CC - A690-23

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Controversias sobre la legalidad de actos y pago de honorarios por la suscripción y terminación de contratos de prestación de servicios de carácter estatal (…) la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para decidir las controversias que (i) suponen verificar la legalidad de la actuación de una entidad pública y (ii) pretenden el pago de honorarios dejados de percibir con ocasión de la terminación de un contrato de prestación de servicios de carácter estatal, sin que necesariamente se solicite el reconocimiento de una relación laboral con la entidad pública. Lo anterior, de conformidad con el artículo 104.2 del CPACA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA AUTO 690 DE 2023

Referencia: expediente CJU-2421

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá (Valle del Cauca) y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca)

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente AUTO

I. ANTECEDENTES

Expediente CJU-2421 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera

1. El 15 de diciembre de 2017, el señor Julio Enrique Franco Morales

presentó demanda laboral en contra de la Institución de Educación Superior Unidad Central del Valle (en adelante, UCEVA)1. Indicó (i) que tuvo una relación con la UCEVA bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios de manera sucesiva por casi seis años, siendo el último contrato de prestación de servicios el firmado el 9 de febrero de 20162; (ii) que el 21 de enero de 2017, sufrió un accidente mientras se desplazaba en su motocicleta a cumplir una cita con su empleador, como consecuencia del cual resultó lesionado y con secuelas permanentes, por lo que debió suspender la ejecución del contrato y luego reanudar actividades hasta terminar la vigencia contractual; y (iii) que la UCEVA al vencimiento del contrato decidió no prorrogárselo, desconociendo su edad y dejándolo por fuera del sistema de seguridad social y sin medio de subsistencia.

2. El demandante solicitó: (i) que se condene a la UCEVA a reintegrarlo a un cargo igual o de la misma categoría al que venía desempeñando al momento de la desvinculación, y en las mismas condiciones en que fue contratado inicialmente, y prorrogando su última vinculación surtida el 9 de febrero de 20163; (ii) que se condene a la UCEVA a reconocer y pagar todos los emolumentos económicos dejados de cancelar desde el momento de la terminación del contrato de prestación de servicios y hasta la fecha de su reintegro4; (iii) “que se declare la ineficacia de la terminación del contrato de prestación de servicios suscrito entre el demandante y la UCEVA, teniendo en

cuenta que está revestido de ilegalidad, por no mediar previa autorización del Ministerio de Trabajo”5; (iv) se condene a la UCEVA al pago indexado de los valores debidos por concepto de honorarios del actor, desde la fecha de la terminación ineficaz del contrato de prestación de servicios y hasta que se produzca su reintegro6; y (v) se condene al pago de los intereses de mora sobre los valores debidos por concepto de honorarios.

3. El conocimiento del proceso fue asignado por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá (Valle del Cauca). En audiencia inicial del 17 de noviembre de 2020, se declaró probada la excepción previa de falta de jurisdicción propuesta en la contestación de la demanda por UCEVA7. El juzgado indicó que “la única manera en que sería competente este despacho, es que se tratara de servicios de carácter privado, sin embargo, al verificar la naturaleza jurídica de la entidad demandada encuentra el despacho que de conformidad con el acuerdo de creación es una entidad pública del orden municipal y lo reglado en la ley de educación superior, debe entenderse para todos los efectos o en particular los contractuales como un establecimiento público del orden departamental, de allí que sus contratos se encuentren por regla general gobernados por la Ley 80 de 1993 ley de contratación estatal y por lo tanto, el contrato suscrito por el doctor Franco Morales, tiene esa categoría y 1 Expediente digital. 001Demanda.pdf. 2 Expediente digital. 002Anexos.pdf. pp. 49 – 55. 3 Cfr. Expediente digital. 001Demanda.pdf., p. 5.

4 Cfr. Ib. 5 Cfr. Ib., p. 7. 6 Cfr. Ib. 7 Cfr. Ib. 008ExcepcionPrevia. Página 2 de 10 Expediente CJU-2421 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera la competencia para cualquier conflicto que se suscite como en este caso corresponde a la jurisdicción administrativa”8. Para llegar a esta conclusión, el despacho analizó los artículos 2.1 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (en adelante, CPTSS) y 57 de la Ley 30 de 1992.

