CC - A2665-2023

A2665-23TEMAS-SUBTEMAS Auto A-2665/23 COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Controversias sobrerecobros de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios de salud-PBS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

AUTO 2665 DE 2023

Referencia: expediente CJU-4308

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá y elJuzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, laprevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES

1. La entidad promotora de salud Sanitas S.A. (en adelante, EPS Sanitas) interpuso demanda de reparacióndirecta en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social (en adelante, el demandado). Esto, con elfin de que, entre otras cosas, (i) “se declare administrativa, extracontractual y solidariamente responsable [aldemandado] por los perjuicios materiales causados a la [demandante], con ocasión de la falta de reconocimiento ypago de trece (13) recobros […], por concepto del suministro o provisión de los servicios, insumos, medicamentosy/o procedimientos NO incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS, […] los cuales fueron efectivamentesuministrados y cubiertos en su momento por EPS Sanitas a favor de afiliados y beneficiarios suyos y cuyos

respectivos recobros fueron glosados”[1]; y (ii) “[q]ue como consecuencia de la declaración anterior, se condene [aldemandado] a cancelar a la demandante por concepto de perjuicios materiales […] la suma de ciento treinta y tres millones cincuenta y siete mil ochocientos noventa y seis ($ 133.057.896)”[2] pesos.2. El 25 de septiembre de 2015, el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera,resolvió: (i) declarar la falta de jurisdicción para conocer la presente controversia y (ii) remitir el proceso a los juzgados Laborales del Circuito de Bogotá (reparto), para que conozcan del asunto[3]. Argumentó que “a lajurisdicción contenciosa administrativa no le es dado conocer de la presente demanda, por cuanto la controversiaversa sobre los perjuicios materiales causados, según se afirma, con ocasión de la falta de reconocimiento y pago de13 recobros por concepto de suministro o provisión de servicios, insumos, medicamentos y procedimientos noincluidos en el POS, ordenados por fallos de tutela o por el Comité Técnico Científico, luego la controversia es propia del Sistema de Seguridad Social Integral”[4]. Lo anterior, de conformidad con los artículos 104, 105 y 168del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA) y laprovidencia proferida el 28 de enero de 2015 por la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura en elradicado 11001010200020140273200. 3. Por reparto, el proceso correspondió al Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá, el cual, mediante auto de

10 de agosto de 2016, dispuso “[a]vocar el conocimiento de las […] diligencias”[5] y requerir la adecuación de la demanda. Una vez adecuada esta última, a través de auto de 9 de noviembre de 2016[6], el juzgado admitió lademanda y corrió traslado de la misma. No obstante, el 1 de junio de 2023 el Juzgado 33 Laboral del Circuito deBogotá resolvió (i) declarar la falta de jurisdicción para darle trámite a la demanda, (ii) provocar conflicto negativode jurisdicciones entre ese despacho y el Juzgado 36 Administrativo Oral de Bogotá, y (iii) remitir las diligencias a la Corte Constitucional para que resuelva el conflicto[7]. Argumentó que, de acuerdo con el auto A-389 de 2021 dela Corte Constitucional, “ ‘el proceso judicial de recobro no corresponde, en estricto sentido, a una controversiarelativa a la prestación de servicios de seguridad social. (…) es decir, no tiene por objeto decidir sobre la prestacióndel servicio sino sobre su financiación. En este sentido, el recobro busca resolver un desequilibrio económico entre el Estado y una EPS’ ”[8]. 4. El 3 de octubre de 2023, el expediente fue asignado al despacho de la magistrada sustanciadora. Luego, el 5 de octubre 2023, la Secretaría General de la Corte Constitucional lo remitió al referido despacho[9].

I. CONSIDERACIONES

1. Competencia

5. La Corte Constitucional es competente para resolver el presente conflicto de jurisdicciones, de conformidadcon lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

2. Delimitación del asunto objeto de revisión y metodología

5. La Corte Constitucional es competente para resolver el presente conflicto de jurisdicciones, de conformidadcon lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

2. Delimitación del asunto objeto de revisión y metodología

6. La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá y elJuzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, la cual versa sobre la competencia paraconocer la demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social. A estosefectos, la Sala, en primer lugar, verificará si la controversia entre estas autoridades judiciales cumple con lospresupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (II.3 infra). En segundo lugar, deconstatarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará las reglas de competencia en asuntos relacionados conel pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el extinto POS (hoy PBS) y por lasdevoluciones o glosas a las facturas entre entidades del SGSSS (II.4 infra). En cuarto lugar, reiterará las reglas detransición establecidas ante la variación de la regla de competencia para conocer de los procesos relacionados con elpago de recobros judiciales (II.5 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicialque debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (II.6 infra).

3. Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

3. Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

7. Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones sepresentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porqueestiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia(positivo)”[10]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de controversias se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo[11], loscuales se explican en el siguiente cuadro: Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones

1. Presupuestosubjetivo Exige que la controversia se presente entre por lo menosdos autoridades que administren justicia y formen partede distintas jurisdicciones. De este modo, “el conflictode jurisdicción no puede provocarse autónomamente por las partes del respectivo proceso” [12].

2. Presupuestoobjetivo Implica que la disputa debe recaer sobre elconocimiento de una causa de naturaleza judicial, no política o administrativa[13].

3. Presupuestonormativo Exige constatar que las autoridades judiciales encolisión hayan manifestado expresamente las razones deíndole constitucional o legal, por las cuales consideranque son competentes o no para conocer del asunto concreto[14].

3. Presupuestonormativo Exige constatar que las autoridades judiciales encolisión hayan manifestado expresamente las razones deíndole constitucional o legal, por las cuales consideranque son competentes o no para conocer del asunto concreto[14].

8. La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones. Esto es así por las siguientes razones: (i) Satisface el presupuesto subjetivo, porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones,esto es, (i) el Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá, que forma parte de la jurisdicción ordinaria, y(ii) el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá Sección Tercera, que forma parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo[15].

(ii) El conflicto cumple con el presupuesto objetivo, puesto que las autoridades judiciales rechazan elconocimiento de la demanda de reparación directa presentada por EPS Sanitas en contra de la Nación –Ministerio de Salud y Protección Social, la cual debe resolverse por medio de un trámite de naturalezajudicial.

(iii) El presupuesto normativo se encuentra acreditado, debido a que las autoridades judiciales enfrentadasexpusieron las razones de índole legal y jurisprudencial por las cuales consideran que carecen decompetencia para conocer del asunto (ver párrs. 2 y 3 supra).

4. Competencia para decidir las controversias relacionadas con el pago de recobros judiciales al Estadopor prestaciones no incluidas en el extinto POS (hoy PBS) y por las devoluciones o glosas a las facturasentre entidades del SGSSS. Reiteración de los autos 389 de 2021 y 862 de 2021

9. En el Auto 389 de 2021[16], la Corte Constitucional estableció la siguiente regla de decisión: El conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidosen el POS, hoy PBS, corresponde a los jueces contencioso administrativos, en virtud de lo dispuesto en elinciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estos se cuestiona por parte deuna EPS un acto administrativo proferido por la ADRES. || Este tipo de controversias no corresponde a lasprevistas en el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en lamedida en que no se relacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social.En cambio, se trata de litigios presentados exclusivamente entre entidades administradoras y relativos a lafinanciación de servicios ya prestados, que no implican a afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores.

10. Como fundamento, la Sala consideró que es razonable que el control de los actos administrativos proferidosen el marco del trámite de recobros por prestaciones no incluidas en el extinto POS (hoy PBS), así como por lasdevoluciones o glosas a las facturas entre entidades del SGSSS, deba estar a cargo de la jurisdicción de locontencioso administrativo. Esto, porque el procedimiento de recobro (i) es más que una simple presentación defacturas al cobro, en la medida en que constituye un verdadero procedimiento administrativo[17] y (ii) concluye con la expedición de un acto administrativo que consolida o niega la existencia de la obligación[18]. Así mismo, la Salaconsideró que los asuntos relacionados con el pago de recobros no son controversias de la seguridad social, porque(i) no versan sobre la prestación de los servicios de la seguridad social, dado que el servicio ya se suministró y lo

pretendido es restablecer el desequilibrio económico entre el Estado y una EPS[19], y (ii) son litigios entreentidades administradoras del Sistema de Seguridad Social en Salud que no implican a afiliados, beneficiarios ousuarios ni a empleadores, razón por la cual no les es aplicable el numeral 4º del artículo 2 del CPTSS, modificado por el artículo 622 del CGP[20].

