CC - A2413-2023

A2413-23TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-2413/23

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Controversias sobre recobros de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios de salud-PBS

AUTO 2413 de 2023

Referencia: Expediente CJU-1855

Conflicto de jurisdicciones suscitadoentre el Juzgado Doce Laboral delCircuito de Medellín, Antioquia y elJuzgado Veinticinco Administrativo de lamisma ciudad.

Magistrado Ponente:

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS.

Bogotá, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:

AUTO

I. ANTECEDENTES1. El 24 de noviembre de 2014[1], la Caja de Compensación FamiliarComfenalco-de Antioquia, presentó demanda ordinaria laboral[2] en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradorade los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)[3]. Las pretensiones consisten en declarar la responsabilidad de la partedemandada por las “atenciones en salud y medicamentos autorizados envirtud de acciones de tutela o de decisiones del Comité Técnico Científico” recobros, cuyo costo asciende a la suma de $209.065.894[4].

2. El proceso fue repartido al Juzgado Doce del Circuito de Medellín,Antioquia, Autoridad que admitió la demanda en enero de 2015;

recobros, cuyo costo asciende a la suma de $209.065.894[4].

2. El proceso fue repartido al Juzgado Doce del Circuito de Medellín,Antioquia, Autoridad que admitió la demanda en enero de 2015; posteriormente en providencia del 4 de noviembre de 2021[5], declaró sufalta de jurisdicción y remitió el asunto a los jueces administrativos de laciudad. Al respecto, explicó que “el litigio debe ser atendido por los juecesadministrativos, teniendo en cuenta que el mismo involucra exclusivamente aentidades administradoras de recursos y la financiación de servicios que yafueron prestados y autorizados, dentro de los cuales ya no se encuentranimplicados los afiliados, beneficiarios y empleadores”. Destacó queconforme a lo dispuesto en el Auto 389 de 2021, el debate no se encuadradentro de lo dispuesto por el artículo 2.4 del Código de Procedimiento delTrabajo y de la Seguridad Social (CPTSS) y, en consecuencia, el debateescapa de la órbita de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. Porconsiguiente, en atención al artículo 104 del Código de ProcedimientoAdministrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) este tipo decontroversias recaen en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

3. El 20 de enero de 2022[6], el Juzgado Veinticinco Administrativo deMedellín, Antioquia declaró su falta de jurisdicción para conocer el proceso,propuso conflicto negativo de competencias y remitió el asunto a la Corte

Constitucional[7]. Manifestó que “ la jurisdicción administrativa no tiene competencia para conocer de un proceso ejecutivo que se fundamenta en elcobro de unas facturas, por no mediar en la relación un contrato no es posibleresolver el asunto mediante el medio de control de controversiascontractuales, no existe acto administrativo el cual deba ser objeto deenjuiciamiento en su legalidad y no procede la reparación directa paraadelantar el cobro de servicios prestados y facturados, no existen elementosjurídicos para conocer el proceso, siendo el juez laboral en virtud de laespecialidad del tema y la cláusula general de competencias quien debeavocar su conocimiento. En este asunto debe darse aplicación al principio deperpetuatio jurisdictionis conforme a los artículos 16 y 27 de la Ley 1564 de2012, el artículo 0 de la Ley 153 de 1887”.

4. El expediente fue repartido al magistrado sustanciador el 15 de julio de 2022 y enviado a este despacho el 19 de julio siguiente[8].

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia

5. De conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución Política, la CorteConstitucional es competente para resolver los conflictos de competenciaentre jurisdicciones.

