CC - A405-2025

TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-405/25 IMPEDIMENTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIONAlcance de la causal de intervención en la expedición de la norma acusada IMPEDIMENTO Y RECUSACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Causales no pueden aplicarse con el mismo rigor al Procurador general de la Nación FUNCIONES A CARGO DEL SECRETARIO GENERAL DEL SENADO DE LA REPUBLICA-Naturaleza y alcance IMPEDIMENTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIONDebe demostrar que su intervención en la expedición de la norma fue activa y determinante y que dicha intervención guarda relación con el asunto a resolver IMPEDIMENTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIONNo aceptar por falta de argumentos en la causal de intervención en la expedición de la norma

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena AUTO 406 DE 2025

Expediente: D-16.296Impedimento presentado por el Procurador General de la Nación para rendir concepto

Magistrado ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar.

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular las previstas en el Capítulo V del Decreto 2067 de 1991 y 98 del Acuerdo 02 de 2015, profiere el siguiente AUTO

I. ANTECEDENTES

1. El 4 de noviembre de 2024, la ciudadana Natalia María Springer presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de las normas enunciadas

AUTO

I. ANTECEDENTES

1. El 4 de noviembre de 2024, la ciudadana Natalia María Springer presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de las normas enunciadas en las expresiones: “y las demás normas del presente título”, contenida en el parágrafo del artículo 135, y “persona protegida”, contenida en los artículos 138, 138 A, 139, 139 A, 139 B, 139 C, 139 D, 139 E, 141, 141 A y 141 B de la Ley 599 de 2000.

2. En su acusación, destaca que en el listado de personas protegidas del parágrafo del artículo 135 del Código Penal, Ley 599 de 2000, no aparecen las personas que hacen parte de las filas, que pueden ser víctimas de violencia sexual. Esta definición limitada del sujeto pasivo, omite incluir personas que, a pesar de padecer dichas conductas, son parte del grupo armado. Por esta vía, conductas como la esclavitud sexual, la violación, el aborto forzado, entre otras, son crímenes de guerra a la luz del DIH, pero, merced a la calificación hecha por la norma demandada sobre el sujeto pasivo, acaban por serexcluidas y expulsadas “de la esfera de protección a grupos especiales de sujetos en los contextos intrafilas, como son las mujeres y las niñas generalmente reclutadas por la fuerza, que padecen estos ataques de forma

habitual sin abandonar su participación activa y directa en las hostilidades.”

3. En síntesis, la demanda sostiene que las conductas típicas previstas en las normas acusadas no pueden dejar sin protección a las personas que sufran violencia sexual, por la circunstancia de ser combatientes, so pena de incurrir en una omisión legislativa relativa. Finalmente, para ilustrar que hay una diferencia de trato injustificada, alude al artículo 135 del CP, parágrafo, norma que es objeto de su demanda, con el propósito de sostener que las personas combatientes o no combatientes pueden ser víctimas de violencia sexual y que, por lo tanto, proteger a las segundas y desproteger a las primeras, como hacen las normas demandadas, constituye un trato diferente que carece de justificación constitucional, pues resulta desproporcionado.

4. Mediante Auto del 4 de diciembre de 2024,1 luego de verificar el cumplimiento de los requisitos de la demanda de inconstitucionalidad, aquella fue admitida. En la misma providencia se dispuso que, ejecutoriada la decisión, se hicieran las comunicaciones correspondientes al Presidente de la República, al Presidente del Senado, de la Cámara de Representantes y al Ministerio de Justicia y del Derecho, para que, si lo consideran oportuno, presenten por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la correspondiente comunicación, las razones que justifican la constitucionalidad de las normas acusadas.

5. Igualmente, se ordenó fijar en lista el asunto, dar traslado a la

correspondiente comunicación, las razones que justifican la constitucionalidad de las normas acusadas.

