CC - Auto 513 de 2026

A513-26

TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-513/26

RECURSO DE SUPLICA CONTRA RECHAZO DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de procedencia

RECURSO DE SUPLICA CONTRA AUTO QUE RECHAZA DEMANDADemandante debe efectuar razonamiento mínimo para constatar yerro o arbitrariedad

RECURSO DE SUPLICA CONTRA RECHAZO DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Incumplimiento de la carga argumentativa

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 513 DE 2026

Referencia: Expediente D-17170

Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

Asunto: Recurso de súplica en contra del auto de 11 de marzo de 2026, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad en contra del Acto Legislativo 03 de 2024, “[p]or el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se modifica el artículo 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, así como en contra del artículo 7° (parcial) de la Ley 819 de 2003

Magistrada ponente: Paola Andrea Meneses MosqueraBogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintiséis (2026)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, cumplidos los requisitos previstos por el Decreto 2067 de 1991 y el artículo 49 del Acuerdo 1 de 2025, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES

y legales, cumplidos los requisitos previstos por el Decreto 2067 de 1991 y el artículo 49 del Acuerdo 1 de 2025, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES

1. El 13 de enero de 2026, Harold Eduardo Sua Montaña presentó una demanda de “condicionalidad parcial e inconstitucionalidad contra respectivamente el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 y el Acto Legislativo 3 de 2024”[1]. La ley acusada fue publicada el 9 de julio de 2003 en el Diario Oficial N.º 45.243, mientras que el acto legislativo demandado fue publicado el 27 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial N.º 52.982[2].

2. El 28 de enero de 2026, la Sala Plena de la Corte Constitucional repartió la demanda al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar (el magistrado sustanciador).

1. Demanda

3. El accionante advirtió que (i) las expresiones “de ley, ordenanza o acuerdo” y “de ley” previstas en los incisos primero y cuarto del artículo 7 de la Ley 819 de 2003 y

(ii) la totalidad del Acto Legislativo 03 de 2024 desconocen el inciso tercero del artículo 334 de la Constitución Política[3]. Esto, por una presunta “incompatibilidad sobreviniente de la norma legal sometida a control constitucional con dicho inciso e inobservancia de éste en el proceso de formación de la reforma constitucional acusada”[4]. Al respecto, el ciudadano informó que por medio del Acto Legislativo 03 de 2011, el Congreso de la

éste en el proceso de formación de la reforma constitucional acusada”[4]. Al respecto, el ciudadano informó que por medio del Acto Legislativo 03 de 2011, el Congreso de la República modificó el artículo 334 constitucional pretendiendo “dar a las personas en Colombia una garantía homogénea, estable y exigible a todos los órganos del Estado, de que se mantendrán las condiciones de sostenibilidad fiscal necesarias para asegurar la efectividad de los derechos económicos y sociales”[5]. Por lo tanto, el Legislador debe “orientar toda reforma constitucional hacia su sostenibilidad fiscal, es decir, a venir siendo económicamente viables de cumplir, desarrollar y/a [sic] aplicar sus disposiciones en el corto, mediano y largo plazo acarreando la ausencia de dicha valoración o traslado de esa carga a los destinatarios de esas disposiciones vicio de procedimiento en el trámite reformatorio llevado a cabo”[6].

4. En el caso concreto, el actor indicó que si bien “el acto legislativo

[demandado] tuvo conceptos institucionales a nombre del departamento de planeación [y de] los ministerios de hacienda y de salud y el ministerio público durante su proceso de formación”[7], lo cierto es que estos conceptos advierten que la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 03 de 2024 es “fiscalmente inviable de implementar suscitando con ello dificultades macroeconómicas para hacerlo efectivo en la realidad presupuestal del país llamadas a resolver futuras normas legales expedidas en procura de esa viabilidad ausente”[8]. Asimismo, señaló que el artículo 7° (parcial) de la Ley 819 de

presupuestal del país llamadas a resolver futuras normas legales expedidas en procura de esa viabilidad ausente”[8]. Asimismo, señaló que el artículo 7° (parcial) de la Ley 819 de 2003 se limitó a materializar la “exigencia de sostenibilidad fiscal en la función legislativade los congresistas”[9]. No obstante, a juicio del accionante faltó “incluir igual exigencia en la función constituyente proveniente del inciso constitucional estimado infringido producto de haber surgido esa carga con posterioridad a la entrada en vigencia del artículo en comento”[10].