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

6. Esta Corporación ha advertido que para que se configure un conflicto dejurisdicciones, es necesario que se cumplan los presupuestos subjetivo,objetivo y normativo, como han sido definidos de manera reiterada por este tribunal[9]. En el caso de la referencia se satisfacen los anteriores

presupuestos: Presupuesto Subjetivo El conflicto se suscita entre una autoridad que hace parte de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y otra de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Presupuesto Objetivo

presupuestos: Presupuesto Subjetivo El conflicto se suscita entre una autoridad que hace parte de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y otra de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Presupuesto Objetivo La controversia se enmarca en el proceso ordinario laboral promovido por la Caja de Compensación FamiliarComfenalco-de Antioquia en contra del Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).Presupuesto Normativo

Ambas autoridades enunciaron razonablemente los fundamentos de índole constitucional o legal en los que soportan las posiciones dirigidas a negar su competencia. El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, Antioquia, manifestó que el litigio involucra entidades administradoras de recursos y la financiación de servicios que ya fueron prestados y autorizados. Destacó que conforme a lo dispuesto en el Auto 389 de 2021, el debate no se encuadra dentro de lo dispuesto por el artículo 2.4 del CPTSS y, en consecuencia, el debate escapa de la órbita de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. Por su parte, el Juzgado Veinticinco Administrativo de Medellín, Antioquia justificó su negativa en la imposibilidad de ejecutar facturas que no tienen origen en un contrato, y/o acto administrativo, además de la aplicación del principio de perpetuatio jurisdictiones.

Criterios para determinar a qué jurisdicción le corresponde resolver lascontroversias relacionadas con recobros en materia de salud. Reiteración deAuto 389 de 2021

7. Mediante el Auto 389 de 2021, la Sala Plena de esta corporacióndeterminó que el conocimiento de las controversias sobre los recobros a laADRES por prestaciones no incluidas en el POS, hoy PBS, y por lasdevoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General deSeguridad Social en Salud corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo anterior, “en virtud de lo dispuesto en el inciso primerodel artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estos secuestiona por parte de una EPS un acto administrativo proferido por laADRES”. 8. La Corte además explicó que este tipo de controversias no corresponden alas previstas en el artículo 2.4 del CPTSS, en la medida en que no serelacionan en estricto sentido con la prestación de los servicios de laseguridad social. En cambio, se trata de litigios presentados exclusivamenteentre entidades administradoras y relativos a la financiación de servicios yaprestados, que no implican a afiliados, beneficiarios o usuarios ni aempleadores. 9. En concreto, dispuso la siguiente regla de decisión:“El conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros deservicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS, hoy PBScorresponde a los jueces contencioso administrativos, en virtud de lodispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una EPS un actoadministrativo proferido por la ADRES. Este tipo de controversias nocorresponde a las previstas en el numeral 4º del artículo 2 del CódigoProcesal del Trabajo y de

la Seguridad Social, en la medida en que no serelacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de laseguridad social. En cambio, se trata de litigios presentadosexclusivamente entre entidades administradoras y relativos a lafinanciación de servicios ya prestados, que no implican a afiliadosbeneficiarios o usuarios ni a empleadores”.

Reglas de transición frente al cambio jurisprudencial suscitado enconflictos de jurisdicción relacionados con recobros judiciales al Estadopor prestaciones de servicios médicos no incluidos en el PBS. Reiteracióndel Auto 1942 de 2023 10. En el Auto 1942 de 2023, la Sala Plena se pronunció frente a lasdificultades derivadas del cambio de jurisprudencia introducido mediante elAuto 389 de 2021, en cuanto a la jurisdicción competente para conocer lascontroversias relacionadas con el pago de recobros judiciales porprestaciones no incluidas en el extinto POS (hoy PBS) y por las devolucioneso glosas a las facturas entre entidades del SGSSS. 11. Las referidas dificultades se presentan, principalmente, porque antes deque la Corte Constitucional estableciera la regla de competencia prevista enel Auto 389 de 2021, las controversias relacionadas con el pago de recobrosjudiciales eran conocidas por la jurisdicción ordinaria en su especialidadlaboral y de la seguridad social, de manera que en general las entidadesdemandantes no tenían la carga de agotar los requisitos de procedibilidad(recursos obligatorios y conciliación extrajudicial) ni de presentar lademanda dentro del término de caducidad de acuerdo con las normas delCPACA. Sin embargo, tras el cambio de jurisdicción, se enfrentaron a laimposibilidad de cumplir dichos presupuestos. Las referidas reglas detransición diseñadas con el objetivo de salvaguardar el derecho a la administración de justicia de las entidades recobrantes se resumen así[10]:

Universo de casos a los que aplican las reglas de transiciónProcesos en trámite ante la jurisdicción ordinaria laboral en dos lapsos: a) Al momento de la expedición del Auto 389 de 2021 y que, producto del cambio jurisprudencial se remitieron a la jurisdicción de lo contencioso

trámite ante la jurisdicción ordinaria laboral en dos lapsos: a) Al momento de la expedición del Auto 389 de 2021 y que, producto del cambio jurisprudencial se remitieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, a la expedición del Auto 1942 de 2023, habían sido rechazadas o inadmitidas por una autoridad judicial de dicha jurisdicción.

b) Al momento de la expedición del Auto 389 de 2021 y/o al expedir el Auto 1942 de 2023 y que, producto del cambio jurisprudencial, serán remitidas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo hasta 6 meses después de la expedición del Auto 1942 de 2023 [proferido el 23 de agosto de 2023] y, en esa sede judicial, se deben proferir decisiones de rechazo o inadmisión por el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad (recursos obligatorios y conciliación extrajudicial) y del término de caducidad. Demandas promovidas ante la jurisdicción contencioso administrativa en tres momentos:

c) Después de la expedición del Auto 389 de 2021, inadmitidas o rechazadas a la expedición del Auto 1942 de 2021 por no acreditar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad para acudir ante dicha jurisdicción.

d) Después de la expedición del Auto 389 de 2021 y que se encontraban en trámite al expedir el Auto 1942 de 2023 y, en esa sede judicial se deben proferir decisiones de rechazo o inadmisión.

e) Finalmente, las reglas aplican para las demandas que se iniciaron o se inicien hasta 6 meses después de la publicación del Auto 1942 de 2023 que realizará el

decisiones de rechazo o inadmisión.

e) Finalmente, las reglas aplican para las demandas que se iniciaron o se inicien hasta 6 meses después de la publicación del Auto 1942 de 2023 que realizará el Consejo Superior de la Judicatura. Reglas de transición Agotamiento previo de recursos

Esta obligación no aplica para las acciones de nulidad y restablecimiento de derecho dirigidas contra la Adres -antes Fosyga-, pues en el procedimiento administrativo especial de recobros contra dicha entidad únicamente se regula un mecanismo de objeción, el cual es potestativo. Las decisiones de laADRES son definitivas. En esa medida, las autoridades judiciales no deben exigir a los demandantes el agotamiento del anterior procedimiento u otro adicional como requisito para la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho. Conciliación extrajudicial

Este requisito no será exigible y como consecuencia los jueces no deben inadmitir o rechazar las demandas por la falta del referido presupuesto. En los casos en los que las entidades demandantes de forma potestativa hubieran intentado una conciliación previa para acudir al juez laboral, esta podrá ser tenida en consideración por los jueces contenciosos al analizar los presupuestos de la correspondiente acción; sin embargo, las falencias que la misma pueda presentar, en ningún caso acarrearán una obstaculización del derecho de acción. En los casos en que exista un acuerdo conciliatorio previo entre las partes el juez administrativo deberá

valorarlo en garantía de los efectos de la cosa juzgada de la conciliación extrajudicial y el principio de seguridad jurídica. Sin perjuicio de la no obligatoriedad de este requisito, el juez administrativo, conforme al contenido del artículo 180 de CPACA, en desarrollo de la audiencia inicial deberá invitar a las partes a conciliar. Caducidad del medio de control Para los efectos de las presentes reglas, los jueces administrativos al deberán valorar la diligencia del demandante contabilizando en cada caso concreto el término de la prescripción que debió tener en cuenta el juez laboral y de la seguridad social. Medidas de publicidad Las reglas de transición descritas deberán ser publicadas en la página web y en las redes sociales de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura por el término de un (1) mes. La Corte dispuso comunicar el contenido del Auto 1942 de 2023 a (i) las EPS que actualmente se encuentran activas; (ii) los patrimonios autónomos de remanentes de las EPS liquidadas, y (iii) todos los jueces de laRepública. Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura deberá socializar las reglas de transición entre los jueces por el lapso de 6 meses.