5. Igualmente, se ordenó fijar en lista el asunto, dar traslado a la Procuradora General de la Nación para que rindiese el concepto a su cargo y, además, se invitó a rendir concepto técnico especializado, conforme a lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991 a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Jurisdicción Especial para la Paz, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Federación Nacional de 1 Expediente digital. Archivo D0016296-Auto Admisorio-(2024-12-06 08-04-50).pdfColegios de Jueces y Fiscales, Comité Internacional de la Cruz Roja,

Academia Colombiana de Jurisprudencia, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Corporación Humanas, y a las facultades de derecho de las universidades de: Los Andes, de Antioquia, de Cartagena, Externado de Colombia, Javeriana, Nacional, del Norte, Pontificia Bolivariana, del Rosario y Sergio Arboleda. Se consignó allí, que el concepto debe rendirse dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la correspondiente comunicación.

6. El 16 de enero de 2025, la Secretaría General de la Corte

debe rendirse dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la correspondiente comunicación.

6. El 16 de enero de 2025, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió al despacho del magistrado ponente un escrito presentado por el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco,2 mediante el cual manifiesta su impedimento para participar en el proceso de la referencia y, en consecuencia, para rendir el concepto de que trata el artículo 278.5 de la Constitución.

7. El procurador considera que está incurso en la causal de impedimento consistente en “haber intervenido en la expedición de las normas objeto de control”, entre ellas, las que son objeto de demanda en este proceso, pues participó de forma verbal y escrita durante su trámite legislativo en ejercicio de las funciones de Secretario General del Senado de la República. En su escrito especifica que, en cumplimiento de las competencias de dicho cargo:

(i) Intervino en la radicación, reparto, publicación en Gaceta del Congreso, inclusión en el orden del día y anuncio de los debates de dicho proyecto que posteriormente sería la Ley 1719 de 2014, “por la cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones.”3 2 Expediente digital. Manifestación de impedimento. Archivo D0016296-Peticiones y Otros-(2025-01-16 15violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones.”3 2 Expediente digital. Manifestación de impedimento. Archivo D0016296-Peticiones y Otros-(2025-01-16 1526-57).pdf(ii) Durante el debate de la iniciativa, entre otras, además de verificar y certificar el respeto de las normas superiores y orgánicas que establecen los requisitos de validez del trámite parlamentario (v. gr., publicidad de textos y proposiciones, verificación del quorum y mayorías, resultados de votaciones, garantías de deliberación, etc.), asesorando a los congresistas sobre temáticas competenciales y materiales asociadas a la constitucionalidad de los proyectos legislativos (v. gr., reservas de ley, unidad de materia, conceptos de impacto fiscal, etc.). (iii) Suscribió los cuerpos legales junto con el Presidente del Senado de la República, con el fin de certificar la autenticidad y fidelidad de los textos aprobados por los senadores.4

8. Sostuvo, además, que en su calidad de Secretario General del Senado de la República “atend[ió] los requerimientos probatorios de la Corte Constitucional sobre el trámite parlamentario que tuvieron las normas estudiadas en los procesos reseñados, según consta en los informes respectivos incorporados a los expedientes.”5 En consecuencia, solicitó declarar fundado el impedimento y correr traslado de la demanda al

Viceprocurador General de la Nación.

9. Mediante Auto del 25 de febrero de 2025, 6 el magistrado sustanciador

declarar fundado el impedimento y correr traslado de la demanda al Viceprocurador General de la Nación.

9. Mediante Auto del 25 de febrero de 2025, 6 el magistrado sustanciador requirió al Procurador General de la Nación para que informara, con mayor precisión, en qué consistió su participación durante el trámite legislativo que surtió el Proyecto de Ley 244 de 2013 Senado, 037 de 2012 Cámara. Al mismo tiempo se le precisó que en el presente proceso se cuestiona la constitucionalidad de las normas demandadas por razones de fondo. 3 Explica que tal intervención puede constatarse en las Gacetas del Congreso 138, 219 y 298 de 2014 y Diario Oficial 49.186. 4 Ibidem. p.p. 2 y 3. 5 Ib. p. 5. 6 Expediente digital. Archivo D0016296-Auto Ordena Pruebas-(2025-03-03 06-27-04).pdf10. Lo anterior, al constatar que la manifestación de impedimento se presenta en términos generales y abstractos, e incluso se refiere a varios proyectos de ley, entre ellos, el que a la postre se convertirá en la Ley 1719 de 2014 por medio de la cual se modifican las normas ahora demandadas.

