CC - Auto 069 de 2026
Corte Constitucional
Descargar PDF
Disponible
Detalles
- Título
- CC - Auto 069 de 2026
- Autor
- Corte Constitucional
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Constitucional
- Año
- 2026
A069-26
TEMAS-SUBTEMAS
Auto A-069/26
RECURSO DE SUPLICA CONTRA RECHAZO DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Finalidad
RECURSO DE SUPLICA CONTRA AUTO QUE RECHAZA DEMANDADemandante debe efectuar razonamiento mínimo para constatar yerro o arbitrariedad
RECURSO DE SUPLICA CONTRA RECHAZO DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Incumplimiento de la carga argumentativa
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL -Sala PlenaAUTO 069 DE 2026
Referencia: Expedientes D-16976 y D-16981
Asunto: Recurso de súplica contra el auto del 27 de noviembre de 2025, que rechazó la demanda presentada contra la Ley 107 de 1994, “[p]or la cual se reglamenta el artículo 41 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, y el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, “[p]or la cual se expide la Ley General de Educación”
Magistrado ponente: Miguel Polo Rosero
Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de aquellas que le conceden los artículos 6 del Decreto Ley 2067 de 1991 y 49 del Acuerdo 01 de 2025, profiere el presente auto, de acuerdo con los siguientes:I. ANTECEDENTES
A. Las demandas acumuladas
Decreto Ley 2067 de 1991 y 49 del Acuerdo 01 de 2025, profiere el presente auto, de acuerdo con los siguientes:I. ANTECEDENTES
A. Las demandas acumuladas
1. Expediente D-16.976. El 29 de septiembre de 2025, Edwin Aldrumar Siabato Moreno y María Helena Tinjacá Sánchez presentaron acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 107 de 1994, “[p]or la cual se reglamenta el artículo 41 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, en su integridad; y contra el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, “[p]or la cual se expide la Ley General de Educación”, incluyendo sus eventuales modificaciones, adiciones y demás normas complementarias con fuerza de ley [1].
2. En su criterio, las normas demandadas vulneran la reserva de ley estatutaria, pues la enseñanza obligatoria de la Constitución prevista en el artículo 41 de la Carta corresponde a un derecho fundamental, y los textos legales que se acusan son leyes ordinarias. Con base en lo anterior, señalaron como disposiciones presuntamente infringidas el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 13, 27, 29, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 67, 68, 69, 70, 79, 80, 93, 95, 100, 152, 153, 157 y 158 de la Constitución. En el concepto de la violación, además, señalan la vulneración del derecho al debido proceso, al no haberse cumplido el trámite previsto en el proceso de formación de estas dos leyes.
3. A continuación, se advierte que estructuraron la demanda en nueve cargos, que
violación, además, señalan la vulneración del derecho al debido proceso, al no haberse cumplido el trámite previsto en el proceso de formación de estas dos leyes.
3. A continuación, se advierte que estructuraron la demanda en nueve cargos, que se proceden a resumir. En el primer cargo, señalaron que las normas demandadas vulneran los principios fundamentales del título I de la Carta: la dignidad humana, los fines del Estado y la supremacía constitucional (CP arts. 1, 2 y 4), al omitir un debate amplio y plural.
