CC - A206-23

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Requisitos SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Presupuestos formales y materiales de procedencia SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Rechazar por falta de carga argumentativa

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL Sala Plena AUTO 206 de 2023

Referencia: Expediente D-14721

Solicitud de nulidad de la Sentencia C-324 de 2022

Magistrada ponente: Diana Fajardo Rivera

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en los artículos 49 del Decreto Ley 2067 de 1991 y 106 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, profiere el presente Auto que decide la solicitud de nulidad formulada contra la Sentencia C-324 de 2022, con fundamento en los siguientes

I. ANTECEDENTES

Auto 206-2023 M.P. Diana Fajardo Rivera a. La Sentencia C-324 de 20221

1. La ciudadana Carolina Ramírez Pérez, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó la expresión “y las condenas provenientes de procesos administrativos, judiciales o arbitrales” contenida en el literal c) del numeral 2 del artículo 105 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 61 de la Ley 1819 de 2016, por estimar que vulneraba los artículos 13, 95 ordinal

9°, 229 y 363 de la Constitución Política.

2. La Sala Plena, en la Sentencia C-324 de 2022, estudió conjuntamente los cargos formulados, al considerar que se fundaban en una misma línea argumentativa, fijó el problema jurídico en determinar si la medida impugnada vulneraba los principios de igualdad, justicia y equidad tributaria, así como el acceso a la administración de justicia al disponer que, para los obligados a llevar contabilidad, los gastos provenientes de condenas de procesos administrativos, judiciales o arbitrales no pueden ser deducibles fiscalmente.

3. Como metodología de análisis la Corte reiteró el precedente sobre el margen de configuración legislativa en materia tributaria, específicamente su alcance en la regulación de las deducciones tributarias, y se refirió a los principios de igualdad, justicia y equidad tributaria. A partir de dichas reglas y del contenido y alcance de la norma demandada, determinó que se ajustaba a la Constitución, al responder a una finalidad legítima relacionada con la eficiencia del sistema tributario que buscaba incentivar tanto el pago oportuno de obligaciones, como la ampliación y mejora del recaudo. También halló la medida idónea y destacó que la misma no impide que los contribuyentes accedan al sistema de justicia.

4. En consecuencia, en la Sentencia C-324 de 2022 la Sala Plena resolvió: “Declarar EXEQUIBLE la expresión “y las condenas provenientes de procesos administrativos, judiciales o arbitrales” contenida en el literal c) del numeral 2 del artículo 105 del Estatuto Tributario, modificado por

el artículo 61 de la Ley 1819 de 2016, por el cargo analizado en la presente sentencia.”

5. La Secretaría General de la Corte Constitucional, en oficio de 8 de noviembre de 2022,2 informó que la Sentencia C-324 de 2022 se notificó mediante edicto N.º 096 fijado entre el 6 y el 10 de octubre de 2022. Además, que el 11 de octubre de 2022 se formuló el incidente de nulidad, el cual se comunicó a los interesados el día 20 del mismo mes y año. 1 M.P. Diana Fajardo Rivera. SV. Alejandro Linares Cantillo. SV. Antonio José Lizarazo Ocampo. 2 Expediente digital D-14721. Archivo “Informe a despacho sobre solicitud de nulidad en contra de la sentencia C-324 de 2022” https://siicor.corteconstitucional.gov.co/controldeprocesos/archivo.php?id=49273

2 Auto 206-2023 M.P. Diana Fajardo Rivera b. Solicitud de nulidad de la Sentencia C-324 de 2022

6. La ciudadana Carolina Ramírez Pérez, a través de escrito de 11 de octubre de 2022,3 solicitó declarar la nulidad de la Sentencia C-324 de 2022 y, en su lugar, dictar un fallo sustitutivo.

