CC - Auto 109 de 2026

A109-26

TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-109/26

CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Se remite escrito al juez de primera instancia para que adelante el trámite de cumplimiento o desacato, de considerarlo procedente

SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Abstenerse de asumir competencia para verificar cumplimiento

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Novena de Revisión

AUTO 109 de 2026

Referencia: expediente T-10.592.674

Asunto: acción de tutela presentada por Martha, en calidad de agente oficiosa de Alex, en contra de Salud Total EPS

Tema: solicitud de cumplimiento y trámite de incidente de desacato de la sentencia T-124 de

2025

Magistrado ponente: Miguel Polo Rosero

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026)La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente auto, con base en los siguientes:

I. ANTECEDENTES[1]

1. Martha interpuso una acción de tutela, en calidad de agente oficiosa de su hijo Alex, contra Salud Total EPS-S S.A. (Salud Total EPS). Sostuvo que la entidad vulneró los derechos fundamentales de su hijo a la vida, la integridad personal, la salud, la

Alex, contra Salud Total EPS-S S.A. (Salud Total EPS). Sostuvo que la entidad vulneró los derechos fundamentales de su hijo a la vida, la integridad personal, la salud, la seguridad social y la dignidad humana, al negarle la autorización de un cuidador permanente, pese a su situación de discapacidad y a las múltiples patologías que padece. Explicó, además, que le resultaba imposible continuar asumiendo su cuidado de manera adecuada.

2. Por medio de la sentencia T-124 de 2025, la Sala Sexta de Revisión tuteló los derechos fundamentales de Alex. La Sala concluyó que Salud Total EPS incurrió en una omisión al presumir que la madre del paciente podía asumir la labor de cuidadora, sin valorar su idoneidad física y emocional, requisito indispensable para garantizar el cuidado adecuado de su hijo. La Sala advirtió que la valoración domiciliaria practicada por la EPS no incluyó un análisis de la capacidad física de la madre, ni del impacto que la carga del cuidado tenía sobre su bienestar, lo que impidió determinar con certeza si podía asumir esa función.

3. En consecuencia, la Sala resolvió lo siguiente:

Tercero: ORDENAR a Salud Total EPS-S S.A. que, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificación de esta providencia, disponga la realización de una valoración interdisciplinaria e integral de Alex y de su entorno, en concreto de la situación de la señora Martha

contado a partir de la notificación de esta providencia, disponga la realización de una valoración interdisciplinaria e integral de Alex y de su entorno, en concreto de la situación de la señora Martha (madre), para asumir su cuidado. Dicha valoración deberá incluir el análisis de la historia clínica del paciente; la composición y condiciones de su núcleo familiar; la edad, condición física y mental de la madre; su actividad económica; las actividades necesarias para el cuidado (según diagnóstico específico); y la carga que ello representa para la señora Martha, incluyendo el impacto en su proyecto de vida.

En caso de que se verifique la imposibilidad de la citada señora para desempeñar este rol, Salud Total EPSS S.A. deberá autorizar y suministrar el servicio de cuidador permanente o parcial de manera inmediata, sin perjuicio del proceso de recobro a que haya lugar. De no verificarse dicha imposibilidad, Salud Total EPSS S.A. deberá entrenar y capacitar a la señora Martha para asumir el cuidado de Alex.

Cuarto: ORDENAR a Salud Total EPS-S S.A. que, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la realización de la valoración ordenada, remita al juez de primera instancia

(Juzgado 009 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Valledupar), con copia a esta Sala de Revisión, un informe detallado que incluya la metodología empleada en la valoración, los profesionales que intervinieron, los aspectos evaluados y los hallazgos obtenidos. Dicho informe deberá sustentar de manera clara y técnica la decisión adoptada sobre la autorización o negación del servicio de cuidador permanente o

intervinieron, los aspectos evaluados y los hallazgos obtenidos. Dicho informe deberá sustentar de manera clara y técnica la decisión adoptada sobre la autorización o negación del servicio de cuidador permanente o parcial, en los términos dispuestos en el ordinal tercero de la parte resolutiva de esta decisión.

