CC - Auto 204 de 2026

A204-26

TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-204/26

ACLARACION SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Requisitos

SOLICITUD DE ACLARACION AUTO QUE RECHAZA RECUSACION CONTRA MAGISTRADO-Se rechaza por improcedente

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 204 de 2026

Ref.: Expediente D-15.989

Asunto: Solicitud de aclaración del auto 1860 de 2025

Magistrado ponente: Miguel Polo Rosero

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, dispuestas específicamente en el artículo 107 del Reglamento de la Corte Constitucional[1], profiere el presente auto.

I. ANTECEDENTES

1. En auto 1860 del 24 de noviembre de 2025, la Sala Plena de este Tribunal se pronunció sobre el examen de pertinencia de una recusación presentada en el expediente de la referencia por el señor Alfonso Alegre Roa, en contra del magistrado Jorge Enrique

Ibáñez Najar.

2. En dicha providencia, se concluyó que el peticionario no acreditó el requisito de legitimación en la causa, para recusar a los integrantes de la Corte Constitucional. Lo anterior, toda vez que no “concretó su interés dentro del proceso, por cuanto no intervinocomo impugnador o defensor de las disposiciones sometidas a control constitucional en el término de fijación en lista”. Adicionalmente, en el mencionado auto se precisó que

anterior, toda vez que no “concretó su interés dentro del proceso, por cuanto no intervinocomo impugnador o defensor de las disposiciones sometidas a control constitucional en el término de fijación en lista”. Adicionalmente, en el mencionado auto se precisó que “[e]sta fue la condición a la cual sujetó la Corte, en la sentencia C-323 de 2006, la facultad para que los ciudadanos también pudieran recusar a los magistrados y conjueces de la Corporación, ya que el artículo 28 del Decreto Ley 2067 de 1991, la restringía al Procurador General de la Nación y a los ciudadanos demandantes (…)”.

3. El 12 de diciembre de 2025, la Secretaría General de esta Corporación remitió al despacho del magistrado sustanciador un escrito, mediante el cual el señor Alfonso Alegre Roa presentó solicitud de aclaración del auto 1860 de 2025. En el citado documento, el peticionario cuestiona las razones por las cuales la Sala Plena concluyó que carecía de legitimación en la causa para formular la recusación, y solicitó que se precisen los fundamentos de dicha determinación.

4. En primer lugar, el solicitante pide aclarar la afirmación contenida en el auto, según la cual, no intervino durante el término de fijación en lista, circunstancia que, a su juicio, fue determinante para negar su legitimación. En particular, indaga sobre la disposición del Decreto Ley 2067 de 1991 que exige haber intervenido en dicho trámite como requisito habilitante para recusar, y por qué, en su caso, no se tuvo en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la intervención ciudadana puede exigirse

como requisito habilitante para recusar, y por qué, en su caso, no se tuvo en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la intervención ciudadana puede exigirse sin requisitos formales estrictos y en distintos momentos procesales. Para sustentar su planteamiento, entre otras providencias, citó el auto 065 de 2019, así como las sentencias C-131 de 2004 y C-180 de 2014, en las cuales, según afirma, se ha señalado que cualquier ciudadano que aporte argumentos o elementos relevantes al juicio de constitucionalidad adquiere la calidad material de interviniente, aun sin un reconocimiento formal previo.

5. En segundo lugar, solicita una aclaración respecto de la naturaleza procesal de la recusación. En su criterio, ésta constituye un mecanismo autónomo que genera una intervención incidental automática, por lo que no dependería de intervenciones previas dentro del proceso principal. En apoyo de esta tesis, el solicitante invoca el auto 435 de 2006, del cual infiere que la presentación de una recusación conferiría al ciudadano la condición de sujeto procesal incidental, con independencia de su participación anterior en el trámite constitucional.

6. En tercer lugar, el peticionario pide que se aclare por qué la Corte optó por rechazar la recusación con base en consideraciones de carácter formal, sin adelantar un análisis de fondo, y si dicha decisión podría constituir un formalismo excesivo proscrito por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular, en casos como Castillo Páez, Baena Ricardo y “Expelled Dominicans”.

7. Por otra parte, el solicitante sostiene que ha presentado con anterioridad diversos

por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular, en casos como Castillo Páez, Baena Ricardo y “Expelled Dominicans”.