Incluso, se señala que en dichos proyectos intervino en su radicación, reparto, publicación, inclusión en el orden del día y anuncios previos. Esta

descripción, que se hace en términos amplios, no permite identificar cuál fue la participación en el referido proceso, en lo que atañe al contenido de los preceptos demandados.

11. Luego de notificarse la referida providencia y de surtirse el correspondiente traslado, por medio de informe secretarial del 14 de marzo de 2025 se puso de presente que el Procurador General de la Nación había dado respuesta al requerimiento el 13 de marzo de 2025.

12. En su respuesta, luego de referirse a las normas demandadas, el Procurador General de la Nación señala que su participación en el proceso de formación de estas normas se limitó a cumplir sus funciones como secretario general del Senado. A renglón seguido se indica que, en vista de que la demanda cuestiona un asunto de fondo,7 “la presente manifestación de impedimento la efectúa en aras de garantizar la imparcialidad y probidad en la actuación.”8 7 Consistente según el auto admisorio en que “ la actora sostiene que la norma demandada es incompatible con lo previsto en los artículos 13, 17, 44 y 93 de la Constitución. (…) la demanda sostiene que las normas demandadas, que está enunciada en las expresiones transcritas, son incompatibles con la Constitución, porque incurre en una omisión legislativa relativa. Y eso ocurre, porque dentro de la persona protegida no se incluyen a ciertas personas que, conforme a lo previsto en el derecho internacional como ius cogens, deben

hacer parte de tal categoría jurídica. A juicio de la actora, estas personas no incluidas por la norma, que son víctimas de la violencia sexual en el contexto de los crímenes de guerra, ben sacrificado sus derechos a la verdad, a la justicia y la reparación”. 8 Expediente digital. Archivo D0016296-Concepto del Procurador General de la Nación-(2025-03-13 17-0100).pdfII. CONSIDERACIONES Competencia

13. Esta Sala es competente para resolver lo relativo a las manifestaciones de impedimento presentadas por los magistrados y conjueces de esta Corporación, así como los presentados por el Procurador General de la Nación, en lo relativo al ejercicio de la función prevista en el numeral 5 del artículo 278 de la Constitución Política, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Acuerdo 02 de 2015.9

El régimen de impedimentos en los procesos de control de constitucionalidad

14. En el Capítulo V del Decreto 2067 de 1991 se regula el régimen de impedimentos y recusaciones en los procesos de control de constitucionalidad. En particular, los artículos 25 y 26 del citado decreto prevén que son causales de impedimento y recusación: (i) haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada; (ii) haber intervenido en su expedición; (iii) haber sido miembro del Congreso durante la tramitación del proyecto; (iv) tener interés en la decisión y (v) tener vínculo por matrimonio o por unión permanente, o de parentesco en cuarto grado de

su expedición; (iii) haber sido miembro del Congreso durante la tramitación del proyecto; (iv) tener interés en la decisión y (v) tener vínculo por matrimonio o por unión permanente, o de parentesco en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el demandante.10

15. La jurisprudencia constitucional ha sostenido, reiteradamente, que el régimen dispuesto en los artículos 25 a 31 de dicho decreto cobija tanto a los magistrados y conjueces de esta Corte, como a él o la representante del Ministerio Público, 11 en relación con su función de emitir concepto en los 9 Al respecto ver los Autos 048, 129, 202, 310 y 699 de 2021. 10 Corte Constitucional, Auto A-214 de 2023. 11 Incluso, la Corte en Auto A-414 de 2023 con referencia a los Autos 531 de 2019 y 752 de 2022 sostuvo que si bien la configuración de la causal de impedimento del procurador se examina con una menor intensidadprocesos de control de constitucionalidad.12 Lo anterior, dada: (i) “la inexistencia de una norma especial que regule la presentación y trámite de los impedimentos planteados por el o la Procuradora General de la Nación en los procesos de constitucionalidad”13 y (ii) la función que cumple el procurador en el proceso de constitucionalidad, esto es “representar los intereses de la sociedad en el control judicial de defensa de la Constitución.”14 Por tanto, es razonable que al encargado de cumplir tal rol

