CC - A337-24

A337-24

TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-337/24 COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Conocimiento de actos sujetos al derecho administrativo, cuando esté involucrada una entidad pública

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA AUTO 337 DE 2024

Referencia: Expediente CJU-4838.

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Veintiuno Contencioso Administrativo Oral del Circuito de Cali (Valle del Cauca) y el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de la misma ciudad.

Magistrado Ponente: José Fernando Reyes Cuartas.

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente: AUTO

I. ANTECEDENTES

1. La señora Amparo Pareja Álzate promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones GNR 182643 del 21 de junio de 2016 (Res. 1) y GNR 272748 del 14 de septiembre de 2016 (Res. 2), expedidas por la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Mediante dichos actos administrativos, Colpensiones (i) redujo el porcentaje de la pensión de

[1] sobrevivientes concedido previamente a la demandante - Res. 1-, (ii) comunicó la

decisión al grupo de determinación de deuda de la entidad para lo de su competencia - Res. 1-, (iii) determinó que la señora Pareja Álzate debía reintegrar a la administradora $37.950.340 - Res. 2y (iv) ordenó remitir el acto a la Gerencia Nacional de Cobro para que inicie el cobro coactivo de la suma señalada - Res. 2-.

2. Las resoluciones se expidieron como consecuencia de la sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 25 de mayo de 2016, a través de la cual se protegió el derecho al debido proceso de la

[2] señora Aidé Valencia Castro y se ordenó dejar sin efectos y rehacer el proceso ordinario laboral en virtud del cual la mesada pensional de la señora Pareja Álzate [3] acreció del 60% al 100% .

3. El asunto fue repartido al Juzgado Veintiuno Contencioso Administrativo Oral del Circuito de Cali. En Auto del 2 de diciembre de 2021, la autoridad declaró la falta de jurisdicción y remitió el proceso a los juzgados civiles del circuito de la ciudad.

Sostuvo que el artículo 2.4 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS) erigió en los jueces ordinarios, especialidad laboral, el conocimiento de los casos relacionados con la prestación de servicios del Sistema de Seguridad Social. La única excepción a esta regla se encuentra en el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el cual establece que la competencia recae en los jueces de lo contencioso administrativo

cuando esté involucrado un empleado público.

4. Conforme lo anterior, toda vez que la parte actora es una “persona particular” y que la controversia que dio origen a los actos administrativos censurados “se está tramitando ante la jurisdicción ordinaria laboral”, estimó cumplidos los presupuestos

[4] del artículo 2 del CPTSS y, por tanto, la competencia de los jueces laborales .

5. Efectuado el nuevo reparto, el proceso fue asignado al Juzgado Décimo Laboral

[5] del Circuito de Cali . Al readecuar la demanda al procedimiento ordinario laboral, la demandante explicitó como motivo de inconformidad que Colpensiones inició la acción coactiva en su contra, a pesar de no haber notificado la Resolución GNR 272748 del 14 de septiembre de 2016. Además, que dentro del trámite coactivo la entidad decretó ilegalmente las medidas cautelares de embargo de su inmueble registrado con el folio de matrícula 370-536249 y de retención de un porcentaje de [6] su mesada pensional .

6. En ese orden, la señora Pareja Álzate solicitó (i) declarar la ilegalidad de la retención de la mesada y del embargo sobre su inmueble. Asimismo, ordenar a la entidad que (ii) deje sin efectos la Resolución GNR 272748 del 14 de septiembre de 2016 “y todo el trámite coactivo que se desprende desde dicha resolución”; (iii) levante las medidas cautelares respecto del inmueble y la mesada pensional y (iv)

[7] reintegre los dineros ilegalmente retenidos .

7. En audiencia llevada a cabo el del 20 de septiembre de 2023, el Juzgado Décimo

Laboral del Circuito de Cali dejó sin efectos el auto admisorio de la demanda y las actuaciones posteriores, propuso el conflicto de jurisdicciones y remitió las diligencias a la Corte Constitucional. Argumentó que la finalidad del proceso no es obtener el reconocimiento de derechos pensionales, sino atacar directamente los actos administrativos que dieron lugar al cobro coactivo. Indicó que la facultad de cobro coactivo de Colpensiones proviene del artículo 57 de la Ley 100 de 1993 que establece que las entidades administradoras del Régimen de Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus créditos. A su vez, sustentó que la Ley 1066 de 2006, prevé en su artículo 5° que las entidades públicas que ejercen el recaudo de rentas o caudales públicos tienen jurisdicción coactiva y, para estos efectos, deben seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.

8. Finalmente, la autoridad recordó que el artículo 101 del CPACA, al establecer el control jurisdiccional de los actos referidos al cobro coactivo, dispone que los mismos serán demandados ante la jurisdicción contencioso administrativo; en ese orden, adujo que son los jueces administrativos los habilitados para determinar la legalidad de los actos relativos al cobro coactivo. Para sustentar su posición, adicionalmente citó los artículos 98, 99, 100 y 104 del CPACA, 823 y 835 del

[8] Estatuto Tributario, así como los autos 447 de 2021 y 023 de 2023 .