7. Por otra parte, el solicitante sostiene que ha presentado con anterioridad diversos escritos, conceptos y documentos relacionados con la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, razón por la cual solicita aclarar por qué tales actuaciones no fueron tenidas en cuenta como una intervención sustancial dentro del proceso. En este punto, se pregunta “¿cuál es el criterio objetivo que aplica la Corte para reconocer o desconocer intervenciones ciudadanas, especialmente tratándose de una ley que tiene un impactosignificativo en el sistema de seguridad social, de manera que cualquier decisión de la Sala Plena sobre la materia afecta intereses públicos y privados?”

8. Por último, el señor Alfonso Alegre Roa solicita que la Corte aclare (i) las razones por las cuales estimó que carecía de legitimación para recusar; (ii) los criterios que condujeron a considerar que la recusación no otorga intervención incidental; (iii) el fundamento para exigir un requisito que no se encuentra previsto en el Decreto Ley 2067 de 1991; y (iv) que se deje constancia expresa de la interpretación que la Corporación aplicará en adelante en casos similares.

II. CONSIDERACIONES

9. Competencia. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para conocer las solicitudes de aclaración sobre sus providencias, de acuerdo con el artículo 107 del Reglamento Interno (Acuerdo 02 de 2015)[2].

10. Procedencia excepcional de las solicitudes de aclaración de las providencias proferidas por la Corte Constitucional. Reiteración jurisprudencial.

artículo 107 del Reglamento Interno (Acuerdo 02 de 2015)[2].

10. Procedencia excepcional de las solicitudes de aclaración de las providencias proferidas por la Corte Constitucional. Reiteración jurisprudencial.

La Sala Plena ha sostenido que, con el propósito de salvaguardar el principio de seguridad jurídica, el valor de la cosa juzgada y el derecho fundamental al debido proceso, la aclaración de sus providencias, por regla general, no resulta procedente[3]. Ello obedece a que dicha actuación no constituye una atribución ordinaria de la Corte, en la medida en que sus decisiones adquieren carácter definitivo e inmutable, lo que impide reabrir el debate jurídico o habilitar discusiones orientadas a su cambio, modificación o alteración.

11. Ahora bien, de manera excepcional, la jurisprudencia de la Corte ha permitido la aclaración de sus providencias, entre ellas, las proferidas en sede de control abstracto de constitucionalidad, cuando se cumple con los requisitos dispuestos en el Código General del Proceso[4]. Ello es así, en la medida en que el Decreto 2067 de 1991 no regula de forma específica las exigencias aplicables a este tipo de solicitudes[5]

12. En el caso de la aclaración, de acuerdo con el artículo 285 del Código General del Proceso, “[l]a sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en

la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. En las mismas circunstancias procederá la aclaración del auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia. La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración” (énfasis añadido).

13. Para evaluar de fondo una solicitud de aclaración de una providencia, es necesario superar los siguientes requisitos formales: (a) la legitimidad de la persona que la presenta, pues, en materia de control abstracto de constitucionalidad, estáreservada para “los demandantes, quienes intervienen en defensa o en contra de la norma [en el término de fijación en lista], la Procuraduría General de la Nación, el presidente de la República, el presidente del Congreso y/o los organismos o entidades participantes en la elaboración o expedición de la norma”[6]; (b) la oportunidad para presentarla, la cual debe ser en el término de ejecutoria de la providencia, es decir, en el plazo de tres días siguientes a la notificación; y (c) la solicitud debe cumplir con una carga argumentativa, “con la cual se demuestre la necesidad de excepcionar la regla general de improcedencia de la solicitud”[7].

14. En cuanto a este último requisito, cuando se trata de una solicitud de aclaración, el peticionario debe demostrar que en efecto existen frases o apartes que

necesidad de excepcionar la regla general de improcedencia de la solicitud”[7].

14. En cuanto a este último requisito, cuando se trata de una solicitud de aclaración, el peticionario debe demostrar que en efecto existen frases o apartes que generan duda y afectan la parte resolutiva de la decisión, pues no cualquier contenido puede modificarse, so pena de incurrir en la alteración sustancial de la decisión judicial[8]. De este modo, en concordancia con lo establecido en el artículo 285 del Código General del Proceso, tratándose de una solicitud de aclaración, dicha carga argumentativa debe estar orientada a demostrar: (i) que la sentencia o el auto contiene conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, y (ii) que tales conceptos o frases estén contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella, es decir, en su ratio decidendi[9].

