CC - Auto 1252 de 2026

TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-1252/26

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Los únicos factores de competencia en materia de tutela son el territorial, el subjetivo y el funcional

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA-Factor territorial/FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos

REPÚBLICA

DE COLOMBIA

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CORTE

CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO1252DE

2026

Referencia: expediente ICC-5563

Asunto: conflicto de competencia presentado entre el Juzgado 003 Administrativo de Mocoa, Putumayo y el Juzgado 003 Civil del Circuito Especializado en

Restitución de Tierras de Pasto, Nariño.

Magistrada ponente:

Lina Marcela Escobar Martínez

Bogotá

D. C., nueve (09) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, profiere el siguiente

AUTO

I.ANTECEDENTES

1. Acción de tutela. Yenis Elena Vargas Sierra presentó acción de tutela en contra del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGACDirección Territorial Nariño, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición[[1]](#_ftn1).

2. De la demanda de tutela y los anexos de aquella[[2]](#_ftn2), se extrae que (i) el 29 de enero de 2025, a través de apoderado, la accionante envió al correo electrónico pasto@igac.gov.co, una solicitud de inscripción catastral del bien inmueble denominado “El Futuro”, ubicado en la vereda Bajo Caño Avena del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, a la cual se le dio el radicado 2615DTN-2025-000807-ER; (ii) los días 31 de enero, 25 de marzo, 7 de abril y 28 de abril de 2025, el apoderado solicitó respuesta, dado el silencio de la entidad; (iii) los días 5 de mayo y 6 de junio de 2025, el IGAC indicó que la atención a su solicitud se hacía respetando el orden cronológico de radicación, para lo cual el funcionario delegado se comunicaría con los solicitantes para informarle la fecha respectiva; (iv) el 12 de septiembre de 2025, el apoderado insistió en el trámite a su petición; (v) los días 16 y 22 de septiembre y 2 de octubre de 2025, el apoderado recibió información del funcionario asignado para la diligencia; (vi) el 18 de noviembre de 2025, el apoderado envió correo electrónico al funcionario del IGAC encargado, solicitando se le informara cualquier novedad o inquietud, sin recibir respuesta; y que (vii) el 6 de marzo de 2026, el apoderado envió una petición al correo electrónico pasto@igac.gov.co, a la cual se asignó el radicado 2615DTN-2026-0003167-ER[[3]](#_ftn3).

3. En consecuencia, la actora solicitó ordenar al IGAC informar de manera completa y precisa el estado de los radicados 2615DTN-2025-0000807-ER y 2615DTN-2026-0003167-ER; adoptar las actuaciones administrativas necesarias para continuar con el trámite pendiente, incluyendo la programación de visita técnica al predio; y emitir una decisión de fondo[[4]](#_ftn4).

4. Declaraciones de falta de competencia. Por reparto, el trámite se asignó al Juzgado 003 Administrativo de Mocoa. A través de Auto del 21 de julio de 2026, el despacho declaró la falta de competencia para conocer el asunto y ordenó la remisión a la Oficina Judicial de Pasto, para que repartiera el asunto entre los juzgados del Circuito de Pasto[[5]](#_ftn5). Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 333 de 2021, según los cuales son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.

5. Explicó que los hechos que sustentan la acción de tutela ocurrieron en el municipio de Pasto, pues la pretensión de la accionante es el amparo de sus derechos, con ocasión de la falta de información y trámite dado a las peticiones y/o solicitudes que presentó la convocante al IGAC, Territorial Nariño. Así las cosas, concluyó que el competente para conocer la tutela son los jueces del Circuito de Pasto, por ser el lugar donde ocurre la violación o amenaza que motiva la solicitud.

6. Repartido de nuevo el asunto, le correspondió al Juzgado 003 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto. Mediante Auto del 24 de julio de 2026, dicha autoridad se abstuvo de asumir el conocimiento de la acción de tutela, propuso conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional para dirimir la controversia suscitada[[6]](#_ftn6). Señaló que de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución Política, y 37 del Decreto 2591 de 1991, así como los decretos 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y 799 de 2025, la Corte Constitucional ha señalado que la expresión a prevención debe entenderse como “la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez de con jurisdicción en el lugar donde ocurre la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos”[[7]](#_ftn7); y que debe prevalecer la elección del demandante[[8]](#_ftn8).

7. De acuerdo con lo expuesto, indicó que el lugar donde habría ocurrido la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de la accionante sería la ciudad de Pasto, por tratarse del lugar donde se tramita la petición de la accionante; y que, de acuerdo con el domicilio de la accionante, a saber, la vereda Bajo Caño Avensa del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, era posible establecer que los efectos de la actuación de la entidad accionada se producían en el municipio de Puerto Guzmán, que hace parte circuito judicial de Mocoa.

