CC - A269-2022

Auto 269/22 INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Incumplimiento del presupuesto subjetivo

Referencia: expediente CJU-1766.

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Fiscalía 4 Seccional de Ramiriquí y el Juzgado 191 de Instrucción Penal Militar de Tunja, ambos de Boyacá.

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente AUTO

I. ANTECEDENTES

1. De acuerdo con la información obrante en el expediente,1 el 5 de octubre de 2012, sobre las 10 horas, en los dormitorios de la Estación de Policía del municipio de Tibaná, Boyacá, los patrulleros Rodrigo Romero Casallas y Fabio Ernesto Sastoque Melo habrían apuntado a modo de broma sus respectivas pistolas de dotación oficial en contra del otro. Entretanto, el señor Romero Casallas presuntamente accionó su arma e impactó a su compañero en la parte frontal de su cráneo y, en consecuencia, Sastoque Melo falleció.

2. En el marco de la investigación bajo CUI número 155996000124-201200146, la Fiscalía 34 Seccional de Ramiriquí, Boyacá, emprendió diversos actos urgentes. Entre otros, entrevistó a los miembros de la Estación de Policía

Andrés George Cárdenas Cárdenas2 y Jairo Rodríguez Archila.3 El primero

aseveró que el 5 de octubre de 2012, el patrullero Romero le había informado que el señor Sastoque Melo había ingresado a la habitación y ambos 1 Cfr. Archivo digital – “155996000124201200146 C1.pdf.” Específicamente, ver el escrito de acusación presentado el 21 de febrero de 2014 en los folios 204 – 211, así como el Auto de apertura de investigación de la Jurisdicción Penal Militar del 29 de enero de 2019, visible en el archivo “155996000124201200146 C2.pdf”, folio 150. 2 Archivo digital – “155996000124201200146 C1.pdf.” Folios 9 – 20. 3 Ibídem. Folios 24 – 26. comenzaron a “chancearse.” Según indicó, en medio del “juego” el último desenfundó su pistola mientras que Romero Casallas hizo lo propio. Luego, el señor Romero Casallas le apuntó a Sastoque Melo y ahí fue cuando “se produjo el disparo.” Posteriormente, el indiciado salió del lugar y le dijo al entrevistado que “se [l]e disparó el arma, y [que él] no lo quería matar.” Por su parte, el señor Rodríguez Archila, manifestó que “Romero y Sastoque iniciaron un juego de palabras soeces en el que se mostraban y se apuntaban con las armas de fuego en medio de lo cual y como consecuencia resultó herido de gravedad el primero.”4

3. El 25 de noviembre de 2013, ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Tibaná, Boyacá, la Fiscalía formuló imputación en contra de Rodrigo Romero Casallas como presunto autor del

delito de homicidio culposo, conforme al Artículo 109 de la Ley 599 de 2000.5 El imputado no aceptó los cargos.6

4. El 21 de febrero de 2014, se radicó escrito de acusación7 por los mismos hechos y calificación jurídica, el cual correspondió por reparto al Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ramiriquí, Boyacá. Sin embargo, el 4 de abril del mismo año la Fiscalía presentó un preacuerdo que, en principio, su verificación y aprobación se habría de surtir el 17 de febrero de 2015. Sin embargo, el 31 de octubre de 2016, mediante Oficio DSF24362,8 el titular de la acción penal solicitó a la autoridad judicial continuar con la formulación de acusación dado que “el preacuerdo no prosperó.”

5. Luego de múltiples actuaciones,9 mediante oficio del 15 de enero de 2018,10 la nueva titular de la Fiscalía 34 Seccional de Ramiriquí afirmó que, a partir de los elementos materiales probatorios y evidencia física recolectados, se infería que la investigación y juzgamiento de la muerte de Fabio Ernesto Sastoque Melo debía ser adelantada por la Jurisdicción Penal Militar. Lo anterior, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1407 de 201011 y la Sentencia SU1184 de 2001,12 por cuanto los involucrados (i) eran miembros activos de la Fuerza Pública y (ii) la conducta desplegada emergió como una extralimitación de las funciones que legal y constitucionalmente les fueron encomendadas. En concreto, con origen en el “uso inadecuado de las armas