4. En el segundo cargo, invocaron la vulneración de los derechos fundamentales consagrados en el título I de la Constitución (CP arts. 13, 27, 29, 38, 40 y 41), exponiendo lo siguiente: (i) frente al artículo 13, indicaron que la omisión del trámite estatutario generó una desigualdad material y procedimental, pues algunos ciudadanos recibieron una formación cívica adecuada, mientras otros obtuvieron una formación deficiente, contrariando el mandato de igualdad real y efectiva. Respecto (ii) al artículo 27, argumentaron que la legislación por vía ordinaria expone la educación constitucional a inestabilidad política y se restringe la autonomía docente y la pluralidad de la cátedra y el pensamiento crítico. (iii) En relación con el artículo 29, señalaron que el Congreso desconoció el derecho al debido proceso previsto en la Carta, y se incurrió en un vicio insubsanable que afecta la validez, legitimidad y seguridad jurídica de las normas. Frente
(iv) al artículo 38, indicaron que el trámite ordinario redujo la participación e incidencia de organizaciones sociales y gremiales en el debate legislativo, y restringió el ejercicio del
(iv) al artículo 38, indicaron que el trámite ordinario redujo la participación e incidencia de organizaciones sociales y gremiales en el debate legislativo, y restringió el ejercicio del derecho de asociación en su dimensión política y deliberativa. En cuanto (v) al artículo 40, consideraron que al regular la educación constitucional por ley ordinaria se vulnera el derecho a la participación política, al tiempo que se debilita la participación ciudadana y se priva a la sociedad de un debate profundo sobre la educación constitucional. Y, respecto al (vi) artículo 41, sostuvieron que se desconoció su mandato, pues solo una ley estatutariapodía desarrollarlo, conforme lo dispone el artículo 152 de la Carta, ya que la enseñanza obligatoria de la Constitución requiere un blindaje normativo que la preserve frente a los vaivenes políticos o ideológicos de turno, y que garantice su efectividad como base para la construcción de ciudadanía.
5. En el tercer cargo, advirtieron la vulneración de los derechos sociales, económicos y culturales consagrados en el título II Constitucional (CP arts. 42, 44, 45, 67, 68, 69 у 70). En relación con (i) el artículo 42, señalaron que se afectó el rol institucional de la familia como núcleo esencial de la sociedad. Agregaron que se vulneran los derechos prevalentes de los niños (artículo 44), pues se expone la enseñanza de la Constitución a la discrecionalidad política del gobierno de turno, generando riesgos en el aprendizaje.
Asimismo, en relación con (ii) el artículo 45, indicaron que los adolescentes quedaron sin una formación cívica sólida que garantizara su participación democrática plena. Sobre (iii)
Asimismo, en relación con (ii) el artículo 45, indicaron que los adolescentes quedaron sin una formación cívica sólida que garantizara su participación democrática plena. Sobre (iii) el artículo 67, resaltaron que la educación, como derecho fundamental, perdió estabilidad, calidad y contenido democrático, al no ser regulada con jerarquía estatutaria, lo que afecta el ejercicio de todos los demás derechos. Respecto (iv) del artículo 68, expresaron una afectación a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria, porque la regulación por vía ordinaria “(…) abrió la puerta a la injerencia de mayorías políticas y a la discrecionalidad administrativa en la definición de contenidos y metodologías pedagógicas”. Frente (v) al artículo 69, señalaron que el trámite derivó en una falta de blindaje normativo que limitó el desarrollo del pensamiento crítico, la ciencia y la tecnología. Y, sobre (vi) el artículo 70, advirtieron que el legislador privó a la ciudadanía de la protección reforzada del elemento cultural que es la Constitución como fundamento de la identidad nacional, y debilitó el acceso ciudadano a la cultura democrática y constitucional.
6. En el cuarto cargo, alegaron la violación del Título II “de los derechos, las garantías y los deberes” previsto en la Constitución (CP arts. 79 y 80), ya que al regular la educación constitucional mediante una ley ordinaria, se debilitó la capacidad ciudadana para proteger el ambiente, se generó inestabilidad normativa, se vació de contenido la garantía constitucional del derecho colectivo a un ambiente sano, y se limitó el cumplimiento del deber estatal de proteger la biodiversidad y promover el desarrollo sostenible.
para proteger el ambiente, se generó inestabilidad normativa, se vació de contenido la garantía constitucional del derecho colectivo a un ambiente sano, y se limitó el cumplimiento del deber estatal de proteger la biodiversidad y promover el desarrollo sostenible.
