CC - A330-24

A330-24

TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-330/24 COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena AUTO 330 DE 2024

Referencia: expediente CJU-4701.

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Cuarenta y seis Administrativo oral del circuito de Bogotá y el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá.

Magistrada ponente: Natalia Ángel Cabo.

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente AUTO.

I. ANTECEDENTES

1. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), por medio de las Resoluciones No 100957 del 15 de marzo de 2010 y No. 1614 de febrero de 2011, reconoció una pensión de vejez a

[1] favor del señor Carlos Arturo Ardila González .

2. El 30 de junio de 2022, en ejercicio del medio de control de nulidad y

[2] restablecimiento del derecho , Colpensiones solicitó que: (i) se declare la nulidad de la Resolución No. 100957 del 15 de marzo de 2010; (ii) se declare la Nulidad parcial de la Resolución 1614 de 11 de febrero de 2011; (iii) se

ordene al señor Ardila González el reintegro de lo pagado; (iv) se indexe la suma de dinero y pago de intereses a los que haya lugar. La demanda se fundamentó en un reconocimiento de valores superiores a lo debido.

3. El asunto correspondió al Juzgado Cuarenta y seis Administrativo oral del circuito de Bogotá. La autoridad judicial, mediante auto del 5 de agosto

[3] de 2022 , declaró su falta de jurisdicción para conocer del proceso. El despacho fundamentó su decisión en lo previsto en los artículos 104.4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en delante CPACA), en jurisprudencia del Consejo de Estado y el Consejo [4] Superior de la Judicatura . Señaló que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer conflictos de carácter laboral solamente cuando provengan de una relación legal y reglamentaria, y para conocer de las controversias que se susciten con ocasión de la seguridad social cuando su régimen se encuentre administrado por una entidad pública. De otra parte, precisó que, si la controversia jurídica se refiere a un trabajador oficial o a un particular, la competente es la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral.

4. El juzgado administrativo afirmó que no es competente para conocer del presente asunto toda vez que, cuando el señor Ardila González realizó sus últimas cotizaciones al sistema pensional tuvo como empleador a la empresa Nestlé de Colombia S.A., lo que le permitió inferir que su relación laboral se derivó de forma contractual privada, por lo que, indicó que el presente asunto

[5] debía ser tramitado por la jurisdicción laboral ordinaria .

5. Posteriormente, el asunto correspondió al Juzgado Once Laboral del

[6] Circuito de Bogotá, el cual, mediante auto del 24 de agosto de 2023 , declaró su falta de jurisdicción y planteó conflicto negativo de [7] competencia ante la Corte Constitucional. La autoridad argumentó que la naturaleza de la vinculación del pensionado no modifica la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de las acciones de lesividad. Esto, de conformidad con los artículos 97, 104 y 138 del CPACA y, en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha dicho que en “aquellos casos en los cuales (i) una entidad de naturaleza pública, que pertenezca al Sistema de Seguridad Social, (ii) demande un acto administrativo propio, (iii) será competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, conocer y dar trámite al asunto, de conformidad a los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011 y demás que resulten concordantes [8] (…)” .

6. El asunto fue repartido al despacho de la magistrada ponente el 16 de

[9] noviembre de 2023 , y el expediente fue allegado a su despacho el 20 de [10] noviembre del mismo año .

II. CONSIDERACIONES

Competencia

7. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones, de acuerdo con el numeral 11 del artículo 241 de la

[11] Constitución Política . Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

8. Este Tribunal ha establecido que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o

[12] porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)” .

9. Adicionalmente, en el auto 155 de 2019, la Corte Constitucional precisó tres presupuestos que se requieren para que se configure un conflicto de jurisdicciones. Primero, el presupuesto subjetivo que se refiere a que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia, que pertenezcan a diferentes jurisdicciones y que reclamen o

[13] rechacen la competencia para conocer el asunto . Segundo, el presupuesto objetivo, que implica que exista una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia. Por ejemplo, que efectivamente esté en desarrollo un proceso, incidente o cualquier otro trámite de naturaleza [14] jurisdiccional . Tercero, el presupuesto normativo, el cual requiere que las autoridades involucradas en el conflicto hayan manifestado expresamente los motivos constitucionales o legales por los cuales se consideran [15] competentes o no para conocer la causa .