4. El conocimiento del proceso fue asignado por reparto al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca). Mediante providencia del 19 de julio de 2021, ese despacho (i) declaró su falta de jurisdicción para el conocimiento del proceso y (ii) ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que lo dirimiera. Afirmó que “la Jurisdicción Ordinaria Laboral es la competente para conocer del presente asunto […] pues el objeto de litigio específicamente es que se reintegre al actor a un contrato terminado por cumplimiento de plazo y mutuo acuerdo, su afiliación a la seguridad social, son aspectos que no compete dirimir a esta jurisdicción por disposición legal”9. Lo anterior con fundamento en los artículos 104 y 155.2 del CPACA.

5. Mediante oficio del 15 de junio de 202210, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) remitió el expediente a la Corte Constitucional.

6. En sesión de 7 de marzo de 2023, el expediente de la referencia fue asignado al despacho de la magistrada sustanciadora11.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

7. La Corte Constitucional es competente para resolver el presente conflicto de jurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

2. Delimitación del asunto objeto de revisión y metodología

8. La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre los juzgados Primero Laboral del Circuito de Tuluá (Valle del Cauca) y Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), la cual versa sobre la competencia para conocer la demanda ordinaria laboral interpuesta por Julio Enrique Franco Morales en contra de la Institución de Educación Superior Unidad Central del Valle. A dichos efectos, la Sala, en primer lugar, verificará si la controversia entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (II.3 infra). En segundo lugar, de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, se referirá a la naturaleza jurídica y régimen de contratación 8 Ib. 020AudienciaJulioEnrique2020.11.17, minuto 12:00. 9 Expediente digital. 27 AutoProponeConflictoNegativJurisdiccion 2021-00031.pdf, p. 3. 10 Expediente digital. 32 RemiteCorteConstitucionalReparto.pdf. 11 A su vez, en el referido informe quedó consignado que el expediente se entregó al despacho de la magistrada

sustanciadora el 10 de marzo de 2023. Página 3 de 10 Expediente CJU-2421 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera de las universidades públicas (II.4 infra). En tercer lugar, explicará cuál es la jurisdicción competente para decidir las controversias derivadas de un contrato de prestación de servicios cuya suscripción se atribuye a dicha universidad (II.5 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (II.6 infra).

3. Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

9. Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”12. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de controversias se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo13, los cuales se explican en el siguiente cuadro: Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones Exige que la controversia se presente entre por lo menos dos autoridades Presupuesto subjetivo que administren justicia y formen parte de distintas jurisdicciones. De este modo, “el conflicto de jurisdicción no puede provocarse autónomamente por las partes del respectivo proceso” 14.

Implica que la disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa de Presupuesto objetivo naturaleza judicial, no política o administrativa15.

Exige constatar que las autoridades judiciales en colisión hayan Presupuesto normativo manifestado expresamente las razones de índole constitucional o legal, por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto16.

10. La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones. La Sala Plena constata que la controversia sobre la competencia para conocer la demanda ordinaria laboral interpuesta por Julio Enrique Franco Morales configura un conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones. Esto es así,

porque: (i) Satisface el presupuesto subjetivo, toda vez que enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, esto es, el Juzgado Primero Laboral 12 Corte Constitucional, auto 345 de 2018 reiterado, entre otros, por los autos 328 y 452 de 2019, 233 de 2020 y 041 de 2021. 13 Corte Constitucional, auto 155 de 2019 reiterado, entre otros, por los autos 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020. 14 Corte Constitucional, auto 452 de 2019, a través del cual también se reitera el auto 155 de 2019. En similar sentido, ver el auto 556 de 2018, reiterado por los autos 691 y 716 de 2018. 15 Este requisito exige a la Corte Constitucional verificar que “está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional. En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Artículo 116 de la CP)”. Corte

Constitucional, auto 041 de 2021. 16 Ib. Página 4 de 10 Expediente CJU-2421 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera del Circuito de Tuluá (Valle del Cauca) que integra la jurisdicción ordinaria, y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) que forma parte de la jurisdicción contenciosa administrativa17. (ii) Cumple con el presupuesto objetivo, puesto que las dos autoridades judiciales rechazan el conocimiento de la demanda ordinaria laboral, la cual debe resolverse por medio de un trámite de naturaleza judicial. (iii) Está acreditado el presupuesto normativo, debido a que los juzgados enfrentados expusieron las razones de índole legal por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (ver párrs. 2–3 supra).