11. Por lo demás, en el Auto 862 de 2021[21] la Corte Constitucional precisó que la regla de decisión fijada enel Auto 389 de 2021 es aplicable a los asuntos de recobros que van dirigidos en contra del Ministerio de Salud yProtección Social. Lo anterior, porque “si bien, no se cuestiona un acto administrativo expedido directamente por laADRES sino por la mencionada cartera ministerial, lo cierto es que la referida administradora está adscrita alministerio y asumió la defensa en los procesos judiciales que estaban a cargo de la Dirección de Administración deFondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social, así como le fueron transferidos todossus derechos y obligaciones y, por lo tanto, en la actualidad es la encargada de asumir lo relacionado con losrecobros tramitados ante el ministerio”. 5. Reglas de transición frente al cambio jurisprudencial efectuado mediante el Auto 389 de 2021.Reiteración del Auto 1942 de 2023

12. En el Auto 1942 de 2023[22], la Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció frente a las dificultadesderivadas del cambio de jurisprudencia realizado mediante el Auto 389 de 2021, en cuanto a la regla decompetencia para conocer las controversias relacionadas con el pago de recobros judiciales por prestaciones no

incluidas en el extinto POS (hoy PBS) y por las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del SGSSS[23].Las referidas dificultades se presentan, principalmente, porque antes de que la Corte Constitucional estableciera laregla de competencia prevista en el Auto 389 de 2021, las controversias relacionadas con el pago de recobrosjudiciales eran asignadas y conocidas por la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridadsocial. De este modo, al variarse la competencia para conocer de estos asuntos y asignarse la misma a lajurisdicción de lo contencioso administrativo, los casos se enfrentan a circunstancias, tales como: (i) Rechazo o inadmisión de la demanda por no haberse agotado los requisitos de procedibilidad de (a)interponer los recursos previos en la vía administrativa; (b) haber agotado la conciliación prejudicial, o (c)haber interpuesto la demanda dentro del término de caducidad de cuatro (4) meses. (ii) Nuevos conflictos entre jurisdicciones, a pesar de que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de laJudicatura había ya resuelto un conflicto de la misma naturaleza, asignando el asunto a la jurisdicciónordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social, de conformidad con la regla vigente en aquelmomento. 13. Para afrontar estas dificultades y tomando en consideración los efectos del Auto 389 de 2021 en el tiempo,la Corte adoptó las siguientes reglas de transición:

Reglas de transición En relación conel agotamientode los recursosadministrativosobligatorios El requisito de agotar previamente los recursos obligatorios no aplica frente a las demandas de nula finalidad de obtener el recobro judicial por prestaciones de servicios de salud no incluidos en el p

Reglas de transición En relación conel agotamientode los recursosadministrativosobligatorios El requisito de agotar previamente los recursos obligatorios no aplica frente a las demandas de nula finalidad de obtener el recobro judicial por prestaciones de servicios de salud no incluidos en el p Las autoridades judiciales no deben exigir que se adelante el trámite de objeción ante la ADRES (ny restablecimiento del derecho sea admitido. En relación conel agotamientode la El requisito de procedibilidad previsto en el numeral 1º del artículo 161 del CPACA, es decir, el agconciliaciónextrajudicial En aquellos eventos en los que exista un acuerdo conciliatorio entre las partes, el mismo deberá ser Los jueces administrativos deberán invitar a las partes a conciliar sus diferencias proponiendo previsto en el artículo 180 del CPACA . En relación conlos términos decaducidad delmedio decontrol Los jueces administrativos deberán contabilizar el término de caducidad de las demandas ordinariacuenta el juez laboral y de la seguridad social al momento de admitir la demanda. En relación conla publicidaddel Auto 1942de 2023 Las reglas de transición descritas podrán ser consultadas en la página web y en las redes sociales dtérmino de un (1) mes. Se dispuso comunicar el contenido del Auto 1942 de 2023 a (i) las EPS que actualmente se encuenliquidadas, y (iii) a todos los jueces de la República.

14. En todo caso, la Sala Plena precisó que las reglas de transición descritas son aplicables a los casos que seenmarquen en las siguientes hipótesis:

Casos en los que serán aplicables las reglas de transición del Auto 1942 de 2023

14. En todo caso, la Sala Plena precisó que las reglas de transición descritas son aplicables a los casos que seenmarquen en las siguientes hipótesis:

Casos en los que serán aplicables las reglas de transición del Auto 1942 de 2023 Demandas que estaban entrámite ante la JurisdicciónOrdinaria Laboral (i) almomento de expedición del auto389 de 2021 y/o (ii) que seencontraban en trámite alexpedir el auto 1942 de 2023, yque, a partir del cambio deprecedente: a) Los expedientes fueron remitidos a lajurisdicción de lo contencioso administrativo, yen esa sede judicial se adoptó una decisión derechazo o inadmisión. b) Los expedientes sean remitidos a lajurisdicción de lo contencioso administrativohasta máximo seis (6) meses después de lapublicación del Auto 1942 de 2023. Y en esasede judicial se deba adoptar una decisión derechazo o inadmisión. Demandas presentadas ante laJurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo conposterioridad a la expedición delauto 389 de 2021 y que, a partirdel cambio de precedente: c) Los expedientes fueron inadmitidos orechazados por incumplir con los requisitos deprocedibilidad, según el medio de control elegidopor el accionante. d) Los expedientes se encuentran en trámite almomento de la expedición Auto 1942 de 2023 yse encuentran en la etapa de estudio deadmisibilidad.

