CC - A646-2021

Auto 646/21

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE

JURISDICCIONES-Contencioso Administrativo y Ordinaria Civil PROCESO DE RESPONSABILIDAD MEDICA-Criterios orgánico, fuero de atracción y objetivo para determinar competencia FUERO DE ATRACCION EN RESPONSABILIDAD MEDICAAplicación Los jueces deben verificar que: (a) Los hechos y la causa que fundamentan la eventual responsabilidad de los sujetos de derecho privado y las entidades estatales sean los mismos; (b) Los hechos, las pretensiones y las pruebas que obran en el expediente permiten inferir razonablemente que existe una probabilidad “mínimamente seria” de que las entidades estatales, “por cuya implicación en la litis resultaría competente el juez administrativo, sean condenadas” y (c) El demandante haya planteado fundamentos fácticos y jurídicos para imputar el daño antijurídico a la entidad estatal. En este sentido, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, deben existir suficientes elementos de juicio que permitan concluir, al menos prima facie, que las acciones u omisiones de la entidad estatal demandada fueron “concausa eficiente del daño”.

Referencia: Expediente CJU-477

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia y el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia.

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones

constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el presente: AUTO

I. ANTECEDENTES

1. El 10 de julio de 2019, el señor Jaime González Mayorga y otros, presentaron demanda de reparación directa en contra de la Superintendencia de Salud, el Departamento de Quindío, la IPS Dumian Medical S.A.S, la IPS Clínica del Occidente S.A., la IPS Clínica la Sagrada Familia, la EPS Cafesalud S.A., la EPS y medicina prepagada Suramericana S.A. y la caja de compensación familiar Fenalco Comfenalco Quindío. Señalaron que las accionadas eran responsables de la lesión a la integridad sicofísica que hoy padece el señor González Mayorga, a raíz de una infección nosocomial o intrahospitalaria.

2. Como pretensiones principales solicitaron (i) declarar que los demandados son “administrativamente responsables de los daños causados al señor Jaime González Mayorga y consecuentemente de los perjuicios inmateriales causados a él y a su familia”1; y (ii) condenar a los demandados a indemnizar el daño moral sufrido por la “víctima directa”2 y sus familiares3, así como el daño a la salud sufrido por la “víctima directa”4 y su esposa. En subsidio, pidieron que se condenara a los demandados a indemnizar el daño consistente en la “pérdida de oportunidad”5.

3. Mediante auto de 24 de octubre de 2019, el Juzgado Quinto Administrativo

de Armenia inadmitió la demanda y concedió a la parte demandante el término de 10 días para subsanarla. En concreto, requirió a los demandantes “aclarar los hechos narrados en la demanda (…) [así como precisar] el hecho dañoso y el nexo causal teniendo en cuenta la imputación fáctica y jurídica que (…) estructuran la falla del servicio”6. Esto, tras considerar que la “imputación debe ser fáctica y jurídica, resultando necesario identificar [la] participación [de las entidades estatales] dentro de los hechos”7. Por esta razón, el juez solicitó a los demandantes precisar las razones que, a su juicio, sustentaban la competencia en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa, so pena de “remitir [el asunto] por falta de jurisdicción”8.

4. El 23 de enero de 2020, el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia declaró su falta de jurisdicción para conocer la demanda, con fundamento en cuatro argumentos9. Primero, encontró que “el daño cuya indemnización se pretende tiene origen en una falla o falta en la prestación del servicio médico 1 Demanda, p. 24. 2 Id. 3 En particular, se pretende a favor de Jaime González Mayorga (victima directa), la suma de 100 smlmv, a favor de Flor Marina Ibarra Segura (esposa), la suma de 100 smlmv, a favor de Carolina González Ibarra (hija), la suma de 100 smlmv, a favor de Viviana Andrea González (hija), la suma de 100 smlmv, a favor de Julián Esteban Llanos González (nieto), la suma de 50 smlmv, a favor de María Camila

Sarmiento González (nieta), la suma de 50 smlmv, a favor de Rosalba Ibarra Segura, (cuñada) la suma de 20 smlmv. 4 Demanda, p. 24. 5 Id., p. 25. 6 Juzgado Quinto Administrativo de Armenia, auto de 24 de octubre de 2019, p. 4. 7 Id., p. 3. 8Juzgado Quinto Administrativo de Armenia, auto de 23 de enero de 2020, p. 1. 9 Id., p. 3. [por parte de] entes de naturaleza privada (…) sometidos al régimen jurídico de derecho privado”10. Segundo, indicó que “la determinación de competencia de un asunto en una u otra jurisdicción depende [de] si el daño fue causado por una entidad pública –administrativa–, o una privada –ordinaria civil–, o si las dos entidades concurrieron de forma eficiente en la causación del daño, situación que por el fuero de atracción radica su competencia en cabeza de la Jurisdicción Administrativa. En el sub lite el daño deviene de la prestación del servicio médico de (…) entes regidos por el derecho privado”11.