4. Naturaleza jurídica y régimen de contratación de las universidades

públicas. Institución de Educación Superior Unidad Central del Valle UCEVA.

11. Conforme al artículo 57 de la Ley 30 de 1992, “[l]as universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo”. Dicha norma establece que los entes universitarios autónomos tienen “[p]ersonería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le

corresponden”. Por lo demás, la norma prevé que dichas entidades cuentan con un régimen especial que comprende, entre otros, el régimen de contratación. Al respecto, el artículo 93 ibídem dispone que, “[s]alvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos”.

12. La Institución de Educación Superior Unidad Central del Valle es una universidad pública y cuenta con régimen especial de contratación. La UCEVA fue creada mediante el Acuerdo No. 24 de junio de 1971 del Concejo Municipal de Tuluá (Valle del Cauca), como alternativa de acceso a la educación superior para los bachilleres del centro y norte del Valle del Cauca18. En ejercicio de su autonomía, la UCEVA actualizó su manual de contratación mediante la Resolución 2193 de 201519. Conforme al artículo 1º, “los contratos que esta celebre, se regirán por las disposiciones del Estatuto General de Contratación, la Ley 1150, sus decretos reglamentarios en lo pertinente, al siguiente [manual de 17 Tales conclusiones encuentran fundamento normativo en los capítulos 2º y 3º del Título VIII de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley 270 de 1996, particularmente, los literales a y b de dicha norma estatutaria. Ley 270 de 1996, art. 11. “La Rama Judicial del Poder Público está constituida por: // I. Los órganos

que integran las distintas jurisdicciones: // a) De la Jurisdicción Ordinaria: […] // 3. Juzgados […] laborales, […] // b) De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: […] 3. Juzgados Administrativos”. 18 Expediente digital. 017AnexoCertificadoExistenciaUceva.pdf. 19re-res-2193-2015-ManualContratacion.pdf. https://www.uceva.edu.co/wp-content/uploads/2020/06/re-res2193-2015-ManualContratacion.pdf. Página 5 de 10 Expediente CJU-2421 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera contratación]”20. Conforme a lo anterior, la Sala concluye que la UCEVA es una universidad estatal y, por lo tanto, cuenta con un régimen especial de contratación.

5. Competencia para decidir las controversias generadas en contratos de prestación de servicios suscritos por entidades públicas

13. Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer contratos suscritos por entidades públicas. Conforme al artículo 104.2 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los procesos “relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado”. El parágrafo de la norma en cita precisa que, para los efectos del código, “se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación”. Por su parte, el artículo 105 ib regula los asuntos que no son de competencia de la referida jurisdicción, a saber: (i) las “controversias relativas a la responsabilidad

extracontractual y a los contratos celebrados”, entre otras, por “entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras (…) cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos”; (ii) las decisiones proferidas por autoridades en ejercicio de funciones jurisdiccionales; (iii) las decisiones “proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley” y, por último, (iv) los conflictos laborales surgidos entre trabajadores oficiales y entidades públicas.

14. La Corte Constitucional, por medio del Auto 379 de 202121, concluyó que la competencia judicial para conocer de las controversias generadas en los contratos de prestación de servicios celebrados por entidades públicas recae en los jueces de lo contencioso administrativo. Esto, con fundamento en los artículos 104.2 y 105 del CPACA.