7. Señaló que se satisfacen los requisitos formales de la nulidad pues cuenta con legitimación por ser la demandante dentro del trámite de la referencia y, además, su solicitud es oportuna dado que se presentó el día 11 de octubre de 2022, esto es un día después de surtirse la notificación por edicto.

8. En relación con la carga argumentativa esgrimió que son tres las causales por las que se debe declarar la nulidad. La primera es que el fallo es incongruente, al tergiversar el contenido de la ley y de la jurisprudencia del Consejo de Estado. La segunda es que se cambió la jurisprudencia sin anunciarse, al sostenerse que la conciliación reemplaza el acceso a la administración de justicia y, la tercera, que la Sala Plena no estudió el cargo por violación al artículo 229 de la Constitución Política, por lo que incurrió en elusión arbitraria de un asunto de relevancia constitucional.

9. Sobre la incongruencia entre las partes considerativa y resolutiva de la sentencia. Explicó que, en su criterio, la Sala Plena contradijo el contexto legislativo, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado en que se fundó.

Sobre esto último destacó que la Sentencia de unificación de 26 de noviembre de 2020, de la Sección Cuarta, señaló las reglas de deducibilidad tributaria, de acuerdo con el artículo 107 del Estatuto Tributario, y que allí quedó claro que aquella opera siempre que se cumplan los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad de la deducción. Que nada se dijo sobre erogaciones que cumpliendo tales exigencias no pueden deducirse por decisión legislativa, como lo afirmó equivocadamente la decisión de la que pide anulación.

10. A su juicio, lo que debe entenderse de la jurisprudencia administrativa es que, independientemente de que el Legislador haya señalado un gasto como deducción permanente, si se demuestra que es una expensa necesaria se rige por el artículo 107b del Estatuto Tributario.4 Sobre esa base considera que la

3 Expediente digital D-14721. Archivo: “Solicitud nulidad sentencia C-324/22” https://siicor.corteconstitucional.gov.co/controldeprocesos/archivo.php?id=48370 4 En el escrito señala que: “Nótese cómo la sentencia del Consejo de Estado en ningún momento dijo que pueden existir erogaciones que, aunque cumplan con los requisitos de necesidad, relación de causalidad y proporcionalidad, pueden no ser deducibles si así lo decide el Legislador. Lo que dijo fue que, para el análisis de la deducibilidad de una expensa en particular, se deben cumplir los requisitos contemplados en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Dijo además que, como expresamente lo señala esa misma norma, se deben tener en cuenta las limitaciones establecidas en los artículos siguientes al artículo 107 porque, en ciertos casos, normas especiales preceptúan condiciones igualmente especiales, que bien pueden flexibilizar o, por el contrario, tornar más estrictos los requisitos de deducibilidad previstos en el citado artículo 107, para un tipo de expensa o erogación en particular.” 3 Auto 206-2023 M.P. Diana Fajardo Rivera Sentencia C-324 de 2022 se fundamentó en una interpretación equivocada de la jurisprudencia administrativa, lo que condujo a una falsa motivación.5

11. Sostuvo que otra incongruencia de la decisión tiene que ver con lo indicado sobre la exposición de motivos de la ley que modificó el artículo 105 del Estatuto Tributario demandado parcialmente, pues, insiste, el literal c) del numeral 2º de dicha disposición no impide deducir esas expensas si se cumple

con los requisitos del artículo 107. Argumentó que, en dicha exposición, al referirse expresamente a dicha norma, se advirtió que lo que buscaba era evitar controversias sobre qué gastos serían deducibles o no, tratándose entre otras de erogaciones punitivas o sancionatorias.

12. Aseguró entonces que el objetivo de la norma, según la referida exposición de motivos, era la de indicar que esas erogaciones no eran deducibles pero por incumplir los requisitos de deducibilidad del artículo 107 del Estatuto Tributario y que así incluso lo entendió el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIANal intervenir en el trámite de constitucionalidad, quienes defendieron además que el vocablo condena debía ser asimilado a incumplimiento de obligaciones contractuales.