4. El 3 de octubre de 2025, la señora Martha presentó ante la Corte Constitucional una solicitud de “seguimiento permanente” al cumplimiento de la sentencia T-124 de 2025 y de inicio de incidente de desacato. En su escrito, solicitó la intervención de este Tribunal, al considerar que Salud Total EPS no ha cumplido con la orden de realizar una valoración interdisciplinaria e integral sobre su entorno familiar ysu capacidad física y mental, para asumir las labores de cuidado, evaluación necesaria para decidir la asignación del cuidador. En concreto:

(i) Sostuvo que Salud Total EPS no efectuó la evaluación completa en los términos de la sentencia de la Corte, pues la visita domiciliaria practicada por la IPS Altamed se limitó a constatar el estado general de su hijo y a recomendar su capacitación como cuidadora, sin evaluar su condición mental, sus limitaciones físicas ni el impacto que la carga del cuidado ha tenido en su vida durante más de treinta años. Agregó que tampoco se analizó, a partir de los distintos diagnósticos de su hijo, las actividades concretas que cada uno exige ni su propia capacidad para realizarlas, y que la única recomendación que recibió de la psicóloga fue realizar ejercicios de respiración para manejar sus crisis emocionales. A su juicio, estas omisiones demuestran que no

realizarlas, y que la única recomendación que recibió de la psicóloga fue realizar ejercicios de respiración para manejar sus crisis emocionales. A su juicio, estas omisiones demuestran que no se cumplió con la valoración interdisciplinaria e integral dispuesta por la Corte.

(ii) Explicó que su condición física y emocional se ha deteriorado progresivamente, pues padece hipertensión, escoliosis y otras dolencias crónicas, además de un diagnóstico de depresión que se ha agravado por la sobrecarga del cuidado. Indicó que las crisis nocturnas de su hijo le impiden dormir y la dejan sin energía al día siguiente, lo que ha afectado su bienestar general y su capacidad para atenderlo de manera adecuada.

(iii) Señaló que, por esta razón, no puede asistir a sus propias citas médicas ni realizar actividades fuera del hogar, ya que el psiquiatra de su hijo le recomendó no salir con él debido a que no cuenta con la fuerza física suficiente para contenerlo en caso de una crisis, situación que la obliga a permanecer prácticamente confinada.

(iv) Aclaró que su solicitud no se dirige a recibir capacitación, como lo recomendó la IPS, sino a obtener apoyo efectivo en las labores de cuidado, pues su edad, estado de salud y situación emocional le impiden continuar sola con esta carga. Precisó que desistió del proceso de capacitación porque considera que, tras más de tres décadas de dedicarse al cuidado de su hijo, ya cuenta con la experiencia necesaria para atenderlo. En ese sentido, manifestó que la decisión de negar el servicio de cuidador no se basó en una valoración integral e interdisciplinaria, conforme

cuenta con la experiencia necesaria para atenderlo. En ese sentido, manifestó que la decisión de negar el servicio de cuidador no se basó en una valoración integral e interdisciplinaria, conforme lo ordenó la Corte, ni fue adoptada mediante un acto formal de Salud Total EPS que explicara las razones técnicas de dicha negativa.

(v) Finalmente, solicitó a esta Corporación realizar seguimiento al cumplimiento de la sentencia, al considerar que las actuaciones adelantadas por la Salud Total EPS no han dado cumplimiento real ni completo a las órdenes impartidas ni han garantizado efectivamente los derechos reconocidos en el fallo. Expresó que solo a través de la intervención de la Corte ha sentido que su situación y la de su hijo han sido atendidas, por lo que pidió mantener el acompañamiento hasta que se materialicen las órdenes de protección impartidas en su favor.

II. CONSIDERACIONES[2]

5. En los términos de los artículos 23, 27 y 52 del Decreto Ley 2591 de 1991 [3], en la jurisprudencia constitucional se ha señalado que, “ ante el incumplimiento de una orden proferida en un fallo de tutela, el beneficiario puede solicitar, de manera simultánea o sucesiva, (i) su observancia, por medio del denominado trámite de cumplimiento, y/o (ii) la imposición de sanciones a la autoridad renuente, a través del incidente de desacato”[4].

6. Al respecto, en relación con el trámite de cumplimiento regulado en los

cumplimiento, y/o (ii) la imposición de sanciones a la autoridad renuente, a través del incidente de desacato”[4].

6. Al respecto, en relación con el trámite de cumplimiento regulado en los artículos 23 y 27 del Decreto Ley 2591 de 1991, se ha indicado que otorga al juez la facultad de “ requerir a la autoridad responsable o a su superior jerárquico” para que “dé cumplimiento inmediato a las órdenes emitidas en el fallo de tutela. Este trámite es obligatorio y debe ser iniciado de oficio, aunque puede ser impulsado por el interesado

(beneficiario) o por el Ministerio Público. Su finalidad es (i) analizar objetivamente si laorden de amparo se ha cumplido –lo cual no implica la determinación de la responsabilidad subjetiva del obligado– y, en caso de que la orden no se haya cumplido (ii) adoptar todas las medidas necesarias para tal efecto”[5].