7. Como quinto cargo, los accionantes alegaron que el legislador incurrió en la vulneración de los derechos humanos y del bloque de constitucionalidad, conforme con el Título II de la Constitución (CP art. 93), pues se desconoció la obligación de armonizar la normativa interna con los tratados internacionales de derechos humanos, lo que generó una incoherencia jerárquica en el ordenamiento jurídico, debilitando la eficacia del bloque de constitucionalidad, que afectó la protección reforzada de los derechos humanos.
8. En el sexto cargo, advirtieron que el hecho de no haberles dado a las leyes demandadas el trámite de una ley estatutaria vulneró los deberes ciudadanos y la protección de los extranjeros consagrados en los arts. 95 у 100 de la CP, toda vez que la educación constitucional es esencial para que los ciudadanos comprendan y cumplan sus deberes de respeto, solidaridad y participación democrática. Igualmente, la educaciónconstitucional es indispensable para que los extranjeros conozcan sus derechos y deberes, con el fin de facilitar su integración social. De ahí que, la ausencia del trámite estatutario dejó esta enseñanza vulnerable a cambios políticos y, en ese sentido, se afectó la igualdad y la dignidad humana.
9. Como séptimo cargo, los actores invocaron la vulneración de la organización del Estado contemplada en el Título V de la Constitución (CP arts 152 y 153). Al respecto,
y la dignidad humana.
9. Como séptimo cargo, los actores invocaron la vulneración de la organización del Estado contemplada en el Título V de la Constitución (CP arts 152 y 153). Al respecto, manifestaron que el artículo 152 exige que ciertos temas, como los derechos y deberes fundamentales, sean regulados mediante ley estatutaria y no por ley ordinaria, por lo que al aprobar mediante trámite ordinario la Ley 107 de 1994 y el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se desconoció este mandato, afectando con ello el principio de supremacía constitucional, y privando a la ciudadanía de las garantías que brinda la reserva estatutaria, tales como: (i) la estabilidad frente a cambios políticos; (ii) una deliberación amplia y plural; y (iii) el control previo y automático de constitucionalidad. Respecto del artículo 153, los accionantes indicaron que dicha disposición establece un procedimiento especial para las leyes estatutarias, que exige mayoría absoluta, trámite en una sola legislatura, prioridad en el orden del día y revisión previa por la Corte Constitucional, requisitos que se incumplieron al expedir la normatividad demandada. Esta omisión constituye un vicio insubsanable, pues estas disposiciones no son meras formalidades procedimentales, sino un verdadero vicio de forma con consecuencias materiales, al vulnerar el principio de legalidad y el debido proceso legislativo, como pilares esenciales del Estado Social de
Derecho.
10. En el octavo cargo correspondiente “al desconocimiento de las garantías procedimentales de la rama legislativa” (CP arts 157 y 158), los accionantes alegaron que el Congreso vulneró el debido proceso legislativo y la legitimidad democrática, generando
10. En el octavo cargo correspondiente “al desconocimiento de las garantías procedimentales de la rama legislativa” (CP arts 157 y 158), los accionantes alegaron que el Congreso vulneró el debido proceso legislativo y la legitimidad democrática, generando un vicio insubsanable que afecta la validez de las normas demandadas, ya que, al expedir estas disposiciones como leyes ordinarias, se infringieron los requisitos reforzados de deliberación y la coherencia temática propia de las leyes estatutarias.
11. En el noveno cargo, denominado “consecuencias prácticas de la omisión legislativa”, los demandantes señalaron que al no expedir una ley estatutaria sobre la enseñanza de la Constitución y la educación cívicas se incurrió en una violación de este tipo con efectos estructurales, tales como, la fragmentación curricular, la reproducción de desigualdades sociales y territoriales, el deterioro de la calidad de la ciudadanía y el debilitamiento del control democrático.