10. La Corte encuentra que este caso se trata efectivamente de un conflicto de jurisdicciones ya que se cumplen los tres presupuestos para su configuración. En primer lugar, la controversia fue suscitada entre dos autoridades que administran justicia y pertenecen a diferentes jurisdicciones: la jurisdicción contenciosa administrativa, representada por el Juzgado

Cuarenta y seis Administrativo oral del circuito de Bogotá, y la jurisdicción ordinaria, representada por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá. En segundo lugar, la controversia se relaciona con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por Colpensiones en contra de una resolución expedida por la propia entidad. Finalmente, las dos autoridades en conflicto argumentaron, mediante sustento jurisprudencial y/o legal, su falta de competencia para conocer del asunto. Por un lado, el Juzgado Cuarenta y seis Administrativo oral del circuito de Bogotá se basó en los artículos 104 y 105 del CPACA, en jurisprudencia del Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Por otro lado, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá sustentó su decisión en los artículos 97, 104 y 138 del CPACA y en jurisprudencia de esta Corporación. La competencia para conocer de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho que presente Colpensiones contra las resoluciones a través de las cuales concedió una pensión es de la jurisdicción de lo contencioso [16] administrativo. Reiteración del auto 316 de 2021

11. La Corte Constitucional estableció en el auto 316 de 2021 que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de una demanda presentada por una entidad pública, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de un acto administrativo propio que se pronuncia sobre derechos pensionales y en el

[17] que no se obtuvo la autorización del titular para revocarlo directamente .

12. La Corte llegó a esta conclusión a partir de la interpretación sistemática

[18] de los artículos 97 y 104 del CPACA . Según el primero de ellos, si el titular no autoriza a la administración de manera previa, expresa y escrita para revocar directamente un acto administrativo de carácter particular que lo afecta, “deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso [19] administrativo” . A su vez, según el artículo 104 del mismo código, la jurisdicción de lo contencioso administrativo resuelve los conflictos jurídicos relacionados con “actos (…) sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas (…)”. Según la Corte, tal competencia de los jueces administrativos cubre actos administrativos relativos a derechos pensionales en la medida que la habilitación para que la administración demande un acto propio tiene como objetivo, entre otros, [20] proteger el interés y el patrimonio público . Caso concreto

13. Colpensiones acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de demandar un acto administrativo propio que se pronuncia sobre derechos pensionales. En esa medida, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer del proceso. Esto, en aplicación de la regla establecida en el auto 316 de 2021, según la cual el conocimiento de los procesos en los cuales una entidad demande un acto administrativo propio, la competente es la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

14. Por lo tanto, esta Corporación resolverá el conflicto en el sentido de declarar que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de la demanda presentada por Colpensiones en contra de la

Resolución No. 100957 del 15 de marzo de 2010 y la Resolución 1614 de 11 de febrero de 2011. La Sala ordenará remitir el expediente de la referencia al Juzgado Cuarenta y seis Administrativo oral del circuito de Bogotá para su conocimiento y para que comunique la presente decisión a los interesados. Regla de decisión. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de una demanda presentada por una entidad pública, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra un acto administrativo propio tras no obtener la autorización del titular para revocarlo directamente, incluso si el acto se pronuncia sobre [21] derechos pensionales .

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, RESUELVE Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Cuarenta y seis Administrativo oral del circuito de Bogotá y el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, y DECLARAR que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de la demanda presentada por Colpensiones en contra de la Resolución No. 100957 del 15 de marzo de 2010 y la Resolución 1614 de 11 de febrero de 2011.

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-4701 al Juzgado Cuarenta y seis Administrativo oral del circuito de Bogotá para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá. Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

[1] Carpeta digital, documento “01DemandaPoderAnexos.pdf”. Pág. 2. [2] Carpeta digital, documento “02ActaReparto.pdf”. [3] Carpeta digital, documento “03RemitePorFaltaJurisdicción.pdf”. [4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administravo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 28 de marzo de 2019, radicación No. 11001-03-25-0002017-00910 00 (4857). [5] Carpeta digital, documento “03RemitePorFaltaJurisdicción.pdf”. Pág. 3. [6] Carpeta digital, documento “092022-398 COLPENSIONES PROMUEVE CONFLICTO (1).pdf”. [7] Ibídem. [8] Auto 377 de 2021. [9] Expediente digital, documento “03CJU-4701 Constancia de Reparto.pdf”. [10] Ibídem. [11] “ARTICULO 241. A la Corte Constucional se le cona la guarda de la integridad y supremacía de la Constución, en los estrictos y precisos términos de este arculo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […] || 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las disntas jurisdicciones”. [12] Autos 041 de 2021, 328 de 2019, 452 de 2019 y 608 de 2019, entre otros. [13] Auto 155 de 2019. [14] Ibídem. [15] Ibídem. [16] Consideraciones retomadas del auto 052 de 2023.

[17] Esta postura de la Corte fue establecida por primera vez en el auto 316 de 2021. Tal posición ha sido reiterada, entre muchos otros, en los autos 377, 382, 384, 385, 391, 393, 394, 396, 397, 399, 400 de 2021, 402, 410, 411, 412, 431, 432, 434 y 437 de 2021. [18] Ley 1437 de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administravo y de lo Contencioso Administravo”. [19] Arculo 97 de la Ley 1437 de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administravo y de lo Contencioso Administravo”. [20] La Corte Constucional, en el auto 316 de 202, sostuvo que “donde se evidencia el ejercicio de la denominada acción de lesividad, prevalece la competencia de la jurisdicción especial sobre la ordinaria y, por tanto, la competencia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrava”. [21] Auto 316 de 2021.