CC - A950-23

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO Nº 950 DE 2023

Referencia: Expediente CJU-2991

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín y el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín.

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente AUTO

I. ANTECEDENTES

1. La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, a través de apoderada, presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – “acción de lesividad.” La demandante solicitó la declaratoria de nulidad de la Resolución SUB 228961 del 29 de agosto de 2018, mediante la cual, esa entidad reconoció y ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes a la señora Rosalba Pimienta Restrepo. Lo anterior, pues, según lo indicó, el reconocimiento se habría realizado utilizando declaraciones extraproceso contrarias a la ley.

2. Asimismo, requirió: (i) el reintegro de lo pagado por concepto de mesadas, retroactivos y pagos de salud con ocasión al reconocimiento de la sustitución

pensional; (ii) la indexación de las sumas reconocidas en la demanda e intereses; y, (iii) se condene en costas a la demandada.1

3. El 23 de marzo de 2022, el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín declaró la falta de jurisdicción y dispuso la remisión del expediente a los Juzgados 1 Documento digital “03. 2022-00067 Demanda.pdf”.

Expediente CJU-2991 M.P. Diana Fajardo Rivera Laborales del Circuito de Medellín de conformidad con lo señalado en los artículos 11 y 12 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS). Indicó que en el caso concreto se plantea una discusión entre un particular y la Administradora de Pensiones, lo que no se encuadra en lo dispuesto en el artículo 104.4 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) para el conocimiento recaiga en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.2

4. El 19 de septiembre de 2022, el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín declaró carecer de competencia para conocer de la demanda, por lo que propuso conflicto negativo y ordenó la remisión del expediente a esta Corporación.

Refirió que el Consejo Superior de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria3 en un caso de características similares al presente resolvió asignar el conocimiento a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Agregó que el asunto versa sobre una acción de lesividad que solo puede ser dirimida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no solo por expreso mandato de los artículos 88 y 91

del CPACA, sino también porque no le es dable a la Jurisdicción Ordinaria Laboral anular un acto administrativo, así contenga el reconocimiento o negación de derechos propios del trabajador, lo que se deduce del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que alude a los asuntos de que conoce esa jurisdicción.4

5. El 7 de octubre de 2022, el expediente fue remitido a esta Corporación.5

6. En sesión virtual del 2 de mayo de 2023, el asunto fue repartido a la Magistrada ponente. El día 5 siguiente, el expediente digital respectivo fue enviado al despacho sustanciador a través del Sistema de Información Integrado de la Corte

Constitucional, SIICOR.6

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. Competencia

7. La Corte Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones de acuerdo con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

2. En el presente caso se configuró un conflicto de jurisdicción que la Corte Constitucional debe resolver

8. Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones:7 (i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones;8 (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es

decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o 2 Documento digital “07. 2022-00067 Envío a otro Despacho por competencia.pdf”. 3 Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Rad. Nº 11001010200020180115500. M.P. Magda Victoria Acosta Walteros. 4 Documento digital “12 PROPONE CONFLICTO ACCION DE LESIVIDAD AG.pdf”. 5 Documento digital “02CJU-2991 Correo Remisorio.pdf”. 6 Documento digital “03CJU-2991 Constancia de Reparto.pdf”. 7 Auto 155 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 8 En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad o (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales. 2 Expediente CJU-2991 M.P. Diana Fajardo Rivera cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional;9 y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.10

9. La Sala constata que en el presente caso se cumplen tales presupuestos, puesto que (i) el conflicto se suscita entre dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, en esta oportunidad, de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de la Jurisdicción Ordinaria (presupuesto subjetivo); (ii) el conflicto versa sobre el conocimiento de la demanda formulada por Colpensiones contra un acto administrativo propio (presupuesto objetivo); y (iii) ambas

autoridades jurisdiccionales enunciaron razonablemente fundamentos de índole constitucional y legal en los que soportan cada una de sus posiciones dirigidas a negar su competencia. Específicamente, el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín se refirió a los artículos 11 y 12 del CPTSS y al artículo 104.4 del CPACA. Por su parte, el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín aludió a la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, a los artículos 88 y 91 del CPACA, y al artículo 2º del CPTSS. (presupuesto normativo).

3. La competencia para conocer de la demanda de Colpensiones es de la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

10. La Sala Plena ha establecido que cuando una entidad pública demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, un acto administrativo propio tras no obtener la autorización del titular para revocarlo directamente, el asunto es competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Esto, incluso si el acto versa sobre derechos pensionales.11 La Corte ha llegado a esta conclusión con base en los artículos 97 y 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.12 Según el primero de ellos, si el titular no autoriza a la administración de manera previa, expresa y escrita para revocar directamente un acto administrativo de carácter particular que lo afecta, “deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”13 A su vez, según el artículo 104 del mismo Código,

la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resuelve los conflictos jurídicos relacionados con “actos (…) sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas (…).” De ese modo, la competencia de 9 En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Artículo 116 de la Constitución). 10 Así pues, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, alguna de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o (b) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia. 11 Esta postura de la Corte fue establecida por primera vez en el Auto 316 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. SV. Diana Fajardo Rivera. Tal posición ha sido reiterada, entre muchos otros, en los autos 377 de 2021. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; 382. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; 384. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; 385 de

2021. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 391 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo; 393 de 2021. M.P.

Antonio José Lizarazo Ocampo; 394 de 2021. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 396 de 2021. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 397 de 2021. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 399 de 2021. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 400 de 2021. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 402 de 2021. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 410 de 2021. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 411 de 2021. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 412 de

2021. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 431 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo; 432 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo; 434 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger y 437 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

Esta es la hipótesis que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha descrito con el concepto de acción de lesividad, que se refiere al escenario en el que la administración demanda un acto propio con el objetivo de defender los intereses de la Nación y proteger los recursos públicos, entre otros fines. 12 Ley 1437 de 2011. 13 Ley 1437 de 2011, artículo 97. 3 Expediente CJU-2991 M.P. Diana Fajardo Rivera los jueces de lo contencioso administrativo cubre actos administrativos relativos a derechos pensionales, en la medida que la habilitación para que la administración demande un acto propio tiene como objetivo, entre otros, proteger el interés y el patrimonio público.14

11. Así las cosas, en la medida que en el presente caso Colpensiones demandó un

acto administrativo propio que versa sobre derechos pensionales, el asunto es de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, esta Corporación resolverá el conflicto en el sentido de declarar que corresponde al Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Colpensiones en contra de Rosalba Pimienta Restrepo. La Sala ordenará remitirle el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.

4. Regla de decisión: La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de una demanda de una entidad pública contra un acto administrativo propio, presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín y el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín y DECLARAR que el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín es la autoridad competente para conocer la demanda presentada por Colpensiones en contra de Rosalba Pimienta Restrepo.

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU2991 al Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín para que proceda con lo que le compete y comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta NATALIA ÁNGEL CABO Magistrada 14 La Corte Constitucional ha sostenido que “donde se evidencia el ejercicio de la denominada acción de lesividad, prevalece la competencia de la jurisdicción especial sobre la ordinaria y por tanto, la competencia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativa.” Auto 316 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. SV. Diana Fajardo Rivera. 4 Expediente CJU-2991 M.P. Diana Fajardo Rivera

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General 5