CC - A560-2019

Auto 560/19 SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Presupuestos formales y materiales de procedencia NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONALReiteración de jurisprudencia sobre desconocimiento del precedente constitucional SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Negar por cuanto cargos planteados son infundados y se pretende reabrir debate jurídico

Referencia: Expedientes T-5.457.363, T5.513.941 y T-5.516.632 AC.

Solicitud de nulidad de la Sentencia SU-273 de 2019 presentada por Juan Pablo Mantilla Chaparro.

Magistrado ponente:

CARLOS BERNAL PULIDO

Bogotá D.C., quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las previstas por los artículos 49 del Decreto 2067 de 1991 y 106 del Acuerdo 02 de 2015, profiere el siguiente AUTO

I. ANTECEDENTES

A. Hechos

1. La solicitud de tutela. El 5 y 9 de noviembre de 2015 y el 9 de diciembre del mismo año, las ciudadanas Inés Tomasa Valencia Quejada (T-5.457.363); María Rogelia Calpa de Chingue y otros (T-5.513.941), y Ana de Jesús Arciniegas Herrera y otros (T-5.516.632) instauraron acciones de tutela en contra

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante ICBF) y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (en adelante DPS) al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo.

2. Las accionantes señalaron que la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales se produjo como consecuencia del incumplimiento del ICBF en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social en pensión. Afirman que esta obligación surge de su vinculación, como madres comunitarias, al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, en el período comprendido desde su incorporación hasta el 12 de febrero de 2014, o en su defecto, hasta la fecha en la que con anterioridad hubieran estado vinculadas.

3. Para las accionantes su vínculo con el ICBF constituía un contrato realidad, al configurarse los requisitos establecidos para tal efecto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Estos elementos son: (i) la prestación personal del servicio por parte del trabajador; (ii) la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, y (iii) un salario como retribución del servicio.

(i) La prestación personal del servicio. Afirman que las madres comunitarias debían cuidar y alimentar a los niños asignados al hogar comunitario, y organizar actividades pedagógicas, entre otros. Estas labores iniciaban a las 5:00 am con la preparación de la casa. De 8:00 am a 4:00 pm cuidaban a los menores, tarea que se podía prolongar hasta que el último padre de familia

recogiera a su hijo. (ii) La continua subordinación o dependencia: Indican que dichas funciones se realizaron de manera permanente, personalizada y subordinada al ICBF, ya que sus labores eran asignadas y supervisadas por dicha entidad, conforme a los estándares establecidos por el ICBF, cuyo incumplimiento conducía a la clausura del hogar comunitario. (iii) Retribución económica del servicio: Manifiestan que desde su vinculación al Programa Hogares Comunitario del ICBF recibieron una suma de dinero mensual denominada “beca”, que por su continuidad y características se constituye en salario como contraprestación por sus servicios. No obstante, sólo a partir del 1 de febrero de 2014 se igualó al monto de un salario mínimo legal vigente.

4. Con base en los hechos expuestos, las accionantes solicitaron que: (i) se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo; (ii) se ordenara al ICBF pagar, con destino a Colpensiones, los aportes pensionales no realizados a su favor y los intereses moratorios a los que hubiera lugar, en el período comprendido entre su vinculación al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y el 12 de febrero de 2014, o en su defecto, hasta el momento en que con anterioridad a esa fecha hubieran estado vinculadas. En su defecto, solicitaron se reconociera pensión sanción, en razón a los “derechos inalienables de las personas de la tercera edad”1; (iii) se ordenara al ICBF abstenerse de inaplicar normas de carácter

pensional; y (iv) en consecuencia, reconociera y pagara las acreencias laborales correspondientes.

