CC - Auto 474 de 2026

A474-26

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Auto A-474/26

SOLICITUD DE NULIDAD AUTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Rechazar por improcedente

SOLICITUD DE ACLARACION AUTO DE LA CORTE CONSTITUCIONALRechazar por improcedente

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 474 DE 2026

Referencia: expediente RE-388

Asunto: solicitudes de nulidad y aclaración respecto del Auto 084 de 2026

Magistrado ponente: Juan Carlos Cortés González

Bogotá D.C., quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competenciasconstitucionales y legales, profiere este auto con fundamento en los siguientes

I. ANTECEDENTES

1. El Auto 084 de 2026

1. El 29 de diciembre de 2025, el presidente de la República profirió el Decreto Legislativo 1474 de 2025 por el cual “se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025”.

2. El expediente fue repartido al despacho sustanciador en Sala Plena del 13 de enero de 2026 y, ese mismo día, la Secretaría General de la Corte Constitucional lo remitió para trámite[1]. El 23 de enero de 2026, el magistrado sustanciador presentó a la Sala Plena informe sobre la suspensión provisional de los efectos del decreto

remitió para trámite[1]. El 23 de enero de 2026, el magistrado sustanciador presentó a la Sala Plena informe sobre la suspensión provisional de los efectos del decreto revisado, en los términos de lo señalado en el Auto 272 de 2023 de la Corte Constitucional. Luego, la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante Auto 082 del 29 de enero de 2026 [2], dispuso la suspensión provisional del Decreto Legislativo 1390 de 2025 “[p]or el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”.

3. Por su parte, mediante Auto 084 del 29 de enero de 2026, la Corte Constitucional determinó que, como consecuencia de lo dispuesto en el Auto 082 de 2026, el Decreto Legislativo 1474 “ NO PRODUCIRÁ EFECTOS , a partir de la fecha, […], hasta que la Sala Plena de esta Corte profiera una decisión definitiva respecto de la constitucionalidad del mencionado decreto”.

2. Las solicitudes de nulidad presentadas contra el Auto 084 de 2026

2.1. Solicitud de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República

4. En escrito presentado el 4 de febrero de 2026, el secretario jurídico de la Presidencia de la República sostuvo que el Auto 084 de 2026 vulnera el debido proceso constitucional “al desconocer directamente la cosa juzgada constitucional y, por tanto, el precedente obligatorio fijado por la propia Corte Constitucional en la

Presidencia de la República sostuvo que el Auto 084 de 2026 vulnera el debido proceso constitucional “al desconocer directamente la cosa juzgada constitucional y, por tanto, el precedente obligatorio fijado por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-179 de 1994”[3]. Indicó que en la referida sentencia se declaróinexequible la norma que permitía la suspensión provisional de decretos legislativos dictados en desarrollo de estados de excepción. Lo anterior, con fundamento en que el artículo 241 de la Constitución “obliga a la Corte Constitucional a pronunciarse en forma definitiva sobre tales decretos, [y] en aquella oportunidad, la Corte consideró que la atribución de tal competencia configuraba una clara y abierta violación constitucional”[4].

5. Por otra parte, manifestó que no es posible fundamentar en el Auto 272 de 2023 la atribución para suspender provisionalmente normas dictadas en el marco de estados de excepción porque “los precedentes de la Corte son aplicables cuando existe identidad fáctica entre tal decisión y lo que está por decidirse, y este no es el caso”[5]. Al respecto, explicó que el cambio jurisprudencial de 2023 operó en el marco de una demanda de inconstitucionalidad contra una ley ordinaria y no de un decreto legislativo y el mismo Auto 272 de 2023 aclaró que “la variación jurisprudencial en la materia no constituía el reconocimiento de una facultad genérica para suspender cualquier acto normativo” [6]. Por último, expuso que el

jurisprudencial en la materia no constituía el reconocimiento de una facultad genérica para suspender cualquier acto normativo” [6]. Por último, expuso que el precedente establecido en una sentencia con alcance de cosa juzgada constitucional obliga a todas las autoridades, incluida la propia Corte Constitucional, “salvo que exista un cambio jurisprudencial expreso, motivado y adoptado mediante sentencia”[7].