intereses de la sociedad en el control judicial de defensa de la Constitución.”14 Por tanto, es razonable que al encargado de cumplir tal rol “se le exijan los mismos criterios de imparcialidad e independencia predicables de los magistrados que ejercen dicho control.”15

16. Al respecto, esta Corte ha sostenido que “esta función exige, por tanto, de una imparcialidad y probidad de tal nivel que resulta funcionalmente comparable a la exigida a los juzgadores. Este razonamiento explica la extensión del régimen de inhabilidades e incompatibilidades a la función por él desempeñada en el proceso de inconstitucionalidad. Esta línea de razonamiento ha sido claramente avalada por la práctica, tanto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como de la actual Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en aras de la transparencia e imparcialidad en la toma de sus decisiones, ha aceptado esta interpretación de la Procuraduría General de la Nación y ha aceptado con anterioridad los impedimentos presentados dentro del marco del régimen dispuesto por el Decreto 2067 de 1991.”16

17. Con todo, la Sala ha precisado que las causales de impedimento y recusación previstas para los magistrados no son aplicables con la misma que la que corresponde a los magistrados, esto en modo alguno desvirtúa el deber de imparcialidad que le asiste a dicho funcionario. Esta “ no es una exigencia reservada exclusivamente a los jueces, sino también predicable de los intervinientes obligatorios del proceso los que, a pesar de no participar en la decisión del

asiste a dicho funcionario. Esta “ no es una exigencia reservada exclusivamente a los jueces, sino también predicable de los intervinientes obligatorios del proceso los que, a pesar de no participar en la decisión del asunto, su actuación procesal sí tiene la capacidad de influenciar el sentido del fallo y de generar confianza o desconfianza de los justiciables, en la imparcialidad de la Administración de Justicia.” 12 Autos 086A de 2012, 129 y 310 de 2021. 13 Auto 202 de 2021. 14 Auto 723 de 2018, reiterado en el Auto 129 de 2021. 15 Id. 16 Auto 086A de 2012. Reiterado en los Autos 909 y 1089 de 2024.extensión ni rigor al Procurador General de la Nación. Lo anterior, por cuanto “(i) el Procurador no interviene en la decisión; (ii) su concepto no es vinculante para la Corte, a pesar de su importancia en el proceso participativo y deliberativo en el marco de los procesos de constitucionalidad y (iii) dicho régimen no está previsto expresamente para analizar la facultad de conceptuar del Procurador General de la Nación en el trámite constitucional.”17

18. La jurisprudencia ha sido clara al sostener que las causales de impedimento y recusación fueron establecidas con el fin de garantizar la independencia e imparcialidad en los procesos judiciales. Estos atributos esenciales de la administración de justicia “se traducen en un derecho

independencia e imparcialidad en los procesos judiciales. Estos atributos esenciales de la administración de justicia “se traducen en un derecho subjetivo de los ciudadanos en la medida que forman parte del debido proceso, establecido en el artículo 29 de la Constitución y en los convenios internacionales sobre Derechos Humanos aprobados por el Estado colombiano.”18

19. Por ello, con el fin de velar por el cumplimiento de ambos pilares de la administración de justicia, dichas causales son taxativas, tienen carácter excepcional y son de interpretación restrictiva. 19 Al respecto, esta Corte ha sostenido que los impedimentos y las recusaciones “no son una facultad omnímoda, arbitraria o caprichosa, dado que se fundan en causales taxativas, que se interpretan de manera restringida, con la finalidad de evitar limitaciones excesivas y desproporcionadas al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.”20