5. En este contexto, el demandante concluyó que “termina siendo inconstitucional el mencionado acto legislativo al ocasionarse vicio de procedimiento insubsanable en su formación mientras que la norma legal requiere condicionarla esta corporación de acuerdo a la motivación de la sentencia C-496 de 1994”[11]. Por lo tanto, pretendió que (i) el Acto Legislativo 03 de 2024 sea declarado inexequible y (ii) las expresiones “de ley, ordenanza o acuerdo” y “de ley de” previstas en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 sean declaradas condicionalmente exequibles, en el entendido “de estimarse allí incluido el sintagma nominal ‘acto legislativo’”[12].

2. Inadmisión

6. Por medio del Auto de 12 de febrero de 2026, el magistrado Ibáñez Najar inadmitió la demanda por siete razones. Primero, la demanda no satisfizo el requisito previsto en el numeral 4 del artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, relativo a la exposición del trámite constitucional presuntamente vulnerado. Al respecto, el magistrado

previsto en el numeral 4 del artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, relativo a la exposición del trámite constitucional presuntamente vulnerado. Al respecto, el magistrado sustanciador informó que la jurisprudencia de esta corporación ha indicado que “cuando se alegan vicios de procedimiento, corresponde al demandante señalar el trámite previsto en la Constitución Política y explicar de manera clara en qué forma fue vulnerado”[13]. Asimismo, indicó que “no le corresponde al juez constitucional la reconstrucción oficiosa del cargo, ni suplir las deficiencias de la demanda”[14]. A juicio del magistrado sustanciador, la demanda “no identifica el trámite constitucional aplicable al acto reformatorio, no precisa la etapa concreta en la que habría ocurrido el presunto quebrantamiento ni explica la forma específica en que dicho procedimiento habría sido desconocido”[15]. En cambio, el escrito “presenta un hilo argumentativo reiterativo y circular que no permite identificar con precisión la estructura lógica del reproche ni reconstruir el razonamiento que sustenta la alegada existencia de un vicio de procedimiento en la formación del Acto Legislativo 3 de 2024”[16]. Por tanto, “la ausencia de una exposición mínima del trámite constitucional presuntamente desconocido impide adelantar el juicio abstracto de constitucionalidad”[17] propuesto por el actor.

7. Segundo, la demanda carece de claridad, “porque el escrito presenta una exposición argumentativa desarticulada que impide identificar con precisión el reproche constitucional planteado”[18]. El magistrado sustanciador consideró que el demandante se

7. Segundo, la demanda carece de claridad, “porque el escrito presenta una exposición argumentativa desarticulada que impide identificar con precisión el reproche constitucional planteado”[18]. El magistrado sustanciador consideró que el demandante se limitó a exponer consideraciones “sobre la inejecutabilidad del acto legislativo, la sostenibilidad fiscal, el artículo 334 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 819 de 2003”[19]. Esto, “sin organizarlas en una secuencia argumentativa que permita comprender […] cuál es el planteamiento central del cargo y de qué manera se atribuye un vicio de procedimiento al trámite del Acto Legislativo 03 de 2024”[20]. Tercero, la demanda carece de especificidad, “porque no concreta la regla constitucional presuntamente vulnerada ni el contenido normativo que se estima desconocido”[21]. En concreto, el magistrado sustanciador censuró que el demandante no hubiera precisado“cuál disposición de la Constitución Política se considera infringida, en qué consiste la regla constitucional invocada ni cómo se configura la contradicción entre dicha regla y el contenido del acto reformatorio”[22]. Además, “el escrito confunde el criterio orientador de sostenibilidad fiscal con la exigencia de análisis de impacto fiscal, sin explicar por qué esta última tendría entidad constitucional ni cómo se integraría al trámite de reforma constitucional”[23].

