CC - A577-2024

A577-24TEMAS-SUBTEMAS Auto A-577/24 COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Controversias sobrerecobros de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios de salud-PBS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Auto 577 de 2024

Referencia: expediente CJU-5152

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito deBogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,Subsección C

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, laprevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES

1. La causa judicial. Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. - Coomeva E.P.S. S.A. (en adelante, CoomevaEPS) interpuso acción de “enriquecimiento sin causa - in rem verso” en contra de la Nación – Ministerio de Salud yProtección Social – Fosyga (en adelante, la demandada). Esto, con el fin de que: (i) “se declare solidariamenteresponsable [a la demandada] del enriquecimiento sin justa causa y consecuente empobrecimiento de CoomevaE.P.S. S.A. como consecuencia del no pago de solicitudes de recobro presentadas por procedimientos,

medicamentos y suministros excluidos del POS, […] en cumplimiento de fallos de tutela”[1]; y (ii) “se condene [ala demandada] al pago de la compensación total de los dineros que en exceso asumió y que eran obligación del [demandado], empobreciendo a [Coomeva EPS] en una cantidad de (…) $13.444.931.961,67”[2]. 2. Actuaciones y postura de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral. El 14 de enero de 2016, elJuzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá inadmitió la demanda. Indicó que Coomeva EPS debía“indicar la clase de proceso, de conformidad con lo establecido en el CAPÍTULO XIV del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social”[3]. El 4 de abril de 2016, Coomeva EPS presentó subsanación de la demanda, indicó que el proceso correspondía a un “proceso ordinario laboral por enriquecimiento sin causa”[4].El 19 de abril de 2016, el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá, rechazó la demanda interpuesta porel demandante porque “el escrito de subsanación se presenta sin tener en cuenta lo relacionado con la clase deproceso que debía seguirse para la presente causa judicial, toda vez que en la demanda se relaciona una clase de proceso que no existe dentro de la Jurisdicción Laboral y de Seguridad Social”[5].

3. El 11 de mayo de 2016, Coomeva EPS interpuso recurso de apelación frente a la decisión adoptada. Indicóque la acción in rem verso “surge en los postulados del artículo 882 del Código de Comercio y desde allí ha tenido

3. El 11 de mayo de 2016, Coomeva EPS interpuso recurso de apelación frente a la decisión adoptada. Indicóque la acción in rem verso “surge en los postulados del artículo 882 del Código de Comercio y desde allí ha tenido desarrollo jurisprudencial en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado”[6]. La autoridad judicialconcedió el recurso en efecto suspensivo y ordenó enviar el expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. El 6 de septiembre de 2016[7], la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá revocó el auto proferido el19 de abril de 2016 por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá y ordenó la admisión de lademanda. Consideró que “con claridad se establece la clase de proceso a seguir, esto es, el de un proceso ordinario de primera instancia”[8].

4. El 18 de octubre de 2016, el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá admitió la demanda y ordenó notificar a la parte demandada[9]. Posteriormente, mediante auto de 21 de mayo de 2019, resolvió: (i)declarar su falta de jurisdicción para conocer la controversia y (ii) remitir el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que conozca del asunto[10]. Fundamentó su decisión en que, a su juicio, “cuando se acude antela justicia para que se declare que el Estado mediante el Ministerio de Salud y Protección Social, está obligado apagar a las EPS los valores que reclama por concepto de daños y perjuicios por el no pago de los recobros, juntocon los demás emolumentos que puedan derivarse, se tiene que, la controversia se originó entre una entidad pública

y una EPS”[11], lo que genera la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto, deconformidad con (i) el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo (en adelante, CPACA), (ii) el artículo 2.4 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social(en adelante, CPTSS); (iii) y el auto APL1531-2018 de 12 de abril de 2018, emitido por la Sala Plena de la CorteSuprema de Justicia. 5. Actuaciones y postura de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. El proceso correspondió alTribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. Mediante providencia de 18 dediciembre de 2020, dispuso (i) declarar su falta de jurisdicción para darle trámite a la demanda, (ii) provocarconflicto negativo de jurisdicciones “con la Jurisdicción Laboral Ordinaria”, y (iii) remitir las diligencias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura[12] para que resolviera el conflicto[13].Argumentó que, en la demanda sub examine, “se discute un tema que se relaciona con el Sistema de SeguridadSocial Integral, pues con independencia que se haya planteado con una pretensión de enriquecimiento sin causa, seadvierte que la finalidad real y última de la controversia es la exigibilidad de los recobros efectuados por prestadoraa Administradora del Sistema de Seguridad Social en Salud, en virtud de los servicios NO POS prestados a sus afiliados”[14]. Esto, de conformidad con los artículos 104.4 del CPACA y 2.4 del CPTSS[15]. 6. El 16 de febrero de 2024, el expediente fue asignado al despacho de la magistrada sustanciadora. Luego, el

