CC - A481-2019

Auto 481/19 CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

Referencia: Expediente ICC-3725

Conflicto de competencia en materia de tutela suscitado entre el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá y el Juzgado Trece Civil Municipal de Oralidad de la misma ciudad.

Magistrado Sustanciador:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil diecinueve (2019). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente AUTO

I. ANTECEDENTES

1. El 26 de julio de 2019, Gustavo Henao Toro interpuso acción de tutela contra Positiva Compañía de Seguros S.A., al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición1.

2. Por reparto, la referida acción de tutela fue asignada al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá que, mediante auto del 29 de julio de 20192, declaró su falta de competencia para conocer de la misma, argumentando que conforme a lo previsto en el Decreto 1983 de 2017, los recursos de amparo interpuestos contra particulares deben repartirse para su conocimiento, en primera instancia, ante los jueces municipales. En 1 Folios 1 a 3 del cuaderno principal.

2Folio 30 del cuaderno principal.

consecuencia, el funcionario dispuso la remisión del expediente a la oficina judicial de dichas autoridades.

3. Al efectuarse un nuevo reparto, el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Trece Civil Municipal de Oralidad de Bogotá que, mediante auto del 5 de agosto de 20193, se abstuvo de asumir el trámite de la acción de tutela, al estimar que el referido juez administrativo no podía declararse incompetente con base en el Decreto 1983 de 2017, ya que el mismo sólo establece reglas de reparto y no de competencia. Por lo anterior, el funcionario planteó conflicto negativo de competencia y remitió el plenario a la Corte Constitucional para que dirima la controversia.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas para el efecto en la Ley 270 de 19964.

Asimismo, este Tribunal ha explicado que su competencia para conocer y dirimir dicha clase de controversias es residual y, en consecuencia, sólo opera: (i) en los casos en que las normas de la referida Ley Estatutaria de Administración de Justicia no establezcan la autoridad encargada de asumir el trámite5, o (ii) en los eventos en los que se requiera aplicar los principios de celeridad y eficacia que rigen el proceso de tutela6 con el fin de brindar a los 3Folio 38 del cuaderno principal. 4 Al respecto, cabe resaltar que, de manera reiterada, este Tribunal ha utilizado

las normas contenidas en los artículos 17, 18, 37 y 41 de la Ley 270 de 1996, para determinar la autoridad judicial encargada de dirimir los conflictos de competencia suscitados dentro de los procesos de tutela, al considerar que, además de su rango estatutario, son las que en mayor medida se armonizan con la estructura de la Jurisdicción Constitucional en materia de tutela, la cual está conformada por todos los jueces del país sin importar su especialidad. Con todo, debe tenerse en cuenta que la regla contenida en el artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que confiere a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la competencia para dirimir los conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones no es aplicable en los procesos de tutela, pues en estos cuando se presenta un conflicto de competencia el mismo se suscita dentro de la Jurisdicción Constitucional y, por lo tanto, no es relevante que las autoridades judiciales involucradas pertenezcan orgánicamente a jurisdicciones diferentes, pues a todas ellas es común su pertenencia funcional a la Jurisdicción Constitucional cuando conocen de recursos de amparo. 5 Cfr. Autos 003 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido), 050 de 2018 (M.P. Alberto Rojas Ríos), 158 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y 262 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). 6 Artículo 3º del Decreto 2591 de 1991. 2 ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la

protección efectiva de sus derechos fundamentales7.

2. En la presente oportunidad, la Corte Constitucional está facultada para resolver el conflicto de la referencia, porque las autoridades judiciales involucradas en la controversia, a pesar de integrar la funcionalmente la Jurisdicción Constitucional, carecen, desde una perspectiva orgánica, de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que esté facultada para solucionar la colisión suscitada.