2.2. Solicitud de nulidad de Édgar Alan Olaya Díaz

6. Mediante escrito del 26 de febrero de 2026[8], el ciudadano solicitó la declaratoria de nulidad del proceso a partir del Auto 084 de 2026 por considerar que se infringió el debido proceso, particularmente lo previsto en el artículo 29 superior, el Decreto 2067 de 1991 y la Sentencia C-179 de 1994 . Sostuvo que ninguna de las disposiciones citadas contempla la suspensión provisional de los efectos de las normas bajo revisión de la Corte ni que pueda adoptarse esta determinación mediante la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional. Por el contrario, manifestó que esta corporación ha reiterado que el legislador no puede establecer dicha figura y que se requiere fundamento constitucional para dicho efecto, como se establece respecto de los actos administrativos.

2.3. Solicitud de nulidad de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y de los jefes de las oficinas jurídicas de los distintos ministerios[9]

establece respecto de los actos administrativos.

2.3. Solicitud de nulidad de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y de los jefes de las oficinas jurídicas de los distintos ministerios[9]

7. En escrito presentado el 19 de marzo de 2026, sostuvieron que el Auto 082 de 2026 desconoció la cosa juzgada constitucional, vulneró el principio de legalidad,por cuanto la Corte Constitucional ejerció una función no atribuida por la Constitución ni por la ley, y eludió de forma arbitraria el análisis de asuntos de relevancia constitucional. Respecto de lo primero, la solicitud de nulidad reiteró la argumentación propuesta por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, en el escrito del 4 de febrero de 2026, en torno al desconocimiento de la cosa juzgada constitucional fijada por medio de la Sentencia C-179 de 1994.

8. Posteriormente, afirmaron que el Auto 082 de 2026 vulneró el principio de legalidad, por cuanto “ninguna autoridad pública puede definir el alcance de sus propias competencias por vía interpretativa cuando estas no han sido previamente atribuidad de manera clara, específica y expresa por la Constitución o la ley” [10].

En consecuencia, señalaron que el desarrollo jurisprudencial de potestades cautelares en el marco de procesos de control automático de constitucionalidad de decretos legislativos implica la incorporación de una facultad que no está prevista en el ordenamiento jurídico.

cautelares en el marco de procesos de control automático de constitucionalidad de decretos legislativos implica la incorporación de una facultad que no está prevista en el ordenamiento jurídico.

9. Por último, indicaron que la Corte Constitucional eludió el análisis de asuntos de relevancia constitucional que de haber sido tenidos en cuenta habrían podido conducir a un trámite o a una decisión distinta respecto de la suspensión provisional del DL1390. Entre estos asuntos refirieron: la reserva de ley estatutaria en materia de estados de excepción, la ausencia del debilitamiento de la cosa juzgada constitucional y el incumplimiento del juicio de proporcionalidad estricto de la medida de suspensión provisional.

10. Por lo expuesto, solicitaron “declarar la nulidad del Auto 082 de 2026, mediante el cual se suspendió provisionalmente el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 […]. Además, con ocasión de aquella pretensión, por contera igualmente se solicita la nulidad de los autos 084 y 101 de 2026, en los que, como consecuencia de los decidido en el mencionado Auto 082, se resolvió que los decretos legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026, respectivamente, no producirían efectos hasta que la Corte profiera una decisión definitiva sobre su constitucionalidad”[11].

3. La solicitud de aclaración presentada respecto del Auto 084 de 2026

efectos hasta que la Corte profiera una decisión definitiva sobre su constitucionalidad”[11].