5. Sentencia de primera instancia. Teniendo en cuenta que se trata de 106 accionantes, las decisiones de tutela falladas en primera y segunda instancia se presentan de conformidad con la acumulación de la que fueron objeto los procesos, en relación con su unidad temática y pretensiones: 5.1. Expediente T-5.457.363. Accionante: Inés Tomasa Valencia Quejada y otros. Mediante sentencia del 25 de noviembre del 2015, el Juzgado 9 Penal del Circuito de Medellín declaró improcedente el amparo. La providencia no fue objeto de impugnación. 5.2. Expediente T-5.513.941. 57 accionantes: María Rogelia Calpa de Chingue y otros. Mediante sentencia del 23 de noviembre de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Laboral, declaró improcedente el amparo. Esta providencia no se impugnó. 5.3. Expediente T-5.516.632. 48 accionantes: Ana de Jesús Arciniegas Herrera y otros. Mediante sentencia del 12 de enero de 2016, el Juzgado 2 Civil del Circuito de Cali declaró improcedente el amparo. Este fallo no se impugnó.

B. Sentencia T-480 de 2019

6. El 14 de abril de 2016, la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro de la Corte Constitucional seleccionó para su revisión el expediente T-5.457.363. De igual modo, el 13 de mayo de 2016 la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco seleccionó los expedientes T-5.513.941 y T-5.516.632 para su revisión, y

los acumuló al primero para que fueran fallados en una sola sentencia, atendiendo a un criterio de unidad de materia.

7. El 1 de septiembre de 2016, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-480 de 2016, en el asunto de la referencia.

En dicho fallo, tras verificar los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte Constitucional concedió las pretensiones de las demandantes, estimando para ello que el vínculo que existía entre ellas y el ICBF reunía los tres elementos necesarios para estimarse como un contrato realidad. La decisión fue adoptada con el salvamento de voto de la Magistrada María Victoria Calle Correa, quien estimó insuficiente concluir la existencia de un contrato realidad “solo porque había en abstracto una reglamentación general con directrices impersonales sobre el funcionamiento de los hogares comunitarios”2, sin evaluar cada caso en concreto a la luz de pruebas que demostraran en cada uno de ellos 1 Autos 186 de 2018 y 217 de 2018. En sede de nulidad se verificó que la edad promedio de las accionantes es de 71.24 años, siendo la más joven de 36 años y la mayor de 82 años. 2 Sentencia T-480 de 1 de septiembre de 2016. su realidad contractual.

8. Contenido de la primera nulidad. Mediante Auto 186 de 2017, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la nulidad parcial de la sentencia T-480 de 2019, por desconocer el precedente de la Sentencia SU244 de 1998 y la jurisprudencia vigente3. Constató la Corte que esta sentencia de unificación

constituía precedente vinculante, toda vez que la Sala Plena concluyó que no existía vulneración del derecho fundamental al trabajo por la naturaleza civil y contractual del vínculo entre las madres comunitarias y la asociación de padres de familia, en la que no coincidían los elementos requeridos para que constituyera un contrato de trabajo. Del mismo modo, estimó que en la jurisprudencia en vigor, el vínculo entre las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones o entidades que participan en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar es de naturaleza contractual de origen civil. En consecuencia, junto con la declaratoria de nulidad parcial, la Sala Plena profirió órdenes de reemplazo a cargo del Fondo de Solidaridad Pensional, así como a otras entidades que no habían sido vinculadas.

9. Contenido de la segunda nulidad: Mediante Auto 217 de 2018, la Sala Plena anuló las órdenes de reemplazo contenidas en el Auto 186 de 2017, al estimar que debió vincularse al Consorcio Colombia Mayor 2013 y al Ministerio del Trabajo. Estimó la Corte Constitucional que “dado que lo ordenado al Fondo de Solidaridad Pensional en el Auto 186 de 2017 desbordó el deber legal que le ha sido impuesto al referido Fondo, en relación con el valor a asumir como subsidio de los aportes al régimen general de pensiones de las 106 madres comunitarias, al haberse determinado que el mismo equivaldría al 100% del total de la cotización para pensión y no al 80% como lo establecen las Leyes 509 de 1999 y 1187 de 2008”. Se decidió que una vez integrado el contradictorio, la

Sala Plena fallaría respecto al subsidio pensional previsto en la Ley 509 de 1999 y la Ley 1187 de 2008.

