CC - A302-2013

Auto 302/13 NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo y por violación al debido proceso NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONALNotoria y flagrante vulneración del debido proceso NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONALRequisitos formales y materiales de procedencia

DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

ADOPTADO EN SALA PLENA-Causal de nulidad NULIDAD CONTRA SENTENCIAS PROFERIDAS POR SALAS DE REVISION-No constituye oportunidad para reabrir debates jurídicos resueltos ACCION DE TUTELA EN MATERA DE INDEXACCION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Negar solicitud de nulidad de sentencia T-425/09

Referencia: solicitud de nulidad de la sentencia T-425 de 2009, proferida en el proceso de revisión del fallo de tutela dentro del expediente T-2.186.198

Magistrado Ponente:

GABRIEL EDUARDO MENDOZA

MARTELO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil trece (2013) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a resolver la solicitud de nulidad de la Sentencia T-425 de 2009, proferida por la Sala Cuarta de Revisión de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos que motivaron la acción de tutela 1.1. Expone el actor, mediante apoderado, que trabajó en la Federación Nacional

de Cafeteros desde el 4 de abril de 1960 hasta el 30 de abril de 1991, es decir, por un lapso de 31 años y 27 días. 1.2. Sostiene que luego de haberse producido su desvinculación, dicha entidad, le reconoció una pensión de jubilación en la cuantía de $344.414, mediante resolución No. 52 del 21 de septiembre de 1995, sin que para ello, se hubiese tenido en cuenta la totalidad de los factores salariales y la debida actualización de su ingreso base de liquidación, por lo que, para tal efecto, promovió un proceso ordinario laboral. 1.3. Del asunto conoció el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, que en fallo proferido el 29 de noviembre de 2001 condenó a la mencionada entidad a reajustar el salario devengado por el actor al momento de su retiro, en la suma de $638.037. Igualmente, le ordenó reajustar su pensión de jubilación en cuantía de $478.528, a partir del 29 de marzo de 1995, previo descuento de las sumas ya canceladas por tal concepto. 1.4. El accionante afirma que en dicha sentencia, si bien se procedió a reajustar el salario que devengaba al momento de su retiro, no se tuvo en cuenta “la depreciación monetaria sufrida entre el 30 de abril de 1991 -fecha del retiroy el 29 de marzo de 1995 -fecha del reconocimiento pensional-”, por lo que interpuso el recurso de apelación, cuyo trámite fue resuelto por la Sala Laboral

del Tribunal Superior de Bogotá, a través de sentencia del 15 de marzo de 2002, en donde se decidió revocar la providencia de primera instancia y, en su lugar, se absolvió a la demandada de efectuar los reajustes. 1.5. Contra dicha decisión judicial, el actor procedió a formular el respectivo recurso extraordinario de casación. Sin embargo, el 13 de marzo de 2003 la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia del Tribunal, con el argumento de que su actuación se ajustó a las tesis propuestas por la Corporación, con relación a la improcedencia de la indexación de la primera mesada pensional y al reconocimiento voluntario que efectúa el empleador, de las pensiones de jubilación y las reglas para su liquidación. 1.6. Estima el tutelante que el hecho de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboraly la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboralhayan proferido decisiones judiciales al margen del reconocimiento que de la indexación de la mesada pensional, como una prerrogativa de raigambre constitucional, supone el desconocimiento de los principios generales del derecho laboral, consagrados en los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política, en la medida en que imponen la obligación de reconocer el derecho a la indexación de la primera mesada pensional. 1.7. Solicita, el apoderado del accionante, el amparo definitivo de los derechos fundamentales invocados y, que como consecuencia de ello, se ordene a la Federación Nacional de Cafeteros que reconozca el pago de la primera mesada

2 pensional debidamente indexada, de conformidad con la fórmula utilizada por la Corte Constitucional para el efecto. De igual manera pide que la orden que se profiera comprenda, además, la correcta liquidación del salario base de la primera mesada pensional y el pago del respectivo retroactivo pensional. 1.8. Así las cosas, el demandante, radicó la solicitud de amparo constitucional, ante Corte Suprema de Justicia, no obstante lo cual, ésta fue rechazada por la Sala de Casación Penal de la misma Corporación, mediante providencia del 25 de septiembre de 2008. 1.9. En consecuencia, la mencionada solicitud de amparo fue presentada ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, quien, mediante providencia del 08 de octubre de 2008, decidió admitirla y, por tanto, conocer de la controversia allí planteada.