7. A su turno, se ha explicado que el incidente de desacato previsto en los artículos 23 y 52 del Decreto Ley 2591 de 1991, “ se refiere al procedimiento mediante el cual el juez constitucional puede imponer una sanción a la persona que, en efecto, incumple con la orden fijada en la sentencia de tutela. El incidente de desacato procede a petición de la parte interesada, a fin de que el juez, a través de un incidente y en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las órdenes proferidas en sentencias de tutela.

ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las órdenes proferidas en sentencias de tutela. Contra la decisión de dicho incidente no procede ningún recurso, siendo obligatorio el grado jurisdiccional de consulta en el caso en el que se haya determinado sancionar a quien ha incumplido la orden de tutela”[6].

8. En este sentido, y distinguiendo ambos instrumentos, se ha expuesto que “ (i) el cumplimiento es obligatorio, [pues] hace parte de la garantía constitucional, el desacato es incidental, [ya que] se trata de un instrumento disciplinario de creación legal; (ii) la responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva; (iii) la competencia y las circunstancias para el cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991. La base legal del desacato está en los artículos 27 y 52 del mencionado Decreto. Es decir que, en cuanto al respaldo normativo, existen puntos de conjunción y de diferencia; y (iv) el desacato es a petición de parte interesada; el cumplimiento es de oficio, aunque puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Público”[7].

9. Ahora bien, se ha sostenido que, “ por regla general, el funcionario competente para verificar el cumplimiento de las órdenes proferidas en el fallo de amparo y adelantar el incidente de desacato respectivo es el juez de primer grado, aunque la

para verificar el cumplimiento de las órdenes proferidas en el fallo de amparo y adelantar el incidente de desacato respectivo es el juez de primer grado, aunque la decisión provenga de segunda instancia o de revisión ”[8]. Ello, puesto que “ la autoridad judicial mencionada es quien (i) mantiene la competencia para hacer seguimiento al cumplimiento de las sentencias proferidas en sede de revisión por parte de la Corte Constitucional, hasta tanto no se halle plenamente restablecido el derecho amparado, de conformidad con lo señalado en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991; (ii) se encuentra en el deber de adoptar las decisiones que se tornen necesarias para garantizar el cumplimiento de la providencia respectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 ibidem; (iii) está facultada para establecer los demás efectos del fallo, en atención de lo preceptuado en el artículo 23 ibidem; y (iv) conoce del incidente de desacato, en concordancia con lo desarrollado en el artículo 52 del cuerpo normativo en alusión”[9].

10. Con todo, a partir de una interpretación teleológica del artículo 241 de la Carta Política[10], se ha precisado que la Corte Constitucional tiene una competencia excepcional para asumir, “dependiendo de cada caso en concreto, el estudio de las solicitudes de cumplimiento y adoptar las medidas pertinentes tendientes al acatamiento de sus providencias. Es decir, en casos excepcionales, y siempre y cuando exista una

solicitudes de cumplimiento y adoptar las medidas pertinentes tendientes al acatamiento de sus providencias. Es decir, en casos excepcionales, y siempre y cuando exista una causa objetiva, razonable y suficiente es posible que, en su calidad de órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional, ejerza la observancia debida de sus propiosfallos”[11].

11. En cuanto a la activación de la competencia de esta Corte para adelantar el trámite de cumplimiento, y sin perjuicio de aquellos casos excepcionalísimos en que se ha activado el incidente de desacato[12], se ha advertido que estas figuras operan ante circunstancias relacionadas con factores extraordinarios de carácter orgánico, funcional o material. En concreto, la intervención de este tribunal se ha habilitado en atención de:

(i) La jerarquía o la naturaleza especial de la autoridad accionada ( factor orgánico), por ejemplo, (a) “cuando la autoridad desobediente es una Alta Corte, pues las mismas no tienen superior funcional que pueda conocer de la consulta sobre la sanción por desacato”[13], regla que debe matizarse a partir del reconocimiento que se hace por vía reglamentaria, de la posibilidad de dividirse en salas, secciones o subsecciones, para conocer del recurso de amparo promovido contra sus propias actuaciones (Decreto 1069 de 2015), lo que podría autorizar su participación como autoridad de cumplimiento [14], salvo casos excepcionales[15]; o (b) cuando se trata de una “ embajada”, en tanto “ cuentan

autorizar su participación como autoridad de cumplimiento [14], salvo casos excepcionales[15]; o (b) cuando se trata de una “ embajada”, en tanto “ cuentan con inmunidad para abstenerse de ejecutar un fallo, en virtud de lo establecido en el numeral 3º del artículo 31 de la Convención de Viena de 1961”[16].

