CC - C008-2017

Sentencia C-008/17

LEY QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y

CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Cosa juzgada constitucional

LEY QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y

CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-No viola los principios de laicidad y pluralismo religioso ya que el Estado no está adscrito a un credo particular

LEY QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y

CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR DEPARTAMENTO DE CALDAS-Reconocimiento financiado con recursos públicos CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Sentencias proferidas hacen tránsito a cosa juzgada SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Carácter definitivo, de obligatorio cumplimiento y con efectos erga omnes COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Criterios que establecen su configuración COSA JUZGADA-Implicaciones/SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Carácter definitivo e incontrovertible/SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONALObligatoriedad responde a la protección del principio de seguridad jurídica y a la guarda de la primacía de la Constitución COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Función negativa y positiva COSA JUZGADA-Reiteración de las reglas jurisprudenciales para verificar su existencia y configuración/COSA JUZGADA-Elementos

para su existencia

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Tipos

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL ABSOLUTA-Configuración

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL RELATIVA EXPLICITA

O IMPLICITA-Configuración

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL FORMAL-Configuración

2 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL MATERIAL-Configuración COSA JUZGADA MATERIAL-Reglas para verificar su existencia COSA JUZGADA MATERIAL EN ESTRICTO SENTIDO-Se predica de disposiciones que han sido declaradas inexequibles/COSA

JUZGADA MATERIAL EN SENTIDO LATO O IMPROPIOConfiguración

COSA JUZGADA EN MATERIA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Efectos

condicionados/DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD-Efectos

SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADAEfectos

Referencia: Expediente D-11477

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1754 de 2015 “Por la cual se reconoce la importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey, del municipio de Belalcázar, en el Departamento de Caldas, y se dictan otras disposiciones”

Demandantes: Luz Delia Higuabita Rey y

Alexander Arismendy Figueroa

Magistrada ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017). La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, quien la preside, Luís Guillermo Guerrero Pérez,

Alejandro Linares Cantillo, Aquiles Arrieta Gómez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Alberto Rojas Ríos y Luís Ernesto Vargas Silva en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:

SENTENCIA

3

I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Luz Delia Higuabita Rey y Alexander Arismendy Figueroa presentaron ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1754 de 2015 “Por la cual se reconoce la importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey, del municipio de Belalcázar, en el Departamento de Caldas, y se dictan otras disposiciones”, por considerar que viola los artículos 1°, 7° y 19 de la

Constitución. Mediante auto del 24 de junio de 2016 la demanda fue inadmitida por incumplir con los requisitos de certeza, especificidad y suficiencia. Durante el término establecido, los accionantes corrigieron la demanda y plantearon que apartes de los artículos 1°, 3 y 4 de la Ley 1754 de 2015 violan los artículos 2, 13, 19 y 136 de la Constitución. Mediante auto del 19 de julio de 2016, la Magistrada ponente admitió la demanda en contra de los artículos

1 y 3 (parcial), en relación con el cargo sobre la violación de los artículos 2, 13 y 19 de la Constitución, por considerar que quebrantan los derechos a la igualdad, a la libertad religiosa y el principio de separación entre el Estado y la Iglesia al identificar al primero con una religión particular y apropiar recursos públicos para financiar el mantenimiento y la promoción del monumento religioso. A su vez, se rechazó el cargo por violación del artículo 136 y los argumentos de inconstitucionalidad planteados en contra de apartes del artículo 4 de la Ley 1754 de 2015, por incumplir con los requisitos de certeza, suficiencia y especificidad. El término para interponer el recurso de súplica venció en silencio. En la misma providencia se ordenó: (i) comunicar al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Cultura, a la Alcaldía de Belalcázar, al Departamento de Caldas y a la Defensoría del Pueblo; (ii) invitar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a las facultades de Derecho de las Universidades del Rosario, Externado de Colombia, Nacional de Colombia, de Nariño, Sergio Arboleda, La Sabana, de Caldas, Libre de Colombia, ICESI, al Grupo de Acciones Públicas de la Pontificia Universidad Javeriana, al Centro Cultural Islámico de Bogotá, a la Sinagoga Judía de Bogotá, a la Conferencia Episcopal Colombiana, a la Iglesia Casa Sobre la Roca, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la Federación

Consejo Evangélico de Colombia – Cedecol y a la Congregación de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y María (Instituto Ravasco) en Manizales para que, si lo consideraban pertinente, se pronunciaran sobre la constitucionalidad de las disposiciones acusadas; (iii) fijar en lista la norma acusada para garantizar la intervención ciudadana; y (iv) correr traslado al señor Procurador General de la Nación, para lo de su competencia. 4 Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y previo concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir de fondo la demanda de la referencia.

II. TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA A continuación se transcriben los artículos 1 y 3 de la Ley 1754 de 2015 y se subrayan los apartes demandados: “LEY 1754 DE 2015

(JUNIO 25)

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: Artículo 1. Reconózcase la importancia cultural y religiosa del monumento a Cristo Rey, ubicado en el municipio de Belalcázar, departamento de Caldas.

Artículo 3°. Autorízase al Gobierno Nacional, para que contribuya al fomento, promoción, protección, conservación, restauración, divulgación, desarrollo y financiación que demande el reconocimiento del monumento a Cristo Rey, ubicado en el municipio de Belalcázar, Caldas”.

III. LA DEMANDA Los demandantes consideran que los artículos 1 y 3 (parcial) de la Ley 1754

de 2015 violan los artículos 2, 13 y 19 de la Constitución, al “permitir la apropiación de recursos públicos con el objetivo de exaltar una fe en particular –la católica-, lo cual es ajeno a sus deberes, competencias y a la 1 finalidad que deben tener las leyes” . En relación con la violación del artículo 2 de la Constitución consideran que “si bien el Estado está en la obligación de reconocer y respetar la validez de las prácticas religiosas no puede por tal conducto adscribirse a un credo particular; situación que se presenta en las normas acusadas con el permiso o beneplácito del Legislador para que, y lo peor, a través de recursos públicos, se promueva la exaltación de un monumento ciertamente católico, 2 desconociendo por tal razón el rasgo laico estatal de envergadura superior” . Así, afirman que la norma y expresiones acusadas permiten un favorecimiento que es contrario al papel que debe jugar la actividad pública respecto de las confesiones religiosas. A su vez, estiman que el carácter laico del Estado es una garantía del pluralismo religioso e ideológico que se ve contrariada con las disposiciones. 1 Folio 37. 2 Folio 37. 5 De otra parte, sostienen que las normas demandadas también violan el artículo 13 de la Constitución, ya que generan una distinción a favor de la religión católica en la cual a los demás credos no se les apoya, difunde, patrocina ni financia con recursos del erario en igualdad de condiciones. En este sentido, consideran que la igualdad exige “dar a todos lo mismo: el mismo derecho, la

misma libertad, y esto porque su fundamento es el mismo en todos los casos: 3 la igual dignidad natural de todos los hombres” . En su concepto, los contenidos normativos atacados le dan un trato preferente a la religión católica sin ninguna justificación válida. Para los demandantes, “los apartes acusados configuran un tratamiento discriminatorio injustificado, porque el permiso para destinar parte del erario en la exaltación religiosa aludida, confiere un trato evidentemente más favorable para la congregación que profesa el credo católico en Belalcázar 4 (Caldas), sin que exista una justificación constitucional para ello” . De este modo, afirman que la laicidad o neutralidad del Estado en materia religiosa implica que éste debe estar separado de las instituciones religiosas y ningún credo lo debe identificar, pues debe ser promotor y garante de la libertad religiosa de todos, sin diferencias. Así, “el hecho de que con las normas demandadas se permita reconocer la importancia cultural y religiosa del monumento a Cristo Rey, socava la neutralidad, la laicidad y la separación como principios que definen básicamente la posición del Estado ante la religión, los cuales están íntimamente ligados al derecho a la igualdad, la que es desconocida –en este casorespecto de los demás credos religiosos que existen en el país y que no siguen a Cristo Rey como el 5 estandarte de su fe” . En su criterio, las disposiciones acusadas desconocen el principio de laicidad que se asegura mediante la no interferencia, partidismo o concurrencia del Estado en las opciones religiosas de los ciudadanos. A su vez, argumentan que en cuanto al derecho a la libertad religiosa “se exige