9. El asunto fue repartido al magistrado sustanciador el 16 de noviembre de 2023 y

[9] remitido al despacho el 11 de noviembre siguiente .

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia

10. La Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de jurisdicciones, según lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución.

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

11. Los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde

(negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo). De forma reiterada, la Corte Constitucional ha considerado que, para que se configure un conflicto de esta naturaleza, es necesario que se cumplan los presupuestos [10] subjetivo, objetivo y normativo, definidos de manera reiterada por este tribunal . En el caso de la referencia se satisfacen los anteriores presupuestos: Presupuesto El conflicto se suscitó entre una autoridad que integra la jurisdicción subjetivo de lo contencioso administrativo y otra de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. Presupuesto La controversia objeto de la presente decisión se enmarca en el objetivo medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra Colpensiones. Presupuesto Las autoridades judiciales enunciaron los fundamentos de índole normativo legal y jurisprudencial en los que soportan cada una de sus posiciones. El Juzgado Veintiuno Contencioso Administrativo Oral del Circuito de Cali consideró que la parte actora es una “persona particular” y

que la controversia se está tramitando en la jurisdicción ordinaria laboral, lo que indicaría que se cumplen los requisitos del artículo 2 del CPTSS para asignar la competencia a los jueces laborales, no a los contencioso administrativos, vía artículo 104 del CPACA. A su vez citó jurisprudencia del Consejo de Estado y el Consejo Superior [11] de la Judicatura . Por su parte, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali señaló que lo controvertido en la acción judicial son los actos derivados del proceso de cobro coactivo. Así, de conformidad con los artículos 57 de la Ley 100 de 1993, 5 de la Ley 1066 de 2006, 98, 99, 100, 101 y 104 del CPACA, 823 y 835 del Estatuto Tributario, y los autos 447 de 2021 y 023 de 2023, la jurisdicción competente es la contencioso administrativa. Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos proferidos en el trámite de un cobro coactivo. Reiteración del Auto 023 de 2023

12. En el Auto 023 de 2023, la Corte Constitucional resolvió un conflicto entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, en torno a una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. El medio de control tenía la finalidad de que se dejara sin efecto las resoluciones mediante las cuales Colpensiones ordenó la restitución de los valores cancelados al demandante por concepto de la indemnización sustitutiva, a la vez que

inició un proceso de cobro coactivo.

13. Al respecto, la Corte realizó una lectura armónica y sistemática de los artículos 5° de la Ley 1066 de 2006, 835 del Estatuto Tributario y 101, 104 inciso primero y 138 de la Ley 1437 de 2011. A partir de estas, concluyó que el procedimiento de cobro coactivo se trata de un asunto sujeto al derecho administrativo, por lo cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la llamada a resolver las controversias que puedan surgir en torno a este. En consecuencia, los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho de actos proferidos en virtud del mencionado proceso administrativo deberán ser conocidos igualmente por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En esa oportunidad, se estableció la siguiente regla de decisión: “En los procesos en los que se solicite la nulidad de actos administrativos proferidos al interior del trámite del proceso de cobro coactivo adelantado por una entidad pública, la competencia recaerá en la Jurisdicción Contencioso Administrativa de conformidad con el entendimiento armónico y sistemático de los artículos 5° de la Ley 1066 de 2006, 835 del Estatuto Tributario y 101, 104 inciso primero y 138 de la Ley 1437 de 2011”.

Caso concreto

14. En aplicación de la regla establecida en el Auto 023 de 2023, la Sala Plena determina que la competencia para conocer la controversia formulada recae en la jurisdicción de lo contencioso administrativo representada por el Juzgado Veintiuno Contencioso Administrativo Oral del Circuito de Cali. Como se indicó en el Auto 023

de 2023, lo relevante para determinar la competencia en este tipo de asuntos es que la pretensión principal de la controversia recaiga sobre la nulidad de actos administrativos relativos al trámite de un proceso de cobro coactivo adelantado por una entidad pública.

15. En el caso concreto, la Sala observó de los dos escritos de demanda, en especial de la ordinaria laboral, que la actora formula como pretensiones principales (i) declarar la ilegalidad de la retención de la mesada y el embargo sobre su inmueble;

(ii) ordenar a la entidad que deje sin efecto la Resolución GNR 272748 del 14 de septiembre de 2016 y todo el trámite coactivo relacionado; (iii) levantar las medidas cautelares respecto del inmueble y la mesada pensional; y (iv) reintegrar los fondos ilegalmente retenidos. Esto tras alegar que Colpensiones inició una acción coactiva en su contra sin notificar la Resolución GNR 272748 del 14 de septiembre de 2016 y que, en el proceso coactivo, la entidad ha decretado de manera ilegal medidas cautelares. Es evidente entonces que las pretensiones de la actora no van encaminadas al reconocimiento de derechos prestacionales o pensionales, con mayor razón cuando ante la jurisdicción ordinaria laboral se adelanta un proceso [12] independiente para tal fin .