2. Sentencias objeto de revisión Las decisiones de instancia objeto de revisión por esta Corporación fueron resumidas en la sentencia T-425 de 2009, de la siguiente manera: “2.1. Primera Instancia El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, mediante providencia del 21 de octubre de 2008, denegó por improcedente el amparo constitucional deprecado por el señor Jesús Oswaldo Chaves Chaves.

Para tal efecto, sostuvo que la acción de tutela no fue promovida dentro de un término razonable y oportuno, pues, mientras que los fallos judiciales objetados fueron proferidos en los años 2002 y 2003,

el actor solo elevó la solicitud de amparo en el año 2008, luego de más de 5 años y 6 meses de que se surtió la última actuación en sede del procedimiento ordinario laboral, no obstante haber tenido conocimiento de la evolución jurisprudencial que en punto a la indexación de la primera mesada pensional se produjo, especialmente, de aquella originada en la Corte Suprema de Justicia en el año 2007. Lo anterior, según el a-quo, apunta a que el presunto quebrantamiento de los derechos fundamentales del demandante no goza de vigencia alguna ni requiere de forma inmediata o urgente la protección que prodiga el recurso tuitivo de los derechos fundamentales. 2.2. Impugnación del fallo El apoderado judicial de la parte demandante presentó escrito de impugnación en el que señaló que el actor reside en los Estados Unidos desde el año 2001, motivo por el cual no tuvo la oportunidad 3 de enterarse del viraje jurisprudencial gestado en las Altas Cortes con relación al tema de la indexación de la mesada pensional. Adicionalmente, puso de presente que tal y como se indicó en el salvamento de voto de uno de los integrantes de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria frente a la decisión de tutela proferida en primera instancia, la indexación de la mesada pensional corresponde a una garantía expresamente reconocida en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991, en relación con la cual no puede alegarse la falta de inmediatez habida consideración de su naturaleza, cual es la de ser una prestación económica que se reconoce periódicamente. 2.3. Segunda instancia Mediante Sentencia del 20 de noviembre de 2008, la Sala

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocó el fallo judicial proferido en primera instancia. En criterio del cuerpo colegiado, el principio de inmediatez no es susceptible de ser exigido cuando lo que se controvierte es el mantenimiento del poder adquisitivo de una prestación económica, con lo cual el juez de tutela, en el presente caso, debió dar por superado tal requisito de procedibilidad de la acción, más aún si se tiene en cuenta que el actor permanece radicado en el exterior desde el año 2001 y que, por consiguiente, no le era dable conocer sobre la modificación de los lineamientos jurídicos que tornan viable el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional. De igual forma destacó que las autoridades judiciales de las cuales se predica la transgresión de los derechos fundamentales del actor, fijaron su criterio con apoyo en la línea jurisprudencial vigente al momento en que avocaron el conocimiento del asunto, cual era precisamente la de negar el reconocimiento de la actualización de la primera mesada pensional. Esto último, en su criterio, contraría la jurisprudencia constitucional actual en la que la indexación de la primera mesada pensional se reconoce como un derecho fundamental, así como también la fórmula como un método que garantiza que este derecho tenga plena efectividad. Por las razones consignadas, resolvió conceder el amparo constitucional deprecado por el señor Chaves Chaves y, en esa medida, dispuso dejar sin efecto alguno la sentencia proferida el 18 de abril de 2003 por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ordenando

a la Federación Nacional de Cafeteros modificar los actos a través de los cuales le reconoció la pensión y efectuar la correspondiente indexación de la primera mesada pensional aplicando para ello la 4 fórmula establecida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-098 de 2005.”

3. Trámite ante la Corte Constitucional El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión, por la Sala de Selección Número Tres de la Corte Constitucional, mediante Auto del 10 de marzo de 2009, comunicado el 20 de marzo del mismo año.