C. Sentencia SU-273 de 2019

10. El 19 de junio de 2019, la Sala Plena de la Corte Constitucional profirió la Sentencia SU-273 de 2019, de conformidad con lo dispuesto en los Autos 186 de 2017 y 217 de 2018, que declararon la nulidad de la Sentencia T-480 de 2016. En esta decisión, tras verificar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de las acciones de tutela, el pleno negó el amparo de los derechos fundamentales solicitados.

11. En sustento de ello, reiteró la regla de la Sentencia SU-079 de 2018, al estimar que del vínculo que existe entre las madres comunitarias y el ICBF no podía derivarse la existencia de un contrato realidad. Con ello, la Corte consideró que “si bien se puede afirmar que las labores fueron desarrolladas por cada una

3Contenida en la línea jurisprudencial T-269 de 1995, T-668 de 2000, T-990 de 2000, T-1081 de 2000, T-1117 de 2000, T-1173 de 2000, T-1605 de 2000, T-1674 de 2000, T-158 de 2001, T-159 de 2001 y T-1029 de 2001. de ellas, no existió una relación de continua subordinación y dependencia, al tratarse de una contribución voluntaria y solidaria con los menores de su comunidad y la beca no constituye una remuneración, al estar destinada a la alimentación de los niños y niñas a su cuidado, compra de útiles y elementos de

aseo, entre otros fines”.

12. Del mismo modo, el pleno consideró que la solicitud de incrementar el porcentaje del subsidio al aporte de pensión previsto para las madres comunitarias del 80% al 100%, además de modo retroactivo, resultaba irrazonable y discriminatorio frente a otros grupos caracterizados en el PSAP, que asumen con esfuerzo propio el porcentaje de cotización respectivo. Así, la Corte Constitucional “constató que no existe un mandato constitucional expreso que permita el pago de dichos aportes de modo retroactivo o subsidiado en un 100%”, antes bien, para la liquidación de las pensiones se habría de tener en cuenta únicamente los factores sobre los cuales cada persona hubiera cotizado.

D. Solicitud de nulidad

13. El 16 de agosto de 2019, el abogado Juan Pablo Mantilla Chaparro, apoderado de las accionantes en el proceso T-5.516.632, pidió la nulidad de la Sentencia SU-273 de 2019. En apoyo de su solicitud, indicó que en su criterio la providencia había incurrido en las causales de: (i) desconocimiento del precedente judicial, (ii) inexistencia de jurisprudencia en vigor aplicable al caso concreto, (iii) falta de valoración probatoria, (iv) falta de análisis de asuntos de relevancia constitucional que tiene efectos trascendentales en el sentido de la decisión, por desconocimiento de la cosa juzgada constitucional4.

14. Desconocimiento del precedente judicial. Al respecto, el solicitante señaló que la Corte Constitucional desconoció la regla jurisprudencial para determinar el precedente judicial aplicable a un caso concreto, establecido en los Autos 013 de

1997, 397 de 2014, 153 de 2015, y en las Sentencias T-292 de 2006 y T-436 de

2017. En su criterio, la Sala Plena de la Corte “no consideró la necesidad de conjugar los tres elementos que ha establecido la jurisprudencia de la propia corporación para establecer el carácter de precedente judicial aplicable al caso en concreto; incluso, no se hace un análisis jurídico de similitud entre las situaciones fácticas descritas en el caso que nos ocupa y los resueltos en las sentencias que se alegan, reitero, como jurisprudencia en vigor”5.

15. En este orden de ideas, advirtió que la Corte incurrió en error al considerar la Sentencia SU-079 de 2018 como precedente aplicable al caso concreto, dado que esa sentencia, a su vez, también desconoció los criterios para considerar como precedente las Sentencias T-269 de 1995, SU-224 de 1998, T-668 de 2000, T-990 de 2000, T-1081 de 2000, T-1117 de 2000, T-1173 de 2000, T-1605 de 2000, T-1674 de 2000, T-158 de 2001, T-159 de 2001, T-1029 de 2001, T-628 de 2012, T-478 de 2013, T-130 de 2015 y T-508 de 2015, por no compartir ninguna

4Cno. nulidad, fl. 10. 5Cno. nulidad, fl. 12. de ellas “identidad fáctica o respecto al problema jurídico resuelto con el presente asunto”6. Para ello, citó además in extenso el salvamento de voto del

magistrado Alberto Rojas Ríos al Auto 186 de 2017, proferido en el proceso de la referencia.