5. Tercero, manifestó que “el sistema de referencia y contrareferencia aplicable al sub lite es el previsto en el Decreto 4747 de 2007, por lo que era deber de CAFESALUD EPS (…) conseguir dentro de su red de prestadores de servicio la IPS que cubriera las necesidades”12. Por último, el juez administrativo sostuvo que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en pronunciamientos de los años 2013, 2014 y 2015, fijó la competencia en la

jurisdicción ordinaria civil en este tipo de casos13. En consecuencia, concluyó que “la imputación hecha por la parte actora no es suficiente para fijar la competencia en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” y ordenó remitir el expediente a los juzgados civiles del circuito.

6. El conocimiento del proceso correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia, quien, el 2 de febrero de 2021, planteó el conflicto negativo de jurisdicciones. Para sustentar su falta de jurisdicción, sostuvo que la demanda sub examine no solo pretende que se analice “la atención médica brindada y las actuaciones que se derivaron de la misma, sino (…) la responsabilidad de las entidades públicas [en lo relacionado con] sus competencias de control y vigilancia respecto a las actividades de las entidades privadas denunciadas en la demanda”. De otro lado, indicó que la jurisdicción contenciosa administrativa “es el escenario idóneo para el estudio de los presupuestos de responsabilidad en cabeza de las entidades públicas”14.

7. Finalmente, la jueza civil señaló que “hay lugar a aplicar en el presente asunto el factor de competencia de conexidad, [por cuanto] la parte demandada

[está] integrada por entidades públicas como el Departamento del Quindío y la Superintendencia de Salud”. De este modo, “es el juez administrativo el llamado 10 Id. 11 Id., p.4. 12 Id., p. 5. 13 Al respecto, citó las siguientes providencias: (i) decisión de 4 de diciembre de 2013, M.P.: Angelino Lizcano Rivera, radicado: 11001010200020130291200; (ii)

decisión de 3 de diciembre de 2014, M.P.: Julia Emma Garzón de Gómez, radicado: 11001010200020140248700 y (iii) decisión de 5 de septiembre de 2015, M.P.: Angelino Lizcano Rivera, radicado: 110010102000201200. 14 Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia, auto de 2 de febrero de 2021, p.2. En este sentido, señaló que el artículo 104 del CPACA prevé los asuntos en los cuales la jurisdicción contencioso administrativa tiene competencia, en especial, resaltó el inciso primero, el numeral 1 y el parágrafo del referido artículo. a conocer del asunto, pese a la intervención por pasiva de entidades privadas”15. En consecuencia, declaró su falta de jurisdicción y ordenó remitir el asunto a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.

8. El 10 de marzo de 2021, el expediente fue radicado en la Secretaría

General de la Corte Constitucional.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

9. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

2. Delimitación del asunto objeto de revisión y metodología

10. La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia y el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia, la cual versa sobre la competencia para conocer la acción de reparación directa interpuesta por Jaime González Mayorga y otros. Para estos efectos, la

Sala, en primer lugar, verificará si la controversia entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (II. 3 infra). En segundo lugar, de verificarse el cumplimiento de tales presupuestos, hará referencia a las reglas de competencia para conocer los procesos de responsabilidad médica (II. 4 infra). En tercer lugar, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (II. 5 infra).

3. Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

11. Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”16. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo17, los cuales se explican en el siguiente diagrama: Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones 15 Id., p. 2. 16 Corte Constitucional, auto 345 de 2018 reiterado, entre otros, por los autos 328 y 452 de 2019, 233 de 2020 y 041 de 2021. 17 Corte Constitucional, auto 155 de 2019 reiterado, entre otros, por los autos 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020.

Exige que la controversia se presente entre por lo menos dos

1. Presupuesto autoridades que administren justicia y formen parte de distintas subjetivo jurisdicciones. De este modo, “el conflicto de jurisdicción no puede provocarse autónomamente por las partes del respectivo proceso” 18.

2. Presupuesto Implica que la disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa objetivo de naturaleza judicial, no política o administrativa19.

Exige constatar que las autoridades judiciales en colisión hayan

3. Presupuesto manifestado expresamente las razones de índole constitucional o legal, normativo por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto20.

