CC - A915-2023
Corte Constitucional
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Detalles
- Título
- CC - A915-2023
- Autor
- Corte Constitucional
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Constitucional
- Año
- 2023
A915-23TEMAS-SUBTEMAS Auto A-915/23 COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Conflictos sobre sistema de seguridadsocial integral de trabajadores oficiales, independientes o del sector privado La Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral es la competente para conocer y decidir de fondo un procesoen el que se advierta que un funcionario, prima facie, trabajador oficial, conforme a las reglas generales devinculación del Estado, reclame el reconocimiento y pago de prestaciones sociales por parte de una EmpresaIndustrial y Comercial del Estado, de conformidad con lo estipulado en los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 2del Código Procesal del Trabajo.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONALSala Plena Auto 915 de 2023 Referencia: Expediente CJU-2556 Conflicto de competencia entre jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 3ºAdministrativo Oral de Cartagena y el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito deMompox, Bolívar Magistrado ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial dela prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente AUTO I. ANTECEDENTES 1. El 6 de septiembre de 2021, la señora Silvana Molina Fernández presentó medio de control de nulidad yrestablecimiento del derecho, por intermedio de apoderado judicial, contra un acto administrativo ficto o presunto
emitido por la empresa municipal de servicios públicos de San Fernando, departamento de Bolívar,[1] en el quepretende: (i) se declare la nulidad del acto administrativo, el cual habría negado el reconocimiento y pago deprestaciones sociales; (ii) consecuencia de lo anterior, y como restablecimiento del derecho, se condene a pagar,entre otras, las cesantías, los intereses sobre las cesantías, primas de navidad, primas de servicios, vacaciones, primas de vacaciones, subsidio de transporte y las cotizaciones a la seguridad social.[2] Para soportar suspretensiones, la señora Silvana Molina Fernández señaló que fue nombrada por la ESP San Fernando, medianteResolución No. 120402-001 de 2012, como Auxiliar Administrativo en el periodo correspondiente del 2 de abril de2012 al 8 de marzo de 2013. Posteriormente, fue nombrada para el cargo de Recaudadora Pagadora del 9 de marzode 2013 hasta el 31 de diciembre de 2017, por medio de la Resolución No. 130309-001. Finalmente, comentó quehizo una solicitud verbal al gerente de la entidad y una solicitud por escrito, esta última con fecha del 26 de julio de2018, solicitando el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales causadas durante su relación laboral con la
ESP San Fernando Bolívar, sin obtener respuesta.[3]
2. El asunto le correspondió al Juzgado 3º Administrativo Oral de Cartagena, el cual, mediante Auto del 28 deabril de 2022, declaró su falta de jurisdicción y ordenó remitir el asunto a los juzgados promiscuos del Circuito deMompox, Bolívar, para lo de su competencia. Refirió las reglas de competencia contenidas en los artículos 104 y105 de la Ley 1437 de 2011, sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, afirmando que esta conoce delos asuntos que tengan relación con los empleados públicos y el Estado. Seguidamente, se refirió a la clasificaciónde los empleos en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, con base en los dispuesto en el artículo 5 delDecreto 3135 de 1968, señalando que son trabajadores oficiales las personas vinculadas a este tipo de entidades,exceptuando los que ostentan nivel directivo. Dicho lo anterior, concluyó que “los elementos de juicio que obran enel expediente acreditan que la demandante prestó sus servicios como Auxiliar Administrativo-Secretaria PQR-JefeDe Presupuesto y Recaudadora Pagadora y bajo estos supuestos, resulta claro que es trabajadora oficial, pues sevinculó a una empresa industrial y comercial del Estado para ocupar un cargo que claramente no es del nivel directivo.”[4] Por consiguiente, señaló que la jurisdicción competente es la ordinaria en su especialidad laboral, yaque el artículo 2.1. del Código Procesal del Trabajo advierte que todos los conflictos que se originen directa o
indirectamente en el contrato de trabajo son competencia de los jueces laborales.[5]
3. El asunto le correspondió al Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mompox, Bolívar, el cual, mediante Autodel 10 de agosto de 2021, provocó conflicto negativo de competencia sobre la jurisdicción competente y remitió elasunto al Consejo Superior de la Judicatura para que asignara la competencia. Señaló que “la naturaleza jurídicadel ente empleador, y las funciones cumplidas por la servidora, en este caso, la actora fue empleada pública, yaque su vinculación a la administración se efectuó mediante una modalidad legal o reglamentaria a través de un acto administrativo motivado que se concreta con el nombramiento y posesión tal (…)”.[6] Terminó por aludir queel asunto es competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que el asunto trataba de unaempleada pública, por lo que debe darse aplicación al principio jurídico de la primacía de la realidad sobre las formas.[7]