13. Sobre esa base esgrimió que las referencias a la exposición de motivos del Estatuto Tributario no fueron veraces, y que era “insólito” considerar que los objetivos de la norma demandada fueron los de aumentar el recaudo y poner fin a beneficios tributarios excesivos, así como ampliar el recaudo, impedir maniobras evasivas o eliminar el exceso de beneficios tributarios, pues la motivación expresa del artículo 105, a su juicio, obedeció a otros razonamientos y no es posible equiparar beneficios tributarios con deducciones.

14. Recabó en que el propio contenido del numeral 2º del artículo 105 del Estatuto Tributario es el que refiere que solo los gastos que no cumplan con los requisitos de deducción son los que generan diferencias permanentes y que,

como las multas o las condenas son solo ejemplos, si estas cumplen las exigencias del artículo 107 del E.T. pueden aplicarse deducciones.

15. Sobre el cambio de precedente en relación con la naturaleza de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos. La solicitante resaltó que aun cuando la Sala Plena puede cambiar el precedente, lo cierto es que debe justificarlo. Por ello reprochó que en la Sentencia C-324 de 2022 se afectara tal regla. Específicamente consideró que esta Corporación concluyó que si los contribuyentes no quieren perder la deducibilidad de las 5 La solicitante sostiene que “… lo único que dejó dicho el Consejo de Estado, se repite, es que normas especiales pueden flexibilizar o, por el contrario, hacer más estrictos los requisitos de deducibilidad en cuestión, no en absoluto, que las expensas que reúnan los requisitos contemplados por el artículo 107 del Estatuto Tributario no son deducibles por la simple, pero insólita razón, de que así lo haya dispuesto el

Legislador.” 4 Auto 206-2023 M.P. Diana Fajardo Rivera expensas cuando cumplen los requisitos para ser aceptadas fiscalmente, deben obtener justicia por la vía de la autocomposición y que, al decir eso “está concluyendo que la conciliación u otros mecanismos autocompositivos tienen la virtud de reemplazar o sustituir a la jurisdicción en su función de impartir justicia” cuando la línea jurisprudencia de esta Corte, entre otras las sentencias C-893 de 2001,6 C-1195 de 2001,7 C-222 de 20138 y C-214 de 2021.9 han

señalado que la conciliación no reemplaza a la jurisdicción ordinaria, no se puede obligar a las partes a acordar y, de no existir acuerdo, son los jueces o árbitros los que deben definir.

16. Aseguró que dicho precedente fue modificado por la sentencia que impugna, al considerar que la conciliación sustituye la jurisdicción arbitral y estatal, con lo que eliminó su carácter voluntario, desconociendo que no toda materia es conciliable, y que algunas cláusulas compromisorias obligan a las partes a acudir a un tribunal arbitral o, en algunos casos dicho mecanismo no garantiza la resolución de un determinado asunto.

17. Sobre la elusión arbitraria del análisis de asuntos de relevancia constitucional. Para la solicitante la Sentencia C-324 de 2022 incurrió en nulidad al evadir el pronunciamiento sobre un cargo transversal en la demanda, esto es el relacionado con la vulneración del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, pues solo se refirió tangencialmente cuando analizó el de igualdad. Entendió que aun cuando hubo una referencia formal al tema no se ocupó de determinar si la medida impactaba el acceso a la justicia y creaba una barrera. Así mismo descalificó la decisión en tanto debió, en su criterio, explicar qué significa el criterio de racionalidad económica y por qué las personas deben desistir de acudir a la administración de justicia.

c. Trámite de la solicitud de nulidad

18. Una vez se recibió el escrito de nulidad, la Secretaría General la comunicó a los interesados10 e informó que el Ministerio de Hacienda y Crédito