20. Así, para determinar si un impedimento se encuentra fundado, esta Sala ha explicado que se debe verificar la existencia de una relación inescindible 17 Auto 1089 de 2024. Cfr. Autos 2222 de 2023. 18 Artículos 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 10º de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cfr. Sentencia C-496 de

2016. 19 Autos 414 de 2023 y 1089 de 2024. 20 Auto 031A de 2022. Cfr. Autos 073 y 245 de 2020.de correspondencia y pertinencia entre los hechos manifestados y las causales taxativas de impedimento invocadas. Por lo tanto, la procedencia depende de la concurrencia de “razones fundadas que comprometen seriamente la imparcialidad en el ejercicio de su función jurisdiccional, la cual se ve alterada por motivos ajenos o externos al proceso.”21

21. Sobre este punto, la jurisprudencia también ha señalado que la finalidad de los impedimentos es darle la posibilidad al funcionario de separarse del conocimiento del asunto cuando considere que existen motivos fundados que comprometan seriamente la imparcialidad de su juicio. Por lo tanto, la prosperidad del impedimento invocado depende de la suficiencia y solidez de los argumentos que demuestren “una relación inescindible de correspondencia y pertinencia entre los hechos manifestados por el juez constitucional y las causales taxativas de impedimento que son invocadas.”22

22. En cuanto a la interpretación restrictiva a la que se hace referencia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que bajo los criterios de taxatividad y certeza que fundamentan las causales de impedimento, se encuentran prohibidas las interpretaciones análogas o extensivas, cuya intención sea la de apartarse del proceso por razones caprichosas o aisladas de los presupuestos que el legislador contempló como

impedimento, se encuentran prohibidas las interpretaciones análogas o extensivas, cuya intención sea la de apartarse del proceso por razones caprichosas o aisladas de los presupuestos que el legislador contempló como transgresoras del principio de imparcialidad. Sobre este punto, explicó: “[E]n materia de impedimentos y como pacíficamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte, rige el principio de taxatividad de sus causales. En virtud de ese postulado, solo es procedente separar a un funcionario del conocimiento del proceso en los casos y por los motivos expresamente establecidos en la ley aplicable. En contraste, no es admisible acudir en tales casos a reglas de analogía o a la extensión en su aplicación. (…) 21 Auto 073 de 2020. Reiterado en el Auto 031A de 2022. 22 Cfr. Auto 022 de 2017.Así pues, las causas que dan lugar a separar del conocimiento de un caso determinado a un juez o magistrado no pueden deducirse por analogía, ni ser objeto de interpretaciones subjetivas. Se trata de reglas con carácter de orden público, fundadas en el convencimiento del legislador de que son éstas y no otras las circunstancias fácticas que impiden que un funcionario judicial conozca de un asunto , porque de continuar vinculado a la decisión podría comprometer la garantía de independencia de la

administración de justicia y quebrantar el derecho fundamental de los asociados a obtener un fallo proferido por un tribunal imparcial. ”23 (Negrillas fuera del texto original).

23. En definitiva, la función constitucional a cargo del Procurador General de la Nación prevista en los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución debe ejercerse con imparcialidad y transparencia. Para garantizar estos pilares de la administración de justicia, particularmente en los procesos de constitucionalidad, fueron establecidas las causales de impedimento y recusación en el Decreto 2067 de 1991, las cuales le son aplicables a dicho funcionario, debido a la función por este desempeñada en los procesos de tal naturaleza. Sin embargo, el análisis sobre la configuración de alguna de las causales previstas en la norma debe atender a los criterios de taxatividad, excepcionalidad e interpretación restrictiva.