16. Inexistencia de jurisprudencia en vigor aplicable al caso concreto. El solicitante alegó que “los problemas jurídicos considerados en la Sentencia SU273 de 2019 son inequiparables (sic) a los revisados en las sentencias que se alegan como vigor en el caso concreto”7. Advirtió, así que, “los problemas jurídicos, los puntos de derecho e incluso la ratio decidendi de los pronunciamientos que en el auto 186 fueron considerados como jurisprudencia en vigor, referidos en la sentencia SU-079 de 2018 para soportar la negación del contrato realidad, algunos reiterados en la sentencia SU-273 de 2019, distan de identidad fáctica con los hechos y reclamos del presente caso”8. Por estas razones, estima que no existe jurisprudencia en vigor que sustente la Sentencia SU-079 de 2018, y en consecuencia, la Sentencia SU-273 de 2019.

17. Falta de valoración probatoria. Frente a esta causal, el solicitante se remitió a lo señalado por la Corte en relación con los elementos de la relación laboral existente entre las madres comunitarias y el ICBF, y en particular, a la (i) remuneración y (ii) la prestación personal del servicio. En primer lugar, puntualmente indicó que la consideración 31 de la sentencia objeto de nulidad establece que la beca tiene como objeto “financiar o reembolsar la compra de alimentos, útiles escolares, elementos de aseo destinados a los menores, más no como remuneración”, lo que a su parecer requiere “ciertas precisiones, debido a

que, la interpretación realizada es descontextualizada e induce en error a la Sala Plena de la Corte Constitucional”9.

18. En respaldo de la anterior afirmación, el solicitante indicó, por un lado que:

(i) desde el inicio de los programas se pagaba la beca a las madres comunitarias, “situación que justamente pone de presente la realidad del trabajo desarrollado por las madres comunitarias, que no fue verificada por la Corte y no fue desvirtuada por los accionados”10; (ii) en el debate de la Ley 1187 de 2008 existió una proposición que equiparaba la beca a un salario mínimo mensual 6Cno. nulidad, fl. 12. 7Cno. nulidad, fl. 16. Refiere el solicitante que la sentencia recurrida estableció como problema jurídicos (i) establecer si se configuraba un contrato realidad, con las subsecuentes obligaciones prestacionales que allí se derivan; y (ii) determinar si es razonable que el monto del subsidio al aporte a pensión consagrado en las leyes 509 de 1999 y 1187 de 2008 no sea equivalente al 80% sino al 100% del total de las cotizaciones pensionales faltantes y causadas en la labor de madre comunitaria. De igual forma, citó la metodología con base en la cual se resolvieron los anteriores cuestionamientos. 8Cno. nulidad, fl. 16. 9Cno. nulidad, fl. 17. 10Cno. nulidad, fl. 17. vigente, iniciativa que no fue acogida por el pleno del Senado de la República; (iii) que mediante la Ley 1607 de 2012 se aumentó el valor de la beca a un salario

mínimo mensual vigente para el año 2013, y la formalización laboral de las madres comunitarias para el año 2014; (iv) en que la jurisprudencia citada por la Corte en la Sentencia SU-273 de 2019 “reconoce que la beca se otorga a las madres comunitarias como contraprestación del servicio en los siguientes términos: ‘Por la prestación de los servicios, además del pago de una beca, las madres comunitarias se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social en salud, a través del régimen subsidiado, el cual es financiado con los recursos del IVA social’11. Por otro, aseveró que la prestación personal del servicio por las madres comunitarias se encuentra probada en el Auto 217 de 2018, situación que no fue cuestionada por entidad alguna12.