de dotación, con violación de todos los protocolos de seguridad, custodia y 4 Ibídem. Folio 24. 5 [P]or la cual se expide el Código Penal”. 6 Ibíd., folios 193 – 194. 7 Ibíd., folios 204 – 206. 8 Archivo digital – “155996000124201200146 C2.pdf”. Folio 11. 9 Un resumen de lo acontecido procesalmente se encuentra en el Informe Ejecutivo Fiscal del 9 de marzo de 2017, en el cual el entonces titular de la Fiscalía 34 Seccional afirmó “La audiencia de formulación de acusación no se ha podido evacuar debido a diversas solicitudes elevadas por la apoderada de víctimas y el defensor del imputado. De otra parte, se desconoce el lugar actual de residencia del encartado […].” Cfr. Archivo digital “155996000124201200146 C2.pdf” .Folio 118. 10 Archivo digital – “155996000124201200146 C2.pdf”. Folios 114 – 147. 11 “Por la cual se expide el Código Penal Militar”. 12 M.P. Eduardo Montealegra Lynett. 2 manejo de armas.” Bajo ese contexto, afirmó que en caso de que la Jurisdicción Penal Militar no compartiera sus argumentos, proponía entonces “colisión negativa de competencia.”13

6. Una vez repartido el asunto, mediante Auto del 29 de enero de 2018,14 la entonces titular del Juzgado 191 de Instrucción Penal Militar de Tunja dispuso la apertura de investigación formal en contra del patrullero Romero Casallas por el delito de homicidio.15 Asimismo, por medio de diversas providencias16 ordenó el impulso de la actuación. Entre los resultados obtenidos se destaca:

(i) el acceso a la copia del proceso disciplinario adelantado contra el indiciado por la Oficina de Control Interno de Policía de Boyacá, en el cual fue destituido del cargo e inhabilitado por el término de diez años al ser encontrado responsable de la transgresión al Artículo 34, numeral 20 de la Ley 1015 de 2006,17 esto es “manipular imprudentemente arma de fuego […]”;18 y (ii) fijó como fecha de indagatoria el 19 de febrero de 2019; sin embargo, un día antes el indiciado solicitó aplazamiento al afirmar no poder contar con el acompañamiento de su apoderada.

7. En igual sentido procedió quien posteriormente se posesionó como nuevo titular del Juzgado 191 de Instrucción Penal Militar de Tunja.19 Entre otros, con el fin de impulsar el proceso ordenó (i) emitir orden de captura en contra de Rodrigo Romero Casallas para lograr su comparecencia;20 y (ii) ante la imposibilidad de localizar al indiciado, surtió el trámite necesario para declararlo persona ausente.21 Con todo, a través de Auto del 3 de noviembre de 2021,22 la autoridad judicial castrense rechazó la competencia para conocer de la investigación y juzgamiento en contra del señor Romero Casallas. Para ello, luego de citar algunos extractos de las declaraciones obrantes en el expediente, se refirió a las características del fuero penal militar y a las condiciones constitucionales necesarias para su activación.23

8. Bajo tales parámetros, concluyó, de un lado, que para el momento de los hechos el patrullero Romero Casallas se hallaba en servicio activo y, de otro,

13 Ibíd., folio 148. 14 Archivo digital “155996000124201200146 C2.pdf”. Folio 150. 15 Ibídem. 16 Cfr. Archivo digital “155996000124201200146 C2.pdf.” Auto del 31 de julio de 2018 (Folio 190); Archivo digital “155996000124201200146 C3.pdf” Auto del 2 de octubre de 2019 (Folio 206) y Auto del 24 de abril de 2020 (Cuaderno 3, Folio 261). 17 “[P]or medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional”. 18 Archivo digital “155996000124201200146 C3.pdf” Folio 118. El indiciado fue sancionado disciplinariamente tanto en primera y segunda instancia de acuerdo con las decisiones del 11 de marzo de 2013 y 3 de julio de 2013. Cfr. Ibídem., folios 72 – 75 y 157. 19 Según constancia del 12 de febrero de 2021. Cfr. Ibídem., folio 274. 20 Auto del 26 de julio de 2021. Ibíd., folio 277. 21 Auto del 30 de agosto de 2021. Ibídem., folio 296. 22 Ibíd., folios 297 – 305. 23 Para el efecto, citó los Artículos 218, 219 y 221 de la CP, así como la Sentencia SU-190 de 2021. M.P. Diana Fajardo Rivera. AV. Antonio José Lizarazo Ocampo. AV. Gloria Stella Ortiz Delgado. AV. Alberto Rojas Ríos. 3 que resultaba indiscutible que el comportamiento presuntamente perpetrado, es decir, no otro que “accionar su arma de dotación oficial ‘chanceándose’ en