12. Finalmente, los accionantes manifestaron que no existe cosa juzgada con base en las sentencias C-145 de 1994, C-561 de 1996 y C-376 de 2010, ya que ellas plantean problemas jurídicos diferentes a los de la presente demanda. Ninguna de esas providencias analizó de manera directa el vicio de procedimiento consistente en haber regulado un derecho fundamental mediante ley ordinaria y no estatutaria, ni la unidad de materia, el bloque de constitucionalidad, la igualdad material, ni la prevalencia de los derechos de los niños como fundamentos de inexequibilidad.13. Con base en lo anterior, los demandantes solicitaron declarar la inexequibilidad de
procedimiento reforzado previsto en el artículo 153 de la Constitución; e (ix) inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, por trámite en comisión distinta a la competente (art. 157).
17. En consecuencia, los demandantes presentaron las siguientes pretensiones: “1. Se declare la inexequibilidad del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, por haber sido expedido en desconocimiento de los artículos 4, 41, 44, 67, 68, 152, 153 y 157 de la Constitución Política. // 2. Se declare que el artículo 14 de la Ley 115 de 1994 incurre en un vicio de procedimiento insubsanable, por habersido tramitado como ley ordinaria cuando debió ser objeto de ley estatutaria, sin surtirse en la comisión competente, sin aprobación por mayoría absoluta, sin debatirse en una sola legislatura y sin someterse a control previo de constitucionalidad. // 3. Se precise que el legislador ordinario carece de competencia para regular derechos fundamentales y mecanismos de participación ciudadana mediante leyes ordinarias, reiterando la reserva de ley estatutaria prevista en los artículos 152 y 153 de la Carta Política. // 4. Se reitere que los fines de la educación previstos en el artículo 67 de la Constitución no pueden ser transformados en contenidos obligatorios mediante ley ordinaria, y que el alcance del artículo 41 C.P. no puede ser restringido a determinados niveles educativos”[4].
18. Asimismo, como pretensión subsidiaria solicitaron: “1. Se exhorte al Congreso de la República para que, de estimarlo necesario, trámite un proyecto de ley estatutaria que regule de manera legítima los contenidos de enseñanza
bloque de constitucionalidad, la igualdad material, ni la prevalencia de los derechos de los niños como fundamentos de inexequibilidad.13. Con base en lo anterior, los demandantes solicitaron declarar la inexequibilidad de la Ley 107 de 1994, en su integridad, y la inexequibilidad del artículo 14 de la Ley 115 de
1994. Además, pidieron a la Corte “(…) declarar que los congresistas y demás servidores públicos de elección popular deben acreditar formación en la Constitución Política de 1991 como requisito indispensable para el ejercicio de sus funciones”. Asimismo, solicitaron un exhorto al Congreso de la República para que expida una ley estatutaria de educación constitucional, ciudadana y en derechos humanos y un exhorto al Ministerio de Educación Nacional para que, mientras se adelanta el trámite de la ley estatutaria, se adopten medidas transitorias que aseguren la enseñanza constitucional en todos los niveles educativos.
14. Por último, como pretensión subsidiaria, pidieron la exequibilidad condicionada de las normas demandadas, bajo el entendido de que la regulación de la enseñanza constitucional y de la educación ciudadana debe realizarse exclusivamente por medio de ley estatutaria. Advirtiendo que los efectos del fallo no generen vacíos normativos y que la Sala Plena verifique el cumplimiento de la orden legislativa.
15. Expediente D-16.981[2]. El 30 de septiembre de 2025, los ciudadanos Héctor Julián López Cañón y otros[3] presentaron acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, por considerar vulnerados los artículos 4, 29, 41, 44, 67, 68, 152, 153 y 157 de la Constitución.
inconstitucionalidad en contra del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, por considerar vulnerados los artículos 4, 29, 41, 44, 67, 68, 152, 153 y 157 de la Constitución. Indicaron que la acción también se dirige contra las modificaciones y adiciones realizadas a este precepto normativo, esto es, los artículos 1 y 2 de la Ley 1013 de 2006 y el artículo 5 de la Ley 1503 de 2011.