19. Falta de análisis de asuntos de relevancia constitucional que tiene efectos trascendentales en el sentido de la decisión – desconocimiento de la cosa juzgada constitucional. Señaló el apoderado que (i) la Corte Constitucional desconoció el precedente jurisprudencial establecido la Sentencia C-665 de 1998, respecto a la inversión de la carga de la prueba en la presunción de la relación laboral. En su parecer, el ICBF se limitó a desconocer la relación laboral “desde el eufemismo de que el trabajo de las madres comunitarias es de contribución solidaria y de carácter voluntario, sin exhibir prueba si quiera sumaria que desvirtúe probatoriamente la existencia del contrato realidad, limitándose a exhibir, como lo prohíbe expresamente la sentencia C-665 de 1998, los

documentos que pretenden hacer valer como pruebas de su relación contractual”13; (ii) la unificación de jurisprudencia ha sido parcial, al no referirse la sentencia a lo establecido en la Sentencia T-018 de 2016, en la cual la Sala Novena de Revisión “desvirtuó el argumento principal del ICBF para desconocer el contrato realidad”14, y (iii) el grado de vinculación del precedente jurisprudencial referido en las Sentencias C-539 y C-634 de 2011, según el cual estima que la Corte no motivó de forma adecuada su decisión de separase de la jurisprudencia vigente en materia de inversión carga de la prueba.

20. Pretensiones. Con fundamento en los argumentos expuestos, el apoderado solicita a la Corte Constitucional: (i) declarar la nulidad de la Sentencia SU-273 de 2019, (ii) que se amparen los derechos fundamentales alegados como violados, (iii) que se reconozca la existencia de un contrato realidad entre las accionantes y el ICBF desde la fecha de vinculación al programa de hogares de bienestar familiar y hasta el 12 de febrero de 2014 y (iv) que se conmine al ICBF para que en lo sucesivo se abstenga de “incurrir en actos de violencia de género contra las madres comunitarias, sustitutas y tutoras”15.

E. Trámite ante la Corte Constitucional

11Cno. nulidad, fl. 18. 12Cno. nulidad, fl. 18. 13Cno. nulidad, fl. 19. 14Cno. nulidad, fl. 19. 15Cno. nulidad, fl. 20.

21. Mediante el auto de 13 de septiembre de 2019, el magistrado ponente ordenó correr traslado de la solicitud de nulidad a las partes e intervinientes en la acción de tutela para que se pronunciaran sobre la misma16. Este auto fue notificado por la Secretaría General de la Corte Constitucional mediante comunicación con oficios OPT-A-2335/2019 a OPT-A-2344/201917. Se acercaron para tener conocimiento de la nulidad puesta a disposición (i) el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y (ii) Juan Pablo Mantilla Chaparro, apoderado de las accionantes.

II. CONSIDERACIONES

A. Nulidad de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional.

Procedencia excepcional

22. La jurisprudencia constitucional ha señalado el carácter excepcional de la nulidad de sus sentencias, al considerar esta medida como “una petición que genera un incidente especial y particular”18, relacionada con la protección al debido proceso. En consecuencia, por razones de seguridad jurídica y certeza del derecho, la nulidad sólo resulta procedente cuando se acreditan “situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, (…) cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso”. Además, la irregularidad alegada debe ser “significativa y trascendental (…), es decir, debe tener unas

repercusiones sustanciales”19 en la decisión adoptada o en sus efectos20.

23. Por lo anterior, la Corte Constitucional ha insistido que el incidente de nulidad no es una nueva instancia que permita impugnar o controvertir las decisiones adoptadas o reabrir debates probatorios o argumentativos concluidos en sede de revisión21. Las sentencias proferidas por la Corte –ya sea por una Sala de Revisión o por la Sala Plena– hacen tránsito a cosa juzgada constitucional22 y

16Cno. nulidad, fl. 47. 17Cno. nulidad, fl. 95. 18 Auto 111 de 2016. 19 Autos 116 de 2017, 536 de 2015, 022 de 2013, 031A de 2002 y 022 de 1995. 20 Auto 048 de 2013. 21 Auto 536 de 2016. “La solicitud de nulidad no puede constituirse en una instancia en la que [la] Sala Plena de la Corte efectúe un análisis acerca de la corrección de los argumentos expuestos por la Sala de Revisión correspondiente. La sentencia que profiere la Sala de Revisión está cobijada por los efectos de cosa juzgada, de manera tal que tanto la valoración probatoria como la interpretación que se haya plasmado en la sentencia no son asuntos objeto de cuestionamiento a través del incidente de nulidad. En cambio, este incidente se restringe a la identificación de un vicio significativo y trascendental, el cual haga la sentencia abiertamente incompatible con el derecho al debido proceso [...]”. 22