15. Al respecto, esta Corporación ha establecido que “la posibilidad de aclarar una providencia depende de la existencia una razón objetiva de duda que impida el entendimiento de la misma, siempre que tal perplejidad repercuta en la parte resolutiva del fallo, o en la parte motiva[,] cuando de manera directa esta última influya sobre la decisión adoptada”.[10] Recientemente, el Auto 1773 de 2022 reiteró qué contenidos pueden ser objeto de aclaración en una providencia:

“En cuanto al primero de esos requisitos, una providencia adolece de esa incertidumbre o ambigüedad cuando los conceptos o frases objeto de aclaración ‘influyen para el entendimiento pleno y el cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión’. Además, la Corte ha expresado que ‘lo que ofrece duda, [es]

incertidumbre o ambigüedad cuando los conceptos o frases objeto de aclaración ‘influyen para el entendimiento pleno y el cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión’. Además, la Corte ha expresado que ‘lo que ofrece duda, [es] lo que es ambiguo, lo que es susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección’. En contraste, la Corte ha manifestado que la solicitud de aclaración no sirve para ‘cuestionar la decisión judicial adoptada, antes que dilucidar o aclarar puntos que ofrezcan realmente duda’. // Tampoco es procedente esa clase de peticiones para adicionar nuevos elementos jurídicos al fallo original, pues ‘[la] Corte no podría admitir que por la vía de las aclaraciones o adiciones a sus sentencias le fuera dado seguir fallando acerca de los asuntos objeto de procesos culminados y respecto de los cuales ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. La Corte no es competente, después de dictar sentencia, para continuar añadiendo elementos a los contenidos de la motivación, y menos de la resolución correspondiente, ya que el proceso de control de constitucionalidad ha terminado. Lo demás se diría por fuera de proceso y con evidente extralimitación funcional de la Corte’. // De igual forma, este Tribunal ha considerado que la solicitud de aclaración esimprocedente en el evento en que ‘las observaciones del solicitante se refieren a aspectos marginales incluidos en la parte motiva, que no guardan inescindible relación con la declaración contenida en la parte resolutiva de la sentencia’. // Frente a la segunda condición, las expresiones de la sentencia que ofrezcan duda o perplejidad deben estar contenidas en la parte resolutiva del fallo o en su

decisión, pues no cualquier contenido puede modificarse, so pena de incurrir en la alteración sustancial de la decisión judicial[17]. Al respecto, la Corte ha establecido que “la posibilidad de aclarar una providencia depende de la existencia una razón objetiva de duda que impida el entendimiento de la misma, siempre que talperplejidad repercuta en la parte resolutiva del fallo, o en la parte motiva cuando de manera directa esta última influya sobre la decisión adoptada”[18].

21. Pues bien, para la Sala Plena de la Corte el escrito de aclaración presentado por el ciudadano Alegre Roa presenta argumentos que pretenden controvertir el fondo de la decisión adoptada por este Tribunal. Además, el ciudadano formula cuestionamientos de naturaleza consultiva, los cuales tornan la solicitud improcedente[19]. Por ejemplo, el señor Alegre Roa solicita que la Corte le explique los requisitos de las recusaciones de acuerdo con lo contemplado en el Decreto 2067 de 1991.

22. En el auto 1860 de 2025, siguiendo lo resuelto por esta Corporación en la sentencia C-323 de 2006, se concluyó que la recusación debía ser rechazada, toda vez que el ciudadano no cuenta con legitimación en la causa, puesto que no ejerció su interés para actuar dentro del proceso de constitucionalidad D-15989, en el término de fijación en lista[20]. En efecto, en materia de control abstracto de constitucionalidad, dicha legitimación se encuentra restringida a los sujetos que intervinieron oportunamente en el proceso o que, por mandato legal o constitucional, ostentan una posición institucional habilitante, tales como los demandantes, los intervinientes en defensa o en oposición de la norma que se

relación con la declaración contenida en la parte resolutiva de la sentencia’. // Frente a la segunda condición, las expresiones de la sentencia que ofrezcan duda o perplejidad deben estar contenidas en la parte resolutiva del fallo o en su motivación, evento en que esas prescripciones influirán en decisum”[11].