15. Por su parte, el Consejo de Estado ha señalado que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer aquellos procesos relacionados con contratos celebrados por universidades estatales22, con independencia del régimen especial de contratación. Al respecto, dicha Corporación aclaró que “[l]a circunstancia según la cual la [L]ey 30 de 1992 ha dispuesto que los contratos que celebren las universidades estatales u oficiales se regirán por las normas de derecho privado, no significa que el juez del contrato haya dejado de pertenecer a la jurisdicción administrativa para atribuirle esa función a la justicia ordinaria civil”23. Además, manifestó que, con base en el 20 Ib., p. 1. 21 CJU-119. La Corte estudió una demanda interpuesta, en ejercicio del medio de control de controversias

contractuales, en contra de la Defensa Civil Colombiana. El demandante señaló que dicha entidad habría incumplido distintas obligaciones contractuales, como fueron no haber reportado el accidente a la ARL y haber terminado el contrato de prestación de servicios, sin considerar que mediaba una incapacidad médica para laborar. Tras concluir que se trató de un contrato estatal de prestación de servicios, la Sala asignó competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Auto de 20 de agosto de 1998, exp. núm. 14.202 y sentencias de 20 de abril de 2005, exp. núm. 14.519 y de 4 de julio de 2008, exp. núm. 14.169. 23 Ib. Auto de 20 de agosto de 1998, exp. núm. 14.202. Página 6 de 10 Expediente CJU-2421 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 1107 de 200624, “las controversias en las cuales sean parte, las universidades públicas, por el sólo hecho de ser entidades estatales, las debe resolver esta jurisdicción”25. La Corte aclara que, si bien en aquellos casos no se encontraba vigente el CPACA, comparte dichos argumentos y los considera aplicables habida cuenta de la redacción del artículo 104.2 ib.

16. En el Auto 492 de 202126, la Sala Plena concluyó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer y decidir de fondo los

procesos promovidos “para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado”. Esto, por dos razones. Primero, en estos procesos se cuestiona la legalidad de contratos de prestación de servicios suscritos por entidades públicas (contratos estatales) cuya revisión, conforme al artículo 32 de la Ley 80 de 1993, así como el inciso primero y el numeral 2 del artículo 104 del CPACA, es competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Segundo, en estos procesos se controvierte la validez de actos administrativos, por medio de los cuales la entidad negó la existencia de una relación laboral y la solicitud de pago de prestaciones y acreencias laborales. Por lo anterior, el objeto del proceso es determinar si se configuró relación laboral alguna con el Estado, por medio de contratos de prestación de servicios, lo cual implica “un juicio sobre la actuación de la entidad pública”. Por otra parte, la Sala aclaró que los criterios orgánico y funcional no son relevantes en estos casos, habida cuenta de que “se trata de evaluar i) la actuación desplegada por entidades públicas en la suscripción de [y] ii) contratos de naturaleza distinta a una vinculación laboral”. Para la Corte, este análisis “constituye un examen de fondo de la controversia”.

17. Aunado a esto, en el Auto 901 de 202126, esta Corporación reiteró el Auto 492 de 2021 para aquellos eventos en los que el conflicto de jurisdicciones surge en el marco de un proceso ordinario laboral y no de nulidad y restablecimiento

del derecho. En ese sentido, la Corte señaló que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las controversias en las cuales se “cuestiona la legalidad de actuaciones de la administración, como los contratos de prestación de servicios celebrados por una entidad pública o la validez de un acto administrativo”. Lo anterior, porque (i) es “la jurisdicción que el 24 Esta norma, según el Consejo de Estado, “tuvo como propósito, entre otros, aclarar el régimen jurisdiccional de las entidades estatales. El cambio más significativo tiene que ver con la eliminación de la referencia que hacía el texto anterior del mismo artículo 82, a las “controversias y litigios administrativos”, por la expresión “controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas”, variación que incluye a todas las entidades estatales, sin importar la función que cumplan, ni el régimen jurídico que les sea aplicable, ni el tipo de controversia de que se trate -contractual, nulidad y restablecimiento del derecho, responsabilidad extracontractual, etc.-, puesto que de un criterio eminentemente material u objetivo, que permitía distinguir las actividades de las entidades públicas entre aquellas que correspondían a una función administrativa y aquellas que no, pasó a un criterio subjetivo u orgánico, en el cual lo importante es la naturaleza del órgano o sujeto que actúa y no la de su actividad || De esta manera, la nueva norma erige a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el juez, por excelencia, de la actividad estatal, con las excepciones previstas en el artículo 2 de la misma ley” (cfr. sentencia de 4 de julio de 2008, exp. núm. 14.169).