del Estado una actividad positiva en orden a definir, tutelar y promover con justicia sus concretos contenidos, no en sentido de una religión en particular, pero sí de sus manifestaciones con relevancia social; en todo caso, sin favorecer legislativamente a un credo específico como se observa en la Ley 1754 de 2015”. Así, sostienen que las normas acusadas violan el derecho a la libertad religiosa, ya que “el asunto bajo estudio no puede tomarse como una simple manifestación cultural, en la medida en que la exaltación al monumento de cristo rey refleja con total brillo sentimientos religiosos de quienes profesan la fe católica, por lo que no resulta admisible tal 6 entronización a través de una ley” . Por lo tanto, consideran que las normas acusadas adscriben el Estado a la religión católica, lo cual no es válido constitucionalmente. 3 Folio 39. 4 Folio 39. 5 Folio 40. 6 Folio 41. 6 En el mismo sentido, aducen que la destinación presupuestal confiere un privilegio a una religión específica, lo cual está prohibido y va en contra del principio de proporcionalidad, pues existen otras formas que no involucran al Estado para facilitar la financiación de ese tipo de exaltaciones religiosas, que no configuran un detrimento del presupuesto ni un gasto indebido. De esta manera, afirman que esa apropiación viola el principio de laicidad cuando exalta un monumento, “sin brindar la misma posibilidad en relación con otras 7 actividades a iglesias distintas a la católica” . Igualmente, consideran que la promoción del monumento no tiene ningún objetivo secular “de mero

reconocimiento de una costumbre o práctica cultural ampliamente aceptada, 8 pues éste es abiertamente religioso” , lo que en su criterio compromete al Estado con la fe católica. Por último, señalan que “los apartes impugnados deben ser declarados inconstitucionales porque permiten que el Estado se identifique formalmente con la religión católica (i), lo que viola el principio de igualdad en materia religiosa (iii) y vulnera el pluralismo que se concibe para dicha temática (iv); pero además porque con disposiciones con un impacto real de promoción y beneficio del catolicismo frente a los muchos otros credos existentes en el país, se está desconociendo el principio de neutralidad (v) situación que se acentúa todavía más al aprobarse la destinación de recursos públicos en pos 9 de la exaltación de monumentos propios de la religión católica (vi)” .

IV. INTERVENCIONES

1. Academia Colombiana de Jurisprudencia La Academia Colombiana de Jurisprudencia, actuando mediante delegado, solicita que se declare la EXEQUIBILIDAD de las disposiciones demandadas. Para la Academia, los demandantes parten de una perspectiva equivocada “desde la tergiversación que supone exigirle al legislador ordinario dar cobertura en extenso a través de la ley demandada, a aspectos reservados al legislador estatutario”10. Luego, plantea que ya existe una ley estatutaria que desarrolla la libertad de cultos y la pluralidad de confesiones y que la norma acusada es una ley ordinaria, que se limita a ser precisa y concreta. Por lo tanto, considera que la acusación de violación del artículo 13

no es de recibo ya que parte de la concepción de que la norma debía desarrollar el derecho a la libertad de cultos como una norma estatutaria. Al respecto, concluye que “cuando la ley demandada asume el reconocimiento y abre la puerta para una futura financiación de un monumento religioso en particular, no está legislando como si se tratase de una ley estatutaria que regula las pautas de interacción del Estado con las distintas confesiones religiosas”11. 7 Folio 46. 8 Folio 46. 9 Folio 45 10 Folio 87. 11 Folio 90. 7 De otra parte, señala que “si de un argumento propio del control de constitucionalidad se tratase, pudiera entenderse que en el planteamiento de la demanda se presenta un caso de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, al excluir de su objeto a otras confesiones religiosas, pero tampoco es lo que se propone técnicamente en la demanda presentada”12. Finalmente, sostiene que es exagerado deducir que la norma conlleva a la adscripción del Estado colombiano a la religión católica a la luz del artículo 2 de la Ley Estatutaria 133 de 1994, que reconoce la deferencia a los diferentes credos religiosos de los colombianos. También señala que la demanda no cumple con una carga argumentativa suficiente para desvirtuar el carácter cultural del monumento. Subraya que el escudo del municipio y su himno incluyen referencias al monumento, el primero mediante una imagen del mismo.