Caso concreto

de las EPS liquidadas, y (iii) todos los jueces de laRepública. Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura deberá socializar las reglas de transición entre los jueces por el lapso de 6 meses.

Caso concreto

12. En el asunto de la referencia se presentó un conflicto negativo dejurisdicción entre el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín,Antioquia y el Juzgado Veinticinco Administrativo de la misma ciudad, deacuerdo con los presupuestos analizados. Para resolver lo anterior, la SalaPlena reiterará la regla de decisión establecida en el Auto 389 de 2021,según el cual las controversias en las que una EPS demande a la ADRES conel propósito de obtener el reconocimiento y pago de recobroscorrespondientes a servicios o tecnologías en salud excluidas del extinto POS(hoy PBS), son competencia de la jurisdicción contencioso administrativa deconformidad a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011.

13. Así las cosas, la Corte, en atención a lo dispuesto en los Auto 389 de2021 remitirá el expediente CJU-1855 al Juzgado Veinticinco Administrativode Medellín, Antioquia para que continue con el presente trámite yverifique/determine la aplicación al caso concreto de las reglas de transiciónestablecidas en el Auto 1942 de 2023. Esta autoridad deberá comunicar lapresente decisión al juez laboral involucrado en el conflicto y a los sujetosprocesales e interesados. III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

Primero: DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el JuzgadoDoce Laboral del Circuito de Medellín, Antioquia y el Juzgado VeinticincoAdministrativo de la misma ciudad, y DECLARAR que el Juzgado Veinticinco Administrativo de Medellín, Antioquia es la autoridadcompetente para conocer la demanda promovida por la Caja deCompensación Familiar -Comfenalcode Antioquia, en contra del Ministeriode Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del SistemaGeneral de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Segundo: REMITIR el expediente CJU-1855 al Juzgado VeinticincoAdministrativo de Medellín, Antioquia, para lo de su competencia y para quecomunique la presente decisión al Juzgado Doce Laboral del Circuito de lamisma ciudad y a los sujetos procesales e interesados dentro del trámitejudicial.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

MagistradoALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZSecretaria General[1] Expediente digital, 23ActaRepartoJuzLaboral.pdf. [2] Expediente digital, demanda( 180) comfenalco.docx. [3] Expediente digital, 21AutoResuelvePrevia-IntegraLisConADRES.pdf .El 3 de noviembre de 2021, el Juzgado Doce Laboral del Circuito deMedellín, Anoquia ordenó la integración del lisconsorcio necesario por pasiva con la Adres en atención del arculo 61 del CódigoGeneral del Proceso. [4] Expediente digital, demanda( 180) comfenalco.docx. Como fundamento de lo anterior, la demandante mencionó los servicios queprestó en cumplimiento de las autorizaciones emidas por el Comité Técnico Cienfico. Además, informó que lo anterior fue reclamado “através del procedimiento administravo especial de recobro y que fueron negados mediante la imposición de glosas injusficadas”. [5]Expediente digital, 22AutoDeclaraFaltaDeCompetencia.pdf. [6] Expediente digital,  29AutoConflictoCompetenciaLaboral202100337.pdf. [7] Expediente digital, OficioRemiteCorteConstucionalConflictoJurisdiccion. [8]. Expediente Digital, Archivo 03CJU-1855 Constancia de Reparto.pdf. [9] Auto 155 de 2019. [10] El presente resumen ene una finalidad meramente informava y no sustuye los contenidos del Auto 1942 de 2023.