3. La solicitud de aclaración presentada respecto del Auto 084 de 2026

11. El 4 de febrero de 2026, Jhonatan Ferney Colorado Mora remitió una solicitud a la Corte Constitucional en la cual manifestó que el 8 de enero de 2026 recibió una invitación de la DIAN a acogerse al beneficio de reducción de intereses porobligaciones pendientes por concepto de IVA, previsto en el artículo 20 del DL1474. Indicó que el 25 de enero efectuó el pago de la suma liquidada mediante el aplicativo de la entidad para ese propósito, pero que la DIAN se niega a cerrar el expediente administrativo contra el peticionario por la “suspensión decretada por esta Corte”[12]. Agregó que, de acuerdo con el comunicado de prensa n.° 01 de la Corte Constitucional, “el Decreto 1474 deja de producir efectos ‘a partir de la fecha’ (29 de enero de 2026)” [13]. Por lo anterior, solicitó a este tribunal “que confirmen de manera sencilla lo siguiente: ‘Que los pagos realizados y perfeccionados ANTES del 29 de enero de 2026 son válidos, definitivos e intocables.’ Específicamente, que la suspensión del Decreto NO TIENE EFECTOS RETROACTIVOS y, por tanto, la DIAN debe respetar los beneficios aplicados en los recibos de pago que tienen fecha anterior a su decisión, pues corresponden a situaciones jurídicas consolidadas bajo el amparo de la buena fe y la confianza legítima”[14].

DIAN debe respetar los beneficios aplicados en los recibos de pago que tienen fecha anterior a su decisión, pues corresponden a situaciones jurídicas consolidadas bajo el amparo de la buena fe y la confianza legítima”[14].

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

12. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para resolver las solicitudes de nulidad y aclaración que se presenten en contra de autos proferidos por ella, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto Ley 2067 de 1991 y el artículo 104 del Acuerdo 01 de 2025.

2. Solicitudes de nulidad contra los autos proferidos por la Sala Plena.

Reiteración de jurisprudencia[15]

13. El Decreto 2067 de 1991 establece en el inciso 2° de su artículo 49 que: “La nulidad de los procesos ante la corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo. Solo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el pleno de la Corte anule el proceso”. Así pues, la nulidad no opera como un recurso que pueda interponerse contra providencias proferidas por esta corporación. En esa medida, al resolver sobre una solicitud de nulidad, la Corte Constitucional no puede entrar a examinar la corrección jurídica de una determinada providencia, sino que su estudio debe dirigirse a establecer si en el curso de una actuación procesal ocurrieron violaciones al debido proceso[16].

corrección jurídica de una determinada providencia, sino que su estudio debe dirigirse a establecer si en el curso de una actuación procesal ocurrieron violaciones al debido proceso[16].

14. Estas irregularidades, materialmente, deben ser ostensibles, probadas, significativas y trascendentales. Por lo tanto, la procedencia sustantiva de unasolicitud de nulidad está supeditada a la demostración de un grave y notorio quebrantamiento de las reglas procesales que afecte de forma significativa el derecho al debido proceso y que ello repercuta sustancial y directamente en la decisión[17].

15. Ahora, en cuanto a los requisitos formales de las solicitudes de nulidad, la Corte Constitucional ha determinado que se debe acreditar: (i) la legitimación, que impone que la nulidad solo puede ser presentada por el demandante, el ministerio público[18], los intervinientes [19] o las autoridades que hubieren participado en la elaboración de la norma; (ii) la oportunidad, exige que debe presentarse la solicitud dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia y (iii) la carga argumentativa, que exige que la solicitud se sustente en debida forma, lo que implica demostrar la afrenta a las garantías que conforman el derecho fundamental al debido proceso.