3. Ahora bien, esta Corte ha explicado que existen únicamente tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:

(i) El factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos (artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991)8; (ii) El factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado en primera instancia a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial (artículo 37 del Decreto 2591 de 1991)9, y (b) los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal Especial para la Paz (artículo 8° transitorio del título transitorio de la Constitución)10; y (iii) El factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de un fallo de tutela, y que implica que únicamente pueden conocer de

ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”11 en los términos establecidos en la jurisprudencia constitucional (artículo 32 del Decreto 2591 de 1991)12. 7 Cfr. Autos 170 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), 243 de 2012 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y 495 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). 8 Cfr. Auto 158 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). 9 Cfr. Sentencia C-940 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y Auto 700 de 2017 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). 10 Cfr. Auto 021 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido). 11 Cfr. Auto 046 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). 12 De conformidad con lo dispuesto, entre otros, en el Auto 655 de 2017 (M.P. Diana Fajardo Rivera), debe entenderse que el “superior jerárquico correspondiente” es “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, 3

4. Por otro lado, esta Corporación ha señalado que la aplicación de las normas previstas en el Decreto 1069 de 201513, que fueron modificadas parcialmente por el Decreto 1983 de 201714, no autorizan al juez de tutela para abstenerse de conocer de los asuntos de amparo que le son asignados, en la medida en que únicamente se refieren a reglas administrativas para el reparto, pero no hacen alusión a la competencia de las autoridades judiciales15. En este sentido,

cabe resaltar que el parágrafo segundo del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 expresamente dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”.

5. En este contexto, considerando que las disposiciones del mencionado decreto reglamentario no son presupuesto para que un juez se aparte del conocimiento de un asunto, este Tribunal ha expresado que “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”16.

III. CASO CONCRETO

1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional

constata que en el presente caso: (i) Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que, por un lado, el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá tomó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, para declararse incompetente y no pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo; y, de otro lado, el Juzgado Trece Civil Municipal de Oralidad de la misma ciudad se limitó al poner de presente dicha situación y a suscitar la presente controversia17. (ii) El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá

funcionalmente funge como superior”. 13 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”. 14 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 15 Cfr. Autos 064 de 2018 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo), 172 de 2018 (M.P. Alberto Rojas Ríos), 275 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido) y 305 de 2018 (M.P. Alejandro Linares Cantillo). 16 Autos 124 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y 180 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). 17Supra I, 2 y 3. 4 aplicó una regla de reparto que no desplaza su competencia sobre la solicitud de tutela presentada por Gustavo Henao Toro y, por ello, se apartó injustificadamente de su conocimiento18, afectando así la celeridad y eficacia de la administración de justicia. (iii) La autoridad competente para resolver la acción de tutela presentada por Gustavo Henao Toro es a quien primero se repartió19, es decir, el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá.

2. Con base en los anteriores criterios, esta Corporación dejará sin efectos el auto del 29 de julio de 2019 proferido por el Juzgado Cuarenta y Siete

Administrativo del Circuito de Bogotá y, en consecuencia, ordenará que se le remita el expediente ICC-3725 para que, de forma inmediata, inicie el trámite y profiera la decisión de fondo a que haya lugar dentro de la acción de tutela interpuesta por Gustavo Henao Toro contra Positiva Compañía de Seguros S.A.

3. Adicionalmente, con el fin de evitar que situaciones similares vuelvan a suceder, esta Corporación le advertirá al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá que, en lo sucesivo, deberá abstenerse de suscitar conflictos aparentes de competencia con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, que fueron modificadas parcialmente por el Decreto 1983 de 2017.

IV. DECISIÓN Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte

Constitucional, RESUELVE PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 29 de julio de 2019 proferido por el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de la referencia. SEGUNDO.- REMITIR al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá el expediente ICC-3725 para que, de manera inmediata, inicie el trámite y profiera la decisión de fondo a que haya lugar dentro de la acción de tutela interpuesta por Gustavo Henao Toro contra Positiva Compañía de Seguros S.A. TERCERO.- ADVERTIR al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del 18Supra II, 4. 19Supra II, 5.

5 Circuito de Bogotá que en lo sucesivo se abstenga de suscitar conflictos aparentes de competencia con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, que fueron modificadas parcialmente por el Decreto 1983 de 2017. CUARTO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se comunique la decisión adoptada en esta providencia a la parte actora y al Juzgado Trece Civil Municipal de Oralidad de Bogotá. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Presidenta Con ausencia parcial justificada

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada 6

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General 7