CC-C057-1994

Sentencia No. C-057/94 ESTATUTO ORGANICO-Derogatoria de normas incorporadas El ejercicio de la facultad ordinaria o extraordinaria de expedir estatutos orgánicos o regímenes legales integrales, implica la derogatoria de las normas incorporadas a éstos para integrarlas en un solo cuerpo normativo. Además, esta resolución se adopta porque la materia sobre la que debe versar el fallo para que produzca efectos judiciales, está contenida en la nueva norma que lo incorpora y sistematiza en la posterior expresión formal de la voluntad normativa del legislador. FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Límites en su ejercicio/ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO El Constituyente excluyó la posibilidad de conferir facultades extraordinarias, para expedir este tipo de leyes llamadas por la doctrina "leyes generales o leyes marco o cuadro"; empero, en el caso en examen se trata apenas de la habilitación legislativa para incorporar al mencionado estatuto orgánico del sistema financiero, las modificaciones ordenadas por la misma ley en lo que correspondiera a aquel estatuto y las nuevas disposiciones que se podían expedir en materia del procedimiento aplicable por el liquidador; obviamente, dentro de éste se encuentra el régimen de liquidación de las entidades a que se ha hecho referencia, siendo perfectamente válida desde el punto de vista formal la mencionada incorporación. CONVALIDACION DE INCONSTITUCIONALIDAD El legislador no cuestionó la validez de las disposiciones que formaban parte del mencionado estatuto y, por el contrario, la facultad extraordinaria conferida parte del supuesto que indica que la referencia hecha por la ley que permite la

incorporación de las modificaciones, la nueva numeración y la nueva sistematización del mismo estatuto, convalida cualquier posible vicio formal de inconstitucionalidad antecedente, que esté directamente relacionado con la competencia o con el procedimiento seguido para su expedición; se trata en este caso de una especie de convalidación de inconstitucionalidad en cuanto a los aparentes vicios formales y procedimentales de la expedición de la normatividad antecedente, ya que el legislador mismo señala que sobre el conjunto de disposiciones que integran el mencionado cuerpo normativo se pueden ejercer las facultades que confiere. ACTIVIDAD FINANCIERA/PRESIDENTE DE LA REPUBLICAFacultad de inspección y vigilancia El mecanismo cuya validez se cuestiona por la demanda, y que se halla previsto en las disposiciones acusadas, encuentra fundamento en los numerales 24 y 25 del artículo 189 de la Carta que permite al legislador establecer las reglas correspondientes para que se produzca la inspección, vigilancia y control del Presidente de la República sobre las personas que realicen actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público, y para ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley. DESVALORIZACION DE LAS ACREENCIAS-Reconocimiento La intervención, con fines de liquidación, comporta naturalmente la inmovilidad provisional de los depósitos y, por tanto, la ausencia de rentabilidad de los

mismos; en este sentido es apenas razonable que en procura de una solución justa para los acreedores de la entidad financiera que resultan afectados patrimonialmente por las causas que motivan la liquidación y por la liquidación misma, se autorice por el legislador el reconocimiento de la mencionada compensación por la desvalorización monetaria. REF. Expediente No. D-370 Acción pública de inconstitucionalidad contra el literal s) del artículo 1.8.2.3.5 del Decreto 1730 de 1991 y contra el literal p) del numeral 9 del artículo 295 y el numeral 15 del artículo 300 del Decreto 663 de 1993. Ejercicio de facultades extraor-dinarias, límites materiales. Reconocimiento de la desvalorización de las acreencias en las entidades financieras intervenidas y en liquidación. Superintendencia Bancaria. Fondo de Garantías de Instituciones financieras.

Actor:

ALVARO CUBIDES CAMACHO

Magistrado Ponente:

Dr. FABIO MORON DIAZ

Santafé de Bogotá, D.C., febrero quince (15) de mil novecientos noventa y cuatro (1994)

I. ANTECEDENTES El ciudadano ALVARO CUBIDES CAMACHO, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad que establece el artículo 242 de la Constitución Nacional, presentó ante la Corte Constitucional la demanda de la referencia contra el literal s) del artículo 1.8.2.3.5 del Decreto 1730 de 1991 y contra el literal p) del numeral 9 del artículo 295 y el numeral 15 del artículo 300 del Decreto 663 de 1993.