2. Conferencia Episcopal de Colombia La Conferencia Episcopal de Colombia solicita que se declare EXEQUIBLE

la Ley 1754 de 2015. En primer lugar, señala que la Corte Constitucional ha establecido que lo que se protege constitucionalmente es el pluralismo, no su negación, y éste “no implica que el Estado se cierre a reconocer el hecho religioso, pues la religión concebida en sentido amplio, hace parte de la vida humana y un Estado basado en el respeto por la persona no puede ser insensible a su existencia”13. Así, considera que no cualquier expresión religiosa puede ser vetada por el Estado, todo lo contrario, debe protegerse y “en cierta medida [debe] patrocinarse que se puedan manifestar respetando la igualdad y libertad”14. En segundo lugar, expresa que el reconocimiento de la importancia cultural y religiosa de un monumento hace parte de las competencias del Congreso y cita apartes de la sentencia C-766 de 2014, según la cual en el régimen colombiano es posible que coincidan los elementos cultural, histórico o social y religioso en una exaltación de este tipo. No obstante, que el aspecto laico debe ser primordial. Por último, indica que la Ley 1754 de 2015 reconoce un monumento de carácter cultural, como un referente histórico y social para la población de Belalcázar. Adicionalmente, anota que la posibilidad de acoger un culto no se agota en obligaciones negativas por parte del Estado, sino también en obligaciones positivas que garanticen las condiciones para que esa libertad pueda realizarse, siempre en un plano de igualdad entre los distintos cultos.

V. INTERVENCIONES EXTEMPORÁNEAS Una vez vencido el término de intervención para los invitados a participar y de

fijación en lista, se recibieron escritos de la Universidad de Caldas, que 12 Folio 90. 13 Folio 98. 14 Folio 98. 8 solicita que se declare la EXEQUIBILIDAD de la Ley 1754 de 2015 en su integridad y en subsidio la EXEQUIBILIDAD condicionada “en el entendido de que el carácter religioso que resalta la Ley 1754 de 2015 no conlleva la exaltación de la religión católica ni ninguna religión de naturaleza cristiana sino el significado objetivo que Jesucristo de Nazaret tiene en la cultura nacional y global”15, y de José Julián Suarez Rodríguez, quien también solicita que se declare la EXEQUIBILIDAD de las normas acusadas.

VI. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN La Procuraduría General de la Nación solicita a la Corte Constitucional que declare ESTARSE A LO RESUELTO a lo decidido en el proceso bajo los radicados D-11320 y D-11327. Para la Vista Fiscal, “en ambas oportunidades se presentan los mismos argumentos de inconstitucionalidad, con pequeños matices de diferencia, toda vez que en este caso por ejemplo, no se consideró que el mero reconocimiento de la importancia cultural y religiosa del monumento a Cristo Rey fuese inconstitucional sino que el reproche se restringió a la destinación presupuestal autorizada para ese fin”16.

Así, afirma que como se dijo en el concepto previo, la norma no genera ninguna acción que permita considerar que se desconoce el carácter laico del Estado colombiano. En el mismo sentido, reitera que el Estado está en la obligación de proteger el patrimonio cultural de la Nación y “teniendo en

cuenta que el monumento ostenta una innegable dimensión cultural, artística y sociológica relevante, aun sin perjuicio de que esté adscrito a una determinada creencia religiosa, no le sustrae o reduce su dimensión artística y por ello el Estado sigue conservando su obligación de promoverlo, incluso con la destinación patrimonial de recursos”17. De otra parte, sostiene que promover, restaurar y conservar una obra artística con connotaciones religiosas no resultan en la discriminación de otras confesiones, porque estas medidas no implican la adhesión a dicho credo, sino la promoción y el reconocimiento de un elemento que integra la esfera pública. Concluye que “el Estado no puede sustraerse de su deber de amparar la cultura y específicamente una obra de las dimensiones del Cristo de Belalcázar en razón a su contenido religioso, pues ello termina siendo un autentica violación del ordenamiento superior”18.

VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia 15 Folio 109. 16 Folio 129. 17 Folio 130. 18 Folio 131.

9

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata de una acusación de inconstitucionalidad contra un precepto que forma parte de una ley de la República.

