CC - Auto 1059 de 2026

A1059-26

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

AUTO 1059 DE 2026

Referencia: Expediente ICC-5492

Asunto: conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Cuarta de Decisión Civil - Familia - Laboral y el Tribunal Superior de Antioquia,

Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras.

Magistrado ponente: Vladimir Fernández Andrade

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto por el literal e) del artículo 5 de su reglamento interno, profiere el presente Auto, respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:

I.                  ANTECEDENTES

1. La señora Samara del Carmen Hernández Sierra presentó acción de tutela[1] en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la educación y al mínimo vital, como consecuencia de la mora de la accionada en resolver sobre su solicitud de inclusión en el Registro Único de Víctimas.

2. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado 003 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería, despacho que, mediante Sentencia de 20 de abril de 2026[2], resolvió conceder el amparo.

3. La UARIV presentó impugnación contra el fallo de primera instancia[3], y el conocimiento de dicho recurso correspondió entonces, por reparto

mediante Sentencia de 20 de abril de 2026[2], resolvió conceder el amparo.

3. La UARIV presentó impugnación contra el fallo de primera instancia[3], y el conocimiento de dicho recurso correspondió entonces, por reparto efectuado el 28 de abril de 2026[4], al Tribunal Superior del Distrito Judicial deMontería, Sala Cuarta de Decisión Civil - Familia - Laboral.

4. A través de Auto de 4 de mayo de 2026[5], el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Cuarta de Decisión Civil - Familia - Laboral resolvió abstenerse de asumir el conocimiento de la impugnación, y remitir el expediente a la Oficina de Apoyo Judicial de Medellín para que realizara el reparto entre los magistrados de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. Para fundamentar su decisión, la autoridad judicial citó el Auto AT077 del 26 de enero de 2026 de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se determinó que, de conformidad con el artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12141 de 30 de enero de 2024, modificado por el Acuerdo PCSJA24-12142 de 31 de enero de 2024, el superior jerárquico y funcional de los juzgados del circuito especializados en restitución de tierras de Montería es el Distrito Judicial Civil Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia. En esa medida, el Tribunal argumentó que, atendiendo al factor funcional, la tutela debía ser conocida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Antioquia.

medida, el Tribunal argumentó que, atendiendo al factor funcional, la tutela debía ser conocida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.

5. Mediante Auto del 22 de junio de 2026[6], el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras resolvió declarar su falta de competencia para conocer de la impugnación, proponer el conflicto negativo de competencia y remitir el asunto a esta Corporación. La Sala argumentó que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo PSAA13-9866 de 2013, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, “la segunda instancia de los procesos que conocen los Jueces Civiles de Circuito especializados en restitución de tierras corresponderá al Tribunal Superior que ejerza sus funciones jurisdiccionales en la sede del despacho que tramitó la primera instancia”. A lo anterior añadió que dicha regla no fue alterada por los Acuerdos PCSJA24-12141 y PCSJA24-12142 de 2024 que reorganizaron el mapa de la especialidad, por lo que la competencia para conocer de las impugnaciones de las sentencias de tutela emitidas por los jueces especializados en restitución de tierras sigue ciñéndose a la norma especial prevista en el Acuerdo PSAA13-9866 de 2013. Por otra parte, la autoridad judicial sostuvo que en el Auto 225 de 2018 la Corte Constitucional insistió que la aplicación del factor funcional no implica el desconocimiento del factor territorial, y que asignar el conocimiento de las impugnaciones de tutela de acuerdo con la definición efectuada por el Consejo Superior de la Judicatura de los distritos especializados en restitución

factor funcional no implica el desconocimiento del factor territorial, y que asignar el conocimiento de las impugnaciones de tutela de acuerdo con la definición efectuada por el Consejo Superior de la Judicatura de los distritos especializados en restitución de tierras “puede en un momento determinado intrincar el cauce de un mecanismo constitucional que requiere prontitud en su resolución”.

6.                 El 23 de junio de 2026, el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, remitió el expediente a la Corte Constitucional[7]. El 15 de julio de 2026 la Sala Plena lo repartió y, al día siguiente, fue remitido al despacho del magistrado ponente.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL7. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[8]. Asimismo, se ha explicado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[9] y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen el amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la

y sumariedad que rigen el amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales[10], tal y como lo precisó la Sala Plena en el Auto 550 de 2018.