4. El 14 de julio de 2022, el expediente de la referencia fue enviado al Consejo Seccional de la Judicatura,organismo que, mediante Auto motivado del 15 de julio de 2022, resolvió enviar el asunto a la Corte Constitucionalen razón de las competencias para dirimir conflictos entre jurisdicciones, las cuales fueron asignadas por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.[8] El 22 de julio de 2022, el asunto es remitido a la Secretaría General de laCorte Constitucional, siendo repartido al magistrado sustanciador el 7 de marzo de 2023 por la presidencia de la
Corte Constitucional y remitido al despacho el 10 de marzo siguiente.[9]
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL A. Competencia 5. De conformidad con lo previsto en el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015,[10] la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir losconflictos de competencia entre jurisdicciones. B. Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones 6. Esta Corporación ha señalado que los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando“dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimientode un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo).”[11]
7. En ese sentido, en el Auto 155 de 2019, la Sala Plena precisó que se requieren tres presupuestos para que seconfigure un conflicto de competencia entre jurisdicciones. Exigencias que en el presente caso se acreditan tal ycomo se demuestra a continuación:Presupuesto Contenido Constatación Subjetivo La controversia debe sersuscitada por, al menos, dosautoridades que administrenjusticia y pertenezcan adiferentes jurisdicciones.[12] El conflicto se suscitó entre unaautoridad de la Jurisdicción de loContencioso Administrativo y otraperteneciente a la JurisdicciónOrdinaria en su especialidadLaboral.
Objetivo Existencia de una causajudicial sobre la cual sedesarrolle la controversia, loque requiere constatar queestá en desarrollo unproceso, un incidente ocualquier otro trámite denaturaleza jurisdiccional.[13] Existe una controversia entre elJuzgado 3º Administrativo deCartagena y el Juzgado 1ºPromiscuo de Mompox, Bolívar,para conocer y resolver la demandapresentada por la señora SilvanaMolina Fernández. (Supra 1) Normativo Las autoridadesinvolucradas en el conflictode jurisdicciones debenhaber manifestadoexpresamente las razonespor las cuales se considerancompetentes -o noparaconocer de dicha causa judicial.[14] Juzgado 3º Administrativo deCartagena como el Juzgado 1ºPromiscuo de Mompox, Bolívar,acudieron a fundamentos legalespara defender sus posturas sobre lafalta de jurisdicción. (Supra 2 y 3)
C. Asunto objeto de decisión y metodología 8. Con base en lo anterior, la Corte dirimirá el conflicto entre el Juzgado 3º Administrativo Oral de Cartagena yel Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mompox, Bolívar. En primer lugar, abordará las modalidades devinculación con el Estado para la prestación de servicios personales y las reglas de competencia jurisdiccional. Ensegundo lugar, resolverá el caso concreto. D. Modalidades de vinculación con el Estado para la prestación de servicios personales y las reglas decompetencia jurisdiccional 9. Las personas naturales se vinculan con el Estado para prestar sus servicios u oficios, a través de tres tipos derelaciones, a saber: (i) como empleados públicos en virtud de una relación legal y reglamentaria; (ii) comotrabajadores oficiales por medio de un contrato laboral; y (iii) como contratistas mediante contrato estatal de
prestación de servicios.[15] Las dos primeras modalidades suponen la existencia de un vínculo de carácter laboral, mientras que la última no, dado su carácter contractual estatal.[16]
10. De acuerdo con la Constitución, los empleados públicos y los trabajadores oficiales son servidores públicos y “ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”.[17] La vinculación de los empleados públicos está precedida del nombramiento y la posesión.[18] Los trabajadores oficiales, en cambio,celebran contrato de trabajo en el que se delimitan los servicios que se encontrarán a su cargo. 