(ii) La incapacidad o ineficacia del operador judicial de primer grado para asegurar el cumplimiento de la decisión ( factor funcional ), por ejemplo: (a) “cuando el juez a quien le compete pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte” adopta medidas que, en la práctica, no resultan conducentes para la salvaguarda de los derechos; (b) “ cuando se ha presentado un manifiesto incumplimiento de las órdenes de tutela, sin que el juez de primera instancia haya podido adoptar las medidas que hagan efectiva la orden de protección, o cuando dichas medidas han sido insuficientes o ineficaces” ; o (c) “cuando el juez de primera instancia ha ejercido su competencia y la desobediencia persiste”[17].

(iii) La complejidad o la gravedad de los acontecimientos que derivaron en la tutela de los bienes constitucionales ( factor material), por ejemplo: (a) “ cuando, en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto amplio de personas, se han emitido órdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones, de acuerdo con las circunstancias de una situación que se prolonga en el

necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones, de acuerdo con las circunstancias de una situación que se prolonga en el tiempo”; (b) cuando se hayan emitido órdenes complejas o estructurales que, por su naturaleza, supongan la insuficiencia de las competencias del juez de primera instancia para su asegurar cumplimiento; (c) “ cuando la intervención de la Corte sea indispensable para la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados ”; o (d) “ cuando resulte imperioso salvaguardar la supremacía e integridad del ordenamiento constitucional”[18].

12. Sobre el particular, se ha aclarado que la referida competencia extraordinaria “ no está prevista para revisar de manera directa todas las solicitudes de trámite de cumplimiento, sino ante supuestos muy excepcionales que, por la necesidad, complejidad o relevancia del caso, hagan necesario asumir el monitoreo de la decisión. Una posturacontraria distorsionaría la cláusula general de competencia del juez de primera instancia y la visión excepcional de atribución competencial que le corresponde a la

Corte Constitucional”[19].

13. En torno a la competencia de este tribunal para adelantar el incidente de desacato, se ha precisado que su activación, además de excepcional, es restringida, ya que, “ como la sanción que se imponga será consultada al superior jerárquico”, la estructura ordinaria de la Corte Constitucional impide que, en principio, se “surta dicho trámite en los

la sanción que se imponga será consultada al superior jerárquico”, la estructura ordinaria de la Corte Constitucional impide que, en principio, se “surta dicho trámite en los términos legales, dado que ni las Salas de Revisión son superiores jerárquicos entre sí ”, ni tampoco lo es la Sala Plena respecto de estas últimas, pues lo que existe es una distribución funcional y no orgánica de atribuciones[20]. Por consiguiente, la operación de dicho mecanismo se ha avalado como ultima ratio dentro de los trámites de cumplimiento avocados por esta corporación.

14. En esta línea, se ha aceptado que las salas de revisión puedan “dar apertura al incidente de desacato de manera directa”, extraordinariamente, “en casos donde la Corte ha asumido el cumplimiento de una providencia y el incumplimiento y reticencia de parte de los responsables persisten ”[21]. Así mismo, se ha indicado que, ante la necesidad de imponer medidas coercitivas para “avanzar en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional”, las salas especiales de seguimiento están habilitadas para “ conocer y tramitar los incidentes de desacato formulados por el presunto incumplimiento ” de las sentencias estructurales, y de los “ autos complementarios ” que se encuentran bajo su supervisión[22]. Por lo demás, se ha aclarado que “corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional resolver en grado de consulta si proceden o no las sanciones impuestas”, con exclusión de los magistrados que participaron en la decisión correspondiente[23].

Corte Constitucional resolver en grado de consulta si proceden o no las sanciones impuestas”, con exclusión de los magistrados que participaron en la decisión correspondiente[23].

15. A partir de la información allegada por la accionante, la Sala observa que no se configura ninguna de las circunstancias excepcionales en las que la jurisprudencia ha admitido la facultad de esta Corte para asumir directamente el conocimiento del desacato o del cumplimiento de la sentencia, de suerte que “ no puede [esta] Sala de Revisión asumir [este asunto], (…) cuando el funcionario de primera instancia está autorizado (…) [para] intervenir activamente en la salvaguarda de la supremacía e integridad constitucional [y] en la protección efectiva de [los] derechos”[24].[25].