En el proceso de revisión del mismo, la Sala Cuarta de Revisión, Mediante Sentencia T-425 de 2009, decidió confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en el sentido de ratificar la protección constitucional conferida al actor y la orden proferida contra la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia de modificar los actos mediante los cuales se le reconoció pensión de jubilación al actor y se ordenó la correspondiente indexación de su primera mesada pensional con base en la fórmula adoptada por la Sentencia T-098 de 2005. De igual manera, resolvió dejar sin efecto el numeral segundo de la parte resolutiva de dicha providencia, precisando que el reajuste resultante en las mesadas pensionales se aplicará hacia el futuro y, retroactivamente, a las mesadas en relación con las cuales, para la fecha de interposición de la acción de tutela, no hubiese operado el fenómeno de la prescripción. A tales conclusiones arribó la Sala, tras considerar que, en efecto, en el caso concreto, lo pretendido por vía de tutela era la indexación de la primera

mesada pensional y la actualización del poder adquisitivo de las mesadas pensionales del actor, derecho cuyo desconocimiento resultaba contrario a la jurisprudencia constitucional y se traducía en una vulneración a los derechos fundamentales del actor al mínimo vital y a mantener el poder adquisitivo de sus salarios y pensiones. Ahora, con relación al requisito de inmediatez, estimó la Sala que si bien la decisión tomada por el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-se encuentra ajustada a los parámetros jurisprudenciales sobre la indexación de la primera mesada pensional, no acierta en la aplicación del criterio de inmediatez como requisito de procedibilidad de la tutela frente a providencias judiciales. Al respecto, expuso la Sala “(…) transcurrieron mas de cinco años entre la fecha de ejecutoria de la decisión adoptada en el proceso ordinario laboral iniciado por el accionante y el momento en el que acudió a la acción de tutela, sin que el hecho de haber residido el actor todo ese tiempo en el exterior o la circunstancia de haberse producido un cambio en la jurisprudencia de las Altas Cortes, sean criterios que habiliten al juez constitucional para reabrir la controversia ya resuelta mediante sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada.” 5 Sin embargo, advirtió la Corte que teniendo en cuenta que lo que se discutía en este caso, no era el derecho que el actor tenía sobre el reconocimiento de los factores salariales que adujo fueron excluidos de la liquidación de su mesada pensional, sino la vulneración actual y permanente de los derechos fundamentales del actor, como quiera que si bien es cierto que el proceso

ordinario laboral había sido resuelto más de cinco años antes de promover la acción de tutela, no lo es menos que, la mesada pensional que recibía el actor, sin la correspondiente indexación, configuraba una situación de vulnerabilidad en el tiempo que resultaba desproporcionada frente a su expectativa pensional, por lo que en ese sentido la Sala de Revisión, compartió parcialmente la decisión tomada por el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-. Ahora bien, precisó la Sala que durante el trámite de revisión de la acción de tutela de que aquí se trata, la Secretaría General de esta Corporación remitió al despacho del Magistrado Ponente comunicación suscrita por el apoderado judicial del señor Jesús Oswaldo Chaves Chaves, el 2 de junio del año en curso, en la que adjuntó información relacionada con el cumplimiento que de la orden de tutela realizó la entidad demandada. En efecto, se advirtió del escrito que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en cumplimiento de lo ordenado, procedió a indexar y reliquidar la mesada pensional del actor con reconocimiento del respectivo retroactivo pensional, todo lo cual asciende a la suma de $61.620.707. Lo anterior, teniendo en cuenta para ello la fórmula de actualización utilizada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-098 de 2005. Sin embargo, agregó la Sala Cuarta de Revisión que del escrito relacionado por el apoderado del tutelante, se extraía que a efectos de liquidar y pagar el retroactivo pensional adeudado, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia resolvió declarar la prescripción y, en consecuencia, reconocer solo

el monto que corresponde a los últimos tres años de la mesada pensional del actor. En ese orden de ideas, estimó la Sala que como la tutela se concedía frente a la violación actual de los derechos del accionante, el reajuste se aplicaría hacia el futuro y, retroactivamente, solo a las mesadas pensionales que para la fecha de interposición de la acción de tutela, no hubiesen prescrito.

II. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE NULIDAD El 21 de octubre de 2009, el doctor Rubén Darío Maya Restrepo, solicitó la nulidad de la Sentencia T-425 del mismo año, por considerar que: (i) inaplicó los criterios jurisprudenciales para determinar si se cumple con el requisito de inmediatez y (ii) desconoció la jurisprudencia de la Corte, relativa a la 6 indexación de la primera mesada pensional y las normas que establecen que no podrá decretarse la prescripción de oficio.