11. La Ley determina cuáles servidores ostentan una u otra condición, según la naturaleza jurídica de la entidadpública para la que se presta el servicio o las funciones que se desempeñen. En relación con lo primero, por reglageneral, las personas que trabajan en los entes territoriales, ministerios o entidades descentralizadas son empleadospúblicos, pues en dichas entidades los trabajadores oficiales son la excepción al desempeñar primordialmenteactividades de obra y mantenimiento. En las empresas industriales y comerciales del Estado predominan lostrabajadores oficiales y a los empleados públicos se les encargan labores de administración y dirección.12. Al respecto, el artículo 5° del Decreto Ley 3135 de 1968 establece que “[l]as personas que prestan susservicios a los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos sonempleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas sontrabajadores oficiales. Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado son trabajadores oficiales”. El artículo 4° del Decreto 2127 de 1945,[19] que reglamentó la Ley 6ª de 1945,dispone que “(…) las relaciones entre los empleados públicos y la administración Nacional, Departamental oMunicipal no constituyen contratos de trabajo, y se rigen por leyes especiales, a menos que se trate de laconstrucción o sostenimiento de las obras públicas, o de empresas industriales, comerciales, agrícolas o ganaderasque se exploten con fines de lucro, o de instituciones idénticas a las de los particulares o susceptibles de serfundadas y manejadas por estos en la misma forma.” 13. En relación con las funciones, el artículo 2 del Decreto Ley 2400 de 1968 señala que “[s]e entiende porempleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridadcompetente que deben ser atendidas por una persona natural. Empleado o funcionario es la persona nombradapara ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo. (..) Quienes presten al Estado Servicios (…)temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son merosauxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a
sus cuadros permanentes (…).” Según el artículo 12 de la Ley 270 de 1996,[20] la jurisdicción ordinaria conoceráde todos los asuntos que no estén asignados a cualquier otra. Por su parte, el numeral 1º del artículo 2 del CódigoProcesal del Trabajo determina, como regla de competencia de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral,conocerá de “[l]os conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo”.Seguidamente, el numeral 5º Ibidem señala que esta jurisdicción estudiará los casos relacionados con “[l]aejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que nocorrespondan a otra autoridad”. Siendo, entonces, una cláusula general de competencia, que opera cuando no hay una norma especial que atribuya el conocimiento de un proceso a otra jurisdicción.[21]
14. A su turno, el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 establece que corresponde a la Jurisdicción de loContencioso Administrativo conocer, entre otros, de los asuntos laborales “relativos a la relación legal yreglamentaria entre los servidores públicos y el Estado”. Paralelamente, el artículo 105 del mismo estatuto excluyede la competencia de esta jurisdicción los “conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas ysus trabajadores oficiales.” 15. Este tipo de análisis se ha empleado para analizar la vinculación laboral de las Empresas de ServiciosPúblicos con sus trabajadores en los Autos 729, 811 y 1142 de 2022, determinando “que las empresas de serviciospúblicos que tienen las categorías de privada o mixta, su regulación laboral está contenida en el Código Sustantivodel Trabajo. Por su parte, las empresas de servicios públicos oficiales que se hubieran constituido como Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, estarán regidas por el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968 (…).”[22]
16. Regla de decisión. La Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral es la competente para conocer ydecidir de fondo un proceso en el que se advierta que un funcionario, prima facie, trabajador oficial, conforme a lasreglas generales de vinculación del Estado, reclame el reconocimiento y pago de prestaciones sociales por parte deuna Empresa Industrial y Comercial del Estado, de conformidad con lo estipulado en los artículos 12 de la Ley 270de 1996 y 2 del Código Procesal del Trabajo. E. Caso concreto 17. La Sala Plena advierte que en el caso sub judice se presentó un conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado3º Administrativo Oral de Cartagena y el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mompox, Bolívar. 18. Con base en las consideraciones planteadas, la Sala dirime el presente conflicto en el sentido de señalar queel Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mompox, Bolívar, es la autoridad competente para conocer del presenteasunto. 19. Lo anterior, dado que la controversia que suscita el conflicto de competencia, según lo expone la partedemandante, se funda en el reconocimiento y pago de prestaciones sociales con ocasión de un vínculo laboral entreesta y al Empresa Municipal de Servicios Públicos de San Fernando, Bolívar, la cual está constituida como una
