo 241 de la Constitución. Esta Corporación considera que la autoridad competente para tramitar el caso es la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Según el numeral 10° del artículo 112[10] y el artículo 39[11] de la Ley 1437 de 2011, ese organismoestá facultado para zanjar los conflictos de competencia que traten sobre asuntos de naturaleza administrativa, que versen sobre un caso concreto y que sean propuestos por autoridades del orden nacional que no estén sometidas a la jurisdicción de un tribunal administrativo.

9. Esos 3 requisitos se cumplen en este caso. Primero, el conflicto fue planteado por dos autoridades que no están sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo. Segundo, el conflicto puede tratar sobre un asunto de naturaleza administrativa en caso de que el proceso sea asignado a la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo. Por último, el conflicto es relativo a un asunto concreto; específicamente, al proceso disciplinario que inició con la queja presentada por el señor José Edilberto EspinosaMendivelso contra la auxiliar de la justicia Edelmira Higuera Díaz.

10. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional se inhibirá de

pronunciarse sobre conflicto de competencias de la referencia y le remitirá el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para lo de su competencia. Especialmente, la Corte dejará que esa autoridad determine las implicaciones de la ausencia del pronunciamiento de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá en el expediente.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVEPRIMERO. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre el asunto de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. REMITIR el expediente CJU-3555 a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este asunto.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado Ausente con permisoALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

MagistradoANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS MagistradoANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ Secretaria General[1] Folios 4-5 del archivo E-2022-466393 15000110200020140008900 del expediente digital CJU-3555. [2] Folio 6 del archivo E-2022-466393 15000110200020140008900 del expediente digital CJU-3555. [3] Ese pronunciamiento no está en el expediente. [4] Folios 161-166 del archivo E-2022-466393 15000110200020140008900 del expediente digital CJU-3555. [5] Archivo 02CJU-3555 Correo Remisorio del expediente digital CJU-3555. [6] Archivo 03CJU-3555 Constancia de Reparto del expediente digital CJU-3555. [7] Arculo 241. A la Corte Constucional se le cona la guarda de la integridad y supremacía de la Constución, en los estrictos y precisos términos de este arculo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las disntas jurisdicciones. [8] Arculo 2. Estructura orgánica. Para el cumplimiento de las funciones constucionales y legales, la Procuraduría General de la Nación ene la siguiente estructura orgánica:

2. NIVEL TERRITORIAL. (…)

2.3. PROCURADURÍAS PROVINCIALES.

[9] Sentencia C-030/23, expediente D-14.503, M.M.P.P Juan Carlos Cortés González y José Fernando Reyes Cuartas. [10] Arculo 112. Integración y funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil. La Sala de Consulta y Servicio Civil cumplirá funciones separadas de las funciones jurisdiccionales y actuará en forma autónoma comocuerpo supremo consulvo del gobierno en asuntos de administración. Estará integrada por cuatro (4) Magistrados. Los conceptos de la Sala no serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario. La Sala de Consulta y Servicio Civil tendrá las siguientes atribuciones: (…) 10. Resolver los conflictos de competencias administravas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y unaendad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administravo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40)días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. [11] Arculo 39. Conflictos de competencia administrava. Los conflictos de competencia administrava se promoverán de oficio o porsolicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remirá la actuación a la que esme competente; si estatambién se declara incompetente, remirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado enrelación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administravo correspondiente en relación con autoridades del orden

departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridadesterritoriales de disntos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administravas se consideren competentes para conocer y definir un asuntodeterminado. En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: recibida la actuación en Secretaría se comunicará por el medio máseficaz a las autoridades involucradas y a los parculares interesados y se fijará un edicto por el término de cinco (5) días, plazo en el que estas podrán presentar alegatos o consideraciones. Vencido el anterior término, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estadoo el tribunal, según el caso, decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes: Contra esta decisión no procederá recurso alguno.