Expuso el solicitante en su escrito, que el en el caso particular del actor se cumplió con el requisito de inmediatez, toda vez que en el momento en que tuvo conocimiento de la nueva línea jurisprudencial, -lo cual debe considerarse como un hecho nuevoprocedió a instaurar la acción de tutela. Adicionalmente estima que el fallo cuestionado, no tuvo en cuenta que el actor residía en Estados Unidos desde el año 2001, circunstancia especial que justifica la demora para promover la acción de amparo. De otro lado, argumento el petente, que todos los pensionados tienen derecho a obtener la reliquidación de su primera mesada pensional desde cuando nació su derecho a pensionarse, siempre y cuando el pensionado al que no le haya

sido reconocida la indexación de su mesada, solicite oportunamente a través de los mecanismos administrativos y judiciales pertinentes, la protección de su derecho. Por lo que, a su juicio, el hecho de que la sentencia cuya nulidad se pide, haya establecido que el reajuste se aplicaría hacia el futuro y, retroactivamente a las mesadas pensionales en relación con las cuales, para la fecha de interposición de la acción de tutela, no hubiese operado el fenómeno de la prescripción, configura una vía de hecho, en la medida en que desconoció que el actor acudió oportunamente al mecanismo ordinario pertinente (proceso ordinario laboral) para solicitar la respectiva indexación, lo que impedía, en su criterio, que pudiera declararse la prescripción de sus derechos. A ello, agregó que la sentencia de la referencia, implícitamente permitió que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, declarara la prescripción de las mesadas pensionales del actor, desconociendo que en ningún momento fue alegada por quien resultaba beneficiado por dicha figura jurídica, como quiera que la entidad accionada nunca presentó excepción de prescripción, frente al derecho a la indexación de la primera mesada pensional. Por los motivos resumidos, el doctor Rubén Darío Maya Restrepo solicitó a la Corte Constitucional que declare la nulidad de la Sentencia T-425 de 2009, proferida por la Sala Cuarta de Revisión, el 30 de junio del mismo año.

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia Conforme lo dispone el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, “por el cual se

dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante la Corte Constitucional”, y lo ratifica la jurisprudencia constitucional1, la 1 Cfr. Los Autos 08 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía), 022 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y 031 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), entre otros. 7 Sala Plena de esta Corporación es la instancia competente para tramitar y decidir los incidentes de nulidad que se promueven contra los procesos que se surten ante ella. Por esta razón, es de su resorte entrar a resolver la solicitud de nulidad que en el presente caso se formula contra la Sentencia T-425 de 2009, proferida por la Sala Cuarta de Revisión de tutela el día treinta (30) de junio de dos mil nueve (2009).

2. Nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional. Reiteración de jurisprudencia El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 prevé que “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno” y que las nulidades de los procesos ante la Corte solo podrán alegarse antes de proferido el fallo, “únicamente por violación al debido proceso”. Sin embargo, cuando la irregularidad alegada nace de la misma sentencia, esta Corporación ha admitido la posibilidad de solicitar la nulidad de una sentencia con posterioridad a su emisión en los eventos en los cuales se constate una afectación al debido proceso2 bien sea de oficio3 o a solicitud de parte interesada.

No obstante lo anterior, la posibilidad de proponer un incidente de nulidad

contra una sentencia proferida por la Corte Constitucional es excepcional, ya que no implica reconocer que existe “un recurso contra esta clase de providencias”, ni mucho menos una nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya han sido definidas4. Precisamente, por razones de seguridad jurídica y de garantía en la certeza del derecho, la declaratoria de nulidad de una sentencia de esta Corporación tiene características muy particulares, en virtud a que “se trata de situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan solo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar” (subrayado fuera de texto)”5. Teniendo en cuenta su carácter excepcional, esta Corporación ha trazado jurisprudencialmente los presupuestos para la procedencia de la nulidad contra las sentencias proferidas por las Salas de Revisión. Así ha distinguido entre 2 Ver autos 063 de 2010, 059 de 2010, 074 de 2010, 009 de 2010, 016 de 2010 y 026 de 2010, entre otros. 3Mediante Auto 050 de 2000, la Corte declaró la nulidad de la Sentencia T-157 de ese mismo año, donde por un error

involuntario, ante el cambio de ponencia, profirió una sentencia cuya parte motiva difería completamente de su parte resolutiva. 4Autos 063 de 2010, 059 de 2010, 074 de 2010, 009 de 2010, 016 de 2010 y 026 de 2010, entre otros. 5 Auto 031A de 2002. En el mismo sentido, los autos 063 de 2010, 059 de 2010, 074 de 2010, 009 de 2010, 016 de 2010 y 026 de 2010. 8 requisitos formales y requisitos sustanciales o materiales, los cuales se explican a continuación.