Empresa Industrial y Comercial del Estado.[23] Así las cosas, y en aplicación de la regla general de vinculación delas Empresas Industriales y Comerciales del Estado, se puede advertir, prima facie, que los cargos desempeñadospor la señora Silvana Molina Fernández como auxiliar administrativa y recaudadora pagadora, no constituyenlabores de administración y dirección dentro de la ESP San Fernando. 20. En consecuencia, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 5 del Decreto Ley 3135 de 1968, la señoraSilvana Molina Fernández habría tenido la calidad de trabajadora oficial, por lo que las pretensiones sobre elreconocimiento y pago de las prestaciones sociales causadas se enmarcan dentro de lo establecido en los artículos12 de la Ley 270 de 1996 y 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Por consiguiente, la Corteencuentra que la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral es la encargada de conocer las controversiasoriginadas en el reconocimiento y pago de prestaciones sociales demandadas por un trabajador oficial. 21. Conforme a lo anterior, la Corte, con fundamento en lo previsto en los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 2del Código Procesal del Trabajo, ordenará remitir el expediente al Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mompox,Bolívar y dispondrá comunicar la presente decisión a los interesados. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo ypor mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. - DIRIMIR el conflicto negativo de competencia entre el Juzgado 3º Administrativo Oral deCartagena y el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mompox, Bolívar, en el sentido de DECLARAR
ypor mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. - DIRIMIR el conflicto negativo de competencia entre el Juzgado 3º Administrativo Oral deCartagena y el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mompox, Bolívar, en el sentido de DECLARAR que elJuzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mompox, Bolívar, es la autoridad competente para conocer del procesojudicial promovido por la señora Silvana Molina Fernández. SEGUNDO. - REMITIR el expediente CJU-2556 al Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mompox, Bolívar, paralo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado 3º AdministrativoOral de Cartagena. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. DIANA FAJARDO RIVERAPresidenta NATALIA ÁNGEL CABOMagistrada JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZMagistrado JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJARMagistradoALEJANDRO LINARES CANTILLOMagistrado ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPOMagistrado PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERAMagistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGERMagistrada JOSE FERNANDO REYES CUARTASMagistrado MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZSecretaria General[1] La Empresa Municipal de Servicios Públicos de San Fernando es una Empresa Industrial y Comercial del Estado con NIT 900127883-8, la cual se encarga de prestar los servicios y actividades deacueducto, aseo y alcantarillado. Véase:http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/reporte?integration_masterreport=hdv_gen_001_public&formatting_chosenformat=Integrador&idreporte=hdv_gen_001_public&hdv_gen_001_public.empresa=62&hdv_gen_001_public.topico=99&hdv_gen_001_p[2] Expediente CJU 2556, Documento digital “01DEMANDA.pdf”, p. 9.[3] Ibid., p. 10.[4] Ibid., p. 32.[5] Ibid., pp. 31-33.[6] Ibid., Documento digital “05AutoConflictoJurisdiccion18Abril2022.pdf”, pp. 1-4.[7] Ibid., pp. 4-5.[8] Ibid., Documento digital “03-Auto de sustanciación.pdf”, pp. 1-3.[9] Ibid., Documento digital “03Constancia de Reparto CJU-2556.pdf”, p. 1.[10] Artículo 241. “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá lassiguientes funciones: (…) 11. Numeral adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015: Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”.[11] Cfr., Corte Constitucional, Autos 345
de 2018, 328 de 2019, 452 de 2019 y 608 de 2019.[12] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad; o (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales (Cfr., Artículos 17, 18, 37 y 41 de la Ley 270 de1996, así como 97 de la Ley 1957 de 2019).[13] En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácteradministrativo o político, pero no jurisdiccional (Cfr., Artículo 116 de la Constitución Política).[14] Así pues, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, alguna de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención deasumirla, o (b) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno al sustentarse únicamente en argumentos demera conveniencia.[15] Consejo de Estado, Sentencia de 4 de febrero de 2016, Rad. 81001-23-33-000-2012-00020-01(0316-14).[16] Ídem.[17] Constitución Política, artículo 123.[18] Cfr., Constitución Política, artículo 122.[19] Actualmente compilado en el artículo 2.2.30.2.4 del Decreto 1083 de 2015.[20] Artículo