Admitida la demanda, se ordenó practicar las comunicaciones de rigor constitucional y legal; se fijó en lista el negocio por la Secretaría General de la Corte y simultáneamente se dió traslado al Despacho del señor Procurador General de la Nación, quien rindió el concepto de su competencia. Una vez cumplidos todos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Nacional y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda presentada.

II. EL TEXTO DE LA NORMA ACUSADA A continuación se transcribe el literal s) del artículo 1.8.2.3.5 del Decreto 1730 de 1991, el literal p) del numeral 9 del artículo 295 y el numeral 15 del artículo 300 del Decreto 663 de 1993. "DECRETO 1730 DE 1991 ( JULIO 4 ) "Por la cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero" El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 25 de la Ley 45 de 1990 y oído el concepto de la comisión asesora establecida por el parágrafo del citado artículo,

D E C R E T A :

LIBRO PRIMERO

DEL REGIMEN DE LAS INSTITUCIONES SOMETIDAS AL

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA ...............................................................

PARTE OCTAVA

INSTITUTO DE SALVAMENTO Y PROTECCION DE LA

CONFIANZA PUBLICA

TITULO I

MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA TOMA DE POSESION

.......................................................................

CAPITULO III

LIQUIDACION

Sección Primera. Organos y funciones "Artículo 1.8.2.3.5.- FACULTADES Y DEBERES DEL LIQUIDADOR. El liquidador designado por el Director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras tendrá la guarda y administración de los bienes que se encuentren en poder de la intervenida, de la masa de la liquidación o excluidos de ella y además, los siguientes deberes y facultades: ..................................................................... "s) Con posterioridad a la Constitución de la provisión para el pago del pasivo cierto no reclamado, destinar recursos de la liquidación al pago de la desvalorización monetaria que hubieren podido sufrir las acreencias que debieron sujetarse al proceso liquidatorio, para lo cual se requerirá la aprobación del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. .........................................................................................."

DECRETO NUMERO 0663 DE 1993

(ABRIL 2) "por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración" El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 35 de 1993, DECRETA: .....................................

PARTE DECIMOPRIMERA

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE POSESIÓN Y

LIQUIDACIÓN DE LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA ............................................

Capítulo III PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA ..................................

Artículo 295.- RÉGIMEN APLICABLE AL LIQUIDADOR Y AL CONTRALOR ...................................................................................

9. Facultades y deberes del liquidador. El liquidador designado por el

Director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras tendrá la guarda y administración de los bienes que se encuentren en poder de la intervenida, de la masa de la liquidación o excluidos de ella y además, los siguientes deberes y facultades: ..................................................................................................... p. Destinar recursos de la liquidación al pago de la desvalorización monetaria que hubieren podido sufrir las acreencias que debieron sujetarse al proceso liquidatorio. .....................................................................................................

Artículo 300.- ETAPAS DEL PROCESO LIQUIDATORIO .....................................................................................................

15. Desvalorización monetaria. Para efectos del reconocimento y pago de la desvalorización monetaria de que trata la letra p. del numeral 9. del artículo 295 de este Estatuto, se aplicarán las siguientes normas:

a. Una vez atendidas las obligaciones presentadas y aceptadas o el pasivo cierto no reclamado si hay lugar a él, si quedare un remanente de activos se reconocerá y pagará desvalorización monetaria a los titulares de los créditos atendidos por la liquidación cualquiera sea la naturaleza, prelación o calificación de los mismos, con excepción de los créditos que conforme a lo indicado por el numeral 19 de este artículo correspondan a gastos de administración y de las obligaciones que por derivarse de operaciones de cambio, deban pagarse en la divisa estipulada o en moneda legal al tipo de cambio del día del pago. b. Para liquidar la compensación por desvalorización monetaria se procederá así: -Se utilizará el índice mensual de precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE a partir del mes calendario siguiente a aquel en el cual la Superintendencia Bancaria haya dispuesto la forma de posesión para