8. En principio, el presente conflicto debería ser resuelto por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996. Esto, por tratarse de un conflicto suscitado entre Tribunales Superiores de distintos distritos judiciales, que comparten como superior jerárquico común a la referida Sala. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más la decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio, sin perjuicio de la advertencia que se hará en la parte resolutiva.

9. De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 8 transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes, “a prevención”, los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[11]; (ii) el factor subjetivo, que

competentes, “a prevención”, los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[11]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y (b) de las providencias adoptadas por las Autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz, en virtud del artículo 8 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, y (iii) el factor funcional, que opera para asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella, las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”[12].

10. Respecto del factor funcional de competencia, la Corte Constitucional también aclaró que el alcance de la expresión superior jerárquico correspondiente contenida en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 alude a aquella autoridad judicial que, de acuerdo con la jurisdicción a la que pertenece (ordinaria o de lo contencioso administrativo) y a su especialidad, funge como superior funcional deljuez que resolvió en la primera instancia del trámite de tutela[13].

11. Finalmente, es necesario destacar que la jurisprudencia pacífica de esta Corporación ha establecido que las reglas de reparto no constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, por lo que no pueden servir de fundamento

11. Finalmente, es necesario destacar que la jurisprudencia pacífica de esta Corporación ha establecido que las reglas de reparto no constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, por lo que no pueden servir de fundamento para que las autoridades judiciales se aparten del conocimiento de las acciones de tutela. Esta posición se ha adoptado no solo respecto de las normas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 1983 de 2017, 333 de 2021 y 799 de 2025, sino que también se ha tomado frente a los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que establecen reglas de reparto[14].

III.    CASO CONCRETO

12.            De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en el factor funcional, toda vez que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Cuarta de Decisión Civil - Familia - Laboral fundamentó su falta de competencia en que, de acuerdo con los acuerdos PCSJA24-12141 de 30 de enero de 2024 y PCSJA2412142 de 31 de enero de 2024, dicha corporación no es el superior jerárquico del Juzgado 003 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería, sino que tal calidad le corresponde al Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras ; mientras que el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela, alegando que, de conformidad con el Acuerdo PSAA13-9866 del Consejo

Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela, alegando que, de conformidad con el Acuerdo PSAA13-9866 del Consejo Superior de la Judicatura, “la segunda instancia de los procesos que conocen los jueces del circuito especializados en restitución de tierras corresponderá al Tribunal Superior que ejerza sus funciones jurisdiccionales en la sede del despacho que tramitó la primera instancia”. Además, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras sostuvo que la aplicación del factor funcional no implica el desconocimiento del factor territorial de competencia.

13.            Ahora bien, es necesario efectuar una precisión respecto de los juzgados especializados en restitución de tierras. En los autos 225 y 226 de 2018, la Sala Plena sostuvo que la impugnación de las sentencias de tutela proferidas por dichos despachos correspondía al tribunal superior que ejerciera funciones jurisdiccionales en la sede del juzgado de primera instancia, con fundamento en el artículo 3 del Acuerdo PSAA13-9866 de 2013 [15]. Para arribar a esa conclusión, la Corte tuvo en cuenta razones relacionadas con la competencia territorial de la autoridad llamada a conocer de la impugnación. No obstante, de manera posterior, la jurisprudencia constitucional precisó que la determinación de la autoridad competente para conocer de la impugnación constituye un asunto propio del factor funcional previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991[16]. En consecuencia, la identificación del “superior jerárquico correspondiente” debe efectuarse atendiendo exclusivamente a la autoridad que ostenta la condición de superior funcional del juez que profirió la decisión de primera instancia, con observancia de

jerárquico correspondiente” debe efectuarse atendiendo exclusivamente a la autoridad que ostenta la condición de superior funcional del juez que profirió la decisión de primera instancia, con observancia de la jurisdicción y la especialidad a la que pertenece. Bajo ese entendimiento, la identificación de dicha autoridad debe realizarse conforme a la estructura orgánica vigente de la Rama Judicial.

14.            En el presente asunto, la organización judicial de la especialidad de restitución de tierras prevista en los Acuerdos PCSJA24-12141 y PCSJA24-12142 de 2024 permite establecer que el superior jerárquico correspondiente[17] del Juzgado 003 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería, es la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.15.            Así las cosas, la Sala Plena considera que la autoridad competente para conocer la impugnación es el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras; por lo que, en consecuencia, dejará sin efectos el Auto de 22 de junio de 2026, y enviará el expediente ICC-5492 a la mencionada autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar[18].