3. Procedibilidad formal de las solicitudes de nulidad de las sentencias de tutela proferidas por las salas de revisión La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado como requisitos de procedibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por las

Salas de Revisión de tutelas, los siguientes6: (i) Que el incidente de nulidad se proponga de manera oportuna, esto es, dentro de los tres (3) días contados a partir de la notificación de la sentencia7. Si la nulidad tiene origen en un vicio anterior al fallo “solo podrá ser alegada antes de proferido el fallo” (Art. 49 Decreto 2067 de 1991); de lo contrario, quienes hayan intervenido durante el trámite de la acción pierden, a partir de ese momento, toda legitimidad para invocarla8. De la misma forma, vencido en silencio el término de ejecutoria cualquier eventual nulidad queda automáticamente saneada9. (ii) Quien proponga el incidente de nulidad debe contar con legitimación

activa para tal efecto, esto es, debe ser incoado por quien haya sido parte en el trámite del amparo constitucional o por un tercero que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión, y, (iii) Quien alega la existencia de una nulidad debe cumplir con una 6Autos 063 de 2010, 059 de 2010, 074 de 2010, 009 de 2010, 016 de 2010 y 026, entre otros. 7Sobre el plazo para interponer la solicitud de nulidad de una decisión proferida por la Corte Constitucional se afirma en el auto 163A de 2003: “El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 señala: ‘Dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato’. La Sala considera que ante la ausencia de norma legal expresa que indique el término dentro del cual se debe proponer o alegar la nulidad de cualquier sentencia proferida por esta Corporación que se origine en la misma, procede hacer uso de la aplicación analógica y aplicar el término de los tres (3) días señalado en el artículo 31 antes citado para proponer cualquier nulidad que se origine en la sentencia, por considerar además que se dan los tres (3) presupuestos básicos para acudir a la aplicación del principio de la analogía, así: a) Ausencia de norma que establezca el término procesal dentro del cual ha de presentarse la solicitud de nulidad de

las sentencias que profiera la Corte Constitucional. b) Se trata de dos (2) situaciones similares en cuanto en los dos (2) eventos se ataca la decisión o sentencia que pone fin a una instancia o actuación; se refieren los dos (2) casos a situaciones de orden procesal dentro de la acción de tutela, y además se trata de actuaciones que se surten con posterioridad a la decisión de una instancia o actuación. c) La razón o fundamento de la existencia de un término perentorio para la presentación del escrito de impugnación del fallo es el bien jurídico fundamental y superior de la seguridad jurídica que motiva a ésta Corporación a establecer un término perentorio para la presentación de la solicitud de nulidad, como es, el determinar en forma clara y precisa la oportunidad para el ejercicio de una facultad procesal, en virtud del principio de la preclusión que orienta en forma general la actividad procesal y en aras de salvaguardar valores del derecho como la seguridad jurídica y la justicia. 8Dicho término deberá contarse a partir de la fecha en que se notifique a las partes, la sentencia respectiva. Al respecto, el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 establece que las sentencias en que se revise una decisión de tutela deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes por el medio que éste considere más expedito y eficaz de conformidad con lo previsto por el artículo 16 ibídem”. Autos 063 de 2010 y 059 de 2010. 9 Como lo recordó la Corte en el Auto 217 de 2006, esta afirmación se justificó, "(...) no solo por la carencia de