16. En efecto, el presupuesto de carga argumentativa impone al solicitante el deber de “demostrar, con base en argumentos serios y coherentes, que la [providencia

de las providencias proferidas en procesos de control abstracto está reservada para “los demandantes, quienes intervienen en defensa o en contra de la norma, la Procuraduría General de la Nación, el presidente de la República, el presidente del Congreso y/o los organismos o entidades participantes en la elaboración o expedición de la norma” [26]. (ii) Oportunidad. Las solicitudes de aclaración de una providencia deben presentarse dentro del término de ejecutoria de la misma, deconformidad con el artículo 285 del CGP[27]. Y (iii) carga argumentativa. El peticionario debe exponer por qué es necesario aclarar la providencia, de modo que se deba exceptuar “la regla general de improcedencia de la solicitud ”[28]. De esta manera, es necesario que se explique que la providencia contiene conceptos o frases en la parte resolutiva o que influyan en ella y que generen “una duda objetiva y razonable debido a la existencia de indeterminaciones insuperables”[29].

4. Análisis sobre el cumplimiento de los presupuestos formales de procedencia de las solicitudes de nulidad en el presente caso

18. La Sala encuentra acreditado el presupuesto de legitimación respecto de ambos peticionarios, como se expone a continuación.

19. Primero, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República está legitimada al ser la autoridad que participó en la elaboración de la norma objeto de control. En efecto, en el numeral segundo del Auto del 14 de enero de 2026 se dispuso “comunicar el inicio del presente asunto a la Presidencia de la República, así como a

implica demostrar la afrenta a las garantías que conforman el derecho fundamental al debido proceso.

16. En efecto, el presupuesto de carga argumentativa impone al solicitante el deber de “demostrar, con base en argumentos serios y coherentes, que la [providencia cuya validez está siendo cuestionada] vulnera [su] derecho al debido proceso” [20].

En esa medida, aquel debe acreditar “de manera indudable y cierta que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales han sido quebrantadas”[21]. En consecuencia, el peticionario tiene la obligación de probar que la providencia en cuestión riñe abiertamente con las garantías mínimas del derecho fundamental al debido proceso[22]. De allí que no toda razón de disgusto o inconformidad con la decisión de la Corte Constitucional dé lugar a anular un procedimiento o una decisión de este tribunal[23].

3. La procedencia excepcional de solicitudes de aclaración respecto de providencias dictadas por la Corte Constitucional

17. Esta corporación ha señalado que, por regla general, sus decisiones no son susceptibles de aclaración [24]. No obstante, la Sala Plena ha admitido la procedencia excepcional de solicitudes de aclaración de sus providencias, entre ellas, las proferidas en ejercicio del control abstracto, siempre y cuando se cumplan las siguientes exigencias[25]: (i) Legitimación. La facultad de solicitar la aclaración de las providencias proferidas en procesos de control abstracto está reservada para “los demandantes, quienes intervienen en defensa o en contra de la norma, la

efecto, en el numeral segundo del Auto del 14 de enero de 2026 se dispuso “comunicar el inicio del presente asunto a la Presidencia de la República, así como a los ministerios que integran el gobierno, para que, si lo consideran oportuno, intervengan mediante escritos que deberán presentar”. Esta actuación se sustenta en el artículo 244 de la Constitución Política que ordena la comunicación al presidente de la República o al presidente del Congreso, según el caso, de la iniciación de cualquier proceso que tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas dictadas por ellos. Además, en el numeral tercero de la parte resolutiva de la misma providencia se solicitaron pruebas específicamente a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, las cuales fueron allegadas por esa entidad el 23 de enero de 2026. Finalmente, los jefes de las oficinas jurídicas actúan en representación de los ministerios que conforman el gobierno nacional, el cual emitió la disposición objeto de control.

20. Segundo, la Corte también encuentra acreditada la legitimación de Édgar Alan Olaya Díaz. En efecto, el término de fijación en lista del expediente RE-388 transcurrió durante los días 20, 23, 24, 25 y 26 de febrero de 2026 [30]. Durante el mismo, esto es el 26 de febrero de 2026, el aludido peticionario presentó un escrito de intervención en el que defendió la constitucionalidad de la norma bajo examen y, al mismo tiempo, allegó la solicitud de nulidad.

mismo, esto es el 26 de febrero de 2026, el aludido peticionario presentó un escrito de intervención en el que defendió la constitucionalidad de la norma bajo examen y, al mismo tiempo, allegó la solicitud de nulidad.