16. Los accionantes plantearon los siguientes nueve cargos: (i) violación del principio de supremacía constitucional (art. 4); (ii) violación del derecho al debido proceso por trámite en comisiones legislativas incompetentes (art. 29); (iii) violación del artículo 41 de la Carta, por ampliación indebida del catálogo de contenidos obligatorios y restricción del alcance a determinadas instituciones educativas; (iv) violación de los derechos fundamentales de los niños (art. 44); (v) violación del artículo 67, por transformar los fines educativos en temas de enseñanza obligatoria; (vi) violación del artículo 68, por restricción al derecho de los padres, a la participación de la comunidad educativa y al respeto de la identidad cultural de los grupos étnicos; (vii) inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, por desconocer la reserva de ley estatutaria (art. 152); (viii) inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, por desconocer el procedimiento reforzado previsto en el artículo 153 de la Constitución; e (ix) inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, por trámite en comisión
18. Asimismo, como pretensión subsidiaria solicitaron: “1. Se exhorte al Congreso de la República para que, de estimarlo necesario, trámite un proyecto de ley estatutaria que regule de manera legítima los contenidos de enseñanza obligatoria, respetando los procedimientos y competencias constitucionales. // 2.
En caso de no declarar la inexequibilidad inmediata del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, module los efectos de su decisión, disponiendo que la norma se mantenga vigente solo hasta tanto el Congreso expida la regulación correspondiente mediante ley estatutaria, garantizando así la continuidad del servicio educativo sin desconocer la supremacía constitucional.”[5]
B. Acumulación de las demandas
19. En sesión del 15 de octubre de 2025, la Sala Plena de la Corte acumuló la demanda D-16.976 con el expediente D-16.981, correspondiéndole por reparto los asuntos al despacho del Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.
C. Inadmisión de las demandas
20. En auto del 31 de octubre de 2025, el magistrado sustanciador inadmitió las dos demandas acumuladas, al considerar que (i) omitieron el requisito derivado del numeral 5, del artículo 2, del Decreto 2067 de 1991, en lo relativo a la competencia de la Corte Constitucional para estudiar estas demandas; (ii) no cumplieron con la justificación de la razón por la que se quebrantó el trámite de reserva de ley estatutaria, lo que supuso un incumplimiento de la exigencia derivada del numeral 4, del artículo 2, del mismo decreto
razón por la que se quebrantó el trámite de reserva de ley estatutaria, lo que supuso un incumplimiento de la exigencia derivada del numeral 4, del artículo 2, del mismo decreto en mención y, (iii) no se superó la carga argumentativa derivada del numeral 3, del artículo 2, del decreto en cita, advirtiendo el incumplimiento de los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.
21. El auto inadmisorio analizó los cargos desarrollados en ambas demandas de forma conjunta. En este sentido, y siguiendo el párrafo previamente expuesto. En primer lugar, se explicó que los accionantes omitieron la referencia relativa a la competencia de la Corte Constitucional para estudiar este tipo de demandas. En segundo lugar, que no justificaron en debida forma cómo en el caso concreto fue vulnerado el trámite de ley estatutaria, conforme con los parámetros decantados por la jurisprudencia para tal efecto, en especial, con la sentencia C-522 de 2023, que reiteró el análisis restrictivo que deberealizarse sobre la reserva de ley estatutaria, so pena de un vaciamiento de la competencia del legislador ordinario.
22. En tercer lugar, y frente al concepto de la violación, se desarrolló la explicación de cada carga mínima de argumentación, en los siguientes términos: (a) en cuanto a la claridad, el auto consideró que se lograba entender que la discusión central que plantean las demandas corresponde a la vulneración de la reserva de ley estatutaria (CP arts. 41, 152 y 153); no obstante, frente a los demás cargos señalados en las dos demandas, el auto consideró que no existía un hilo conductor de la argumentación que permitiera comprender
152 y 153); no obstante, frente a los demás cargos señalados en las dos demandas, el auto consideró que no existía un hilo conductor de la argumentación que permitiera comprender el contenido de lo acusado y su asociación con la falta del trámite estatutario.