Planteamiento del problema jurídico y metodología de resolución

2. Los demandantes consideran que los artículos 1 y 3 (parcial) de la Ley 1754 de 2015, al determinar el reconocimiento del Cristo Rey de Belalcázar como

un monumento con un valor cultural y religioso, así como la posibilidad de que el Gobierno contribuya a la financiación de su promoción y cuidado violan los artículos 2°, 13 y 19 de la Constitución. A su parecer, estas disposiciones vulneran el principio de laicidad del Estado y los derechos a la igualdad y a la libertad religiosa, pues implican la identificación estatal con una religión específica, mediante la autorización de la financiación de su promoción, protección, conversación, desarrollo y restauración con recursos públicos. Lo anterior, porque el monumento no puede tomarse como una manifestación cultural ya que es el reflejo de una expresión religiosa concreta. Por lo tanto, sostienen que el reconocimiento del valor religioso y cultural del monumento genera una desigualdad respecto de otros credos religiosos y una discriminación indebida, sin que medie un fin constitucionalmente válido. A su vez, porque genera una distinción a su favor, en la cual a las demás religiones no se les apoya, patrocina o financia con recursos públicos. Por lo anterior, consideran que las disposiciones demandadas otorgan un trato preferente e injustificado a la religión católica que rompe con el principio de separación entre el Estado y la iglesia. La Academia Colombiana de Jurisprudencia y la Conferencia Episcopal Colombia solicitan que se declare la exequibilidad de las disposiciones acusadas, pues en su criterio el reconocimiento cultural y religioso del monumento, así como la autorización de apropiación presupuestal del Gobierno para que contribuya al fomento, promoción, protección, conservación, restauración, divulgación, desarrollo y financiación no violan la

libertad de cultos y el derecho a la igualdad, al encontrarse dentro de los límites que ha fijado la jurisprudencia. La Procuraduría General de la Nación solicita que la Corte se esté a lo resuelto en la sentencia C-570 de 2016, toda vez que hay identidad en la norma demandada y en los cargos planteados.

3. Esta Corporación antes de establecer el problema jurídico de fondo debe resolver si en efecto se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

Cuestión previa: cosa juzgada constitucional

4. De conformidad con el artículo 243 de la Constitución “ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las 10 disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”. Por lo tanto, las sentencias en sede de control de constitucionalidad proferidas por esta Corporación hacen tránsito a cosa juzgada y son inmutables, vinculantes y definitivas19. En el mismo sentido, los artículos 46 y 48 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991 establecen que las decisiones que dicte la Corte Constitucional en ejercicio del control abstracto son definitivas, de obligatorio cumplimiento y tienen efectos erga omnes20.

5. De conformidad con lo anterior, este Tribunal ha determinado que la cosa juzgada implica que sus providencias tienen un carácter definitivo e incontrovertible y proscriben los litigios o controversias sobre el mismo tema.

Esa prohibición se extiende a la reproducción de normas que hayan sido

declaradas inexequibles por razones de fondo, mientras que subsistan los parámetros constitucionales que sirvieron como fundamento de esa determinación21. Luego, la obligatoriedad de las decisiones responde a la protección del principio de seguridad jurídica y a la guarda de la primacía de la Constitución22. En consonancia, la Corte Constitucional ha establecido que la cosa juzgada tiene una “(…) función negativa, que consiste en prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo ya resuelto, y una función positiva, que es proveer seguridad a las relaciones jurídicas”23.

6. En la sentencia C-744 de 201524 se reiteraron las reglas jurisprudenciales de verificación de la existencia de cosa juzgada que establecen que ésta se configura cuando: “(…) (i) se proponga estudiar el mismo contenido normativo de una proposición jurídica ya estudiada en una sentencia anterior; (ii) se presenten las mismas razones o cuestionamientos (esto incluye el referente constitucional o norma presuntamente vulnerada), analizados en ese fallo antecedente; y (iii) no haya variado el patrón normativo de control25”26. Es decir, para que se constante el fenómeno se requieren tres elementos: (i) identidad de objeto; (ii) identidad de causa petendi; y (iii) subsistencia del parámetro de constitucionalidad, esto es, que no exista un cambio de contexto o nuevas razones significativas que de manera excepcional hagan procedente la revisión27, lo que la jurisprudencia ha referido como un nuevo contexto de valoración28.