8. Reparto al despacho ponente.

El expediente fue remitido a esta Corporación el 24 de julio de 2026[[9]](#_ftn9) y fue repartido al despacho ponente en sesión de Sala Plena del 13 de agosto del mismo año.

II.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

9. Competencia.La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996. En consecuencia, su competencia sólo se activa en aquellos casos en que la mencionada norma no prevea la autoridad judicial encargada de asumir el trámite o, aun cuando la defina, se requiera dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, a fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[[10]](#_ftn10).

10. En este caso la Corte Constitucional dirimirá el presente conflicto de competencia porque (i) la Ley 270 de 1996 no prevé una autoridad encargada para ello, en la medida en la que las autoridades en conflicto no comparten un superior jerárquico común, y (ii) ambas autoridades integran funcionalmente la jurisdicción constitucional.

11. Factores de competencia en materia de tutela[[11]](#_ftn11). Únicamente son tres y se encuentran en los artículos 86 de la Constitución Política y 8˚ transitorio de su título transitorio

(adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017), y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991; a saber: (i) Territorial: son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza, o donde se producen sus efectos[[12]](#_ftn12); (ii) Subjetivo: se aplica a casos de acciones de tutela contra los medios de comunicación y contra las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz[[13]](#_ftn13); y, (iii) Funcional: únicamente pueden conocer de la impugnación de una sentencia de tutela las autoridades judiciales que sean los “superiores jerárquicos correspondientes”, según la jurisprudencia de esta Corporación[[14]](#_ftn14).

12. Factor territorial. Este factor establece que son competentes, a prevención, los jueces con competencia territorial en el lugar donde: (i) ocurre la vulneración o amenaza que motiva la presentación de la solicitud; o (ii) se producen sus efectos. Asimismo, esta Corte ha precisado que, cuando se presenta una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del factor territorial, se debe otorgar prevalencia a la elección efectuada por el demandante. Lo anterior, pues, en virtud del criterio “a prevención”, consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad del demandante en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover.

13. De igual forma, la Corte Constitucional ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionante[[15]](#_ftn15) o al sitio donde tenga su domicilio o sede el accionado[[16]](#_ftn16). En efecto, la Corte ha expresado que, en virtud del factor territorial, la competencia para conocer una acción de tutela corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la presunta violación de los derechos fundamentales o donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio o sede de alguna de las partes[[17]](#_ftn17).

III. CASO

CONCRETO

14. En el caso bajo examen, la Sala Plena de la Corte Constitucional advierte que se configuró un conflicto negativo de competencia de acuerdo con el factor territorial. Lo anterior, toda vez que el Juzgado 003

Administrativo de Mocoa consideró que la competencia para conocer el asunto correspondía a los juzgados del Circuito de Pasto, dado que la presunta vulneración tenía ocurrencia allí, por ser el lugar desde donde la accionada había omitido dar trámite a las peticiones y solicitudes de la accionante. Por su parte, el Juzgado 003 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto señaló que los efectos de la vulneración tenían lugar en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, por tratarse del domicilio de la accionante. Precisó que, dicho municipio hace parte del circuito judicial de Mocoa.

15. Revisados los documentos que reposan en el expediente, la Sala constata que la accionante dirigió la tutela a los jueces de Puerto Guzmán, Putumayo y que reside en la vereda Bajo Caño Avena del mismo municipio[[18]](#_ftn18).

Por otro lado, observa que el cuestionamiento de la convocante se refiere a las acciones u omisiones del IGAC, Territorial Nariño, en relación con la solicitud de inscripción catastral del bien inmueble denominado “El Futuro”, ubicado en la vereda Bajo Caño Avena del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo.

16. Así las cosas, esta Corporación evidencia que (i) los efectos de la referida vulneración se producen en el municipio de Puerto Guzmán, pues es el lugar donde la convocante espera recibir respuesta y, que (ii) la vulneración o amenaza que motiva la presentación de la solicitud ocurre en la ciudad de Pasto, dado que es el lugar desde donde la entidad accionada, el IGAC, Territorial Nariño, debe realizar los trámites requeridos por la accionante[[19]](#_ftn19). Ello determina la competencia territorial concurrente en ambos lugares y, una vez establecida dicha concurrencia, el criterio “a prevención” resulta determinante para resolver el conflicto de competencias.

17. Ahora bien, cabe precisar que dado que el municipio de Puerto Guzmán se encuentra comprendido dentro del Circuito Judicial Administrativo de Mocoa[[20]](#_ftn20), el Juzgado 003 Administrativo de Mocoa es competente para tramitar la acción de tutela.

