CC - A3128-2023

A3128-23TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-3128/23

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

AUTO 3128 DE 2023

Referencia: Expediente CJU-4876

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali.

Magistrado sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de susatribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 delartículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES

1. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), através de apoderado judicial, inició acción de lesividad en contra de laResolución SUB 36179 del 12 de febrero 2019, mediante la cual la entidadreconoció y ordenó el pago de la pensión de sobreviviente a la señora OlgaMaría Millán Libreros en calidad de madre del señor Gabriel AntonioMonsalve Millán con ocasión de su deceso.

2. Se señala en la demanda que la entidad realizó una investigaciónadministrativa y determinó que la mencionada resolución no se encuentraajustada a derecho, toda vez que no se acreditó el requisito de la dependenciaeconómica.

3. Por esta razón, la entidad demandante solicitó que se declare la nulidad dela Resolución SUB 36179 del 12 de febrero 2019. Como medida derestablecimiento del derecho pide que se ordene a la señora Millán Librerosreintegrar el valor económico que resulte por concepto de las mesadaspensionales que fueron pagadas sin tener derecho, además el valor delretroactivo que haya recibido en virtud de dicho reconocimiento desde lafecha del mismo y hasta que se conceda la revocatoria solicitada y,finalmente, aquellas diferencias reconocidas por concepto de retroactivoindebidamente.

4. El proceso fue repartido al Juzgado Cuarto Administrativo Oral delCircuito de Cali. Esta autoridad judicial, mediante proveído del 7 de febrerode 2020 declaró su falta de competencia. Señaló que el asunto debe serresuelto en la jurisdicción ordinaria laboral. Fundamentó su decisión en lodispuesto en los artículos 104 y 105 del Código de ProcedimientoAdministrativo y de lo Contencioso Administrativo y lo estipulado en elnumeral 4 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la SeguridadSocial. Frente al caso particular destacó que mediante Resolución SUB36179 del 12 de febrero 2019, Colpensiones reconoció y ordenó el pago de lapensión de sobreviviente a la señora Olga María Millán Libreros en calidadde madre del señor Gabriel Antonio Monsalve Millán con ocasión de sudeceso. Advirtió que el señor Monsalve registró como último patrono laempresa Ferretería Industrial. Asimismo, indicó que en la historia laboral delcausante se observa que las empresas donde laboró son de carácter privado.Trajo a colación un pronunciamiento del Consejo de Estado en el sentidoexpuesto. En consecuencia, ordenó la remisión del expediente para repartoentre los Juzgados Laborales del Circuito de Cali.

5. Repartida nuevamente la demanda le correspondió al Juzgado SextoLaboral del Circuito de Cali. Esta autoridad judicial, en proveído del 27 deoctubre de 2020 declaró su falta de jurisdicción, planteó un conflictonegativo de jurisdicciones y ordenó el envío del expediente al ConsejoSuperior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria para que lodirimiera. Sustentó su decisión con el contenido de los artículos 105 de laLey 1437 de 2011 y 2 de la Ley 712 de 2021. Destacó que en el presenteasunto la entidad demandante pretende que se declare la Nulidad de laResolución SUB 36179 del 12 de febrero de 2019, por medio de la cual sereconoció una pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento delseñor Gabriel Antonio Monsalve Millán a favor de la señora Olga MaríaMillán Libreros en calidad de madre del causante, lo anterior por cuantodicha resolución no se encuentra ajustada a derecho ya que no se acreditó elrequisito de la dependencia económica, por lo que solicita, a título derestablecimiento, que se ordene la devolución de lo pagado por concepto dereconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de Colpensiones conla debida indexación a que haya lugar. Advirtió además que los tiemposservidos por el causante Gabriel Antonio Monsalve Millán, de quien sederiva la citada pensión, corresponden a tiempos servidos en empresasprivadas.

6. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante Oficio SJ CEBM4836 de marzo 10 de 2021 indicó que a dicha entidad no le fue asignada lacompetencia de dirimir conflictos de competencia ni de jurisdicción. Que deconformidad con en el Acuerdo Legislativo 02 de 2015 en su artículo 19 se leasignó esta competencia a la Corte Constitucional. En consecuencia, remitióel asunto al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali. Esta autoridadjudicial, mediante Auto del 25 de octubre del año en curso, dispuso obedecery cumplir lo resuelto por Comisión Nacional de Disciplina Judicial y remitióel proceso a esta Corporación.7. El 30 de octubre de 2023, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Caliremitió el expediente a la Corte Constitucional y finalmente fue repartido aldespacho del magistrado sustanciador el 16 de noviembre de 2023.

II. CONSIDERACIONES

Competencia de la Corte Constitucional para resolver conflictos decompetencia que ocurran entre jurisdicciones

8. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos decompetencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 delartículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[1].

En el presente caso se configuró un conflicto de jurisdicción que la CorteConstitucional debe resolver

9. Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones[2]: (i) presupuesto subjetivo, el cualexige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones[3]; (ii)presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre lacual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está endesarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[4]; y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesarioque las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de unpronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por lascuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.

10. En el asunto objeto de estudio, la Sala Plena de esta Corporación encuentra acreditados los presupuestos antes referidos: (i) la controversia se suscita entre una autoridad que hace parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali) y otra que hace parte de la jurisdicción ordinaria (Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali) -presupuesto subjetivo- (ii) el objeto de litigio estárelacionado con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en su modalidad de lesividad, presentada por Colpensiones en contra de la Resolución SUB 36179 del 12 de febrero 2019, mediante la cual la entidad reconoció y ordenó el pago de la pensión de sobreviviente a la señora Olga

María Millán Libreros en calidad de madre del señor Gabriel Antonio Monsalve Millán con ocasión de su deceso -presupuesto objetivoy; (iii) el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali, expusieron las razones por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (ver párrs. 4 y 5 supra) - presupuesto normativo-.

11. Superado el anterior análisis para verificar la materialización de unconflicto de jurisdicciones, procederá la Corte a dirimir la colisión expuestaen líneas anteriores. Para ello, primero, se hará referencia a la competenciapara conocer de los asuntos relacionados con el medio de control de nulidady restablecimiento del derecho de un acto propio -acción de lesividady, acontinuación, se resolverá el caso concreto.

Competencia para conocer la demanda de nulidad y restablecimiento delderecho interpuesta por la propia administración - acción de lesividad.

12. Conforme con los artículos 97[5] y 104[6] del CPACA, el juezadministrativo es el competente para conocer del medio de control de nulidady restablecimiento del derecho interpuesto por la administración en contra de sus propios actos administrativos (acción de lesividad)[7], de contenido particular y concreto, en el que el titular del derecho no haya dado suconsentimiento para revocarlo.

13. Sobre el particular, esta corporación ya se pronunció en Auto 316 de

2021[8], en el que indicó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene competencia exclusiva para conocer de las acciones de “lesividad”, incluyendo los casos en que se demandan actos que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social.

III. CASO CONCRETO14. Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, las autoridadesen conflicto manifestaron la falta de jurisdicción para conocer de la acciónpromovida por Colpensiones con el fin de solicitar la nulidad de laResolución SUB 36179 del 12 de febrero 2019, mediante la cual la entidadreconoció y ordenó el pago de la pensión de sobreviviente a la señora OlgaMaría Millán Libreros en calidad de madre del señor Gabriel AntonioMonsalve Millán con ocasión de su deceso.

15. La Sala Plena advierte que, de acuerdo con la regla jurisprudencial fijadaen el Auto 316 de 2021, en este tipo de controversias se excluye lacompetencia del juez laboral y de la seguridad social, pues a pesar de tratarsede un acto administrativo relacionado con la seguridad social, existelegislación expresa que determina la competencia de los juecesadministrativos, por lo que resulta aplicable la cláusula de competencia delartículo 104 del CPACA para el ejercicio de la acción de nulidad yrestablecimiento del derecho por parte de Colpensiones contra un actopropio.