21. Ahora bien, respecto del requisito de oportunidad, la Sala Plena considera que las solicitudes cumplen este presupuesto. Para arribar a esta conclusión, debe tenerse en cuenta que en el Auto 1924 de 2025 se estableció que es posible tener poracreditado el cumplimiento de este supuesto en los eventos en los que las solicitudes fueron presentadas antes de la notificación de la providencia respecto de la cual se dirigen. Pero, “ esas peticiones serán tramitadas una vez se notifique la sentencia y, por lo tanto, empiece a correr el término de ejecutoria. En esa medida, el término para su decisión, iniciará también a contar, desde la notificación de la providencia”[31].

22. Respecto del caso concreto, la Corte advierte que el Auto 084 de 2026 fue adoptado el 29 de enero de 2026 y, ese mismo día, se emitió el comunicado de la Sala Plena sobre la decisión [32]. Posteriormente, los días 4 y 26 de febrero de 2026 y 19 de marzo del mismo año se presentaron las solicitudes de nulidad, respectivamente, cuando el auto cuestionado no había sido notificado por encontrarse en el trámite interno de recolección firmas. Finalmente, el Auto 084 de 2026 fue notificado mediante estado n.° 052 del 10 de abril de 2026[33].

encontrarse en el trámite interno de recolección firmas. Finalmente, el Auto 084 de 2026 fue notificado mediante estado n.° 052 del 10 de abril de 2026[33].

23. No obstante lo anterior, las solicitudes bajo estudio no acreditan el cumplimiento de la carga argumentativa. En primer lugar, los solicitantes presentan argumentos referidos al Auto 082 de 2026 en los que se limitan a mencionar que la competencia de la suspensión provisional no está regulada en la Constitución ni en el Decreto 2067 de 1991 y alegan un presunto desconocimiento de la cosa juzgada constitucional y/o del precedente. Estos argumentos no tienen en cuenta que el Auto 084 de 2026 declaró que el DL1474 no produciría efectos como consecuencia de la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025 que le sirvió de amparo. La Sala Plena advierte que mediante Auto 393 de 2026 se rechazaron por improcedentes las solicitudes de nulidad en contra del referido Auto 082 de 2026. En aquella providencia la Corte indicó que “los peticionarios plantean que la medida de suspensión provisional del decreto legislativo no está prevista en el diseño constitucional, constituye una extralimitación de competencias y vulnera el debido proceso. No obstante, omiten considerar que esta competencia surge directamente de mandatos constitucionales”. Asimismo, omiten que el Auto 082 de 2026 desarrolló ampliamente los fundamentos constitucionales de la posibilidad de

de mandatos constitucionales”. Asimismo, omiten que el Auto 082 de 2026 desarrolló ampliamente los fundamentos constitucionales de la posibilidad de ordenar la suspensión provisional de decretos legislativos[34].

24. En segundo lugar, las acusaciones planteadas sobre la presunta vulneración del debido proceso buscan reabrir un debate que tuvo lugar en relación con el Auto 082 de 2026 y no sobre el Auto 084 de 2026.

25. En este sentido, para la Corte, los peticionarios no elevan censuras destinadas a demostrar en concreto la vulneración al debido proceso con ocasión del Auto 084 de2026 sino que, por el contrario, buscan reabrir una discusión jurídica respecto de otra providencia judicial. Así las cosas, los solicitantes no explicaron la razón por la cual establecer la no producción de efectos del DL1474, como consecuencia de la suspensión provisional del decreto declaratorio del estado de emergencia económica y social ordenada por la Corte Constitucional, viola el derecho al debido proceso de manera ostensible, significativa y trascendente. En efecto, no justificaron por qué la providencia acusada desconoce las reglas aplicables a los procesos de control abstracto de constitucionalidad y las solicitudes se sustentaron en razones que demuestran la inconformidad de los peticionarios con la decisión adoptada por la Corte Constitucional en el Auto 082 de 2026, al punto de que solicitan que como consecuencia de la nulidad de dicha providencia, se declare la nulidad del Auto 084 de 2026, sin que se precisen las razones concretas por las que esta última decisión