8. Cuarto, la demanda no cumple con el requisito de certeza. Esto, porque “el reproche se construye a partir de una lectura del artículo 334 de la Constitución Política que no corresponde a su contenido normativo ni al alcance que le ha atribuido la

8. Cuarto, la demanda no cumple con el requisito de certeza. Esto, porque “el reproche se construye a partir de una lectura del artículo 334 de la Constitución Política que no corresponde a su contenido normativo ni al alcance que le ha atribuido la jurisprudencia constitucional”[24]. En efecto, el demandante sostuvo que el artículo 334 de la Constitución prevé “el criterio orientador de sostenibilidad fiscal”[25], lo que se traduce en “una obligación procedimental vinculante al Congreso cuando ejerce la función constituyente derivada”[26]. No obstante, la Corte Constitucional ha informado que “la sostenibilidad fiscal […] constituye un criterio orientador de la actuación de las autoridades públicas, que no se traduce en una regla procedimental específica ni en una condición de validez de las reformas constitucionales, ni convierte la evaluación del impacto fiscal en un presupuesto constitucional del ejercicio del poder de reforma”[27].

9. Quinto, el pretendido cargo carece de pertinencia, en la medida en que la “argumentación se orienta a cuestionar los efectos prácticos y las consecuencias fiscales de la reforma constitucional, sin demostrar una contradicción normativa entre el Acto Legislativo 03 de 2024 y un parámetro de control constitucional aplicable”[28]. En concreto, el magistrado sustanciador advirtió que “no se identifica una norma constitucional que imponga al Congreso, en ejercicio de la función constituyente derivada, el deber de realizar un análisis de impacto o sostenibilidad fiscal como requisito de validez de los actos legislativos”[29]. Sexto, la demanda no cumple con el requisito de suficiencia.

el deber de realizar un análisis de impacto o sostenibilidad fiscal como requisito de validez de los actos legislativos”[29]. Sexto, la demanda no cumple con el requisito de suficiencia. A juicio del magistrado sustanciador, la argumentación del accionante (i) “no desarrolla razones que permitan construir una duda mínima y razonable sobre la constitucionalidad del Acto Legislativo 3 de 2024”[30] y (ii) “no explica de qué manera el supuesto desconocimiento del principio de sostenibilidad fiscal se traduce en una contradicción constitucional verificable ni por qué tendría entidad suficiente para comprometer la validez del acto reformatorio”[31].

10. Séptimo, a pesar de que el reproche relacionado con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 pareciera ser un presunto cargo por omisión legislativa relativa, el actor no cumplió con las cargas argumentativas específicas para construir un cargo de dicha naturaleza. Esto, porque el demandante (i) no identificó “el mandato constitucional específico que imponía al Legislador el deber de incluir los actos legislativos dentro del ámbito de aplicación” del mencionado artículo”[32]; (ii) no explicó “por qué la ausencia de esa previsión constituye el desconocimiento de una exigencia normativa concreta derivada de la Constitución”[33]; (iii) no demuestra “que dicha exclusión suponga la omisión de un ingrediente normativo esencial”[34], y (iv) tampoco expuso las razones por las que de la mencionada omisión “se derive una afectación constitucional verificable en los términos exigidos por la jurisprudencia”[35].11. En este contexto, el magistrado sustanciador inadmitió la demanda y concedió

importancia de la sostenibilidad fiscal surgió como una “carga con posterioridad a la entrada en vigencia del artículo en comento”[45]. En consecuencia, el magistrado sustanciador erró en la medida en que no señaló “‘con precisión los requisitos incumplidos’ […] en perjuicio del goce efectivo de la oportunidad de subsanación”[46]. Cuarto, el demandante precisó que los mencionados cuestionamientos al auto de inadmisión no implican “una renuncia tácita”[47] a la subsanación de su demanda, puesto que consideró que ambas actuaciones son procesalmente compatibles.