12. La acreditación de estos presupuestos es una condición para que la Corte pueda emitir un pronunciamiento de fondo. Por lo tanto, la Sala Plena debe declarase inhibida cuando la controversia entre las autoridades judiciales no cumple con alguna de estas exigencias.

13. En el caso sub examine se configuró un conflicto de competencia entre jurisdicciones. La Sala Plena advierte que la controversia sobre la competencia para conocer la demanda interpuesta por el señor Jaime González Mayorga configura un conflicto negativo de jurisdicciones. Primero, satisface el presupuesto subjetivo, porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, a saber: (i) el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia, que forma parte de la jurisdicción ordinaria y (ii) el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia, que pertenece a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Segundo, el presupuesto objetivo está acreditado, dado que existe una causa judicial cuyo conocimiento se controvierte, esto es, el proceso de responsabilidad

médica iniciado por Jaime González Mayorga y otros. Tercero, cumple con el presupuesto normativo, debido a que los juzgados enfrentados expusieron las razones por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (ver párrs. 4 - 7 supra).

4. Reglas de competencia para conocer procesos de responsabilidad médica

14. La competencia para conocer procesos de responsabilidad médica debe determinarse a partir de dos criterios o factores: (i) el criterio orgánico de competencia y (ii) el factor de conexidad o fuero de atracción. 18 Corte Constitucional, auto 452 de 2019, a través del cual también se reitera el auto 155 de 2019. En similar sentido, ver el auto 556 de 2018, reiterado por los autos 691 y 716 de 2018. 19 Este requisito exige a la Corte Constitucional verificar que “está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional En . este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Artículo 116 de la CP”. Corte Constitucional, auto 041 de 2021.

20 Id. (i) El criterio orgánico de competencia

15. El criterio orgánico es el factor de competencia que atribuye el conocimiento de un caso en función de la naturaleza jurídica -privada o públicade la parte demandada21. Así, con el propósito de determinar la jurisdicción

competente para conocer los procesos de responsabilidad médica, el juez debe identificar la naturaleza jurídica de la entidad demandada que prestó el servicio médico que presuntamente dio origen al daño que se reclama22.

16. El artículo 1523 y, en especial, los artículos 1724, 1825 y 2026 de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expidió el Código General del Proceso (en adelante, CGP), disponen que los jueces civiles son competentes para conocer de los procesos de responsabilidad médica “de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción 21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2007, radicado: 66001233100020030016701(25619), M.P.: Ruth Stella Correa Palacio. 22 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, auto del 22 de enero de 2020, rad. 11001010200020190190200. M.P.: Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal. 23 “Artículo 15. Cláusula general o residual de competencia. Corresponde a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción.

Corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria. Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil”. 24 “Artículo 17. Competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. Los jueces civiles municipales

conocen en única instancia:

1. De los procesos contenciosos de mínima cuantía, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.

También conocerán de los procesos contenciosos de mínima cuantía por responsabilidad médica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa” (resaltado fuera de texto original). 25 “Artículo 18. Competencia de los jueces civiles municipales en primera instancia. Los jueces civiles municipales conocen en primera instancia:

1. Corregido por el art. 1, Decreto Nacional 1736 de 2012. De los procesos contenciosos de menor cuantía, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria o de responsabilidad médica, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.

También conocerán de los procesos contenciosos de menor cuantía por responsabilidad médica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa” (resaltado fuera de texto original). 26 “Artículo 20. Competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia. Los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los siguientes asuntos:

1. Corregido por el art. 2, Decreto Nacional 1736 de 2012. De los contenciosos de mayor cuantía, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria y responsabilidad médica salvo los que le correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.

También conocerán de los procesos contenciosos de mayor cuantía por

responsabilidad médica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa” (resaltado fuera de texto original). contencioso administrativa”27. Por su parte, el artículo 104 del CPACA dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de “las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”. Además, el numeral 1 ibidem especifica que dicha jurisdicción conocerá de los procesos “relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable”28.

17. En tales términos, en virtud del criterio orgánico, la competencia para conocer los procesos de responsabilidad médica será de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, si la entidad demandada es privada. Por el contrario, si la entidad demandada es pública, la competencia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, independientemente de la relación entre la entidad prestadora del servicio de salud y sus afiliados o beneficiarios29.