afiliados”[14]. Esto, de conformidad con los artículos 104.4 del CPACA y 2.4 del CPTSS[15]. 6. El 16 de febrero de 2024, el expediente fue asignado al despacho de la magistrada sustanciadora. Luego, el 20 de febrero 2024, la Secretaría General de la Corte Constitucional lo remitió al referido despacho[16].

I. CONSIDERACIONES

1. Competencia

7. La Corte Constitucional es competente para resolver el presente conflicto de jurisdicciones, de conformidadcon lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.2. Delimitación del asunto objeto de revisión y metodología

1. Competencia

7. La Corte Constitucional es competente para resolver el presente conflicto de jurisdicciones, de conformidadcon lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.2. Delimitación del asunto objeto de revisión y metodología

8. La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito deBogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que consiste en determinarla competencia para conocer el proceso judicial que promovió Coomeva EPS en contra de la Nación – Ministerio deSalud y Protección Social - Fosyga. A estos efectos, la Sala, en primer lugar, verificará si la controversia entre estasautoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos dejurisdicciones (II.3 infra). En segundo lugar, de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará lasreglas de competencia en asuntos relacionados con el pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones noincluidas en el extinto POS (hoy PBS) y por las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del SGSSS(II.4 infra). En cuarto lugar, reiterará las reglas de transición establecidas ante la variación de la regla decompetencia para conocer de los procesos relacionados con el pago de recobros judiciales (II.5 infra). Por último,resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimientodel proceso (II.6 infra).

3. Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

3. Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

9. Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones sepresentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porqueestiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia

(positivo)”[17]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de controversias se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo[18], loscuales se explican en el siguiente cuadro: Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones Presupuestosubjetivo Exige que la controversia se presente entre por lo menos dosautoridades que administren justicia y formen parte dedistintas jurisdicciones. De este modo, “el conflicto dejurisdicción no puede provocarse autónomamente por las partes del respectivo proceso” [19]. Presupuestoobjetivo Implica que la disputa debe recaer sobre el conocimiento deuna causa de naturaleza judicial, no política o administrativa[20]. Presupuestonormativo Exige constatar que las autoridades judiciales en colisiónhayan manifestado expresamente las razones de índoleconstitucional o legal, por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto[21].

10. La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones por las siguientes razones: (i) Satisface el presupuesto subjetivo porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, estoes, (i) el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá, que forma parte de la jurisdicción ordinaria, y(ii) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que forma parte de la

jurisdicción de lo contencioso administrativo[22]. (ii) Satisface el presupuesto objetivo puesto que las autoridades judiciales rechazan el conocimiento de unademanda presentada por Coomeva EPS en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social -Fosyga, la cual debe resolverse por medio de un trámite de naturaleza judicial. (iii) Satisface el presupuesto normativo porque las autoridades judiciales enfrentadas expusieron las razones deíndole legal y jurisprudencial por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto(ver párrs. 4 y 5 supra).4. Competencia para conocer las controversias relacionadas con el pago de recobros judiciales al Estado porla prestación de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el extinto POS (hoy PBS) y por lasdevoluciones o glosas a las facturas entre entidades del SGSSS. Reiteración de los autos 389 de 2021 y 862de 2021

11. En el auto 389 de 2021[23], la Corte Constitucional estableció la siguiente regla de decisión: El conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidosen el POS, hoy PBS, corresponde a los jueces contenciosos administrativos, en virtud de lo dispuesto en elinciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estos se cuestiona por parte deuna EPS un acto administrativo proferido por la ADRES. || Este tipo de controversias no corresponde a lasprevistas en el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en lamedida en que no se relacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social.En cambio, se trata de litigios presentados exclusivamente entre entidades administradoras y relativos a lafinanciación de servicios ya prestados, que no implican a afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores.