consecuencia de la nulidad de dicha providencia, se declare la nulidad del Auto 084 de 2026, sin que se precisen las razones concretas por las que esta última decisión desconoció los postulados del debido proceso.

26. Por las razones expuestas, la Sala rechazará las solicitudes de nulidad interpuestas contra el Auto 084 de 2026, por cuanto las mismas no cumplen el requisito de carga argumentativa.

5. Análisis sobre la procedencia de la solicitud de aclaración presentada respecto del Auto 084 de 2026

27. En el presente caso, al valorar los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para aclarar sus decisiones, la Sala concluye que la solicitud formulada debe rechazarse porque incumple el presupuesto de legitimación. Lo anterior, por cuanto el solicitante no ostenta la calidad de interviniente en el proceso de constitucionalidad en curso. En efecto, se aprecia que Jhonatan Ferney Colorado Mora no presentó intervención ni con anterioridad a la fijación en lista ni durante dicho término [35]. En este sentido, no defendió ni impugnó la constitucionalidad del DL1474 y, por ende, no se concretó su interés en el trámite. Finalmente, al no encontrarse acreditado el requisito de legitimación, no resulta necesario continuar con el estudio de los demás presupuestos[36].

28. Por las razones expuestas, la Sala rechazará la solicitud de aclaración interpuesta respecto del Auto 084 de 2026, ante el incumplimiento del presupuesto de legitimación.

28. Por las razones expuestas, la Sala rechazará la solicitud de aclaración interpuesta respecto del Auto 084 de 2026, ante el incumplimiento del presupuesto de legitimación.

III. DECISIÓNEn mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional

RESUELVE

PRIMERO. RECHAZAR por improcedentes, las solicitudes de nulidad presentadas por la Secretaría Jurídica de Presidencia de la República,  Édgar Alan Olaya Díaz y los ministerios que conforman el gobierno nacional  en contra del Auto 084 de 2026, ante el incumplimiento del presupuesto de carga argumentativa, conforme lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO. RECHAZAR por improcedente, la solicitud de aclaración del Auto 084 de 2026, presentada por Jhonatan Ferney Colorado Mora, por incumplir el requisito de legitimación, conforme las razones expuestas en esta providencia

TERCERO. Contra esta providencia no procede recurso alguno.

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO Magistrado Con salvamento de voto

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE Magistrado Salvamento de voto JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR MagistradoCon impedimento aceptado

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

Magistrada VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE Magistrado Salvamento de voto JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR MagistradoCon impedimento aceptado

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

AL AUTO 474/26

Referencia: expediente RE-388

Asunto: solicitudes de nulidad y aclaración respecto del Auto 084 de 2026 por medio del cual la Sala Plenadecidió la No producción de efectos del Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025[37] por consecuencia de la suspensión provisional del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025

Magistrados Ponente: Juan Carlos Cortés González

Con el debido respeto por las decisiones adoptadas por la Sala Plena, expongo a continuación las razones que fundamentan mi discrepancia frente a la determinación de rechazar por improcedentes las solicitudes de nulidad presentadas por la Secretaría Jurídica de Presidencia de la República y los ministerios que conforman el gobierno nacional, ante el incumplimiento del presupuesto de carga argumentativa. Ello, en la medida en que considero que ambas solicitudes satisfacían la carga argumentativa calificada exigida por la jurisprudencia constitucional y, por tanto, habilitaban un examen de fondo. Adicionalmente, a mi juicio, la Sala Plena debió estudiarlas materialmente y darles prosperidad.

calificada exigida por la jurisprudencia constitucional y, por tanto, habilitaban un examen de fondo. Adicionalmente, a mi juicio, la Sala Plena debió estudiarlas materialmente y darles prosperidad.