liquidar. -Se actualizará cada crédito reconocido en la liquidación en moneda legal o el saldo del mismo, según el caso, con el índice antes señalado, certificado desde el mes señalado en el inciso anterior a la fecha que se fije para el inicio del período de pagos por compensación monetaria. En todo caso las sumas se actualizarán desde la fecha en que el respectivo pago haya sido puesto a disposición de los acreedores. c. Una vez descontadas las provisiones a que haya lugar conforme a la Ley, la desvalorización monetaria será reconocida y pagada por la entidad en liquidación con cargo a sus propios activos y hasta en concurrencia del remanente de éstos, a prorrata del valor de cada crédito. El pago se efectuará con sujeción al orden que corresponda a cada clase de acreencias, según su naturaleza y prelación legal, de acuerdo con lo indicado en este Estatuto y en las normas civiles y comerciales. d. Para el pago de la desvalorización monetaria el liquidador señalará un período de pagos que no podrá exceder de seis meses contados a partir de la fecha de su iniciación. Las sumas por desvalorización que por cualquier causa no sean reclamadas dentro de ese plazo se destinarán a completar el pago de quienes recibieron compensación parcial, si a ello hay lugar, dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo antes indicado. Vencido este último plazo no habrá lugar al reconocimiento de suma alguna por tal concepto. e. Para efectos del pago el liquidador contratará con una o varias entidades financieras. f. Como subrogatorio legal por virtud del pago del seguro de depósito, al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras le

corresponderá la desvalorización monetaria a que haya lugar sobre cada acreencia respecto de la cual reconozca ese amparo, en forma proporcional a los pagos efectivamente realizados por concepto de seguro de depósito, calculada desde la fecha en que el Fondo realice el pago respectivo y hasta la fecha en que la liquidación reconozca el pago de desvalorización. Por consiguiente, sobre tales sumas no habrá lugar a aplicar lo previsto en el inciso 2. del numeral 8. de este artículo. g. Lo dispuesto en el presente numeral se aplicará a los procesos liquidatorios que se originen en medidas administrativas dispuestas por la Superintendencia Bancaria, incluidos los procesos que estén actualmente en curso." (Lo subrayado es lo demandado)

III. LA DEMANDA

A. Normas Constitucionales que se Consideran Infringidas.

El demandante considera que las disposiciones acusadas vulneran lo dispuesto por los artículos 6, 29, 58, 113, 114, 121, 150 numerales 10 y 19 lit. d. de la Constitución Nacional de 1991.

B. Los Fundamentos de la Demanda. 1.) Señala el demandante que las disposiciones acusadas son inconstitucionales puesto que desde la expedición del artículo 1.8.2.3.5 del Decreto 1730 de 1991 se violaron los límites de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 25 de la Ley 45 de 1990; éstas sólo le permitían al Presidente de la República sistematizar, armonizar, reordenar, simplificar o abreviar en un cuerpo jurídico las normas vigentes que regulaban las entidades sometidas al control y

vigilancia de la Superintendencia Bancaria y que contenían las facultades y funciones asignadas a esta. En su opinión, en ninguna de las expresiones utilizadas por el legislador que confirió las facultades extraordinarias, aparece referencia acerca de la competencia para la creación de obligaciones a cargo de entidades intervenidas y en liquidación y con recursos de los accionistas, mucho menos relacionada con la desvalorización monetaria que hubiesen podido sufrir las acreencias sujetas al proceso liquidatorio; eran unas facultades de recopilación y de armonización de normas vigentes que no permitían agregar normas o regulaciones nuevas, como ocurrió con las acusadas. Sostiene que en este caso se trata de una norma completamente nueva que no había sido prevista en el ordenamiento nacional, creadora de una carga pecuniaria sobre el patrimonio de unos particulares, lesiva de los derechos adquiridos de éstos, y modificatoria del régimen de pagos para la liquidación de las sociedades. 2.) En su concepto, los cargos de la violación invocada sobre los artículos 295 y 300 del Decreto 663 de 1993, encuentran fundamento en el hecho de repetirse en el estatuto orgánico del sistema financiero, con algunas modificaciones, una norma inconstitucional; advierte el demandante que la norma no podía repetirse por el hecho mismo de ser inconstitucional. Además, señala que si aquella no fuese inconstitucional, tampoco podía habérsele cambiado la redacción de su texto como si lo hizo la nueva disposición de modo esencial, puesto que mientras "..la primera versión establecía el pago de la desvalorización monetaria con posterioridad a la constitución de la provisión

para el pago del pasivo cierto no reclamado; la segunda nada dice sobre la oportunidad. La primera exigía la aprobación del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras; la segunda prescinde de esa autorización dejando todo al arbitrio del liquidador." Agrega que con la adopción del artículo 300 del Decreto 663 de 1993, se desconoce el derecho de propiedad y los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Por último, solicita que, en caso de la declaratoria de inconstitucionalidad, se le dé al fallo efectos retroactivos para que las cosas se restablezcan al momento anterior a la declaratoria de inexequibilidad, tal y como ocurre con los efectos de los fallos de nulidad.