18. Decisión de la Sala Plena. La Sala Plena encuentra que tanto el Juzgado 003 Administrativo de Mocoa, Putumayo, como el Juzgado 003 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto, Nariño, son competentes por el factor territorial para conocer la acción de tutela de la referencia. Sin embargo, en virtud del criterio “a prevención”se dispone que el Juzgado 003

Administrativo de Mocoa es el competente para resolver, en primera instancia, el trámite de la referencia. Lo anterior, en atención a que fue la primera autoridad con competencia territorial a la cual fue asignada la acción de tutela por reparto[[21]](#_ftn21).

19. Por lo expuesto, la Sala Plena resolverá: (i) dejar sin efectos el Auto del 21 de julio de 2026 proferido por el Juzgado 003 Administrativo de Mocoa; y (ii) remitir el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión que en derecho corresponda.

IV.

DECISIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

RESUELVE

PRIMERO.

DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 21 de julio de 2026, proferido por el Juzgado 003 Administrativo de Mocoa, dentro del trámite de la acción de tutela presentada por Yenis Elena Vargas Sierra en contra del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGACDirección Territorial Nariño.

SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-5563 al Juzgado 003 Administrativo de Mocoa, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a la que haya lugar.

TERCERO. Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICARLE la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante, al Juzgado 003 Administrativo de Mocoa y al Juzgado 003 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

Ausente con excusa

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

Con salvamento de voto

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

Ausente con excusa

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

Con salvamento de voto

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

[[1]](#_ftnref1) Expediente ICC-5563. Documento “Escrito de Tutela.pdf”. En adelante, siempre que se mencione un documento digital, se entenderá que hace parte del expediente ICC-5563, a menos que se diga expresamente lo contrario.

[[2]](#_ftnref2) Documento “52001312100320260011400-01-2026--00114-agrega-tutela-consactu-1.pdf”

[[3]](#_ftnref3) Ibid. pp. 1 – 3.

[[4]](#_ftnref4) Ibid. p. 4

[[5]](#_ftnref5) Documento “Auto abstiene.pdf”

[[6]](#_ftnref6) Documento “52001312100320260011400-52001312100320260011400-319-LSPiUVjhkOFiXFNn6fydg\_Firmado.pdf”

[[7]](#_ftnref7) Ibid. Citando a Corte Constitucional, Auto 151 de 2013, expediente ICC-1901.

[[8]](#_ftnref8) Ibid. Citando a Corte Constitucional, Auto 106 de 2023.

[[9]](#_ftnref9) Documento “Correo envio ICC 5563.pdf”

[[8]](#_ftnref8) Ibid. Citando a Corte Constitucional, Auto 106 de 2023.

[[9]](#_ftnref9) Documento “Correo envio ICC 5563.pdf”

[[10]](#_ftnref10) Corte Constitucional, Auto 550 de 2018.

[[11]](#_ftnref11) Artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

[[12]](#_ftnref12) Corte Constitucional, Auto 493 de 2017.

[[13]](#_ftnref13) Artículo 8º transitorio del título transitorio de la Constitución Política de Colombia de 1991, introducido por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017.

[[14]](#_ftnref14) Corte Constitucional, Auto 655 de 2017.

[[15]](#_ftnref15) Corte Constitucional, autos 299 de 2013 y 074 de 2016, entre otros.

[[16]](#_ftnref16) Corte Constitucional, autos 086 de 2007 y 067 de 2011, entre otros.

[[17]](#_ftnref17) Véase también Corte Constitucional, Auto 1112 de 2024.

[[18]](#_ftnref18) Documento “Escrito de Tutela.pdf”. pp. 1 y 5.

[[19]](#_ftnref19) Esto en la medida que la sede de la entidad se ubica en la ciudad de Pasto.

[[18]](#_ftnref18) Documento “Escrito de Tutela.pdf”. pp. 1 y 5.

[[19]](#_ftnref19) Esto en la medida que la sede de la entidad se ubica en la ciudad de Pasto.

[[20]](#_ftnref20) De conformidad con el Acuerdo PCSJA23-12125 de 2023, el circuito judicial administrativo de Mocoa, con cabecera en el municipio de Mocoa, tiene comprensión territorial en todos los municipios del departamento del Putumayo. En este punto, se hace necesario resaltar que, para el caso objeto de estudio, la consulta de los acuerdos se limita a efectos de comprender la composición del mapa judicial vigente. Esto no quiere decir que los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, que establecen normas de reparto, sean determinantes en la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela.

[[21]](#_ftnref21) Ver, Corte Constitucional Auto 1362 de 2024.