Público11 y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-12 allegaron su intervención. 6 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. SV. Jaime Córdoba Triviño. SV. Rodrigo Escobar gil; Marco Gerardo Monroy Cabra. SV. Marco Gerardo Monroy Cabra. SV. Eduardo Montealegre Lynett. AV. Manuel José Cepeda Espinosa. 7 MM.PP. Manuel Jose Cépeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra. SV. Jaime Araujo Rentería. SV. Alfredo Beltrán Sierra. SV. Álvaro Tafur Vargas. SV. Clara Inés Vargas Hernández. AV. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Jaime Córdoba Triviño. AV. Rodrigo Uprimny Yepes (e). 8 M.P. María Victoria Calle Correa. 9 M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. AV. Antonio José Lizarazo Ocampo. 10 Expediente digital D-14721. Archivo “Informe despacho sobre intervención recibida en traslado nulidad” https://siicor.corteconstitucional.gov.co/controldeprocesos/archivo.php?id=49273 11 Expediente digital D-14721. Archivo “Informe a despacho sobre intervención recibida en traslado nulidad” https://siicor.corteconstitucional.gov.co/controldeprocesos/archivo.php?id=49473 12 Expediente digital D-14721. Archivo “Informe a despacho sobre intervención recibida en traslado nulidad” https://siicor.corteconstitucional.gov.co/controldeprocesos/archivo.php?id=49307 5 Auto 206-2023 M.P. Diana Fajardo Rivera Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público13

19. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público14 solicitó rechazar el escrito de nulidad. Luego de referirse al contenido de la Sentencia C-324 de 2022 adujo que las causales esgrimidas por la peticionaria se dirigen a debatir, nuevamente, los argumentos presentados en la demanda y que fueron desestimados por esta Corporación. Es decir, su argumentación es subjetiva e incierta, y con ella pretende reabrir la discusión sin presentar elementos mínimos que evidencien una violación al debido proceso.

20. En relación con la supuesta incongruencia entre la parte considerativa y la resolutiva de la decisión, refirió que la Sala Plena explicó debidamente cuál es el alcance del articulo 105 numeral 2 literal c) del Estatuto Tributario, por qué allí existe una regla especial de deducibilidad y cuáles gastos están expresamente excluidos de considerarse como tales.

21. Destacó de la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, de acuerdo con la transcripción, sí determinó que algunos gastos dejan de ser deducibles por decisión del Legislador, independientemente de que cumplan las exigencias del artículo 107 del Estatuto Tributario, por lo que no existió desacierto en la argumentación.

22. Así mismo, sobre la supuesta incongruencia en la exposición de motivos de la Ley 1819 de 2016, dijo que no se presentó pues, según lo que reproduce de la sentencia, la modificación al sistema tributario se inscribió en unos principios, que son los que luego se utilizaron para resolver el problema jurídico y, destacó de las transcripciones, que en dicha exposición se calificó

a las deducciones de beneficios y del problema que estos producen, entre ellos inequidades horizontales y distorsiones en la asignación de recursos en la economía.

23. En su criterio tales consideraciones se desarrollaron a partir del precedente pacífico sobre el margen de configuración legislativa en materia de deducciones tributarias, y de cómo no se afectaron los principios de igualdad, justicia y equidad tributaria, como tampoco el acceso a la administración de justicia.

24. En relación con la causal de cambio de precedente, el interviniente destacó que en momento alguno la Corporación afirmó que la conciliación reemplaza la justicia estatal o la arbitral, lo que deja sin sustento dicho reparo 13 A través de Manuel Felipe Rodríguez Duarte como Delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 14 Expediente digital D-14721. Archivo “Intervención respecto de la solicitud de nulidad de la sentencia”

https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=49447 6 Auto 206-2023 M.P. Diana Fajardo Rivera y, en relación con la elusión del debate constitucional refirió que la sentencia es clara en señalar la metodología, esto es que aunque se presentaron distintas censuras, todos los argumentos se dirigían a cuestionar la existencia de un trato diferenciado en la aplicación de las deducciones del Estatuto Tributario que afecta a quienes acceder a la justicia ordinaria o arbitral, por lo que sí existió pronunciamiento.