15. De otro lado, el accionante precisó cuáles eran aquellos argumentos que modificaba, aclaraba o adicionaba a su demanda. En cuanto al pretendido cargo en contradel Acto Legislativo 03 de 2024, el demandante describió el trámite constitucional aplicable a los actos legislativos, en los términos previstos en la Constitución[48].

Asimismo, enumeró las diferentes etapas del trámite legislativo surtido para la expedición del acto legislativo acusado. Con base en lo anterior, el actor sostuvo que del inciso tercero del artículo 334 de la Constitución era “deducible el deber de los congresistas de orientar su función constituyente a la sostenibilidad fiscal del [E]stado”[49]. A su juicio, los conceptos técnicos del Departamento Nacional de Planeación y de los ministerios de Hacienda y de Salud y Protección Social evidencian la ausencia de la viabilidad fiscal de la reforma constitucional acusada.

16. En relación con el pretendido cargo en contra del artículo 7 (parcial) de la Ley 819 de 2003, el demandante sostuvo que el Legislador expidió la mencionada norma “de

las que de la mencionada omisión “se derive una afectación constitucional verificable en los términos exigidos por la jurisprudencia”[35].11. En este contexto, el magistrado sustanciador inadmitió la demanda y concedió tres días para que el demandante corrigiera su escrito, so pena de rechazo. El auto de inadmisión fue notificado por medio del estado número 23 de 17 de febrero de 2026[36]. El término de ejecutoria de dicha providencia transcurrió entre los días 18, 19 y 20 de febrero de 2026[37].

3. Escrito de corrección

12. El 20 de febrero de 2026, Harold Sua Montaña presentó un escrito de “[a]catamiento y súplica parciales del auto inadmisorio”[38] de 12 de febrero de 2026. Al respecto, indicó que presentaba “simultáneamente súplica y modificación parciales [sic] frente al auto de la referencia, puesto que aceptaba algunas de las observaciones del magistrado sustanciador y controvertiría otras mediante el recurso correspondiente. De un lado, el accionante formuló cuatro reproches para solicitar “la revocatoria parcial del auto de la referencia”[39]. Primero, sostuvo que los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia constituyen una “restricción de origen judicial del derecho constitucional a interponer acciones en defensa de la [C]onstitución”[40], por no estar previstos en el artículo 2.3 del Decreto 2067 de 1991. A su juicio, evaluar la aptitud de la demanda le corresponde “exclusiva y excluyentemente a la Sala Plena”[41] por

estar previstos en el artículo 2.3 del Decreto 2067 de 1991. A su juicio, evaluar la aptitud de la demanda le corresponde “exclusiva y excluyentemente a la Sala Plena”[41] por medio de una sentencia, que no al magistrado sustanciador en la etapa de admisibilidad de la demanda.

13. Segundo, las cargas argumentativas exigidas al actor materializan una “asimetría procesal entre los legitimados de interponer acciones de inconstitucionalidad y los encargados de impartir justicia al respecto”[42]. Ello, porque los accionantes deben corregir sus demandas durante el término de ejecutoria del auto de inadmisión, mientras que la Corte Constitucional tiene “mayor tiempo y ostentando mayor nivel intelectual y apoyo profesional”[43] para analizar la aptitud de las demandas. En criterio del demandante, esta situación desconoce las garantías del plazo razonable y de disposición de tiempo y medios adecuados para acudir a la justicia, en los términos protegidos por la

Corte Interamericana de Derechos Humanos.

14. Tercero, el auto de inadmisión incurrió en un “error espacio-temporal anacrónico”[44] al caracterizar el cuestionamiento del artículo 7 (parcial) de la Ley 819 de 2003 como un eventual cargo por omisión legislativa relativa. Según el ciudadano, su reproche advierte la existencia de una inconstitucionalidad sobreviniente, porque la importancia de la sostenibilidad fiscal surgió como una “carga con posterioridad a la entrada en vigencia del artículo en comento”[45]. En consecuencia, el magistrado sustanciador erró en la medida en que no señaló “‘con precisión los requisitos

la reforma constitucional acusada.