contra de la humanidad de su compañero”, no guardaba ninguna relación con el servicio. Ello, pues la conducta de “viola[r] todos los protocolos de seguridad, custodia y manejo de armas resulta opuesta […] y abiertamente apartada de la misionalidad (sic) de las actividades propias del deber funcional.” En consecuencia, aceptó el conflicto propuesto por la delegada fiscal.

9. El conflicto de jurisdicciones fue remitido por la autoridad judicial castrense a la Corte Constitucional mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2021. En sesión virtual del 26 de enero de 2022, la Sala Plena lo repartió al Despacho de la Magistrada ponente. El 2 de febrero del año en curso fue cargado a través de la plataforma SIICOR.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. Competencia

10. De conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones.

2. Presupuestos para la configuración de un conflicto de competencias entre jurisdicciones

11. Este Tribunal ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo).”24

12. En ese sentido, se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones:25 (i) Presupuesto subjetivo, el cual exige que la

controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones;26 (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional;27 y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en 24 Autos 345 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; 328 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y 452 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 25 Auto 155 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 26 En consecuencia, no habrá conflicto de jurisdicciones cuando: (i) sólo sea parte una autoridad; (ii) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales; o (iii) ambas autoridades pertenezcan a la misma jurisdicción, pues se trataría de un asunto interno de la misma que debe ser definido por la autoridad competente para el efecto (Cfr. Artículos 17, 18, 37, 41 y 112 de la Ley 270 de 1996, así como 97 de la Ley 1957 de 2019). 4 colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.28

3. Alcance del presupuesto subjetivo frente a la legitimación de la Fiscalía General de la Nación para ser parte de conflictos de jurisdicción ante la

Jurisdicción Penal Militar29

13. Ahora bien, en relación con el presupuesto subjetivo, la Corte

Constitucional se ha pronunciado específicamente sobre la posibilidad de la Fiscalía General de la Nación para promover conflictos interjurisdiccionales. En concreto, en la Sentencia SU-190 de 2021,30 precisó que aun cuando desde una perspectiva orgánica la Fiscalía pertenece a la Rama Judicial, desde el punto de vista funcional cumple tanto con funciones jurisdiccionales como no jurisdiccionales. Frente a la primera hipótesis, ha sido advertido que en ese tipo de escenario, resulta claro que tiene la facultad de provocar y ser parte de conflictos de competencias entre jurisdicciones.

14. En torno al segundo escenario, es decir, cuando no cumple funciones jurisdiccionales, la Corte ha admitido la facultad excepcional de esta autoridad para promover o aceptar directamente conflictos entre jurisdicciones, en concreto, frente a la Jurisdicción Penal Militar y, por lo tanto, para ser parte de los mismos. Lo anterior, se reitera, tiene sustento en que el órgano de persecución penal: (i.1) ostenta la naturaleza de una entidad que administra justicia de acuerdo con la Constitución Política; (i.2) el ejercicio de la acción penal que constitucionalmente le fue encomendado se encuentra ligado necesariamente a la Jurisdicción Ordinaria; y (i.3) el reconocimiento de dicha facultad, en el contexto referido, propende por la satisfacción de importantes principios inmanentes a nuestro ordenamiento jurídico-constitucional, tales como los de celeridad, economía procesal, eficacia y acceso a la administración de justicia. 27 En este sentido, no existirá conflicto cuando: (i) se evidencie que el litigio no está en trámite o

no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (ii) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Artículo 116 de la CP). 28 Así pues, no existirá conflicto cuando: (i) se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, alguna de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o (ii) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia. 29 Reiteración de los autos 1168 (CJU-384) y 1163 (CJU-281). M.P. Diana Fajardo Rivera. 30 Sentencia SU-190 de 2021. M.P. Diana Fajardo Rivera. AV. Antonio José Lizarazo Ocampo. AV. Gloria Stella Ortiz Delgado. AV. Alberto Rojas Ríos. 5