(ii) El fuero de atracción

18. Definición del fuero de atracción. El criterio orgánico es insuficiente para determinar la jurisdicción competente para conocer de los procesos en los que se demanda de forma simultánea a entidades públicas y privadas. En estos casos es necesario acudir al factor de conexidad o fuero de atracción. El fuero de atracción30 es un fenómeno procesal que extiende la competencia del juez

27 Esta norma es concordante con el artículo 622 del CGP, que modificó numeral 4 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el sentido de disponer que la Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de “4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”. (resaltado fuera del texto original). 28 Al respecto, el parágrafo ejusdem aclara que se entiende por entidad pública “todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%”. 29 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, auto del 22 de enero de 2020, radicado: 11001010200020190190200. M.P.: Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal. 30 El fuero de atracción, de creación jurisprudencial, también ostenta soporte legal, a partir de la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Cfr. Ley 1437 de 2011, artículos 140 y 165. “Artículo 140. Reparación directa. (…) En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de

ellas (…)”.//“Artículo 165. Acumulación de pretensiones (…) Cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la administrativo a personas de derecho privado, en los casos en que estas son demandadas de forma concomitante con sujetos de derecho público. En consecuencia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ostenta la competencia para resolver la causa donde comparecen unos y otros31. En este sentido, el Consejo de Estado ha señalado que, en virtud del fuero de atracción, por regla general32, “al presentarse una demanda de forma concurrente contra una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y contra otra entidad privada cuya jurisdicción es ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera”33. Lo anterior, sin perjuicio de que luego de realizar el análisis probatorio se decida que la entidad pública no es responsable de los daños atribuidos34. El fuero de atracción tiene como finalidad “dar cumplimiento a los principios procesales de economía, eficiencia, eficacia y seguridad jurídica”35.

19. Criterios orientadores para la aplicación del fuero de atracción. El fuero de atracción no opera de forma automática por el simple hecho de que una entidad pública sea demandada de forma concurrente con sujetos de derecho privado36. El Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura han Jurisdicción Contencioso Administrativa será competente para su conocimiento y resolución”. 31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de marzo de 2011,

radicado: 66001233100019980040901(19067), M.P.: Mauricio Fajardo Gómez.

32 El artículo 105.1 del CPACA preve los casos en los que, de forma excepcional, la responsabilidad extracontractual de algunas entidades públicas no es definida por el juez de lo contencioso administrativo. 33 Consejo de Estado, sentencia del 21 de abril de 2016. Radicado No. 50001-2322-00-2016-0061-01. En este sentido, el alto tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa ha explicado que dicha jurisdicción “tiene competencia para vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado en virtud del fuero de atracción, aun cuando al momento de realizar el análisis probatorio del proceso se establezca que la entidad pública, también demandada, no es responsable de los hechos y daños que se le atribuyen en el libelo”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 2019, radicación número: 68001-23-31-0002007-00128-01 (51687), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2021, radicado: 23001233300020130014301(64767), M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. 35 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 31 de octubre de 2018, radicado: 11001-03-15-000-201803204-00(AC), C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Reiterada en: Consejo de Estado, sentencia del 4 de junio

de 2019, radicado: 44001-23-31-002-2002-00438-01(AG)REV, C.P.: Alberto Yepes Barreiro. Ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 18 de junio de 2015, radicado: 76001-23-33-000-2012-00437-01 (51174), C.P.: Hernán Andrade Rincón. 36 En concreto, ha indicado que “para la estructuración del fuero de atracción no es suficiente con que en la demanda se haga una simple imputación de responsabilidad a una entidad pública para que la contienda se resuelva mediante al procedimiento contencioso administrativo, porque en cada caso el juez debe examinar que la fuente del perjuicio esté relacionada en forma eficiente con las conductas que son de conocimiento del juez especializado, para establecido algunos criterios orientadores para su aplicación, es decir, para determinar si la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe asumir o no el conocimiento de la controversia en estos casos. Al respecto, han señalado que los jueces deben verificar que: (a) Los hechos y la causa que fundamentan la eventual responsabilidad de los sujetos de derecho privado y las entidades estatales sean los mismos37. (b) Los hechos, las pretensiones y las pruebas que obran en el expediente permiten inferir razonablemente que existe una probabilidad “mínimamente seria” de que las entidades estatales, “por cuya implicación en la litis resultaría competente el juez administrativo, sean condenadas”38. entonces sí dar aplicación a dicha figura”. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 30 de enero de 2013. Radicado No. 76001-23-31-000-1997-2533201. 37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P.: Julio César Uribe Acosta, exp. No. 10.007 y 9480 del 4 de agosto de 1994. En dicha oportunidad el alto tribunal desestimó la ocurrencia del fuero de atracción, dado que los hechos que daban lugar a demandar al Hospital Departamental Erasmo Meoz, eran distintos a los causados con la ambulancia perteneciente al ISS de Norte de Santander “a tal punto que ni siquiera puede predicarse que los dos centros de imputación jurídica demandados sean SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES de la conducta antijurídica. La solidaridad demanda que el HECHO que da nacimiento a la obligación sea EL MISMO, es decir, UNO, realidad que no se da en el caso en comento.” En el mismo fallo el Consejo de Estado advirtió que el fuero de atracción no se puede manejar con ligereza conceptual, ni con valoración descuidada de la realidad fáctica, pues se corre el riesgo de desnaturalizar la jurisdicción “ya que bastaría buscar un centro de imputación jurídica, de cuyos hechos, actos y omisiones conozca la jurisdicción de lo contencioso - administrativo, para que la justicia ordinaria sea relevada, sin causa, motivo o razón, del conocimiento de los asuntos que le están asignados por la ley”. Ver también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, sentencia del 22 de marzo de 2017, exp. 38.958. En igual sentido el fallo confirma la inhibición de declaratoria de responsabilidad sobre las personas de derecho privado, por