IV. EL CONCEPTO FISCAL En la oportunidad correspondiente, el Señor Procurador General de la Nación rindió el concepto de su competencia y en él solicita a esta Corporación que declare que el literal s) del artículo 1.8.2.3.5. del Decreto 1730 de 1991 es inexequible, y que el literal p. del numeral 9. del artículo 295 y el numeral 15 del artículo 300 del Decreto 663 de 1993 son exequibles.

Para fundamentar su concepto, y en favor de la solicitud planteada, el Jefe del Ministerio Público formula las consideraciones que se resumen enseguida. 1.- Sostiene que de conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, para el estudio de la validez jurídica de los decretos leyes o de habilitación legislativa extraordinaria, como es el caso de la disposicion acusada del decreto 1730 de 1991, es preciso partir

del examen de los presupuestos constitucionales vigentes al momento de su otorgamiento, en especial de aquellos en materia de los límites procedimentales de carácter temporal y material previstos para regular su ejercicio por el Presidente de la República. En este sentido señala que el citado decreto fue expedido dentro del término previsto en la Ley 45 de 1990, y que así lo declaró esta Corporación en su sentencia C-558 del 15 de Octubre de 1992, al encontrar que por este aspecto resultaba conforme con la Carta de 1886 y de sus reformas. No obstante lo anterior, destaca que por el aspecto material, la disposición acusada del Decreto 1730 de 1991 resulta contraria a la Constitución, bajo cuyo amparo se concedieron las mencionadas facultades extraordinarias, puesto que al examinar el texto de la ley habilitante encuentra que la voluntad del legislador fue la de facultar al ejecutivo para recoger, sin alterar su contenido, las normas hasta ese momento vigentes en materia de la organización de la Superintendencia Bancaria y de las sociedades sometidas a su control. Manifiesta que, previamente a la expedición del citado decreto, no existía disposición alguna en la que se reconociera la desvalorización monetaria para las acreencias en los procesos liquidatorios seguidos contra entidades intervenidas; por lo contrario, la política institucional de la Superintendencia fue la de no reconocer intereses moratorios, remuneratorios o de cualquier otro tipo de rendimiento financiero, excluyendo también el reconocimiento de los ajustes de las acreencias pactadas en UPAC. Advierte que la disposición acusada del Decreto 1730 de 1991 se encuentra

derogada por el Decreto 663 de 1993, al ser modificada por el artículo 295 de este último estatuto, lo que significa que aquella ha desaparecido del ordenamiento jurídico y por tanto es imposible su juicio de inexequibilidad; sin embargo, en atención a la jurisprudencia de la Corte sobre el tema de la aparente sustracción de materia y del trascendental cometido de la Corporación, solicita la declaratoria de inexequibilidad de la misma. 2.) En relación con lo dispuesto por la parte demandada del Decreto 663 de 1993, advierte que el Gobierno contaba con amplias y suficientes facultades para la fijación del procedimiento de liquidación de las entidades intervenidas y para integrar a dicho decreto las modificaciones previstas en la Ley 35 de 1993, entre las cuales se encontraba la atinente al procedimiento de liquidación prevista en el artículo 19 de aquella ley. En su concepto, el ámbito material de las facultades extraordinarias previstas en los artículos 19 y 36 de la Ley 35 de 1993 fue lo suficientemente amplio para la adopción de un procedimiento de liquidación, hasta el punto de permitir el señalamiento de las etapas del mismo y las atribuciones del liquidador, que en adelante gozará de autonomía en el desempeño de sus funciones, pues no requerirá de autorización del Fondo para reconocer la desvalorización monetaria. En este sentido, señala que el Gobierno también estaba habilitado para incorporar e integrar en dicho decreto lo dispuesto por el artículo 1.8.2.3.5. del Decreto 1730 de 1991, puesto que sobre aquel no se conocía ni se conoce declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional; además,