15. Sin embargo, de acuerdo con lo precisado en el Auto 704 de 2021,31 la legitimación de la Fiscalía para proponer conflictos de competencia en el marco de la Ley 906 de 200432 se ha circunscrito a casos en que los conflictos de competencia suscitados entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar versen sobre posibles graves violaciones a los derechos humanos. De no ser el caso, entonces, no se entendería configurado el conflicto por ausencia del factor subjetivo. Con todo, frente a tal escenario el delegado del órgano de persecución penal bien podría acudir ante un Juez Penal con Función de Control de Garantías con el fin de solicitar que, a través

de audiencia innominada, dicha autoridad reclame o niegue la competencia de la Jurisdicción Ordinaria para conocer del asunto.

4. Sobre la noción de graves violaciones a Derechos Humanos33

16. Los derechos humanos tienen un carácter interdependiente e indivisible entre sí, al punto de que cada violación o menoscabo a un derecho humano es igualmente importante en términos de su garantía y protección. Sin embargo, la comunidad internacional de derechos humanos ha advertido que algunas violaciones a derechos humanos requieren un tratamiento especial y diferenciado, en razón de la gravedad de su menoscabo. Estas han sido catalogadas bajo el estándar de “graves violaciones a derechos humanos.”34

17. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha precisado que “toda violación a los derechos humanos supone una cierta gravedad por su propia naturaleza, porque implica el incumplimiento de determinados deberes de respeto y garantía de los derechos y libertades a cargo del Estado a favor de las personas. Sin embargo, ello no debe confundirse con lo que el Tribunal a lo largo de su jurisprudencia ha considerado como ‘violaciones graves a los derechos humanos’, las cuales, tienen una connotación y consecuencias propias.”35

18. Pese a su importancia, no existe una definición unívoca del concepto de graves violaciones de derechos humanos en la jurisprudencia nacional ni en los diferentes instrumentos y fuentes del derecho internacional. Así lo ha reconocido esta Corporación36 y sectores de la doctrina especializada.37 Sin 31 M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 32 “[P]or la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

33 Reiteración de los autos 1168 (CJU-384) y 1163 (CJU-281). M.P. Diana Fajardo Rivera. 34 Cfr. Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo, 2001 y Caso Vera Vera y otra vs. Ecuador. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 2011. 35 Cfr. Corte IDH,. Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, 2012. 36 Sentencia C-579 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SPV. Nilson Pinilla Pinilla. SPV. Mauricio González Cuervo. AV. María Victoria Calle Correa, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva. AV. Jorge Iván Palacio Palacio y Sentencia C-007 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera. SPV. Antonio José Lizarazo Ocampo. AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez. AV. Gloria Stella Ortiz Delgado. AV. Alberto Rojas Ríos. 37 Medina, Cecilia. (1988). The Battle of Human Rights: Gross, Systematic Violations and the Inter – American System. Dordrecth: Martinus Hilhoff Publishers; Handbook of International Human Rights Terminology, Board of Regents of the University of Nebraska, Nebraska, 2004. Ver también, 6 embargo, en aras de dotar de contenido dicho estándar, la Corte Constitucional, con apoyo en la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales sobre la materia y los documentos de órganos oficiales de derechos humanos, se ha ocupado (i) de las conductas susceptibles de predicarse dentro de esta categoría, en concreto, mediante la enunciación del “listado” de aquellas

actuaciones consideradas tradicionalmente como graves violaciones de derechos humanos y (ii) de los delitos que tipifican graves violaciones a los derechos humanos y que pueden implicar, a su vez, graves infracciones al derecho internacional humanitario.38

19. Así pues, primero, la jurisprudencia de esta Corporación39 ha destacado que en la actualidad las graves violaciones a los derechos humanos reconocidas por la comunidad internacional son, por lo menos, las ejecuciones extrajudiciales,40 la desaparición forzada,41 la tortura,42 el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, la servidumbre o trabajo forzoso,43 las masacres,44 la detención arbitraria y prolongada,45 el desplazamiento forzado,46 la violencia sexual contra las mujeres47 y el reclutamiento forzado de menores de edad.48

Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra. What amounts to ‘a serious violation of international human rights law’? An analysis of practice and expert opinion for the purpose of the 2013 Arms Trade Treaty. Ginebra: Academia de Ginebra, 2014. 38 Sentencia C-579 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SPV. Nilson Pinilla Pinilla. SPV. Mauricio González Cuervo. AV. María Victoria Calle Correa, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva. AV. Jorge Iván Palacio Palacio. 39Sentencia C-579 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SPV. Nilson Pinilla Pinilla. SPV. Mauricio González Cuervo. AV. María Victoria Calle Correa, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas

Silva. AV. Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia C-007 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera. SPV. Antonio José Lizarazo Ocampo. AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez. AV. Gloria Stella Ortiz Delgado. AV. Alberto Rojas Ríos; Sentencia C-080 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez. SPV. y APV. Gloria Stella Ortiz Delgado. SPV. y APV. Alberto Rojas Ríos. AV. Alejandro Linares Cantillo. AV. Diana Fajardo Rivera. 40Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo, 2001. 41 Corte IDH. Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Reparaciones y costas, 2004. 42 Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo, reparaciones y costas, 2010. 43 Corte IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 2016. 44 Corte IDH. Caso Masacre de la Rochela vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas, 2007; Caso Masacre de las dos erres vs. Guatemala, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 2009 el cual es referido, entre muchos otros, en la Sentencia C-579 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SPV. Nilson Pinilla Pinilla. SPV. Mauricio González Cuervo. AV. María Victoria Calle Correa, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva. AV. Jorge Iván Palacio Palacio. 45 Corte IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo, 2001.

46 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 47 Corte IDH. Caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, 2006. 48 Al respecto, entre otros, ver Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949; Corte Penal Internacional, Caso Lubanga, 2012. Cfr. Sentencia C-579 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SPV. Nilson Pinilla Pinilla. SPV. Mauricio González Cuervo. AV. María Victoria Calle Correa, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva. AV. Jorge Iván Palacio Palacio y C240 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo. SV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SV. Clara Helena Reales Gutiérrez. SV. Humberto Antonio Sierra Porto. SV. Luis Ernesto Vargas Silva. 7

20. En segundo término, a partir de la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y las violaciones a los derechos humanos, se ha establecido que los delitos de lesa humanidad,49 algunos crímenes de guerra50 y el genocidio51 implican conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos. Dentro de la enunciación de las actuaciones que configuran la tipificación de cada una de las conductas referidas, existen igualmente algunos elementos característicos que, en el marco de su contexto, permiten predicar la existencia de una grave violación, a saber: (i) la sistematicidad o generalidad en el caso de los crímenes de lesa humanidad; (ii) la intención de destruir a un

grupo en lo referente al genocidio y (iii) el nexo con el conflicto armado, internacional o no, de los crímenes de guerra.52

21. Ahora bien, aunque no de manera exclusiva, definitiva o necesariamente concurrente entre sí, se han considerado como algunas características que prima facie permiten establecer la existencia de graves violaciones de derechos humanos, las siguientes: (i) la naturaleza del derecho afectado;53 (ii) la magnitud y/o sistematicidad de la lesividad ocasionada por la violación;54 49 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 2006. Entendidos como aquellos que “causa[n] sufrimientos graves a la víctima o atentar contra su salud mental o física; inscribirse en el marco de un ataque generalizado y sistemático; estar dirigidos contra miembros de la población civil y ser cometido por uno o varios motivos discriminatorios especialmente por razones de orden nacional, político, étnico, racial o religioso” (Sentencia C-1076 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández). Así mismo, ver Artículo 7 del Estatuto de Roma. 50 Cfr. Sentencia C-1076 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, se trata de “ciertas violaciones graves del derecho de los conflictos armados que los Estados decidieron sancionar en el ámbito internacional”, por ejemplo, de acuerdo con el Estatuto de Roma, Artículo 8. Sobre la diferencia entre crimen de lesa humanidad y crimen de guerra, esta Corporación ha sostenido que “[l]a conducta será, en términos del Estatuto de Roma un crimen de guerra si se realiza en el marco de