cuanto “la responsabilidad endilgada a cada una de las partes procede de un hecho diferente, esto es, de una falla médica en relación con la atención prestada por el hospital y de un accidente de tránsito, respecto del conductor del vehículo y de la empresa propietaria del mismo.”. Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección A, radicado: 68001-23-31-000-2007-00128-01(51687) del 25 de julio de 2019 M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. Ver también, Consejo de Estado, Sección tercera, sub-sección A, radicación: 25000-23-26-000-2010-0096601(52337)A del 1º de julio de 2020, M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico, reiterada en: Consejo de Estado, Sección tercera, sub-sección A, radicación: 25000-23-26000-2007-00333-01 (50433) del 20 de noviembre de 2020, M.P.: José Roberto Sáchica Méndez. (c) El demandante haya planteado fundamentos fácticos y jurídicos para imputar el daño antijurídico a la entidad estatal39. En este sentido, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, deben existir suficientes elementos de juicio que permitan concluir, al menos prima facie, que las acciones u omisiones de la entidad estatal demandada fueron “concausa eficiente del daño”40.

20. Los criterios orientadores para evaluar la aplicación del fuero de atracción pretenden, primero, garantizar que la asignación de competencia a la jurisdicción

de lo contencioso administrativo “atienda a la realidad de las circunstancias que dieron origen a la controversia”41. Segundo, evitar que el demandante pueda escoger el juez de su preferencia con la simple alegación de que una entidad pública pudo haber sido responsable del daño42. Tercero, de esta forma, preservar el carácter de orden público de las normas que definen la competencia43. 38 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, auto del 5 de febrero de 2020, radicado: 110010102000201901260 00, M.P.: Alejandro Meza Cardales. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de marzo de 2021, radicado: 23001233300020130014301(64767), M.P.: Martha Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 29 de 2007, exp. 15.526 M.P.: Mauricio Fajardo Gómez; reiterada en las sentencias del 22 de marzo de 2017 exp. 38958 M.P. Martha Nubia Velásquez Rico; y de 1º de marzo de 2018, radicado: 05001233100020060269601(43269), M.P.: Martha Nubia Velásquez Rico. 39 Así, el Consejo de Estado ha señalado que “corresponde al operador judicial hacer un análisis que permita considerar razonablemente que la actuación del demandado sí fue concausa eficiente del daño, lo que permite evitar que la determinación de la jurisdicción quede al capricho de la parte actora, que sea alterada de manera temeraria y que, en efecto, atienda a la realidad de las

circunstancias que dieron origen a la controversia”. Consejo de EstadoSección Tercera. Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. Providencia del 1º de julio de 2020. Rad.: 25000-23-26-000-2010-00966-01(52337). Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Providencial del 20 de noviembre de 2020. Rad.: 25000-23-26-000-2007-0033301 (50433). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de julio de 2019, radicado: 68001233100020070012801(51687), M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. 40 Id. 41 Sobre el particular expresó la Corte Constitucional en la sentencia T-1165 de 2003 “Basta pues con recordar que las normas procesales son de orden público y que, por lo mismo, no se encuentran sujetas ni a la disposición de las partes, ni de la autoridad judicial”. 42 En este sentido, el Consejo de Estado ha señalado que con la aplicación automática el fuero de atracción “acabaría por consentirse que los particulares, a su antojo, eligiesen el juez de su preferencia para asumir el conocimiento de los asun