23. Adicionalmente, el auto indicó que, especialmente en el expediente D-16.976, no se lograba advertir una coherencia temática en el reproche con todos los artículos de la Ley 107 de 1994 demandada; sobre todo respecto de los artículos 5 a 7, que no parecían estar asociados a aspectos relativos a la enseñanza obligatoria de la Constitución. De ahí que, no era clara la argumentación de la supuesta afectación del resto de los mandatos constitucionales.
24. En relación (b) con la certeza, se señaló que los demandantes extraían conclusiones como que las normas acusadas “reducen” la formación constitucional, “debilitan” la educación cívica y afectan la igualdad y la participación democrática, por haber sido expedidas mediante ley ordinaria y no estatutaria. Sin embargo, advirtió que dichas conclusiones no se desprenden del contenido normativo acusado, ya que se trata de inferencias valorativas y de simples conjeturas subjetivas, más no de consecuencias jurídicas atribuibles al tenor literal de la ley.
25. En cuanto a la (c) especificidad y pertinencia, la providencia explicó que en la demanda D-16.976, los reproches relativos a la supuesta vulneración de los artículos 1, 2,
25. En cuanto a la (c) especificidad y pertinencia, la providencia explicó que en la demanda D-16.976, los reproches relativos a la supuesta vulneración de los artículos 1, 2, 4, 13, 27, 29, 38, 40, 42, 44, 45, 67, 68, 69, 70, 79, 80, 93, 95, 100, 157 y 158 de la Constitución, no explican con rigor cómo la utilización del trámite ordinario (y no del estatutario) produce una alteración material, identificable y concreta, sobre el contenido normativo de cada uno de esos preceptos superiores. Limitándose a realizar afirmaciones genéricas sobre la importancia de la enseñanza constitucional y el rigor del procedimiento legal estatutario, pero sin demostrar una relación causal normativa entre la “forma de producción de la ley” y una concreta afectación del contenido constitucional de dichas normas.
26. Por todo lo anterior, el auto concluyó que no cumplió con (d) el requisito de suficiencia, pues el planteamiento de todos los alegatos realizados no es capaz de suscitar una duda mínima sobre la validez de las normas demandadas, con impacto directo en la presunción de constitucionalidad que le es propia.
27. Luego, el auto precisó de forma puntual los yerros frente a los cargos particulares. Indicó que la demanda alegó la afectación de los artículos 1, 2 y 4 de la Carta, pero que no demostró de manera concreta cuál es la afectación de esos mandatosconstitucionales, más allá de su reproche general en torno a la reserva de ley estatutaria.
En cuanto a la vulneración alegada sobre el artículo 13 constitucional, resaltó que la
pero que no demostró de manera concreta cuál es la afectación de esos mandatosconstitucionales, más allá de su reproche general en torno a la reserva de ley estatutaria. En cuanto a la vulneración alegada sobre el artículo 13 constitucional, resaltó que la jurisprudencia ha sido enfática en que la infracción del derecho a la igualdad tiene una exigencia argumentativa mayor, en cuanto a las categorías a contrastar y sobre la condición normativa de los sujetos comparados, lo cual no se evidenció en la demanda.
28. El auto también indicó que se le da un alcance que no tiene el artículo 29 constitucional, pues la formación de las leyes tiene unos artículos concretos que protegen las garantías propias del trámite legislativo. Por último, agregó que los demandantes realizan afirmaciones sobre el contenido del artículo 41 de la Carta y la obligatoriedad de promover el estudio de la Constitución y la instrucción cívica para el aprendizaje de los principios y valores de participación ciudadana, como derecho fundamental. No obstante, no justificaron cómo se configura la excepcional exigencia de realizar un trámite de ley estatutaria y que las formulaciones se mantienen en argumentos genéricos de conveniencia, que no estrictamente de naturaleza constitucional, por lo cual no se suscitan una duda mínima sobre la validez de las normas demandadas.