La causal de impedimento consistente en haber intervenido en la expedición de la norma. Reiteración de Jurisprudencia

24. Esta causal se configura cuando se establece que la persona que considera estar impedida (i) intervino, sea de manera verbal o escrita ante las comisiones permanentes o alguna de las Plenarias del Congreso de la República, durante el trámite legislativo;24 (ii) participó en la comisión

23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. AP3273-2024 Radicación n°. 66552. Acta 148, 19 de junio de 2024. 24 Autos 040A y 028A de 2004, 418 de 2017 y 310 de 2021.redactora de la norma; 25 (iii) remitió documentos a miembros del Congreso, interesados en la iniciativa legislativa, expresando reparos relacionados con la conveniencia y constitucionalidad de esta; 26 (iv) presentó ante el Congreso el proyecto de ley que dio origen a la norma; 27 o (v) participó en la sanción de la norma, ya que “es claro que la sanción de una ley hace parte del proceso de formación de una norma jurídica.”28

25. A su turno, esta es una causal objetiva, 29 es decir, el examen sobre su configuración no tiene como punto de partida un juicio de valor, sino la ocurrencia de un hecho concreto y objetivo. 30 En ese orden, la causal se configura cuando “se demuestra plenamente que existió una participación de la autoridad comprometida en el proceso de formación, en las etapas o en los debates que antecedieron a la aprobación de la norma sometida a control.” 31

Por lo tanto, excluye “aquellos casos en que la intervención tiene ocurrencia frente a temas o asuntos relacionados, pero cuya ocurrencia se produce por fuera del ámbito del iter legislativo.”32

26. En el Auto 191 de 2025,33 se reiteró y sintetizó los eventos en los que se

han aceptado los impedimentos presentados por el Procurador General de la Nación con fundamento en la referida causal. Esto ocurrió cuando se constató alguno de los siguientes hechos: 25 Autos 327, 299, 298, 297, 203, 182, 181, 160, 123 y 073 de 2008 y 310 de 2021, entre otros. 26 Autos 366, 191 de 2008 y 310 de 2021. 27 Autos 302, 214, 204, 126, 104 de 2007 y 310 de 2021. 28 Auto 202 de 2021. 29 Entre otros, Corte Constitucional, Cfr. Auto 191 de 2025. 30 Auto 049 de 2021. 31 Auto 418 de 2017. 32 Auto 418 de 2017. Cfr. Autos 204 de 2007 y 302 de 2007. 33 Cfr. Autos 1125, 909, 721, 706, 187 y 186 de 2024; 2636, 2222, 2145, 1786, 253 y 112 de 2023; 1921, 1730, 1729, 1627, 1555, 1208, 1132, 999, 984, 888A, 776, 593 y 192 de 2022; y 1150, 1129, 1012, 969, 699, 582, 428, 310, 218 y 183 de 2021.(i) su intervención verbal o escrita ante las comisiones permanentes del Congreso de la República o ante la Plenaria de cada cámara, durante el trámite legislativo;34 (ii) su participación en la redacción de la norma;35 (iii) la remisión que hubiere hecho de documentos a miembros del Congreso, interesados en la iniciativa legislativa, expresando reparos relacionados con

trámite legislativo;34 (ii) su participación en la redacción de la norma;35 (iii) la remisión que hubiere hecho de documentos a miembros del Congreso, interesados en la iniciativa legislativa, expresando reparos relacionados con la conveniencia y constitucionalidad de esta;36 (iv) la presentación, por su parte, ante el Congreso, del proyecto de ley que dio origen a la norma objeto de control constitucional.37 (v) en calidad de ministro, sancionó el texto de la norma acusada;38 (vi) en ejercicio de ese mismo cargo, participó en la elaboración, negociación, trámite y suscripción del tratado objeto de control constitucional;39 y cuando 34 Autos 192 de 2022, 129 y 048 de 2021, 418 de 2017, 040A y 028A de 2004. 35 Autos 1125, 1124 y 721 de 2024; 593 de 2022; 327, 299, 298, 297, 203, 182, 181, 160, 123 y 073 de 2008; 301, 288, 284, 270, 264B, 229 y 198A de 2007; 323, 322, 320, 288, 147, 120, 025, 024, 010, 008, 006 y 005 de 2006; 243, 216, 159, 142, 124, 123, 095, 090, 083, 082, 077, 061, 059, 053, 052, 049, 043A, 042A, 041A, 012,