Cabe aclarar que en la presente providencia reiteraré las razones que expuse en el salvamento de voto al Auto 393 de 2026 por medio del cual la Corte Constitucional decidió también rechazar de plano por incumplimiento del requisito de carga argumentativa las solicitudes de nulidad promovidas contra el Auto 082 de 2026, por medio del cual la Corte dispuso la suspensión provisional del Decreto Legislativo 1390 de 2025 “[p]or el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”.

Lo anterior, en la medida en que fue con fundamento en la decisión adoptada en el Auto 082 de 2026 que en el Auto 084 del mismo año, la Corte Constitucional determinó que el Decreto Legislativo 1474 “NO PRODUCIRÁ EFECTOS, a partir de la fecha, […], hasta que la Sala Plena de esta Corte profiera una decisión definitiva respecto de la constitucionalidad del mencionado decreto.

Bajo ese panorama, no comparto la afirmación principal que se plantea en el Auto 474 referente a que las solicitudes de nulidad no cumplen con el referido presupuesto de carga argumentativa porque sus argumentos se sustentan en reprochar la decisión adoptada en el Auto 082 de 2026, pues, tal y como se expuso este fue el fundamento jurídico que soportó la decisión acusada en el Auto 084 de 2026, ahora cuestionado, de suspender provisionalmente el Decreto Legislativo 1474 de 2025, tal y como lo reconoce la misma

soportó la decisión acusada en el Auto 084 de 2026, ahora cuestionado, de suspender provisionalmente el Decreto Legislativo 1474 de 2025, tal y como lo reconoce la misma providencia en los fundamentos jurídicos 2 y 3.

A.    Respecto del análisis del requisito de carga argumentativa

Considero que las solicitudes de nulidad además de superar los requisitos de legitimidad y oportunidad también cumplían la carga argumentativa y, en consecuencia, respecto de ellas se imponía el examen de fondo de sus argumentos, de acuerdo con las siguientes razones:1. La carga argumentativa debe evaluarse en función de la debida fundamentación de la irregularidad procesal alegada y, en este caso, la irregularidad procesal consistente en la falta de competencia fue debidamente sustentada.

Tal como lo reconoce el auto, la nulidad procesal prevista en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 es, sin duda, un mecanismo excepcional. Por ello, la jurisprudencia ha exigido que quien la promueva explique de manera clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y la incidencia de la irregularidad en la decisión. Sin embargo, esta exigencia no puede interpretarse como si la solicitud solo superara el umbral de admisibilidad cuando el solicitante logre demostrar la corrección material de su tesis. La carga argumentativa opera como un requisito de aptitud de la censura, no como un juicio anticipado de prosperidad.

En ese sentido, reiteradamente se ha sostenido que una solicitud de nulidad procesal satisface dicha carga cuando: (i) identifica una irregularidad constitucionalmente relevante, (ii) la vincula con la vulneración del debido proceso y (iii) muestra de qué

En ese sentido, reiteradamente se ha sostenido que una solicitud de nulidad procesal satisface dicha carga cuando: (i) identifica una irregularidad constitucionalmente relevante, (ii) la vincula con la vulneración del debido proceso y (iii) muestra de qué manera esa irregularidad incide en la validez de la actuación. Y, en materia de nulidad por desconocimiento de la cosa juzgada constitucional, la carga argumentativa no exige demostrar de manera concluyente la configuración de dicha figura —lo cual corresponde al juicio de fondo—, sino identificar una decisión previa con efectos de cosa juzgada, reconstruir su regla decisoria relevante y plantear una contradicción plausible con la actuación cuestionada. Cuando estos elementos concurren, el estándar de aptitud de esta precis