19 Sentencia C-774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.

20 Sentencia C-744 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Sentencia C-228 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 21 Sentencia C-397 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 22 Sentencia C-583 de 2016 Aquiles Arrieta Gómez.; Sentencia C-744 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado reiterando la sentencia C-228 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 23 Sentencia C-228 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado reiterada en la sentencia C-472 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo. 24 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 25 Crf., entre otras, sentencias C-494 de 2014, M. P. Alberto Rojas Ríos y C-228 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. 26 Sentencia C-228 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 27 Sentencia C-257 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández citando sentencia C-1489 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 28 Sentencia C-774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil. 11 Cabe reiterar que la cosa juzgada como una institución jurídico procesal que protege la seguridad jurídica es una categoría general del derecho, que se regula de forma unitaria, sin perjuicio de que varíe dependiendo de la naturaleza del asunto. Por ejemplo, en los casos de litigios concretos el tercer elemento se referirá a la identidad de partes. No obstante, en sede de control de constitucionalidad esa diferencia se traduce en los efectos de la decisión,

que en este campo serán erga omnes, mientras que en otros serán generalmente inter partes.

7. En relación con la cosa juzgada constitucional, la jurisprudencia de este Tribunal ha considerado que la misma puede ser absoluta o relativa – explicita o implícita-, formal o material y aparente29 o real30.

8. La cosa juzgada constitucional absoluta se da cuando la providencia que decide sobre la constitucionalidad de una disposición no limita su alcance. En esos casos, se entiende que se realizó un examen comprensivo frente a todo el texto constitucional. De otra parte, la cosa juzgada constitucional relativa es explícita o implícita. El primero de los supuestos se da cuando la Corte declara la exequibilidad de un contenido normativo, pero limita el alcance de la decisión en la parte resolutiva a los cargos estudiados31. En los casos en los cuales no se señalen los efectos del fallo se entiende que la decisión hace tránsito a cosa juzgada absoluta32. El segundo de los supuestos, la cosa juzgada implícita, se configura cuando, aunque no se limite el alcance del control de constitucionalidad en la parte resolutiva, se restringe el alcance de la cosa juzgada en la parte motiva de la providencia33. Igualmente, se trata de cosa juzgada relativa implícita cuando el fallo sólo revisa la disposición frente a algunos parámetros constitucionales o sólo evalúa un aspecto de constitucionalidad34.

9. La jurisprudencia ha establecido que la cosa juzgada constitucional formal35 se verifica: “(…) cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente

29 Sentencia C-774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil reiterando la Sentencia C-700 de 1999. “Ha dicho la Corte que la cosa juzgada es apenas aparente, cuando la declaratoria de constitucionalidad de una norma, carece de toda motivación en el cuerpo de la providencia. En estos eventos “...la absoluta falta de toda referencia, aun la más mínima, a las razones por las cuales fue declarada la constitucionalidad de lo acusado...”, tiene como consecuencia que la decisión pierda, “...la fuerza jurídica necesaria para imponerse como obligatoria en casos ulteriores en los cuales se vuelva a plantear el asunto tan sólo supuesta y no verdaderamente debatido...”. Es decir que en este caso es posible concluir que en realidad no existe cosa juzgada y se permite una nueva demanda frente a la disposición anteriormente declarada exequible y frente a la cual la Corte debe proceder a “... a resolver de fondo sobre los asuntos que en anterior proceso no fueron materia de su examen y en torno de los cuales cabe indudablemente la acción ciudadana o la unidad normativa, en guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”. 30 Sentencia C-774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil. 31 Sentencia C-774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil. 32 Sentencia C-774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil. 33 Sentencia C-478 de 1998 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra “, “...en tal evento, no existe en realidad una contradicción entre la parte resolutiva y la argumentación sino una cosa juzgada relativa implícita, pues la Corte declara exequible la norma, pero bajo el entendido que sólo se ha analizado determinados cargos...”.

34 Auto 131 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo “... el análisis de la Corte está claramente referido sólo a una norma de la Constitución o a un solo aspecto de constitucionalidad, sin ninguna referencia a otros que pueden ser relevantes para definir si la Carta Política fue respetada o vulnerada..”. 35 Sentencia C-774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil. 12 a su estudio...”36, o, cuando se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual37. Este evento hace que “... no se pueda volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado...”38”39. Ésta será relativa cuando el fallo que estudió la norma declara su exequibilidad por los cargos y/o normas superiores que fueron analizados en la decisión, evento en el cual pueden demandarse nuevamente las disposiciones legales, pero por aspectos distintos a los examinados40.

10. Por otro lado, la Corte ha determinado que habrá cosa juzgada constitucional material cuando: “(…) existen dos disposiciones distintas que, sin embargo, tienen el mismo contenido normativo. En esto