16. La anterior conclusión no desconoce lo precisado por la Sala Plena en el Auto 488 de 2025. En esa providencia, la Corte aclaró que las reglas de reparto establecidas en los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura no constituyen criterios para determinar el factor territorial de competencia en materia de tutela. En el presente asunto, sin embargo, tales acuerdos se emplean únicamente para identificar la autoridad que, de acuerdo con la estructura orgánica de la Rama

constituyen criterios para determinar el factor territorial de competencia en materia de tutela. En el presente asunto, sin embargo, tales acuerdos se emplean únicamente para identificar la autoridad que, de acuerdo con la estructura orgánica de la Rama Judicial, ejerce la condición de superior funcional del juez que profirió la sentencia de primera instancia, en aplicación del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

17.            Finalmente, se advertirá al Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, que, en lo sucesivo, siempre que considere que exista un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el asunto a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, observando las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal y compiladas en el Auto 550 de 2018.

IV.           DECISIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 22 de junio de 2026, proferido por el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, dentro del trámite de la acción de tutela promovida por Samara del Carmen

Hernández Sierra contra la UARIV.

SEGUNDO: REMITIR el expediente ICC-5492 al Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

TERCERO: ADVERTIR al Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de

Civil Especializada en Restitución de Tierras para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

TERCERO: ADVERTIR al Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, que, en lo sucesivo, siempre que considere que exista un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el asunto a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, observando las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal y compiladas en el Auto 550 de 2018.

CUARTO: Por la Secretaría General de esta corporación, COMUNICAR la presente decisión a la parte demandante, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Cuarta de Decisión Civil -Familia - Laboral, y al Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de

Tierras.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

[1] Expediente digital, archivo “01. DEMANDA”

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

[1] Expediente digital, archivo “01. DEMANDA” [2] Archivo “06. SENTENCIA” [3] Archivo “08.1 SOLICITUD IMPUGNACION_9189227 - UARIV.pdf”[4] Archivo “002ActaReparto” [5] Archivo “005AutoRemite” [6] Archivo “23001312100320261005901--RD3o9lRPoUqnfItIrbxf4g_Firmado”. [7] Archivo “Correo envio ICC 5492.pdf”. [8] Corte Constitucional, autos 014 de 1994, 087 de 2001, 122 de 2004, 280 de 2006, 031 de 2008, 244 de 2011, 218 de 2014, 492 de 2017, 565 de 2017, 178 de 2018, entre otros. [9] Corte Constitucional, autos 170A de 2003 y 205 de 2014, entre otros. [10] Corte Constitucional, autos 159A y 170A de 2003. [11] Corte Constitucional, Auto 493 de 2017. [12] Corte Constitucional, entre otros, los autos 486 y 496 de 2017. [13] Autos 521 de 2017 y 536 de 2017. [14] Como en los Autos 1679 de 2024, 2022 de 2024, 593 de 2025 y 645 de 2025, entre otros.

[15] Esta interpretación también fue acogida por la Sala Plena en los Autos 101 de 2013 y 262 de 2018, entre otros. [16] Al respecto, ver los Autos 468 y 564 de 2018. [17] Esta tesis, según la cual el superior jerárquico de los Juzgados Civiles del Circuito Especializados en Restitución de Tierras corresponde actualmente al Distrito Judicial Civil Especializado respectivo (en virtud de los Acuerdos PCSJA24-12141 y PCSJA24-12142 de 2024), fue adoptada formalmente por la Corte Suprema de Justicia a partir del auto APL1949-2025 del 20 de marzo de 2025. Posteriormente, este mismo criterio funcional ha sido defendido, consolidado y reiterado por dicha Corporación en múltiples providencias, entre las cuales se destacan los autos ATC2134-2025, ATC1801-2025, APL35832025, APL2480-2025, APL2482-2025, APL2483-2025, ATC1744-2025, ATC1813-2025 y ATC649-2025". [18] Lo anterior, en el entendido de que el artículo 139 del Código General del Proceso, aplicable en materia de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, en el aparte pertinente, dispone que: “El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo Auto ordenará remitir el expediente al juez que tramitar el proceso. Dicho Auto no admite recursos”.