12. La Sala Plena consideró que es razonable que el control de los actos administrativos proferidos en el marcodel trámite de recobros por la prestación de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el extinto POS (hoyPBS), así como por las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del SGSSS, deba estar a cargo de lajurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto, porque el procedimiento de recobro (i) es más que una simple presentación de facturas al cobro, en la medida en que constituye un verdadero procedimiento administrativo[24] y

(ii) concluye con la expedición de un acto administrativo que consolida o niega la existencia de la obligación[25].Así mismo, la Sala consideró que los asuntos relacionados con el pago de recobros no son controversias de laseguridad social, porque (i) no versan sobre la prestación de los servicios de la seguridad social, dado que el

servicio ya se suministró y lo pretendido es restablecer el desequilibrio económico entre el Estado y una EPS[26], y(ii) son litigios entre entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social en Salud que no implican aafiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores, razón por la cual no les es aplicable el numeral 4º del artículo 2 del CPTSS, modificado por el artículo 622 del CGP[27].

13. Por lo demás, en el auto 862 de 2021[28], la Corte Constitucional precisó que la regla de decisión fijada enel auto 389 de 2021 es aplicable a los asuntos de recobros que van dirigidos en contra del Ministerio de Salud yProtección Social. Lo anterior, porque “si bien, no se cuestiona un acto administrativo expedido directamente por laADRES sino por la mencionada cartera ministerial, lo cierto es que la referida administradora está adscrita alministerio y asumió la defensa en los procesos judiciales que estaban a cargo de la Dirección de Administración deFondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social, así como le fueron transferidos todossus derechos y obligaciones y, por lo tanto, en la actualidad es la encargada de asumir lo relacionado con losrecobros tramitados ante el ministerio”. 5. Reglas de transición frente al cambio jurisprudencial efectuado mediante el auto 389 de 2021.Reiteración del auto 1942 de 2023

14. En el auto 1942 de 2023[29] la Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció frente a las dificultadesderivadas del cambio de jurisprudencia realizado mediante el auto 389 de 2021, en cuanto a la regla de competenciapara conocer las controversias relacionadas con el pago de recobros judiciales por prestaciones no incluidas en el

extinto POS (hoy PBS) y por las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del SGSSS[30]. Las referidasdificultades se presentan, principalmente, porque antes de que la Corte Constitucional estableciera la regla decompetencia prevista en el auto 389 de 2021, las controversias relacionadas con el pago de recobros judiciales eranasignadas y conocidas por la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social. De estemodo, al variarse la competencia para conocer de estos asuntos y asignarse la misma a la jurisdicción de locontencioso administrativo, los casos se enfrentan a circunstancias, tales como: (i) Rechazo o inadmisión de la demanda por no haberse agotado los requisitos de procedibilidad de (a) interponerlos recursos previos en la vía administrativa; (b) haber agotado la conciliación prejudicial, o (c) haberinterpuesto la demanda dentro del término de caducidad de cuatro (4) meses.(ii) Nuevos conflictos entre jurisdicciones en el trámite de procesos judiciales en los que la Sala Disciplinaria delConsejo Superior de la Judicatura ya había resuelto un conflicto de la misma naturaleza asignando el asunto a lajurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social, de conformidad con la regla vigente enaquel momento. 15. Para afrontar estas dificultades y tomando en consideración los efectos en el tiempo del auto 389 de 2021, laCorte adoptó las siguientes reglas de transición:

Reglas de transición En relación conel agotamientode los recursosadministrativosobligatorios El requisito de agotar previamente los recursos obligatorios no aplica frente a las demandas de nulla finalidad de obtener el recobro judicial por prestaciones de servicios de salud no incluidos en el p Las autoridades judiciales no deben exigir que se adelante el trámite de objeción ante la ADREnulidad y restablecimiento del derecho sea admitido. En relación conel agotamientode laconciliaciónextrajudicial El requisito de procedibilidad previsto en el numeral 1º del artículo 161 del CPACA, es decir, el ag En aquellos eventos en los que exista un acuerdo conciliatorio entre las partes, el mismo deberá ser Los jueces administrativos deberán invitar a las partes a conciliar sus diferencias proponiendo eprevisto en el artículo 180 del CPACA.En relación conlos términos decaducidad delmedio decontrol Los jueces administrativos deberán contabilizar el término de caducidad de las demandas ordinariacuenta el juez laboral y de la seguridad social al momento de admitir la demanda. En relación conla publicidaddel auto 1942de 2023 Las reglas de transición descritas podrán ser consultadas en la página web y en las redes sociales dtérmino de un (1) mes. Se dispuso comunicar el contenido del auto 1942 de 2023 a (i) las EPS que actualmente se encuentliquidadas, y (iii) a todos los jueces de la República. 16. En todo caso, la Sala Plena precisó que las reglas de transición descritas son aplicables a los casos que seenmarquen en las siguientes hipótesis:

Casos en los que serán aplicables las reglas de transición del auto 1942 de 2023 Demandas que estaban entrámite ante la JurisdicciónOrdinaria Laboral (i) almomento de expedición del auto389 de 2021 y/o (ii) que seencontraban en trámite alexpedir el auto 1942 de 2023, yque, a partir del cambio deprecedente: a) Los expedientes fueron remitidos a lajurisdicción de lo contencioso administrativo, yen esa sede judicial se adoptó una decisión derechazo o inadmisión. b) Los expedientes sean remitidos a lajurisdicción de lo contencioso administrativohasta máximo seis (6) meses después de lapublicación del auto 1942 de 2023. Y en esa sedejudicial se deba adoptar una decisión de rechazoo inadmisión. Demandas presentadas ante laJurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo conposterioridad a la expedición delauto 389 de 2021 y que, a partirdel cambio de precedente: c) Los expedientes fueron inadmitidos orechazados por incumplir con los requisitos deprocedibilidad, según el medio de controlelegido por el accionante. d) Los expedientes se encuentran en trámite almomento de la expedición auto 1942 de 2023 yse encuentran en la etapa de estudio deadmisibilidad.

Demandas que no han sidopresentadas y que: e) Los expedientes sean radicados hasta máximoseis (6) meses después de la publicación del auto1942 de 2023 por parte del Consejo Superior dela Judicatura.

17. Por lo demás, la Sala concluyó que las reglas adoptadas en el auto 1942 de 2023 no son aplicables a loscasos en los que exista decisión previa del Consejo Superior de la Judicatura, en los que dicha corporación hayadirimido un conflicto entre jurisdicciones indicando que la jurisdicción ordinaria era la competente para conocer deun proceso relacionado con el pago de recobros judiciales al Estado. Esto, porque las decisiones proferidas por esacorporación gozan del principio de intangibilidad y no pueden ser revocadas o reformadas. 18. Por su parte, las reglas de transición adoptadas en el auto 1942 de 2023 son aplicables a los procesosiniciados en contra del Ministerio de Salud y Protección Social en relación con el pago de recobros. Esto, porque elproceso administrativo que se adelantaba ante el Fondo de Solidaridad y Garantía –FOSYGA– se puede equiparar

en gran medida al que se adelanta actualmente ante la ADRES[31]. El auto 1942 de 2023 precisó que el procedimiento especial que se adelanta ante la ADRES[32] consagra un mecanismo de réplica frente a la decisiónsobre el recobro, el cual debe ser resuelto por la misma entidad. En concreto, el artículo 56 de la Resolución 1885de 2018 determina que en el procedimiento administrativo de pago de recobros es posible ejercer un trámite deobjeción frente a la comunicación inicial de la ADRES. 19. Al verificar el procedimiento de recobros que se adelantaba antes de que la ADRES asumiría dicha función,se advierte que la solicitud de recobro ante el FOSYGA debía presentarse a través de la dependencia de correo yradicación del Ministerio de la Protección Social. El Ministerio de la Protección Social o la entidad que se definíapara tal efecto adelantaba el estudio de la solicitud de recobro e informaba a la entidad reclamante el resultado deeste, a más tardar dentro de los 2 meses siguientes a su radicación. La comunicación del resultado de la auditoríaefectuada por el Ministerio de la Protección Social podía ser objetada por la entidad recobrante acudiendo ante quien emitió dicha comunicación, para que confirmara o modificara su decisión inicial[33]. Asimismo, se evidencia que el procedimiento especial de recobro se ha regulado de forma similar desde el año 2006[34]. Teniendo encuenta que aún no existía la ADRES, las demandas se dirigían generalmente frente al Ministerio de Salud. 6. Caso concreto

20. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el caso que suscita elconflicto sub examine. La Sala Plena considera que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competentepara conocer la demanda interpuesta por Coomeva EPS en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección

Social - Fosyga[35]. Esto, porque (i) la parte demandante pretende el reconocimiento y pago de 13831 cuentas derecobros y (ii) cuestiona las decisiones de la demandada por medio de las cuales negó tales cuentas, en el marco deltrámite administrativo de recobro. En tal sentido, no se trata de un asunto relacionado con la prestación de losservicios de la seguridad social. Por lo demás, la Sala reitera que, conforme a lo dispuesto por el auto 389 de 2021,la competencia para conocer de los conflictos de jurisdicciones relacionados con el pago de recobros judiciales esde la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, las reglas de transición indicadas (párr. 15 supra)serían aplicables al caso sub examine. 21. Por lo anterior, la Sala Plena dirime este conflicto de jurisdicciones en el sentido de declarar que la autoridadjudicial competente para conocer la demanda sub examine es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, SecciónTercera, Subsección C y, por lo tanto, ordenará remitirle el expediente CJU-5152 para lo de su competencia.

II. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE

Primero. - DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá yel Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en el sentido de DECLARAR que elTribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, es la autoridad competente para conocerla demanda promovida por Coomeva E.P.S. S.A. en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social -Fosyga.

Segundo. - REMITIR el expediente CJU-5152 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,Subsección C, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en estetrámite y al Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Magistrado Ausente con permiso

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

MagistradoPAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ Secretaria General[ 1 ] Expediente digital. 018 CUADERNO 1 FLS 1-495.pdf. p. 15. [ 2 ] Ib. Adicionalmente, Coomeva EPS solicitó “[q]ue las sumas que sean reconocidas en sentencia sean debidamente indexadas desde la úlma fecha de noficación de la glosa y hasta el pago efecvo de lacondena”. [ 3 ] Expediente digital. 018 CUADERNO 1 FLS 1-495.pdf. p. 236. [ 4 ] Ib., p. 238. [ 5 ] Ib., p. 393. [ 6 ] Ib., p. 395.

[ 3 ] Expediente digital. 018 CUADERNO 1 FLS 1-495.pdf. p. 236. [ 4 ] Ib., p. 238. [ 5 ] Ib., p. 393. [ 6 ] Ib., p. 395. [ 7 ] Ib., pp. 402 – 406. [ 8 ] Ib., p. 405. [ 9 ] Ib., pp. 407 – 409. [ 1 0 ] Expediente digital. 001 CUADERNO PRINCIPAL 3 FLS 989-1279.pdf, p. 364. [ 1 1 ] Ib., p. 363. [ 1 2 ] Expediente digital. 3_250002336000201900457001OFICIOREMISORI20220326020651pdf. El expediente fue remido por el Tribunal Administravo de Cundinamarca Sección Tercera, Subsección C a laSala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el 15 de sepembre de 2021. Posteriormente, el 21 de sepembre de 2021, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través del oficio SJ-ABH-30062 leinformó al Tribunal Administravo de Cundinamarca que no era competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones y que esta labor pertenecía a la Corte Constucional. [ 1 3 ] Ib., pp. 394 – 395. [ 1 4 ] Expediente digital. 001 CUADERNO PRINCIPAL 3 FLS 989-1279.pdf, p. 393. [ 1 5 ] Expediente digital. 3_250002336000201900457001OFICIOREMISORI20220326020651pdf. El Tribunal Administravo Cundinamarca envió el expediente a la Corte Constucional el 18 de enero de 2024.