16. En efecto, siguiendo la explicación realizada en el presente auto, no se avizoran circunstancias relacionadas con los referidos factores de carácter orgánico, material o funcional que activan la intervención extraordinaria de esta corporación. En este sentido, en relación con este último punto, se resalta que: (i) la parte desobediente no es una alta corte o una misión diplomática; (ii) los supuestos fácticos del caso no corresponden a un estado de cosas inconstitucional, ni dan cuenta de situaciones excepcionales que, razonablemente, permitan inferir que la intervención de este tribunal es insustituible para salvaguardar la supremacía de la Carta Política o los derechos fundamentales; y (iii) es claro que el juez de primera instancia tiene la capacidad de velar por el cumplimiento del

razonablemente, permitan inferir que la intervención de este tribunal es insustituible para salvaguardar la supremacía de la Carta Política o los derechos fundamentales; y (iii) es claro que el juez de primera instancia tiene la capacidad de velar por el cumplimiento del fallo en su integridad, debiendo la actora acudir ante dicha autoridad, como juez competente, para resolver su solicitud respecto de la sentencia T-124 de 2025, dado que, entre otras cosas, (a) no se advierte que esta se haya pronunciado, o (b) que haya adoptado medidas que no resultan conducentes, efectivas o eficaces para hacer cumplir laresuelto por este Tribunal. Por lo tanto, en este momento, la verificación del cumplimiento de la sentencia y la adopción de las medidas necesarias para asegurar su ejecución corresponden al Juzgado 009 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Valledupar, como juez de primera instancia, conforme con lo previsto en los artículos 23, 27, 36 y 52 del Decreto 2591 de 1991.

17. No obstante, la Sala reitera la especial relevancia de garantizar el cumplimiento material y oportuno de las órdenes impartidas en el presente caso, dada la vulnerabilidad de la accionante y de su hijo. Por ello, es esencial que la autoridad judicial competente adopte las actuaciones necesarias para asegurar la efectividad de los derechos tutelados en la sentencia T-124 de 2025.

18. Por lo tanto, con el fin de otorgar una mayor garantía del derecho de acceso a la administración de justicia de la accionante, este Tribunal enviará copia de su solicitud,

en la sentencia T-124 de 2025.

18. Por lo tanto, con el fin de otorgar una mayor garantía del derecho de acceso a la administración de justicia de la accionante, este Tribunal enviará copia de su solicitud, así como del presente auto, a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos ConstitucionalesGrupo de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de Tutela de la Corte Constitucional, dependencia de la Procuraduría General de la Nación encargada de vigilar el cumplimiento de los fallos de esta Corporación [26]. Ello, para que, en ejercicio de las competencias establecidas en los numerales 1 y 7 del artículo 277 de la Carta Política[27], intervenga en las actuaciones que adelante el Juzgado 009 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Valledupar en el asunto de la referencia.

19. Esta remisión se justifica en la necesidad de verificar el cumplimiento efectivo del fallo, ante la alegación de incumplimiento formulada por la accionante con posterioridad al vencimiento del plazo fijado en la sentencia. Se trata de un supuesto en el cual la jurisprudencia ha considerado procedente dar traslado al Ministerio Público, de conformidad con sus facultades previstas en el artículo 277 de la Constitución Política, aun cuando la Corte no asuma directamente el trámite de cumplimiento[28].

En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión:

RESUELVE

Primero: ABSTENERSE de asumir el conocimiento de la solicitud de cumplimiento y desacato de la sentencia T-124 de 2025 presentada por Martha, en calidad de agente oficiosa de Alex.

RESUELVE

Primero: ABSTENERSE de asumir el conocimiento de la solicitud de cumplimiento y desacato de la sentencia T-124 de 2025 presentada por Martha, en calidad de agente oficiosa de Alex.

Segundo: Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR la solicitud de Martha, en calidad de agente oficiosa de Alex, al Juzgado 009 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Valledupar , para que, en los términos de los artículos 23, 27, 36 y 52 del Decreto Ley 2591 de 1991 , verifique el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-124 de 2025 y, de encontrar mérito para ello, inicie el trámite de cumplimiento y/o el incidente de desacato, según corresponda. El Juzgado deberá realizar dicha verificación conforme con el alcance y contenido íntegro de las órdenes impartidasen la sentencia.