16. En relación con el pretendido cargo en contra del artículo 7 (parcial) de la Ley 819 de 2003, el demandante sostuvo que el Legislador expidió la mencionada norma “de acuerdo a las disposiciones constitucionales existentes en ese entonces”[50]. No obstante, con la reforma constitucional del artículo 334 superior surgió una nueva carga de sostenibilidad fiscal que haría necesario actualizar el contenido de dicha disposición. En criterio del actor, esa actualización le corresponde prima facie al Congreso de la República. Sin embargo, de no hacerlo de manera oportuna, correspondería a la Corte proferir una sentencia “que establezca cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimos constitucionalmente”[51].

4. Rechazo

17. Por medio del auto de 11 de marzo de 2026, el magistrado sustanciador rechazó la demanda de la referencia porque “el actor no subsanó las falencias advertidas en el auto inadmisorio”[52]. En cambio, dirigió “una parte sustancial de su argumentación a cuestionar la motivación del auto inadmisorio y el estándar jurisprudencial de admisibilidad de las demandas de inconstitucionalidad”[53]. A juicio del magistrado Ibáñez Najar, el escrito de corrección (i) no satisfizo “los presupuestos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia”[54]; (ii) no subsanó “las deficiencias señaladas en el auto inadmisorio respecto de la identificación del trámite constitucional aplicable al acto reformatorio ni respecto de la determinación de la regla constitucional

señaladas en el auto inadmisorio respecto de la identificación del trámite constitucional aplicable al acto reformatorio ni respecto de la determinación de la regla constitucional presuntamente vulnerada”[55], y (iii) tampoco “estructuró una oposición normativa verificable entre las disposiciones acusadas y la Constitución”[56]. Lo anterior, por siete razones.

18. Primero, la demanda sigue careciendo de claridad. A juicio del magistrado sustanciador, el escrito de corrección “anuncia la modificación y aclaración de los argumentos de la demanda inicial”[57], pero en su desarrollo “abandona ese propósito”[58]. En efecto, la “argumentación alterna críticas al estándar de admisibilidad, reflexiones generales sobre el acceso a la justicia constitucional y referencias al trámite legislativo del acto reformatorio acusado”[59]. En consecuencia, el escrito de corrección “no articula un hilo conductor que permita identificar con precisión la contradicción entre las disposiciones acusadas y la Constitución”[60]. Segundo, los reproches del actor carecen de pertinencia. Al respecto, el ciudadano insistió en que “del artículo 334 de la Constitución se desprende un deber de orientar la función constituyente a la sostenibilidadfiscal”[61]. Sin embargo, el escrito de corrección “no demuestra que esa interpretación emane del texto constitucional ni del contenido de las normas acusadas”[62], así como tampoco “identifica una regla procedimental derivada del artículo 334 de la Constitución que integre el procedimiento de reforma constitucional”[63]. Por el contrario, la acusación “se edifica sobre una premisa interpretativa que no se desprende del parámetro constitucional invocado”[64].

que integre el procedimiento de reforma constitucional”[63]. Por el contrario, la acusación “se edifica sobre una premisa interpretativa que no se desprende del parámetro constitucional invocado”[64].

19. Tercero, los cuestionamientos al estándar jurisprudencial no corrigen los yerros argumentativos expuestos en el auto de inadmisión. En criterio del magistrado sustanciador, ese planteamiento “cuestiona el alcance del control preliminar de admisibilidad y no estructura un cargo de inconstitucionalidad verificable”[65]. Cuarto, haber invocado el principio pro actione en su demanda “no exonera al actor del cumplimiento de las cargas argumentativas mínimas”[66] que deben satisfacer las demandas de acciones públicas de inconstitucionalidad. En cambio, este principio permite “resolver dudas razonables de admisibilidad cuando el ciudadano ha formulado al menos un cargo claro, cierto, específico, pertinente y suficiente”[67], situación que no ocurre en el presente asunto. Quinto, la referencia a la inconstitucionalidad sobreviniente y a la omisión legislativa relativa tampoco corrige las falencias advertidas. Si bien el demandante “ubica la incompatibilidad alegada entre esas dos categorías”[68], lo cierto es que “no explic[ó] cómo es que la incorporación del criterio de sostenibilidad fiscal en el artículo 334 de la Constitución Política implica un nuevo mandato constitucional que convierta en inexequible el artículo 7 de la Ley 819 de 2003”[69].