Sentencia C-153 de 2002: “el principio de la cosa juzgada se traduce en el carácter inmutable, intangible,

definitivo, indiscutible y obligatorio de los fallos cuando se han dado los trámites y se han cumplido las concluyen, de manera definitiva, el debate jurídico. Como lo ha explicado esta Corte en varias oportunidades, sus decisiones tienen “carácter inmutable, intangible, definitivo, indiscutible y obligatorio”23, las cuales, además, “hacen tránsito a cosa juzgada y, por lo tanto, no hay posibilidad para debatir aspectos considerados en una sentencia o extender los efectos definidos en ella”24.

24. Por lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto una especial metodología para el estudio de las solicitudes de nulidad que se presenten en contra de sus decisiones. Esta tiene por objeto establecer ciertas condiciones que permitan al juez determinar (i) la procedencia de la solicitud (requisitos formales) y (ii) la vocación de prosperidad del incidente, estructurada a partir de unos supuestos de nulidad (requisitos materiales)25.

25. Requisitos formales. En primer lugar, la jurisprudencia ha definido los requisitos de forma para que proceda el estudio de una solicitud de nulidad dirigida contra una sentencia proferida por la Corte Constitucional. Así, la Corte ha señalado que las solicitudes de nulidad deben cumplir tres requisitos de procedencia, a saber: (i) oportunidad26, según la cual la solicitud de nulidad debe interponerse dentro del término de ejecutoria de la sentencia, esto es, dentro de los tres días siguientes a su notificación; (ii) legitimación27, es decir que la solicitud deber ser interpuesta por las partes o, excepcionalmente, por un tercero

con interés legítimo; y (iii) carga argumentativa, en virtud de la cual el solicitante debe demostrar la existencia de una irregularidad de la decisión que evidencie, prima facie, una vulneración grave del debido proceso. Por lo tanto, son improcedentes aquellos argumentos que obedezcan “al disgusto o inconformismo con la decisión adoptada”28, pretendan discutir “nuevamente los problemas jurídicos planteados”29 o cuestionen la valoración probatoria efectuada por la Corte, puesto que la competencia del juez “está aún más restringida”30 frente a este tipo de consideraciones. En caso de que no se acredite el cumplimiento de alguno de estos requisitos, la solicitud de nulidad deberá rechazarse por improcedente. condiciones y requisitos previstos por la ley”. 23Auto 511 de 2017. 24Auto 058 de 2004. 25 Auto A052 de 2019. 26 Ver Autos 116 de 2017, 026 de 2015, 395 de 2014, Autos 031A de 2002 y 232 de 2001. 27 Auto 043A de 2014, 175 de 2009 y 185 de 2008. Asimismo, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-435 de 2006, señaló: “[e]n sus pronunciamientos sobre la coadyuvancia, la Corte Constitucional, interpretando el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, ha entendido que terceros ajenos a la conculcación de los derechos fundamentales con interés en el resultado de un proceso de tutela pueden intervenir de diferentes formas, buscando defender sus intereses (...)”. 28Auto 344 de 2010.

29Auto 519 de 2015. 30Auto 031A de 2002.

26. Carga argumentativa. Por su importancia para el caso sub judice, la Corte profundizará sobre el requisito de carga argumentativa. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, quien solicite la nulidad de una sentencia proferida por la Corte Constitucional tiene la carga de demostrar de qué manera se afecta, de forma grave, el debido proceso, lo que delimita el ámbito de competencia del pleno. De allí que al solicitante le corresponda (i) cumplir con una rigurosa carga argumentativa dirigida a evidenciar la existencia de una irregularidad de la decisión, y (ii) evidenciar, prima facie, una grave vulneración del debido proceso.

Contrario sensu, la argumentación del solicitante no podrá estar dirigida a cuestionar la decisión, para que la Sala Plena conozca y resuelva nuevamente el asunto.