25. Finalizó con que la petición de la actora es más bien un desacuerdo con el contenido de la decisión que cuestiona la posición jurídica asumida por la

Corte y que aquella no demostró en todo caso la incidencia sustancial y directa de tales transgresiones, dado que el pronunciamiento tuvo en cuenta otros elementos de juicio, de allí que solicitó el rechazo. Intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesDIAN-15

26. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIANintervino16 y pidió rechazar la solicitud de nulidad. Resumió el contenido de la sentencia impugnada y destacó que no se cumple la exigencia de carga argumentativa, pues el escrito no evidencia la vulneración del debido proceso, en ninguna de las tres causales señaladas.

27. Refirió que la peticionaria cuestionó los fundamentos jurídicos de la providencia, no porque estos vulneren el debido proceso, sino porque tiene un desacuerdo jurídico con la Sala Plena que desestimó su demanda. Así no existió incongruencia en la parte motiva y la resolutiva del fallo pues este se concretó a aquello que fue objeto de debate, esto es si el literal c) del numeral 2 del artículo 105 del Estatuto Tributario vulneró los principios de justicia, igualdad y equidad tributaria y si, además, afectó el acceso a la administración de justicia al impedir la deducción de los gastos originados por las condenas judiciales y administrativas.

28. En ese análisis, aseguró que la Corporación siguió el precedente pacífico sobre deducciones tributarias de sujetos obligados a llevar contabilidad y, en relación con la jurisprudencia del Consejo de Estado fue clara en cuanto a su contenido, esto es, cuándo son deducibles las expensas.

29. También afirmó que no existió cambio de jurisprudencia y que no hubo elusión del debate constitucional sobre el cargo por violación al libre acceso a la administración de justicia, pues este sí fue abordado y además se concluyó 15 A través del apoderado especial de la Unidad Administrativa Especial de la DIAN Pablo Nelson Rodríguez Silva. 16 Expediente digital D-14721. Archivo “Intervención Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesDIAN“ https://siicor.corteconstitucional.gov.co/controldeprocesos/archivo.php?id=48938

7 Auto 206-2023 M.P. Diana Fajardo Rivera que la medida no impide que las personas acudan como demandantes, convocantes o demandados a un proceso administrativo, judicial o arbitral.

30. Planteó que se busca prolongar un debate jurídico con idénticos argumentos a los expuestos en la demanda, es decir una instancia adicional, no definida en la ley, para imponer una particular consideración en relación con la norma que ya fue declarada constitucional y por eso insiste en el rechazo.

II. CONSIDERACIONES

a. Competencia

31. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para conocer, tramitar y resolver la solicitud de nulidad de la Sentencia C-324 de 2022, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 y 106 del Reglamento interno de la Corte Constitucional (Acuerdo 02 de 2015).

b. Asunto por resolver y metodología de la decisión

32. En esta oportunidad la Corte analizará la petición formulada por la ciudadana Carolina Ramírez Pérez, que busca la anulación de la Sentencia C324 de 2022. Para el efecto inicialmente determinará su procedencia formal, por lo que reiterará brevemente las reglas jurisprudenciales sobre nulidad de fallos dictados en sede de control abstracto de constitucionalidad y los presupuestos de procedencia, y solo de encontrarlos satisfechos procederá al análisis material.

c. Sobre la nulidad de las sentencias proferidas en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad. Reiteración de jurisprudencia

33. El artículo 243 de la Constitución Política señala que los fallos dictados por esta Corporación, en ejercicio del control jurisdiccional, hacen tránsito a cosa juzgada. En consonancia el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 determina que “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno” y solo permite alegar la nulidad antes de que se dicte el fallo y ante irregularidades que impliquen la violación del debido proceso y que conduzcan a anular el trámite.