16. En consecuencia, de acuerdo con el entendimiento armónico y sistemático de los artículos 5° de la Ley 1066 de 2006, 835 del Estatuto Tributario y 101, 104.1 y 138 de la Ley 1437 de 2011, se remitirá el asunto al Juzgado Veintiuno Contencioso Administrativo Oral del Circuito de Cali para lo de su competencia y para que

comunique la presente decisión a la otra autoridad en conflicto y a los sujetos procesales e interesados.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, RESUELVE: Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Veintiuno Contencioso Administrativo Oral del Circuito de Cali (Valle del Cauca) y el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de la misma ciudad, en el sentido de DECLARAR que corresponde al Juzgado Veintiuno Contencioso Administrativo Oral del Circuito de Cali conocer la demanda promovida por Amparo Pareja Álzate contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General REMITIR el expediente CJU4838 al Juzgado Veintiuno Contencioso Administrativo Oral del Circuito de Cali para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los sujetos procesales e interesados y al Juzgado Décimo Laboral del Circuito de la misma ciudad. Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General [1] Mediante sentencia del 28 de junio del 2013, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali ordenó a Colpensiones reconocer la pensión de sobrevivientes a la demandante. Mediante la Res. 203744 del 12 de agosto de 2013 Colpensiones procedió al reconocimiento en un porcentaje del 60% de la mesada pensional. El 40% restante fue reconocido a la señora Aidé Valencia Castro. Sin embargo, como consecuencia del proceso ejecuvo de sentencia adelantado ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, Colpensiones emió la Resolución GNR 35906 del 02 de febrero de 2016 en el sendo de reliquidar la mesada pensional en el 100%. Expediente digital. Archivo 04Subsanacion. [2] Tercera persona no vinculada a este trámite. [3] La Corte Suprema determinó que en el trámite se vulneró el derecho al debido proceso de la señora Aidé Valencia Castro, comoquiera que no fue vinculada al proceso ordinario laboral que debate la pensión de sobrevivientes. Expediente digital. Archivo 0002. ANEXOS DDA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. (Folio 99 y ss). [4] También jusficó su postura en la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, (rad. 11001 0102000 2015 03967) proferida el 24 de febrero de 2016 y en el auto N. O-245 del 28 de marzo de 2019 del Consejo de Estado.

[5] Expediente digital. Archivo 01ActaReparto. [6] Expediente digital. Archivo 04Subsanacion. [7] Ib. [8] Expediente digital. Archivo 16VideoAudienciaConflictoCompetencia.mp4. [9] Archivo “03CJU-4838 Constancia de Reparto. [10] Autos 155 de 2019, 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020. [11] Ver nota al pie 3. [12] Si bien en el medio de control de nulidad la accionante demandó la Res. GNR 182643 del 21 de junio de 2016, por medio de la cual Colpensiones redujo el porcentaje de la pensión de sobrevivientes concedido previamente a la demandante, lo cierto es que, de lo expuesto en esa ocasión así como en la demanda ordinaria laboral, es posible apreciar que la intención de la accionante es censurar este acto en tanto comunicó la decisión al grupo de determinación de deuda de la endad para lo de su competencia, no en lo referente a la reducción de la pensión de sobrevivientes. Esto, si se considera, además de lo indicado frente a las pretensiones relavas a los actos del proceso coacvo, que en la actualidad se adelanta en la jurisdicción ordinaria laboral un proceso en el que específicamente se debate esa reducción de la mesada pensional, por lo que una esmación en contrario llevaría a señalar que existen dos causas judiciales con el mismo objeto. Cabe recordar que en el Auto 023 de 2023, a pesar de que la Sala Plena determinó que

la parte demandante en el medio de control también había presentado una demanda contra el acto administravo mediante el cual Colpensiones negó la reliquidación de la pensión de vejez, el caso fue remido a la JCA bajo las normas relavas al proceso de cobro coacvo. Al respecto, la Sala precisó que: “toda vez que el señor Gustavo de Jesús Marín Díaz requiere principalmente que se controle la legalidad de tales actos, las pretensiones se subsumen en los preceptos normavos invocados, pese a que se haya demandado un acto administravo que también conene una orden de negava de reliquidación de pensión de vejez. Sobre este punto, se recuerda que en los escenarios de los procesos adelantados ante la especialidad contencioso administrava en los que se evidencie prima facie que es probable que la demanda exponga unas pretensiones disntas, el Consejo de Estado ha señalado que “[e]n virtud del principio de economía procesal la ley autoriza la acumulación de pretensiones, dicha instución procesal permite la unión de varias pretensiones en una misma demanda, con el objeto de evitar a los sujetos procesales trámites que resultarían engorrosos, en razón a que bajo unos requisitos el juez se puede pronunciar sobre los mismos derechos en una misma providencia, evitando decisiones parculares contradictorias(…)” . Asimismo, que atendiendo a los principios de celeridad en la administración de juscia, no puede escindirse la demanda. Sin que eso suponga que la competencia judicial se determina por virtud de los mencionados principios, si no que la misma viene dada por la asignación expresa que el legislador fijó en las normas atrás referenciadas”.