16. Conforme con ello, el Auto 962 de 2022 afirmó que la solicitud de aclaración no prosperará, cuando (i) busca limitar o ampliar el sentido o alcance de la providencia o “modificar las razones en las que se sustentó”[12]; (ii) pretenda “controvertir nuevamente aspectos cuya definición quedó zanjada en la providencia frente a la cual se reclama la aclaración”[13]; (iii) sea utilizada para “abordar

[asuntos] que no fueron objeto de estudio”[14], “esclarecer argumentos marginales en la parte motiva de la providencia que no tienen relación o incidencia en su parte resolutiva”[15] o “absolver consultas, pues este tribunal carece de semejante competencia”[16].

17. En suma, las solicitudes de aclaración de las providencias de control abstracto de constitucionalidad proceden de forma excepcional y bajo el cumplimiento estricto de los requisitos previamente enunciados.

18. La solicitud de aclaración del auto 1860 de 2025 debe ser rechazada. De acuerdo con lo señalado en las consideraciones de esta providencia, se cumplen con los requisitos de legitimación en la causa y oportunidad, toda vez que (i) el señor Alegre Roa fue quien presentó la recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar y mediante auto 1860 de 2025 fue rechazada por falta de pertinencia.

Alegre Roa fue quien presentó la recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar y mediante auto 1860 de 2025 fue rechazada por falta de pertinencia. Del mismo modo, se observa que (ii) dicha providencia fue comunicada al ciudadano el 5 de diciembre de 2025, y presentó escrito de aclaración el mismo día.

19. No obstante, la Sala considera que no se cumple con el requisito de carga argumentativa, toda vez que lo que pretende el ciudadano es controvertir la decisión que se adoptó por la Sala Plena en el auto 1860 de 2025, propósito ajeno a la figura procesal de la aclaración. En efecto, los alegatos presentados en su escrito no pretenden demostrar que la providencia contenga frases o conceptos oscuros o ambiguos que afecten su parte resolutiva. En contraste, se observa que el solicitante no está conforme con la decisión que adoptó la Sala Plena, en cuanto a la ausencia de legitimación para presentar la recusación dentro del expediente D-15.989.

20. Como se advirtió, el artículo 285 del Código General del Proceso exige que quien solicita la aclaración de una providencia de la Corte debe asumir una carga argumentativa directamente encaminada a demostrar que en la providencia existen, en efecto, frases o apartes que generan duda y afectan la parte resolutiva de la decisión, pues no cualquier contenido puede modificarse, so pena de incurrir en la alteración sustancial de la decisión judicial[17]. Al respecto, la Corte ha establecido que “la posibilidad de aclarar una providencia depende de la existencia una razón

intervinieron oportunamente en el proceso o que, por mandato legal o constitucional, ostentan una posición institucional habilitante, tales como los demandantes, los intervinientes en defensa o en oposición de la norma que se cuestiona y que hubiesen presentado su oposición dentro del término de fijación en lista, la Procuraduría General de la Nación, el presidente de la República, el presidente del Congreso y las autoridades u organismos que participaron en la expedición de la disposición sometida a control[21].

23. Con fundamento en lo anterior, la Corte rechazará por improcedente la solicitud de aclaración, debido a que el solicitante no demostró cómo el auto 1860 de 2025 contiene conceptos o frases ambiguas o confusas que afecten su parte resolutiva y, por el contrario, pretende cuestionar la decisión adoptada por la Sala

Plena.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte,

RESUELVE

Primero: RECHAZAR, por improcedente, la solicitud de aclaración del auto 1860 de 2025, presentada por el señor Alfonso Alegre Roa, en el expediente D-15.989, al no cumplir con el requisito de carga argumentativa.

Segundo: ADVERTIR al peticionario que contra esta providencia no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Magistrado Con impedimento aceptado

CARLOS PABLO MARQUEZ ESCOBAR

Conjuez

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General [1] También puede citarse el “Artículo 107. Sobre las aclaraciones. Una vez presentada oportunamente una solicitud de aclaración, la misma deberá ser resuelta por la Sala de Revisión o la Sala Plena, en eltérmino máximo de quince días siguientes al envío de la solicitud al magistrado ponente por la Secretaría General”. Acuerdo 02 de 2015 aplicable al expediente de la referencia al haber sido radicado con anterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo 01 de 2025. [2] Para fundamentar el estudio de estas solicitudes la jurisprudencia ha acudido al artículo 285 del Código General del Proceso. [3] Corte Constitucional, auto 343 de 2025. [4] Corte Constitucional, autos 063 de 2020, 1773 de 2022 y 002 y 542 de 2024. [5] Corte Constitucional, auto 663 de 2021. [6] Corte Constitucional, autos 1221 de 2025, 2384 de 2023, 813 de 2021, 474 de 2021 y 055 de 2016, entre otros.