20. Sexto, los argumentos dirigidos a cuestionar el trámite del Acto Legislativo 03 de 2024 reproducen el yerro advertido en el auto de inadmisión. El auto de rechazo

20. Sexto, los argumentos dirigidos a cuestionar el trámite del Acto Legislativo 03 de 2024 reproducen el yerro advertido en el auto de inadmisión. El auto de rechazo reconoce que el accionante describió las reglas generales del procedimiento de reforma constitucional y enumeró diversas publicaciones en las gacetas legislativas. Sin embargo, el escrito de corrección omitió identificar “una irregularidad procedimental concreta”[70], así como tampoco precisó “la etapa del trámite en la cual habría ocurrido el supuesto vicio”[71]. En consecuencia, el pretendido cargo “permanece en el plano descriptivo y no construye una acusación verificable de inconstitucionalidad”[72]. Séptimo, el reproche por violación del artículo 334 de la Constitución sigue partiendo de premisas que carecen de especificidad y suficiencia. Aunque el actor insistió en que “la sostenibilidad fiscal limita el ejercicio de las competencias del Congreso cuando ejerce la función constituyente”, lo cierto es que “no dem[ostró] cómo de ese artículo se deriva una regla procedimental aplicable al trámite de los actos legislativos ni identific[ó] el fragmento normativo del acto reformatorio que entraría en contradicción con el artículo 334 de la Constitución”[73].

21. Por todo lo anterior, el magistrado sustanciador rechazó la demanda de la referencia. Asimismo, rechazó por improcedente el recurso de súplica interpuesto en contra del auto de inadmisión. Al respecto, informó que el “artículo 6 del Decreto 2067 de 1991 prevé que el recurso de súplica procede contra el auto de rechazo y no prevé recurso

contra del auto de inadmisión. Al respecto, informó que el “artículo 6 del Decreto 2067 de 1991 prevé que el recurso de súplica procede contra el auto de rechazo y no prevé recurso alguno contra el auto inadmisorio”[74].

22. El auto de rechazo fue notificado por medio del estado número 39 de 13 de marzo de 2026[75]. El término de ejecutoria trascurrió entre los días 16, 17 y 18 de marzode 2026[76].

5. Súplica

23. El 18 de marzo de 2026, el demandante interpuso recurso de súplica en contra del Auto de 11 de marzo de 2026. En su escrito, el recurrente formuló dos reproches en contra del auto de rechazo. Primero, el magistrado sustanciador presuntamente desconoció la ratio decidendi del Auto 024 de 1997; providencia que el accionante había invocado como fundamento de la procedencia de la súplica parcial que presentó junto con su escrito de corrección. Para el ciudadano, el auto de rechazo se limitó a aplicar “el solo tenor literal del artículo 6 del decreto-ley 2067 de 1991”[77] sin hacer referencia al mencionado precedente ni argumentar su desconocimiento. Luego, consideró que la decisión recurrida vulneró su derecho al debido proceso, por cuanto la jurisprudencia constitucional ha precisado que apartarse del precedente constitucional sin justificación alguna implica el desconocimiento del mencionado derecho.

24. Segundo, la exigencia argumentativa de los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia “perpetúa [la] imposición de esta corporación a la

desconocimiento del mencionado derecho.