un conflicto armado y en relación con el mismo; mientras que será un crimen de lesa humanidad cuando las conductas típicas formen parte de un ataque, generalizado o sistemático, dirigido contra la población civil, dentro de la política de un Estado o una organización y con conocimiento del mismo” (Sentencia C-007 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera. SPV. Antonio José Lizarazo Ocampo. AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez. AV. Gloria Stella Ortiz Delgado. AV. Alberto Rojas Ríos). 51 Según el Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, Artículo 101: “El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros”, o cuando con el mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos: “1. Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo. 2. Embarazo forzado. 3. Sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. 4. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. 5. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.” Al respecto, ver también, Sentencia C-578 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 52 Sentencia C-579 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SPV. Nilson Pinilla Pinilla. SPV. Mauricio González Cuervo. AV. María Victoria Calle Correa, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas

Silva. AV. Jorge Iván Palacio Palacio. 53 Cfr. Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, fondo, reparaciones y costas, 2006. 54 La sistematicidad ha sido una característica en la calificación de una conducta como grave violación de derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte IDH. Sin embargo, su tratamiento no ha sido constante al punto de que dicho órgano ha reconocido que la inexistencia de un patrón generalizado o masivo no necesariamente descalifica una práctica como una grave vulneración de derechos humanos. Al respecto, pueden consultarse, entre otros, Corte IDH. Caso Bueno Alves vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas, 2007; Caso Tiu Tojín vs. Guatemala. Fondo, reparaciones y 8 (iii) el grado de vulnerabilidad de la víctima;55 (iv) el impacto social del menoscabo;56 (v) si los derechos humanos conculcados se encuentran internacionalmente protegidos y y, a su vez, si las conductas constituyen delitos conforme al derecho internacional.57

22. Frente a las consecuencias de calificar una conducta como grave violación de derechos humanos, en concreto, en casos en los cuales se ha discutido la responsabilidad de los Estados por la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de delitos, la jurisprudencia de la Corte IDH ha sido constante en que resultan inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir el cumplimiento de dichas obligaciones respecto de los perpetradores de violaciones graves de los derechos humanos.58 Estas violaciones, a juicio de la Corte IDH, se siguen, por ejemplo, de actos como

la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.59 costas, 2017; Caso Vera Vera y otra vs. Ecuador. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 2011; Caso Fernández Ortega y otros vs. México, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas 2010. Así mismo, en la Sentencia C-080 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez. SPV y APV. Gloria Stella Ortiz Delgado. SPV y APV. Alberto Rojas Ríos. AV. Alejandro Linares Cantillo. AV. Diana Fajardo Rivera esta Corporación indicó que las graves violaciones a los derechos humanos (i) no tienen que ser masivas o sistemáticas, (ii) pueden presentarse en todo tiempo y lugar y (iii) además, no necesariamente deben estar relacionadas con el conflicto armado. 55 Cfr. Corte IDH. Caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, 2006. 56 Cfr. Corte IDH. Caso Masacre de las dos erres vs. Guatemala. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 2009. Al respecto, la comprensión de los criterios analizados puede ser ampliada a partir del estudio realizado por Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra. What amounts to ‘a serious violation of international human rights law’? An analysis of practice and expert opinion for the purpose of the 2013 Arms Trade Treaty.

Ginebra: Academia de Ginebra, 2014, P. 34, en el cual se efectúa una sistematización de diferentes

parámetros empleados implícitamente por distintos organismos internacionales a efectos de calificar una conducta como grave violación de derechos humanos. 57 Así mismo, como otra característica para predicar una conducta como grave violación de derecho humanos también podría considerarse si el menoscabo implica el deber reforzado para el Estado de investigar, juzgar y sancionar a sus responsables. Sobre el punto, pueda consultarse la Sentencia C-080 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez. SPV y APV. Gloria Stella Ortiz Delgado. SPV y APV. Alberto Rojas Ríos. AV. Alejandro Linares Cantillo. AV. Diana Fajardo Rivera, así como los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.” Oficina del Alto Comisionado de la ONU. 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005. Sin embargo, tal parámetro no resulta conclusivo por sí mismo en la medida en que ya esta Corporación ha precisado que dichas obligaciones se corresponden con “todas las violaciones a los derechos humanos.” (Sentencia C-579 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SPV. Nilson Pinilla Pinilla.