[5] Corte Constitucional, auto 663 de 2021. [6] Corte Constitucional, autos 1221 de 2025, 2384 de 2023, 813 de 2021, 474 de 2021 y 055 de 2016, entre otros. [7] Corte Constitucional, auto 1221 de 2025. [8] Corte Constitucional, autos 072 de 2015 y 212 de 2015. [9] Corte Constitucional, auto 474 de 2020. [10] Corte Constitucional, auto 542 de 2024. Reitera lo establecido en los autos 025 de 2014, 082 de 2013, 058 de 2002, 004 de 2000 y 063 de 2020. [11] Corte Constitucional, auto 1773 de 2022. Reitera los autos 075A de 1999, 026 de 2003, 194A de 2008, 285 de 2010, 006 de 2010, 179 de 2014, 171 de 2014, 244 de 2014, 072 de 2015, 290 de 2015 y 104 de 2017. [12] Corte Constitucional, auto 710 de 2018. [13] Corte Constitucional, auto 966 de 2021. [14] Ibidem. [15] Ibidem. [16] Ibidem. Adicionalmente, en concordancia con la jurisprudencia, la solicitud de aclaración no podrá ser decidida de fondo cuando con ella se pretenda adicionar nuevos argumentos jurídicos a la providencia. Esto es así porque “[l] a Corte no es competente, después de dictar sentencia, para continuar añadiendo elementos a los contenidos de la motivación, y menos de la resolución correspondiente, ya que el proceso de control de constitucionalidad ha terminado. Lo demás se diría por fuera de proceso y con evidente

elementos a los contenidos de la motivación, y menos de la resolución correspondiente, ya que el proceso de control de constitucionalidad ha terminado. Lo demás se diría por fuera de proceso y con evidente extralimitación funcional de la Corte”. Corte Constitucional, auto 021 de 1999, reiterado en los autos 314 de 2013, 197 de 2014, 001 de 2016, 104 de 2017, 506 de 2017, 583 de 2017, C-624 de 2017, 356 de 2018, 441 de 2018, 587 de 2018, 138 de 2019, 517 de 2019, 039 de 2020, 354 de 2020 y 962 de 2022. [17] Corte Constitucional, autos 072 de 2015 y 212 de 2015. [18] Corte Constitucional, auto 063 de 2020. Reitera lo establecido en los autos 004 de 2000, 058 de 2002, 082 de 2013 y 025 de 2014. [19] La Corte ha señalado que “ la solicitud de aclaración no prosperará cuando lo pretendido sea controvertir, nuevamente, aspectos cuya definición quedó zanjada en la providencia frente a la cual sereclama la aclaración, ni para abordar aspectos que no fueron objeto de estudio, ni para esclarecer argumentos marginales mencionados en la parte motiva que no tienen relación o incidencia en la resolutiva y, finalmente, tampoco para absolver consultas. Las solicitudes de aclaración que pretendan

lo anterior, se tornan improcedentes”. Corte Constitucional, autos 260 de 2021 y 002 y 1311 de 2024. [20] Corte Constitucional, auto 1562 de 2025, entre otros. [21] En su versión original, el artículo 28 del Decreto 2067 de 1991 disponía que: “Cuando existiendo un motivo de impedimento en un magistrado o conjuez, no fuere manifestado por él, podrá ser recusado o por el Procurador General de la Nación o por el demandante . La recusación debe proponerse ante el resto de los magistrados con base en alguna de las causales señaladas en el presente decreto. // Cuando la recusación fuere planteada respecto de todos los magistrados, el pleno de la Corte decidirá sobre su pertinencia.” Con ocasión de la sentencia C-323 de 2006, se incluyó el siguiente condicionamiento: “Declarar EXEQUIBLE la expresión ‘o por el Procurador General de la Nación o por el demandante’ contenida en el artículo 28 del Decreto 2067 de 1991, en el entendido de que la facultad mencionada en cabeza del Procurador General de la Nación o del demandante no es exclusiva ni excluyente, sino que cuando la norma utiliza el verbo ‘podrá ‘debe entenderse que tanto el Procurador General como el demandante pueden solicitar la recusación de un Magistrado , pero igualmente lo pueden hacer aquellas personas que ostenten la calidad de ciudadano y hayan intervenido oportunamente como impugnado o defensor de las normas sometidas a control constitucional y a partir de ese momento.” Énfasis añadido.