34. Ha sido por vía de la jurisprudencia constitucional que se ha considerado que al ser la Corte guardiana en su integridad y supremacía de la

8 Auto 206-2023 M.P. Diana Fajardo Rivera Constitución sus pronunciamientos deben gozar de estabilidad superlativa17 y que solo es posible solicitar la anulación de una sentencia de constitucionalidad, en casos excepcionalísimos, y ante violaciones ostensibles y probadas del artículo 29 superior.18

35. El énfasis de que se trate de situaciones especialísimas ha sido central en la evaluación de su viabilidad. Así en algunas oportunidades se ha aludido a que opera en “casos extremos”19 que implican un quebranto notable y

flagrante de garantías constitucionales y en otros se ha señalado que son excepcionales.20 Esto ha descartado de plano que inconformidades sobre una particular manera de resolver la controversia puedan ser analizadas de fondo o irregularidades que no son significativas. En esos eventos se dispone el rechazo de la solicitud.21

36. Expresamente esta Corporación ha insistido en que una solicitud de nulidad no puede pretender la corrección jurídica de la sentencia, dado que el examen está circunscrito a determinar si en el proceso, o en la sentencia misma se presentó alguna vulneración al debido proceso.22 También se ha señalado que tales peticiones con las que se busca anular una actuación en el trámite de constitucionalidad deben ser serias, graves, significativas, descartándose los simples desacuerdos en relación con las consideraciones que sirven de sustento a la providencia judicial.23

37. Por ello se ha explicado que en este trámite incidental:24 i) el análisis de procedencia es estricto, de manera que debe demostrarse, de forma indudable y cierta que se concretó una vulneración al debido proceso de carácter ostensible:25 ii) la carga argumentativa es exigente, por lo que debe encontrarse debidamente fundada y demostrarse la relación entre el contenido 17 Auto A-013 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 18 En el Auto 009 de 1993. M.P. Jorge Arango Mejía, la Corte determinó cuál era el alcance del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991. Consideró que la Sala Plena tiene la competencia para declarar nulo todo el proceso o parte de él y que esto incluye a la sentencia, cuando esté demostrado que, al dictarse, se configuró

la trasgresión. Allí destacó que “de conformidad con el artículo 49 mencionado, la Sala Plena tiene el deber de declarar las nulidades que se presenten en cualquier etapa del proceso. Y la sentencia es una de ellas.” 19 Auto A-013 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 20 Ver entre otros autos A-151A de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; A-360 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; A-148 de 2014. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; A-459 de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera; A-1069 de 2021. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; A-698 de 2022. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y A-1770 de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera. 21 Cfr. Autos A-063 de 2004. M.P. Humberto Sierra Porto; A-301 de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería; A140 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; A-026 de 2015. M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otros. 22 Este criterio se puede observar en los Autos A-031 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; A-276 de

2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y A-193 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 23 Cfr. Auto 518 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 24 En este apartado se sigue lo expuesto en el Auto A-1069 de 2021. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 25 Pueden consultarse, entre otros, los autos A-180 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; A-666 de

2017. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado; y A-1034 de 2022. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

9 Auto 206-2023 M.P. Diana Fajardo Rivera de la decisión que se impugna y el quebrantamiento del debido proceso;26 iii) la irregularidad procesal debe producir efectos directos, sustanciales y trascendentales con incidencia en la determinación;27 iv) la nulidad no puede constituirse en una nueva oportunidad procesal, para solicitar pruebas, o insistir en las razones que fueron desestimadas al resolver el problema jurídico, ni debatir sobre los fundamentos que le dieron origen, tampoco para plantear cuestiones adicionales que en su momento no se debatieron;28 v) el trámite dado a la nulidad no constituye materialmente una impugnación, no se trata de una nueva instancia, ni tiene la naturaleza de recurso;29 y vi) la nulidad promovida contra sentencias de control abstracto30 las reglas son más estrictas31 entre ellas no se puede considerar que se vulneró el debido proceso porque no se examinaron uno a uno los cargos planteados o con el orden de la demanda.32 Presupuestos de procedencia de las solicitudes de nulidad contra sentencias de constitucionalidad33

38. Por el carácter excepcional de la nulidad se han establecido unos criterios formales y materiales para su análisis. Los presupuestos formales que toda nulidad debe satisfacer son los de legitimación, oportunidad y carga argumentativa.