27. En consecuencia, el solicitante debe indicar de manera “clara, expresa, precisa, pertinente y suficiente la irregularidad que justifica la violación del debido proceso y su directa incidencia en la decisión proferida”31. La solicitud será (i) clara, si la argumentación planteada por el solicitante presenta de forma lógica las razones por las que se cuestiona la sentencia; (ii) expresa, si los cuestionamientos se refieren a contenidos objetivos y ciertos de la providencia cuestionada; (iii) precisa, si los cuestionamientos son concretos, que no simples juicios generales e indeterminados acerca de la providencia cuestionada; (iv) pertinente, por cuanto los argumentos están referidos a una presunta vulneración

grave del debido proceso, y no a reabrir el debate jurídico o probatorio; y (v) suficiente, si la argumentación desplegada aporta los elementos necesarios que permitan demostrar la existencia de una presunta irregularidad violatoria del debido proceso32.

28. Requisitos materiales. La Corte Constitucional ha destacado como supuestos que dan lugar a la nulidad de sus decisiones los siguientes: (i) el desconocimiento de las reglas de mayorías para la adopción de sus sentencias33;

(ii) la indebida integración del contradictorio34; (iii) la incongruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva de la providencia35; (iv) el desconocimiento de la cosa juzgada constitucional36; (v) el cambio irregular de la jurisprudencia constitucional, es decir, el desconocimiento del precedente de la Sala Plena37; y (vi) la omisión de análisis de asuntos de relevancia constitucional que tengan efectos trascendentales en el sentido de la decisión38.

B. Caso concreto

31Auto 052 de 2019. Asimismo, cfr. Autos 519 de 2015, 168 de 2013 y 009 de 2010. 32 Auto 052 de 2019. 33 Auto 070 de 2015. 34 Auto 287 de 2014. 35 Auto 091 de 2000. 36 Auto 008 de 1993. 37 Autos 381 de 2014 y 080 de 2000. 38 Auto 031A de 2002.

29. La Sala Plena de la Corte Constitucional considera que la solicitud de nulidad bajo examen no cumple con los requisitos formales. Si bien se acreditan

los requisitos de oportunidad y legitimación, la solicitud no satisface el requisito de carga argumentativa.

30. La solicitud de nulidad cumple con el requisito de oportunidad. Según consta en el expediente, la solicitud fue interpuesta dentro del término de ejecutoria de la Sentencia SU-273 de 2019. En efecto, esta decisión se notificó a Juan Pablo Mantilla Chaparro, apoderado judicial de las accionantes en el proceso T-5.516.632, mediante correo electrónico, el cual fue recibido por el actor el 13 de agosto de 2019. Por su parte, el abogado interpuso la solicitud el 16 de agosto de 2019, esto es, dentro de los tres días siguientes a su notificación39.

31. La solicitud de nulidad cumple con el requisito de legitimación. La solicitud fue interpuesta por Juan Pablo Mantilla Chaparro, apoderado de las accionantes en el proceso T-5.516.632. Así, su legitimación está acreditada, por cuanto está probada su calidad de representante de una de las partes accionantes dentro del proceso de tutela, que concluyó con la Sentencia SU-273 de 2019.

32. Sin embargo, la solicitud de nulidad no cumple el requisito de carga argumentativa. La Sala Plena encuentra que los argumentos presentados por el solicitante (i) no demuestran que la Sentencia SU-273 de 2019 hubiese incurrido en irregularidad alguna que vulnere su derecho al debido proceso al reiterar el precedente de unificación de la Sentencia SU-079 de 2018 y (ii) pretenden reabrir el debate respecto del carácter de los elementos de la relación laboral existente entre las madres comunitarias y el ICBF y la suficiencia de las pruebas aportadas

por el ICBF para desvirtuar la presunción de la existencia del contrato realidad.

33. En primer lugar, tras revisar la solicitud de nulidad, la Corte Constitucional observa que, para el actor, la Sala Plena incurrió en una violación del debido proceso por desconocimiento del precedente en la Sentencia SU-273 de 2019