advierte que lo establecido por el numeral 15 del artículo 300 del Decreto 663 de 1993, por el que se señala el procedimiento para el pago de la desvalorización monetaria, ya se encontraba regulado por el Decreto 2180 de 1992, expedido con base en la autorización conferida por el artículo 50 transitorio de la Constitución Política de 1991. Esta última regulación fue incorporada al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en su artículo 1.8. 2.3.7. 3.) En cuanto hace a la acusación del numeral 15 del artículo 300 del Decreto 663 de 1993 por aspectos de fondo, sostiene que los principios generales del derecho y el artículo 2488 del Código Civil, enseñan que el patrimonio de una sociedad en liquidación, como el de todo deudor, constituye una prenda general de los acreedores; advierte, además, no puede encontrarse ninguna forma de desconocimiento de los derechos adquiridos de los accionistas de la sociedad intervenida para efectos de su liquidación, pues en estos casos se impone el deber de satisfacer íntegramente a los acreedores en sus créditos, máxime si son obligaciones dinerarias expuestas al fenómeno de la devaluación monetaria. Manifiesta que la disposición acusada no es retroactiva pues sólo se aplica para las actuaciones que se sigan bajo la conducción de la Superintendencia Bancaria, las cuales únicamente comenzaron a partir de la vigencia de la norma y si se aplica en los procesos en curso, es por el carácter de norma de procedimiento, la cual tiene efecto general inmediato. 4.) Por último, en su concepto, las disposiciones acusadas encuentran

fundamento en la "teoría de las deudas de valor" y la de las "deudas de dinero" como respuesta jurídica a fenómenos económicos que preocupan al derecho, pues, pueden generar situaciones de injusticia, desequilibrio e inseguridad. Además, en su opinión, esta modalidad de resarcimiento de los acreedores de las entidades financieras en liquidación, responde cabalmente a los mandatos superiores que le imponen al Gobierno el deber de intervenir la actividad financiera, para evitar que los intereses de terceros se vean afectados por fenómenos económicos como la inflación; estos intereses guardan relación con el denominado "Orden Público Económico", cuya preservación le compete exclusivamente por disposición constitucional al Gobierno.

V. LAS INTERVENCIONES OFICIALES a.) Dentro de la oportunidad correspondiente, el ciudadano CARLOS GERMAN CAYCEDO ESPINEL, empleado del Fondo de Garantías de Instituciones financieras, obrando en su propio nombre se hizo presente ante la Corte mediante escrito formalmente depositado para defender la exequibilidad de las disposiciones acusadas. Los fundamentos de su argumentación se resumen enseguida: 1.) El artículo 1.8.2.3.5. del Decreto 1730 de 1991, dejó de tener existencia formal y perdió su vigencia con la expedición del Decreto 663 de 1993 y, por tanto, no podía ser acusado en su constitucionalidad; en este sentido advierte que la Corte Constitucional ya definió su jurisprudencia respecto de este punto al señalar que "el ejercicio de la facultad legislativa consistente en expedir códigos, estatutos orgánicos o regímenes legales integrales implica la derogación de las

normas incorporadas a estos para integrar un solo cuerpo normativo." (Sentencia C-558 de Octubre 15 de 1992 M.P. Ciro Angarita) Destaca que el Decreto 663 de 1993 incorporó al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero la disposición acusada del decreto 1730 de 1991, y por tanto no se encuentra vigente, de tal manera que ésta, en cuanto incorporada en una nueva disposición debe ser examinada frente a lo dispuesto por la Constitución de 1991. Observa que la facultad conferida por el artículo 25 de la Ley 45 de 1990 permitía al Gobierno "simplificar y abreviar los procedimientos administrativos que llevan a cabo la Superintendencia Bancaria, inclusive los procesos liquidatorios originados en medidas de liquidación adoptadas por dicha entidad", por lo cual, en su concepto, comprende la competencia para legislar sobre la materia. Sostiene que "Al expedir el literal s) del artículo 1.8.2.3.5. del Decreto 1730 de 1991, simplemente se indicó la oportunidad procesal para el pago del derecho de desvalorización monetaria que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia reiteradamente ha reconocido a todo acreedor, tanto en materia civil o comercial como sobre obligaciones laborales, con apoyo en preceptos del Código Civil que garantizan el derecho personal de todo acreedor al pago de su crédito en términos reales no meramente nominales." 2.) En cuanto se refiere al literal p) del artículo 295 del Decreto 663 de 1993, sostiene que fue incorporado al nuevo estatuto de conformidad con la ley de facultades extraordinarias, ya que el literal s) del artículo 1.8.2.3.5. del Decreto