Demandas que no han sidopresentadas y que: e) Los expedientes sean radicados hasta máximoseis (6) meses después de la publicación del Auto1942 de 2023 por parte del Consejo Superior dela Judicatura.

15. Por lo demás, la Sala concluyó que las reglas adoptadas en el Auto 1942 de 2023 no son aplicables a loscasos en los que exista decisión previa del Consejo Superior de la Judicatura, en la que este haya dirimido unconflicto entre jurisdicciones indicando que la jurisdicción ordinaria era la competente para conocer de un procesorelacionado con el pago de recobros judiciales al Estado. Esto, porque las decisiones proferidas por esa entidadgozan del principio de intangibilidad y no pueden ser revocadas o reformadas. 16. Ahora bien, las reglas de transición adoptadas en el Auto 1942 de 2023 son aplicables a los procesosiniciados en contra del Ministerio de Salud y Protección Social en relación con el pago de recobros. Esto, porque elproceso administrativo que se adelantaba ante el Fondo de Solidaridad y Garantía –FOSYGA– se puede equiparar en gran medida al que se adelanta actualmente ante la ADRES[24]. El Auto 1942 de 2023 precisó que el procedimiento especial que se adelanta ante la ADRES[25] consagra un mecanismo de réplica frente a la decisiónsobre el recobro, el cual debe ser resuelto por la misma entidad. En concreto, el artículo 56 de la Resolución 1885de 2018 determina que en el procedimiento administrativo de pago de recobros es posible ejercer un trámite deobjeción frente a la comunicación inicial de la ADRES.

17. Al verificar el procedimiento de recobros que se adelantaba antes de que la ADRES asumiría dicha función,la solicitud de recobro ante el FOSYGA debía presentarse a través de la dependencia de correo y radicación delMinisterio de la Protección Social. El Ministerio de la Protección Social o la entidad que se definía para tal efecto,adelantaba el estudio de la solicitud de recobro e informaba a la entidad reclamante el resultado del mismo, a mástardar dentro de los dos (2) meses siguientes a su radicación. La comunicación del resultado de la auditoríaefectuada por el Ministerio de la Protección Social podía ser objetada por la entidad recobrante acudiendo ante quien emitió dicha comunicación, para que confirmara o modificara su decisión inicial[26]. Asimismo, se evidencia que el procedimiento especial de recobro se ha regulado de forma similar desde el año 2006[27]. Teniendo encuenta que aún no existía la ADRES, las demandas se dirigían generalmente frente al Ministerio de Salud. 6. Caso concreto 18. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el caso que suscita elconflicto sub examine. Esto es así, por cuanto (i) la EPS cuestiona las decisiones tomadas por Nación – Ministerio

de Salud y Protección Social[28]; (ii) a través de la demanda se pretende el reconocimiento y pago de trece (13)cuentas de recobros, y (iii) se cuestiona las decisiones del demandado, por medio de las cuales negó el pago talescuentas, en el marco del trámite administrativo de recobro. Por ende, no se trata de un asunto relacionado con laprestación de los servicios de la seguridad social. Por lo demás, la Sala reitera que, conforme a lo dispuesto por elAuto 389 de 2021, la competencia para conocer de los conflictos de jurisdicciones relacionados con el pago derecobros judiciales es de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En consecuencia, las reglas de transiciónindicadas (párr. 14 supra) serían aplicables al caso sub examine. En dichos términos, la Sala Plena concluye que laautoridad judicial competente para conocer la demanda sub examine es el Juzgado 36 Administrativo del Circuitode Bogotá, Sección Tercera y, por lo tanto, ordenará remitirle el expediente CJU-4308, para lo de su competencia.

II. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE

Primero. - DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá y elJuzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera en el sentido de DECLARAR que el Juzgado36 Administrativo del Circuito de Bogotá Sección Tercera es la autoridad competente para conocer la demandapromovida por EPS Sanitas en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social.