39. Así en la legitimación34 se exige que la petición de nulidad sea presentada por: (i) quien demandó, (ii) el Procurador General de la Nación,

26 Pueden consultarse los autos A-029A de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; A-036 de 2017. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; A-290 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; A-134 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y A-966 de 2022. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 27 Véanse los autos A-029 A de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; A-180 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; A-220 de 2021. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar; y A-1069 de 2021. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 28 Pueden consultarse, entre otros, los autos A-235 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; A-700 de

2021. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar; y A-1069 de 2021. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 29 Véanse los autos A-272 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo; A-319 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y A-376 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 30 En Auto A-134 de 2019 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) se señaló expresamente que quien aspire a que se decrete la nulidad de una sentencia de proferida en sede de control abstracto debe cumplir con una “exigente carga argumentativa, en el sentido de demostrar con base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes la causal de nulidad invocada, la incidencia en la decisión adoptada y la evidente violación del

debido proceso. No son de recibo razones o interpretaciones que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante por la sentencia proferida.” 31 Auto A-1069 de 2021. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 32 Ibidem. 33 Este apartado se reiteran las consideraciones del Auto A-1077 de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera. 34 En el Auto A-280 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) esta Corte explicó las razones para justificar dicha legitimación. En resumen, consideró que una eventual afectación de la sentencia a una persona no le confiere la posibilidad de pedir la nulidad, pues el proceso de constitucionalidad tiene efectos erga omnes y su cumplimiento es obligatorio para todos, es decir los jueces, quienes aplican el derecho y los asociados. Estos deben acatar lo definido independientemente de que se cree una situación particular favorable o desfavorable. Por ello es que el incidente de nulidad no estudia las consecuencias de un pronunciamiento, si en él se debate su contenido y es por ello que al reclamarse el origen de la nulidad en el proceso es que solo las partes o sus intervinientes pueden alegarla. 10 Auto 206-2023 M.P. Diana Fajardo Rivera (iii) los ciudadanos que hubieren intervenido en el proceso de control abstracto dentro del término de fijación en lista y (iv) los ciudadanos que fueron vinculados al proceso de formación de la norma.35 Cualquier otra persona que no se encuentre dentro de tales supuestos carece de legitimación para elevar la nulidad y, de hacerlo se considera manifiestamente improcedente.36

40. Además, la Sala Plena ha indicado que se considera interviniente a

quien radica en la Secretaría General de la Corte Constitucional un escrito en el que impugna o defiende la norma acusada en el tiempo dispuesto para tal efecto, es decir, dentro de los 10 días de fijación en lista, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 2067 de 1991.37

41. El siguiente presupuesto es el de oportunidad,38 que implica que la solicitud se presente dentro del término de ejecutoria de la sentencia, es decir, en los tres días siguientes a la notificación del fallo objeto de cuestionamiento,39 salvo que se trate de un vicio anterior a la sentencia, el cual solo podrá ser alegado antes de que aquella se profiera.

42. También debe cumplirse el presupuesto de carga argumentativa.40 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y tal como se explicó en el apartado previo, la petición de una nulidad no constituye una oportunidad para “reabrir debates pasados o para analizar nuevamente las controversias que ya han sido resueltas por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional en su Sala Plena o en sus respectivas Salas de Revisión de tutela.”41

43. Como, de acuerdo con lo dispuesto en el art