25 Ib. Sentencia de 4 de julio de 2008, exp. núm. 14.169. 26 CJU-154. La Corte Constitucional examinó el conflicto de jurisdicciones entre un juzgado laboral y uno administrativo. Esto, con ocasión de la demanda ordinaria laboral instaurada por el demandante, en contra de una ESE, por medio de la cual pretendía que se declarara que “existió un contrato de trabajo durante 7 periodos diferentes de prestación de servicios (…)”. Página 7 de 10 Expediente CJU-2421 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera ordenamiento jurídico ha habilitado para controlar y revisar los contratos estatales y determinar la calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une al contratista con la administración” y (ii) dispone de “mecanismos de defensa idóneos para controvertir la existencia de posibles contratos laborales de prestación de servicios con el Estado”.

18. Con base en lo anterior, la Sala Plena considera razonable establecer la siguiente regla de decisión: la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para decidir las controversias que (i) suponen verificar la legalidad de la actuación de una entidad pública y (ii) pretenden el pago de honorarios dejados de percibir con ocasión de la terminación de un contrato de prestación de servicios de carácter estatal, sin que necesariamente se solicite el reconocimiento de una relación laboral con la entidad pública. Lo anterior, de conformidad con el artículo 104.2 del CPACA.

6. Caso concreto

19. La jurisdicción de lo contencioso administrativo, es la competente para

conocer el caso que suscita el conflicto sub examine. La Sala Plena considera que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para decidir sobre la demanda interpuesta por Julio Enrique Franco Morales en contra de la Institución de Educación Superior Unidad Central del Valle (UCEVA). Esto, por cuanto el demandante pretende el reconocimiento de los honorarios dejados de percibir por la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios de carácter estatal celebrado con una entidad de naturaleza pública27. Por tanto, el objeto de la controversia versa sobre determinar si se configuró la terminación injustificada del contrato de prestación de servicios alegada por el demandante, debido a la posible estabilidad que deprecó teniendo en cuenta su edad y la condición de salud que presentaba para el momento de la terminación de la relación contractual, lo que implica un “juicio sobre la actuación de la entidad pública” demandada.

20. La Sala precisa que las circunstancias fácticas estudiadas en el Auto 492 de 2021 se diferencian de las sub examine. En aquella oportunidad se pretendía determinar si se configuró un contrato de trabajo con el Estado por medio de la suscripción de contratos de prestación de servicios. En contraste, en el asunto bajo estudio el demandante pretende que el juez declare que la UCEVA le adeuda el pago de todos los emolumentos dejados de cancelar con ocasión de la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios y hasta tanto no sea reintegrado, así como los honorarios dejados de percibir. Sin perjucio de lo anterior, por las razones expuestas arriba (párr. 14 a 20), la Sala Plena considera que la jurisdicción de lo contencioso administrativa es la competente para

decidir el asunto. 27 CD-acuerdo-005-08032016.pdf. https://www.uceva.edu.co/institucional/normatividad-general/ Acuerdo núm. 005 del 8 de marzo de 2016, por el cual se expide el Estatuto General de la Unidad Central del Valle del Cauca. Esta circunstancia descarta la aplicación del artículo 2.6 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es competente para decidir “[l]os conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive”. Página 8 de 10 Expediente CJU-2421 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera

21. De esta manera, la Sala ordenará remitir el expediente CJU-2421 al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, RESUELVE Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá (Valle del Cauca) y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) es la autoridad competente para conocer la demanda instaurada por Julio Enrique

Franco Morales en contra de la Institución de Educación Superior Unidad Central del Valle (UCEVA). Segundo. REMITIR el expediente CJU-2421 al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá (Valle del Cauca). Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Magistrado Página 9 de 10 Expediente CJU-2421 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General Página 10 de 10