legitimidad para pedirla, sino, además, por las siguientes razones: (i) en primer lugar, atendiendo el principio de seguridad jurídica y de necesidad de certeza del derecho; (ii) en segundo lugar, ante la imposibilidad presentar acción de tutela contra las providencias de tutela. Y finalmente, (iii) porque es razonable establecer un término de caducidad frente a las nulidades de tutela, si incluso esa figura aplica en las acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma". En el mismo sentido el auto 063 de 2010. 9 exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar de forma clara y expresa la violación al debido proceso y la incidencia en la decisión proferida. Lo expuesto, significa que no es suficiente el expresar razones o interpretaciones diferentes a las de la Sala que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante con la decisión adoptada. En esta oportunidad, el incidente de nulidad bajo examen, cumple con los requisitos formales, como quiera que (i) fue radicada en la Secretaría General de esta Corporación el 21 de octubre de 2009, es decir un día después de haber sido notificada, lo que significa que fue presentada dentro del término establecido para ello, (ii) fue promovido por el apoderado del actor, el señor Rubén Darío Maya, quien se encuentra legitimado para tal efecto, puesto que fue parte activa del proceso de tutela en el marco del cual se dictó la providencia cuya nulidad se solicita, en calidad de apoderado del actor y cuenta con el respectivo poder para actuar y (iii) las razones que fundamentan la solicitud de nulidad impetrada son claras y expresas.

4. Procedibilidad material de las solicitudes de nulidad de las sentencias de tutela Adicionalmente a los requisitos formales de admisibilidad de las solicitudes de nulidad, también se han dispuesto determinadas condiciones y limitaciones a los argumentos que sean utilizados para sustentar los cargos en contra de la sentencia respectiva, los cuales adquieren una índole cualificada, pues con los mismos debe demostrarse que la afectación al debido proceso por parte de la Sala de Revisión es “ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (Subraya la Corte)”10.

Con base en estas circunstancias, la jurisprudencia ha identificado algunos casos en que la vulneración reúne esas características11, así: (i) Cuando una sala de revisión, se aparta del criterio de interpretación o la posición jurisprudencial fijada por la Sala Plena frente a una misma situación jurídica, debido a que, el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, establece que los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte. (ii) Cuando las decisiones no sean adoptadas por las mayorías legalmente establecidas. Esto ocurre, en los casos en que se dicta sentencia sin que haya sido aprobada por las mayorías exigidas en el Decreto 2067 de 1991, el Acuerdo No. 05 de octubre 15 de 1992 y la Ley 270 de 1996. (iii) Cuando se presente una incongruencia entre la parte motiva y la 10 Auto 031 de 2002. En el mismo sentido el auto 009 de 2010.

11 En el Auto 325 de 2009, proferido por la Sala Plena, se explicaron y contextualizaron ampliamente estos requisitos. Ver en este sentido los Autos 063 de 2010, 059 de 2010, 074 de 2010, 009 de 2010, 016 de 2010 y 026 de 2010, entre otros. 10 resolutiva de la sentencia, la cual genere incertidumbre respecto del alcance de la decisión proferida. Un ejemplo de ello son las decisiones anfibológicas o ininteligibles, las contradictorias o las que carecen totalmente de fundamentación en la parte motiva. Es importante precisar que los criterios utilizados para la adecuación de la sentencia, tanto de redacción, como de argumentación, no configuran violación al debido proceso. En este orden, ha manifestado la Corte que el estilo de las sentencias en cuanto puedan ser más o menos extensas en el desarrollo de la argumentación no incide en nada para una presunta nulidad. (iv) Cuando en la parte resolutiva de la sentencia se profieran órdenes a particulares que no fueron vinculados al proceso y que no tuvieron la oportunidad procesal para intervenir en su defensa, y, (v) Cuando la Sala de Revisión desconoce la existencia de la cosa juzgada constitucional respecto de cierto asunto, caso en el cual lo que se presenta de parte de ésta es una extralimitación en el ejercicio de las competencias que le son atribuidas por la Constitución y la ley. (vi) Cuando “la omisión del examen de ciertos argumentos y pretensiones de la demanda, o de defensas propuestas por la parte accionada, llegue a configurar violación al debido proceso, si de haber sido analizados

esos puntos se hubiese llegado a una decisión o trámite distintos, o si por la importancia que revestía en términos constitucionales para la protección de derechos fundamentales, su estudio no podía dejarse de lado por la respectiva Sala”12. Así, la nulidad tiene naturaleza excepcional y está sometida a estrictos requisitos materiales de procedencia, los cuales versan sobre la acreditación suficiente de circunstancias ostensibles y trascendentales que afecten de manera cierta el derecho al debido proceso13.