24. Segundo, la exigencia argumentativa de los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia “perpetúa [la] imposición de esta corporación a la ciudadanía de esquemas de argumentación o formas de razonamiento de su autoría imprevistos en la literalidad e intención legislativa” del artículo 2 del Decreto 2067 de

1991. A juicio del demandante, ello agrava la asimetría procesal advertida en su escrito de corrección, porque además de exigir un determinado esquema de argumentación, dicho esquema resulta inadecuado “para esgrimir razones de condicionalidad de normas expedidas con antelación a la entrada en vigencia de los enunciados constitucionales puestos a confrontación”[78]. Por lo anterior, el ciudadano interpuso el recurso de súplica con el propósito de que la Sala Plena valorara los reproches formulados en contra del auto de rechazo “antes de acudir a otras instancias”[79].

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia

25. La Sala Plena es competente para resolver el recurso de súplica de la referencia, con fundamento en lo previsto por el inciso 2 del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991.

B. Problemas jurídicos

26. Le corresponde a la Sala Plena responder los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿el recurso de súplica sub examine es procedente? De ser así, (ii) ¿el magistrado sustanciador incurrió en un yerro, olvido o actuación arbitraria al rechazar la demanda de la referencia?

C. Recurso de súplica. Naturaleza, procedencia y requisitos

sustanciador incurrió en un yerro, olvido o actuación arbitraria al rechazar la demanda de la referencia?

C. Recurso de súplica. Naturaleza, procedencia y requisitos

27. El artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 prevé que cuando la demanda de inconstitucionalidad no cumpla los requisitos para ser admitida, “se le concederán tres díasal demandante para que proceda a corregirla señalándole con precisión los requisitos incumplidos. Si no lo hiciere en dicho plazo se rechazará”. En contra del auto de rechazo procede el recurso de súplica, ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, que tiene por objeto “permitirle al actor obtener una revisión de la decisión tomada en el auto de rechazo de la demanda de inconstitucionalidad”[80].

28. Habida cuenta de su objeto, mediante el recurso de súplica se le garantiza al actor la posibilidad de activar una instancia procesal dentro de la acción pública de inconstitucionalidad, para “controvertir los argumentos que el magistrado sustanciador adujo para rechazar la demanda de inconstitucionalidad”[81]. La jurisprudencia ha delimitado los requisitos mínimos para la admisibilidad del recurso de súplica, y por ello ha exigido que (i) el recurrente sea la misma persona que formuló la demanda y que se haya acreditado su calidad de ciudadano (legitimación); (ii) el recurso se haya presentado dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la decisión de rechazo

(oportunidad) y (iii) se expongan, de manera clara, coherente y suficiente, las razones por

dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la decisión de rechazo (oportunidad) y (iii) se expongan, de manera clara, coherente y suficiente, las razones por las que el solicitante considera que el auto de rechazo obedece a criterios equivocados, arbitrarios o caprichosos, porque se exigieron requisitos que no son propios de la fase de admisibilidad o se cumplieron satisfactoriamente los requerimientos del auto de inadmisión (carga argumentativa)[82].

29. Sobre el último requisito, la Corte ha señalado que la argumentación del recurso de súplica debe encaminarse a rebatir la motivación del auto de rechazo y no a corregir, modificar o reiterar las razones expuestas inicialmente en la demanda. En este sentido, la Corte Constitucional ha concluido que el recurso de súplica es “la ocasión para exponer ante la Sala Plena las razones que el demandante estima válidas respecto de la providencia suplicada, con miras a obtener su revocatoria”[83]. Esta Corporación también ha precisado que el recurso de súplica debe enfocarse en demostrar que en el auto de rechazo “se exigieron requisitos que no son propios del juicio de admisibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad o que se cumplió, en forma satisfactoria, con lo solicitado en el auto inadmisorio de la demanda”[84].

30. Además, la Corte ha señalado que el recurrente tiene la carga de presentar “un razonamiento mediante el cual la Sala Plena pueda constatar el yerro, el olvido o la actuación arbitraria que se endilga del auto de rechazo”[85]. Así las cosas, si el actor no

razonamiento mediante el cual la Sala Plena pueda constatar el yerro, el olvido o la actuación arbitraria que se endilga del auto de rechazo”[85]. Así las cosas, si el actor no motiva el recurso o lo hace de ma