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CC - A587-2019

Corte Constitucional

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Detalles

Título
CC - A587-2019
Autor
Corte Constitucional
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Constitucional
Año
2019

Auto 587/19 SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Rechazar por improcedente Referencia.: Solicitud de cumplimiento de la Sentencia C-265 de 2002, que declaró inexequible el inciso tercero del artículo 64 de la Ley 675 de 2001.

Magistrado sustanciador:

CARLOS BERNAL PULIDO

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil diecinueve (2019) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO

1. Que, mediante escrito radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 4 de octubre de 2019, el ciudadano Robiertth Andrés Reyes Gómez presentó una “solicitud de cumplimiento” de la Sentencia C-265 de 2002, en contra de la Alcaldía Local de Usaquén.

2. Que, en dicha sentencia, la Corte Constitucional declaró inexequible el inciso tercero del artículo 64 de la Ley 675 de 2001, que disponía: “Los conjuntos de edificios, casas y demás construcciones integradas arquitectónicamente y funcionalmente que comparten elementos estructurales y constructivos que los asimilen a Unidades Inmobiliarias Cerradas, podrán solicitar a la autoridad urbanística licencia para convertirse en Unidad Inmobiliaria Cerrada, siempre que con ello no se afecte significativamente el espacio público existente y que lo soliciten por lo menos un número no inferior al ochenta por ciento (80%) de los propietarios. Obtenida la licencia urbanística, los propietarios, con ese mismo porcentaje, podrán acordar

someterse al régimen de propiedad horizontal, aprobando los estatutos respectivos. En esta reunión, los propietarios tendrán derecho a un voto por cada inmueble de su propiedad”.

3. Que, según el solicitante, la Alcaldía Local de Usaquén desconoció la declaratoria de inexequibilidad del inciso tercero del artículo 64 de la Ley 675 de 2001, “al inscribir y/o registrar como una propiedad horizontal, la que se denominó Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta Sector Seis, con lo que de

contera avala, y/o patento (sic), la privatización de las vías públicas Calle 189 y Carrera 20 A, además de los espacios públicos adyacentes”.

4. Que, en consecuencia, el ciudadano Robiertth Andrés Reyes Gómez solicita conminar a la Alcaldía Local de Usaquén a que “haga prevalecer la decisión de inexequibilidad (…) bien sea ordenándole que cancele la inscripción o registro que hizo de la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta Sector Seis y/o lo que corresponda”.

5. Que, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia), las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en las sentencias que profiere en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad son de obligatorio cumplimiento y tienen efectos erga omnes.

6. Que el control abstracto de constitucionalidad que ejerce la Corte Constitucional en virtud de las funciones atribuidas por el artículo 241 de la Constitución Política busca determinar si las normas demandadas por los ciudadanos o sometidas a control automático son compatibles con el

ordenamiento constitucional.

7. Que, tal como lo indicó esta Corte en el Auto 474 de 2016, las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad “carecen de órdenes específicas de protección de derechos, que puedan ser objeto de posterior verificación respecto de los obligados a cumplirlas”1.

8. Que, por lo tanto, es improcedente solicitar el cumplimiento de las sentencias de control abstracto de constitucionalidad por parte de las autoridades administrativas mediante órdenes concretas, como lo pretende el solicitante en el asunto de la referencia.

En mérito de lo expuesto, 1Auto 474 de 2016. RESUELVE RECHAZAR la solicitud de cumplimiento de la Sentencia C-265 de 2002 presentada por el ciudadano Robiertth Andrés Reyes Gómez. Notifíquese y cúmplase.

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Presidenta

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado En comisión

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

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