[ 1 5 ] Expediente digital. 3_250002336000201900457001OFICIOREMISORI20220326020651pdf. El Tribunal Administravo Cundinamarca envió el expediente a la Corte Constucional el 18 de enero de 2024. [ 1 6 ] Expediente digital. 03CJU-5152 Constancia de Reparto.pdf [ 1 7 ] Corte Constucional, Auto 345 de 2018 reiterado, entre otros, por los autos 328 y 452 de 2019, 233 de 2020 y 041 de 2021. [ 1 8 ] Corte Constucional, Auto 155 de 2019 reiterado, entre otros, por los autos 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020. [ 1 9 ] Corte Constucional, Auto 452 de 2019, a través del cual también se reitera el Auto 155 de 2019. En similar sendo, ver el Auto 556 de 2018, reiterado por los autos 691 y 716 de 2018. [ 2 0 ] Este requisito exige a la Corte Constucional verificar que “está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional. En este sendo, no exisrá conflicto cuando: (a)se evidencie que el ligio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administravo o políco, pero no jurisdiccional (Arculo116 de la CP”. Corte Constucional, Auto 041 de 2021. [ 2 1 ] Id.

[ 2 1 ] Id. [22] Tales conclusiones encuentran fundamento normavo en los capítulos 2º y 3º del Título VIII de la Constución Políca y el arculo 11 de la Ley 270 de 1996, parcularmente, los literales a y b de dichanorma estatutaria. Ley 270 de 1996, art. 11. “La Rama Judicial del Poder Público está constuida por: // I. Los órganos que integran las disntas jurisdicciones: // a) De la Jurisdicción Ordinaria: […] // 3.Juzgados laborales […] // b) De la Jurisdicción de lo Contencioso Administravo: […] 2. Tribunales Administravos”. [ 2 3 ] Expediente CJU-072. [ 2 4 ] Cfr. Ib., . 36. [ 2 5 ] Cfr. Ib., . 37. [ 2 6 ] Cfr. Ib., . 24. [ 2 7 ] El numeral 4º del arculo 2 del CPTSS, modificado por el arculo 622 del CGP, enmarca las controversias relavas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados,beneficiarios o usuarios, los empleadores y las endades administradoras o prestadoras. C f r . Ib. j. 25 y 30. [ 2 8 ] Expediente CJU-403. [ 2 9 ] Expediente CJU-1741.

[ 2 8 ] Expediente CJU-403. [ 2 9 ] Expediente CJU-1741. [ 3 0 ] En parcular, el Consejo Superior de la Judicatura remió a la Corte una comunicación del Juzgado 4 Administravo de Bogotá en el que adviró una serie de dificultades derivadas del cambio dejurisprudencia adoptado por la Corte Constucional en el Auto 389 de 2021.

[ 3 1 ] El auto 1942 de 2023 precisó que el procedimiento especial que se adelanta ante la ADRES consagra un mecanismo de réplica frente a la decisión sobre el recobro, el cual debe ser resuelto por la mismaendad. En concreto, el arculo 56 de la Resolución 1885 de 2018 determina que en el procedimiento administravo de pago de recobros es posible ejercer un trámite de objeción frente a la comunicacióninicial de la ADRES. Al verificar el procedimiento de recobros que se adelantaba antes de que la ADRES asumiría dicha función, se encuentra lo siguiente. La solicitud de recobro ante el FOSYGA debíapresentarse a través de la dependencia de correo y radicación del Ministerio de la Protección Social. El Ministerio de la Protección Social o la endad que se definía para tal efecto, adelantaba el estudio de lasolicitud de recobro e informaba a la endad reclamante el resultado del mismo, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a su radicación. La comunicación del resultado de la auditoria efectuadapor el Ministerio de la Protección Social podía ser objetada por la endad recobrante acudiendo ante quien emió dicha comunicación, para que confirmara o modificara su decisión inicial. Por lo demás, seevidencia que el procedimiento especial de recobro se ha regulado de forma similar desde el año 2006; teniendo en cuenta que aún no exisa la ADRES, las demandas se dirigían generalmente frente alMinisterio de Salud. [ 3 2 ] Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1885 de 2018.

[ 3 2 ] Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1885 de 2018. [ 3 3 ] Ministerio de la Protección Social, Resolución 3099 de 2008.[ 3 4 ] Cfr. Resoluciones 2933 de 2006, 458 de 2013, 5395 de 2013, 1328 de 2016. [ 3 5 ] Según el arculo 66 de la Ley 1753 de 2015, la ADRES tendrá por objeto, entre otros, “administrar los recursos que hacen parte del Fondo de Solidarid