011, 007, 006, 004 y 003 de 2005; 181A, 175, 174, 170, 169A, 164 y 158 de 2004, y 279A de 2002. En relación con el viceprocurador general de la nación, se pueden consultar los siguientes autos: 1125, 1124 y 721 de 2024, y 1627 y 593 de 2022. 36 Autos 366 y 191 de 2008. 37 Autos 909 y 187 de 2024; 253 de 2023; 999, 888A, 776 y 192 de 2022; 1129, 669, 582, 310 y 218 de 2021; 302, 214, 204, 126 y 104 de 2007. 38 Autos 112 de 2023; 1921 y 1132 de 2022; y 428, 183 101A, 100A, y 049 de 2021; 39 Autos 186 de 2024; 2636 de 2023; 1730 y 1729 de 2022, y 969 de 2021.(vii) intervino en las audiencias públicas celebradas por el Congreso de la República durante el trámite legislativo.40

27. Esta Sala ha dejado en claro que los anteriores supuestos “no excluyen otras intervenciones durante el trámite legislativo que configurarían la causal señalada”,41 debido a que la causal de haber intervenido en la expedición de la norma “se presenta cuando, de manera objetiva, la autoridad concernida participa en cualquiera de las etapas de formación de la norma demandada, al margen de la forma, magnitud o contenido de la intervención.”42

28. En el Auto 191 de 2025, se da cuenta de varias providencias en las cuales se ha analizado impedimentos manifestados por el Procurador General

la norma demandada, al margen de la forma, magnitud o contenido de la intervención.”42

28. En el Auto 191 de 2025, se da cuenta de varias providencias en las cuales se ha analizado impedimentos manifestados por el Procurador General 40 Autos 909 y 187 de 2024, 253 de 2023 y 192 de 2022. 41 Auto 1730 de 2022. 42 Auto 418 de 2017.de la Nación, entre las cuales es pertinente destacar los Autos 418 de 2017, 43 065 de 2019,44 049 de 2021,45 2636 de 202346 y 186 de 2024.47

29. De lo anterior se sigue que la causal de haber intervenido en la expedición de la norma objeto de control constitucional es objetiva y se configura cuando se acredita la participación determinante y activa del funcionario que la invoca en el proceso de formación, en las etapas o en los 43 En él, la Corte aceptó el impedimento manifestado por el Procurador General de la Nación para emitir concepto sobre el control automático del Acto Legislativo 01 de 2017. Encontró que el funcionario realizó una intervención en el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y participó en una audiencia pública. La Sala evidenció que, como consecuencia de la intervención, se suscitó un amplio debate sobre el punto de la participación e incluso “tal tema siguió latente en el trámite legislativo, hasta el punto

de que fue determinante y generó la modificación de la iniciativa, cuando el proceso siguió su curso en el Senado de la República.” De ahí que se calificara la intervención como activa y determinante. 44Allí, el tribunal estudió el impedimento del Viceprocurador General de la Nación en el proceso de constitucionalidad contra una norma del Decreto 1512 de 2018. La Corte señaló que la causal de impedimento que se funda en la expedición de la norma acusada supone demostrar: “(i) la participación activa del funcionario en el proceso de formación de la norma objeto de control; (ii) y que dicha actuación haya sido determinante en el proceso de formación de la disposición que es objeto de control constitucional.” En esa oportunidad se aceptó el impedimento al encontrar acreditados tales parámetros en tanto el funcionario presentó un concepto técnico que sirvió de fundamento para la expedición de la norma objetada. La Sala concluyó que “ la participación activa y determinante consistente en presentar y justificar ante el Gobierno Nacional la necesidad de un Decreto Ley para la reestructuración de la planta de personal de la PGN claramente se traduce en una intervención en el proceso de formación de la norma que se subsume dentro de la causal objetiva de impedimento prevista en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991.”

45 En dicho Auto, la Sala aceptó el impedimento presentado por la Procuradora General de la Nación para conceptuar sobre la demanda contra una norma de Ley 2003 de 2019, en ta