Tercero: Por intermedio de la Secretaría General, ENVIAR copia del escrito presentado por Martha, en calidad de agente oficiosa de Alex, así como del presente auto, a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales - Grupo de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de Tutela de la Corte Constitucional, para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales, intervenga en las actuaciones adelantadas por el Juzgado 009 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Valledupar dirigidas al cumplimiento de la sentencia T-124 de 2025.

Cuarto: Por intermedio de la Secretaría General, COMUNICAR la presente decisión a Martha, en calidad de agente oficiosa de Alex.

cumplimiento de la sentencia T-124 de 2025.

Cuarto: Por intermedio de la Secretaría General, COMUNICAR la presente decisión a Martha, en calidad de agente oficiosa de Alex.

Quinto: ADVERTIR a la peticionaria que contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase,

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZSecretaria General [1] En aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 del Acuerdo 2 de 2015 y la Circular No. 10 de 2022, se adopta como medida de protección a la intimidad del accionante, la supresión de los datos que permitan identificarlo. Por esta razón, en la sentencia T-124 de 2025 su nombre fue remplazado por uno ficticio y se excluyó la información que permitiera su identificación.

[2] El presente auto sigue las consideraciones adoptadas en el auto 2060 de 2025 adoptado, de forma unánime, por la Sala Sexta de Revisión de este Tribunal. [3] “ Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. [4] Corte Constitucional, auto 311 de 2020. [5] Corte Consticuional, auto 1440 de 2022. [6] Ibidem. [7] Corte Constitucional, auto 311 de 2020. [8] Corte Constitucional, auto 736 de 2017. Al respecto, se ha sostenido que dicha regla, igualmente,

[6] Ibidem. [7] Corte Constitucional, auto 311 de 2020. [8] Corte Constitucional, auto 736 de 2017. Al respecto, se ha sostenido que dicha regla, igualmente, responde a: “ (a) la plena eficacia de la garantía procesal del grado jurisdiccional de consulta; (b) la necesidad de garantizar la igualdad en las reglas de competencia; (c) el poder de irradiación del principio de inmediación en el trámite de tutela; y (d) la interpretación sistemática” de la normativa, “en lo que respecta a las funciones del juez de primera instancia”. Cfr. Auto 050 de 2022. [9] Corte Constitucional, auto 1440 de 2022. [10] “ La competencia de la Corte Constitucional para asumir el seguimiento al cumplimiento de sus propios fallos es una atribución autónoma e independiente, fundamentada en la competencia genérica de aquella respecto de la supremacía de la Constitución y la efectividad de los derechos fundamentales” (CP art. 241). Cfr. Corte Constitucional, auto 1003 de 2025. [11] Corte Constitucional, auto 746 de 2022. [12] Corte Constitucional, auto 2049 del 2024. [13] Corte Constitucional, autos 662 de 2023, 308 de 2024 y 1003 de 2025. [14] Corte Constitucional, autos 450 de 2019, 288 de 2020, 997 de 2022 y 663 de 2023, entre otros.

[15] Corte Constitucional, auto 1844 de 2025. [16] Corte Constitucional, auto 528 de 2015. [17] Corte Constitucional, auto 033 de 2016. [18] Corte Constitucional, autos 358 de 2014, 033 de 2016, 1817 de 2022 y 601 de 2025. [19] Corte Constitucional, auto 557 de 2025.[20] Corte Constitucional, auto 308 de 2024, reiterando los autos 120 de 2019, 179 de 2019 y 054 de 2021. [21] Corte Constitucional, auto 002 de 2019. Además, ver los autos 192 de 2016 y 2629 de 2023. [22] Corte Constitucional, auto 265 de 2019. Igualmente, se pueden consultar los autos 887 de 2021, 2764 de 2023 y 2049 de 2024. [23] En el auto 265 de 2019, esta corporación sostuvo que, a partir de una “ interpretación armónica del artículo 241 de la Constitución Política, los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991” , así como del Reglamento Interno de este tribunal, “ corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional resolver en grado de consulta” , ya que “ si bien no existe una norma que disponga de manera explícita que la Sala Plena de la Corte Constitucional es el superior jerárquico de las Salas de Revisión o las Salas Especiales, a dicha colegiatura le corresponde revisar asuntos de dichas Salas, tal y como ocurre, por

ejemplo, ante solicitudes de nulidad de las sentencias de tutela o de aclaración de las mismas”. [24] Corte Constitucional, auto 026 de 2020. [25] Cfr. Supra II, 15. [26] Procuraduría General de la Nación. Resolución No. 83 de 2025. [27] “Artículo 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos (…). 7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”.