29. Finalmente, en cuanto al análisis de la cosa juzgada constitucional, el auto expuso que, si bien la demanda alega que no se acredita esta figura, lo cierto es que es una explicación genérica y sin sustento concreto sobre los debates que se presentan en este escenario. En efecto, las sentencias C-145 de 1994 y C-561 de 1996 no se asocian a
explicación genérica y sin sustento concreto sobre los debates que se presentan en este escenario. En efecto, las sentencias C-145 de 1994 y C-561 de 1996 no se asocian a asuntos de enseñanza obligatoria, ni se refieren a un control sobre las leyes demandadas en esta oportunidad, y la sentencia C-376 de 2010 realiza el control abstracto de constitucionalidad sobre el artículo 183 de la Ley 115 de 1994, por lo que no habría coincidencia con la norma puntual demandada en el presente caso. De ahí que los demandantes debían explicar por qué se refirieron a esas sentencias en torno a la cosa juzgada.
D. Corrección de las demandas
30. Expediente D-16.976. El 10 de noviembre de 2025, los accionantes Edwin Aldrumar Siabato Moreno y María Helena Tinjacá Sánchez presentaron el escrito de subsanación de la demanda en mención. Los demandantes incluyeron un acápite sobre lo que se entiende por subsanar, luego expusieron las razones por las cuales consideraron que la Corte Constitucional es competente, conforme con el artículo 241, numeral 4 de la Constitución y el artículo 2, numeral 5, del Decreto 2067 de 1991, para conocer las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley 107 de 1994 y del artículo 14 de la Ley 115 de 1994.
31. Posteriormente, se refirieron al artículo 14 de la Ley 115 de 1994, e indicaron que, al establecer la enseñanza obligatoria de la Constitución consagrada en el artículo 41 constitucional, regula un aspecto esencial del derecho a la educación, pues cumple una
que, al establecer la enseñanza obligatoria de la Constitución consagrada en el artículo 41 constitucional, regula un aspecto esencial del derecho a la educación, pues cumple una función formadora en ciudadanía y valores democráticos. Por ello, afirmaron que su regulación afecta el núcleo del derecho fundamental a la educación y, en consecuencia,debía tramitarse mediante ley estatutaria. La omisión de dicho trámite constituye un vicio insubsanable que compromete la coherencia misma del Estado social de derecho, ya que se impidió que la norma fuera sometida a control previo de constitucionalidad, en detrimento del mandato de supremacía de la Carta (CP art. 4) y de la garantía institucional del derecho a la educación (CP art. 67).
32. Agregaron que la ausencia de un marco estatutario genera desigualdades territoriales “en intensidad, secuencia y evaluación del componente cívico”, y “erosiona la confianza legítima en la estabilidad de las políticas públicas educativas”. Por ello consideraron que no es un mero formalismo sino un “defecto sustancial que afectó la supremacía constitucional, la igualdad y la coherencia del orden jurídico”, ya que la falta del trámite estatutario generó un diseño legislativo defectuoso y privó al sistema de uniformidad. Reiteraron que se vulneraron los principios esenciales del Estado social de derecho, especialmente la supremacía constitucional y la participación democrática, y que la falta del trámite estatutario produce una disonancia con los estándares internacionales, debilitando la legitimidad interna e internacional del Estado colombiano.
33. Insistieron en que el procedimiento de mayoría absoluta, deliberación pública y
la falta del trámite estatutario produce una disonancia con los estándares internacionales, debilitando la legitimidad interna e internacional del Estado colombiano.