Segundo. - REMITIR el expediente CJU-4308 al Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá SecciónTercera para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y alJuzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

DIANA FAJARDO RIVERA

PresidentaNATALIA ÁNGEL CABO Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Magistrado Ausente con comisión

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS MagistradoANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ Secretaria General[1] 01ExpedienteDigitalParte01.pdf. p. 5. [2] Ib. [3] Ib., p. 288. [4] Ib., p. 287. [5] Ib., p, 293. [6] Ib., p. 487. [7] 06AutoProvocaConflictoRemiteConflicto.pdf, f, 2. [8] Ib., f, 1.

[9] 03CJU-4308 Constancia de Reparto.pdf [10] Corte Constucional, Auto 345 de 2018 reiterado, entre otros, por los autos 328 y 452 de 2019, 233 de 2020 y 041 de 2021. [11] Corte Constucional, Auto 155 de 2019 reiterado, entre otros, por los autos 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020. [12] Corte Constucional, Auto 452 de 2019, a través del cual también se reitera el Auto 155 de 2019. En similar sendo, ver el Auto 556 de 2018, reiterado por los autos 691 y 716 de 2018. [13] Este requisito exige a la Corte Constucional verificar que “está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional. En este sendo, no exisrá conflicto cuando: (a)se evidencie que el ligio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administravo o políco, pero no jurisdiccional (Arculo116 de la CP”. Corte Constucional, Auto 041 de 2021. [14] Id.

[14] Id. [15] Tales conclusiones encuentran fundamento normavo en los capítulos 2º y 3º del Título VIII de la Constución Políca y el arculo 11 de la Ley 270 de 1996, parcularmente, los literales a y b de dichanorma estatutaria. Ley 270 de 1996, art. 11. “La Rama Judicial del Poder Público está constuida por: // I. Los órganos que integran las disntas jurisdicciones: // a) De la Jurisdicción Ordinaria: […] // 3.Juzgados civiles, laborales […] // b) De la Jurisdicción de lo Contencioso Administravo: […] 3. Juzgados Administravos”. [16] Expediente CJU-072. [17] Cfr. Ib., . 36. [18] Cfr. Ib., . 37. [19] Cfr. Ib., . 24. [20] El numeral 4º del arculo 2 del CPTSS, modificado por el arculo 622 del CGP, enmarca las controversias relavas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados,beneficiarios o usuarios, los empleadores y las endades administradoras o prestadoras. Cfr. Ib. j. 25 y 30. [21] Expediente CJU-403. [22] Expediente CJU-1741. [23] En parcular, el Consejo Superior de la Judicatura remió a la Corte una comunicación del Juzgado 4 Administravo de Bogotá en el que adviró una serie de dificultades derivadas del cambio dejurisprudencia adoptado por la Corte Constucional en el Auto 389 de 2021.

[24] El Auto 1942 de 2023 precisó que el procedimiento especial que se adelanta ante la ADRES consagra un mecanismo de réplica frente a la decisión sobre el recobro, el cual debe ser resuelto por la mismaendad. En concreto, el arculo 56 de la Resolución 1885 de 2018 determina que en el procedimiento administravo de pago de recobros es posible ejercer un trámite de objeción frente a la comunicacióninicial de la ADRES. Al verificar el procedimiento de recobros que se adelantaba antes de que la ADRES asumiría dicha función, se encuentra lo siguiente. La solicitud de recobro ante el FOSYGA debíapresentarse a través de la dependencia de correo y radicación del Ministerio de la Protección Social. El Ministerio de la Protección Social o la endad que se definía para tal efecto, adelantaba el estudio de lasolicitud de recobro e informaba a la endad reclamante el resultado del mismo, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a su radicación. La comunicación del resultado de la auditoria efectuadapor el Ministerio de la Protección Social podía ser objetada por la endad recobrante acudiendo ante quien emió dicha comunicación, para que confirmara o modificara su decisión inicial. Por lo demás, seevidencia que el procedimiento especial de recobro se ha regulado de forma similar desde el año 2006; teniendo en cuenta que aún no exisa la ADRES, las demandas se dirigían generalmente frente alMinisterio de Salud. [25] Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1885 de 2018.

[26] Ministerio de la Protección Social, Resolución 3099 de 2008. [27] Cfr. Resoluciones 2933 de 2006, 458 de 2013, 5395 de 2013, 1328 de 2016. [28] Según el arculo 66 de la Ley 1753 de 2015, la ADRES tendrá por objeto, entre otros, “administrar los recursos que hacen parte del Fondo de Solidaridad y Garanas (Fosyga)”