16. En ese orden de ideas, en los casos en que (i) una entidad pública (ii)promueva un proceso en contra de un acto administrativo propio (iii) auncuando el contenido del mismo sea de la seguridad social, (iv) la competenciaserá de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

17. Por consiguiente, la Sala Plena remitirá el expediente al Juzgado CuartoAdministrativo Oral del Circuito de Cali, para que continúe el trámite en elcaso sub judice y resuelva el proceso de nulidad y restablecimiento delderecho, en su modalidad de lesividad, instaurado por Colpensiones en contrade la Resolución SUB 36179 del 12 de febrero 2019, mediante la cual laentidad reconoció y ordenó el pago de la pensión de sobreviviente a la señoraOlga María Millán Libreros en calidad de madre del señor Gabriel AntonioMonsalve Millán con ocasión de su deceso.

18. Regla de decisión. Cuando la administración demanda un acto de supropia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento delderecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdiccióncontencioso administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos97 y 104 de la Ley 1437 de 2011.IV. DECISIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la CorteConstitucional

RESUELVE:

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado CuartoAdministrativo Oral del Circuito de Cali y el Juzgado Sexto Laboral delCircuito de Cali, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado CuartoAdministrativo Oral del Circuito de Cali, es la autoridad competente paratramitar el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en sumodalidad de lesividad, instaurado por la Administradora Colombiana dePensiones en contra de la Resolución SUB 36179 del 12 de febrero 2019,proferida por Colpensiones.

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-4876 al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali, para lo de su competencia y para que COMUNIQUE la presente decisión al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali y a las partes interesadas.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta Ausente con comisiónNATALIA ÁNGEL CABO Magistrada Ausente con permiso

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado (E)

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

MagistradaCRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ Secretaria General[1] “Arculo 241. A la Corte Constucional se le cona la guarda de la integridad y supremacía de la Constución, en los estrictos y precisos términos de este arculo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […] || 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entrelas disntas jurisdicciones”.

[2] Autos 345 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; 328 de 2019. M.P. Gloria Stella Orz Delgado; 452 de 2019. M.P. Gloria StellaOrz Delgado; 041 de 2021. M.P. Diana Fajardo. [3] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad; o (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales. [4] En este sendo, no exisrá conflicto cuando: (a) se evidencie que el ligio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administravo o políco, pero no jurisdiccional (Arculo 116 de laConstución). [5] “Arculo 97. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administravo, bien sea expreso o ficto, haya creado omodificado una situación jurídica de carácter parcular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin elconsenmiento previo, expreso y escrito del respecvo tular. //. Si el tular niega su consenmiento y la autoridad considera que el acto

es contrario a la Constución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administravo. (…)” Énfasis por fuera deltexto original. [6] El arculo 104 de la Ley 1437 de 2011 otorgó a la jurisdicción de lo contencioso administravo, la función de conocer de las “lascontroversias y ligios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administravo, en los que esténinvolucradas las endades públicas (…)”. Énfasis por fuera del texto original. [7] En el ordenamiento jurídico colombiano esta demanda es conocida como la acción de lesividad y fue definida en la sentencia T-136 de2019, en la que se expresó que: “[l]a acción de lesividad se enende ejercida cuando la administración funge como demandante contra uno de los actos que ella misma profirió y contra la persona a la que van dirigidos los efectos jurídicos del acto atacado”. [8] Auto en el que la Corte resolvió el CJU-489. En esta providencia se analizó la cláusula especial de competencia para conocer la demandade nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la propia administración, resaltando que la acción de lesividad es una fórmulagaransca que le permite a las endades públicas someter sus actos al escrunio judicial, en aras de “(i) proteger los ‘intereses propios dela administración’ en aquellos eventos en los que los efectos del acto administravo le resultan perjudiciales, (ii) salvaguardar el‘ordenamiento jurídico superior’; y (iii) evitar que las situaciones irregulares movadas por los actos de la administración ‘puedan causar perjuicio al patrimonio público, a los derechos subjevos públicos o a los derechos e intereses colecvos’ (…)”.