1730 de 1991 se encontraba vigente al momento del ejercicio de las mismas. También advierte que aquella disposición se hallaba modificada al momento de la incorporación ya que el Decreto 2180 de 1990 y la misma Ley 35 de 1993 y el Decreto 655 del mismo año, habían alterado radicalmente el procedimiento de liquidación administrativa y forzosa al trasladar la competencia para adelantar tales procesos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras a los liquidadores que cumplen funciones públicas transitorias y son autónomos en la dirección del proceso. 3.) En cuanto se refiere al numeral 15 del artículo 300 del Decreto 663 de 1993, sostiene que éste corresponde al artículo 1.8.2.3.37 del anterior Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, incorporado a aquel por virtud de lo dispuesto por el Decreto 2180 de 1992, expedido con fundamento en las autorizaciones conferidas por el artículo 50 transitorio de la Constitución de 1991. Por tanto, con la expedición del Decreto 663 de 1993 sólo se cambió su numeración y ubicación y no se desconoce norma constitucional alguna. Desde otro punto de vista, también señala que el citado numeral 15 del artículo 300 del Decreto 663 de 1993 encuentra plena conformidad con la Constitución Nacional, puesto que no se desconoce la prelación de créditos y porque el patrimonio constituye prenda general de los acreedores y su recuperación está condicionada al pago del pasivo externo. Además, la obligación de pagar la desvalorización monetaria surge del negocio entre el acreedor y la entidad financiera y no de las normas procedimentales que son de obligatorio cumplimiento. Dedica buena parte de su escrito a fundamentar, con base en la

doctrina y en la jurisprudencia nacional, la procedencia del pago de la desvalorización monetaria en el caso de las obligaciones en dinero no satisfechas oportunamente. Invoca en este sentido razones relacionadas con la justicia y la equidad; además, advierte que "Por regla general tal desvalorización se comprende en los intereses moratorios como uno de sus componentes, mecanismo usual mediante el cual el acreedor se precave contra la desvalorización de la suma que se le adeuda, en caso de mora por parte de su deudor. Empero, en la situación de toma de posesión de una entidad sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y para efectos de su liquidación, no se causan tales intereses, lo cual no obsta para que efectivamente se presente un desmedro al patrimonio de los acreedores, como consecuencia de la desvalorización de las sumas que se reclaman y, correlativamente, pudiera haber lugar a un beneficio injustificado para los accionistas de la entidad intervenida." 4.) Por fuera de los términos establecidos por la Constitución y por el Decreto 2067 de 1991, se hizo presente el ciudadano BERNARDO CARREÑO VARELA, actuando en su nombre, para manifestar que en su concepto deben prosperar los reparos de constitucionalidad sobre las disposiciones acusadas; además, el interviniente solicita extemporáneamente la acumulación de la demanda que se tramita en el negocio de la referencia a otra que presenta simultáneamente contra el artículo 25 de la Ley 45 de 1990 y contra los Decretos 1730 de 1991, 654, 655 y 656 de 1993. Desde luego, esta solicitud no

se atiende dado que fue presentada por fuera de la oportunidad procesal prevista por la Constitución y por el Decreto 2067 de 1991, y por su evidente improcedencia. Posteriormente, el mismo ciudadano presentó otro documento en el que comenta y contraargumenta sobre el concepto fiscal; en este sentido se reitera que dichos escritos deben ser presentados dentro de la oportunidad de la fijación en lista, que se ordena en el auto admisorio de la demanda.

VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Primera. La Competencia y el Objeto del Control A.) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 num. 5o. de la Constitución Política, y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de su competencia, también corresponde a esta Corporación el examen de la constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley dictados por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias y demandados por cualquier ciudadano, no obstante que su expedición sea anterior a la entrada en vigencia de la nueva Carta, como ocurre con una parte de las disposiciones acusadas y que data de julio 4 de 1991.

En este mismo sentido, la Corte ha señalado que el examen de la constitucionalidad de los aspectos de procedimiento seguidos para la formación de esta categoría de decretos de rango legislativo, debe hacerse sobre los requisitos de forma y procedimiento vigentes al momento de su expedición, y no frente a los de esta misma categoría señalados en la nueva Carta Política, en razón a la necesidad de conservar la indispensable seguridad jurídica que reclama el tránsito normativo; este examen también comprende el correcto

ejercicio de las facultades extraordinarias por el aspecto de la materia, pero sólo en el sentido de verificar si el ejecutivo respetó o nó el preciso ámbito material de las facultades conferidas, y si no lo extralimitó, abordando materias no comprendidas dentro de la facultad. En este punto es claro que tampoco se puede exigir para aquella clase de disposiciones anteriores a la nueva Constitución, el respeto del limite establecido en la Carta Política de 1991, en cuanto a las materias que bajo la nueva normatividad superior no pueden ser objeto de facultades extraordinarias, como es el caso de la expedición de códigos, "leyes estat