CC - C147-2022

Sentencia C-147/22

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 2080 DE 2021-Estarse a lo resuelto en la sentencia C-091 de 2022 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL FORMAL Y ABSOLUTA-Configuración La Sala Plena ha manifestado que, en casos en los que se solicita la práctica de un juicio de constitucionalidad sobre un texto normativo que ha sido expulsado del ordenamiento como resultado de la expedición de un fallo de inexequibilidad, se configura la cosa juzgada formal y absoluta. En consecuencia, las nuevas demandas que se presenten deberán ser rechazadas o, de no haberlo sido, la Corte deberá estarse a lo resuelto en la providencia que hubiere declarado la inconstitucionalidad. La imposibilidad de llevar a cabo un nuevo examen de constitucionalidad, en la medida en que se sustenta en la inexistencia del texto normativo acusado, «ocurre […] con independencia del parámetro de constitucionalidad que hubiese desconocido la norma invalidada». En este orden de ideas, no es preciso realizar un cotejo entre las razones que llevaron a la Corte a expulsar la disposición del ordenamiento con los nuevos argumentos que se planteen, pues al margen de ello, lo cierto es que el texto normativo no forma parte ya del ordenamiento, lo que impide la realización del juicio de constitucionalidad. COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Clasificación

Referencia: Expediente D-14346

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 de 2021, «[p]or

medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción».

Demandantes: Karen Andrea Pinto Guarguati y Luis Germán

Ortega Ruiz

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

1. Trámite procesal

1. El 6 de julio de 2021, la ciudadana Karen Andrea Pinto Guarguati y el ciudadano Luis Germán Ortega Ruiz presentaron demanda de acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 de 2021, «[p]or medio de la cual se [r]eforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción».

2. Mediante auto de 26 de julio de 2021, la magistrada sustanciadora resolvió inadmitir la demanda interpuesta contra los artículos en cuestión.

3. El 29 de julio de 2021, dentro del término otorgado para subsanar las falencias que dieron lugar a la inadmisión, los demandantes aportaron escrito

de subsanación de la demanda.

4. En providencia del 23 de agosto de 2021, la magistrada ponente dispuso las siguientes medidas: (i) admitió la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 de 2021, por la presunta violación del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 29 de la Constitución;

(ii) dio traslado a la Procuraduría General de la Nación; (iii) ordenó fijar en lista el proceso, para que los ciudadanos intervinieran como defensores o impugnadores de la disposición demandada; (iv) ordenó comunicar el inicio del proceso a la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Contraloría General de la Nación; y, por último, (v) invitó a participar a varias entidades y organizaciones.

5. El 8 de septiembre de 2021, en escrito dirigido a la Corte Constitucional, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, manifestó su impedimento para rendir concepto sobre la constitucionalidad de la disposición demandada. En opinión de la funcionaria, se encontraba incursa en la causal consistente en haber intervenido en la expedición de la norma acusada. Al respecto, informó que, en su condición de ministra de Justicia y el Derecho para la época, radicó ante el Congreso de la República la iniciativa que dio lugar a la expedición de la Ley 2080 de 2021.

6. La Sala Plena, mediante Auto 699, del 23 de septiembre de 2021, aceptó el impedimento presentado por la Procuradora General de la Nación y ordenó

correr traslado al Viceprocurador General de la Nación para que rindiera el concepto correspondiente.

2. Norma demandada

7. A continuación, se transcriben las disposiciones demandadas: LEY 2080 DE 2021

(enero 25) Diario Oficial No. 51.568 de 25 de enero de 2021 Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

DECRETA: […] ARTÍCULO 23. Adiciónese el artículo 136A a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así: Artículo 136A. Control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal. Los fallos con responsabilidad fiscal tendrán control automático e integral de legalidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ejercido por salas especiales conformadas por el Consejo de Estado cuando sean expedidos por la Contraloría General de la República o la Auditoría General de la República, o por los Tribunales Administrativos cuando emanen de las contralorías territoriales.

Para el efecto, el fallo con responsabilidad fiscal y el antecedente administrativo que lo contiene, serán remitidos en su integridad a la secretaría del respectivo despacho judicial para su reparto, dentro de los cinco (5) días siguientes a la firmeza del acto definitivo. […] ARTÍCULO 45. Adiciónese el artículo 185A a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así: Artículo 185A. Trámite del control automático de legalidad de fallos

con responsabilidad fiscal. Recibido el fallo con responsabilidad fiscal y el respectivo expediente administrativo, se surtirá lo siguiente:

1. Mediante auto no susceptible de recurso, el magistrado ponente admitirá el trámite correspondiente, en el que dispondrá que se fije en la secretaría un aviso sobre la existencia del proceso por el término de diez (10) días, durante los cuales cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo, así mismo en el auto admisorio se correrá traslado al Ministerio Público para que rinda concepto dentro del mismo término; se ordenará la publicación de un aviso en el sitio web d la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; así como la notificación al buzón de correo electrónico dispuesto para el efecto, a quien según el acto materia de control, hubiere sido declarado responsable fiscal o tercero civilmente responsable y al órgano de control fiscal correspondiente.

2. Cuando lo considere necesario para adoptar decisión, podrá. decretar las pruebas que estime conducentes, las cuales se practicarán en el término de diez (10) días.

3. Vencido el término de traslado o el período probatorio, cuando a ello hubiere lugar, el magistrado ponente. registrará el proyecto de fallo dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrada al despacho para sentencia.

4. La sala de decisión proferirá sentencia dentro de los veinte (20) días siguientes al registro del proyecto de fallo, que incluirá, entre otros, el control de legalidad sobre la inhabilidad derivada de la

inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales la cual se entenderá suspendida hasta el momento en que sea proferida la sentencia respectiva. Si encontrare que se configuró alguna de las causales de nulidad previstas por el artículo 137, así lo declarará y adoptará las demás decisiones que en derecho correspondan. La sentencia proferida en ejercicio del control automático se notificará personalmente a la contraloría, a quien hubiere sido declarado responsable fiscal o tercero civilmente responsable, y al Ministerio Público, al buzón de correo electrónico dispuesto para el efecto; y por anotación en el estado, a los demás intervinientes y será susceptible de recurso de apelación que será decidido por salas especiales conformadas por la corporación competente, en caso de que el fallo de primera instancia sea proferido por el Consejo de Estado la apelación será resuelta por una sala especial diferente a aquella que tomó la decisión. La sentencia ejecutoriada en ejercicio del control automático tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes y se notificará en la forma dispuesta en el presente numeral.

3. La demanda

8. La demanda interpuesta fue admitida con base en un único cargo, que acusa a las normas demandadas de infringir el derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 29 de la Constitución. Concretamente, los accionantes afirmaron que el control automático de legalidad de las decisiones con responsabilidad fiscal priva a quienes han sido declarados responsables fiscales de un recurso judicial efectivo para controvertir el acto y ejercer su derecho de defensa. Ello, «puesto que a través de un auto irrecurrible se asume de manera directa un examen exclusivo de legalidad, es

decir, en este escenario no interviene la voluntad del sancionado fiscalmente»1.

9. Al respecto, exponen que el trámite de control automático de los fallos con responsabilidad fiscal, establecido en las normas demandadas, despoja a quienes han sido declarados responsables fiscales de varias garantías propias del derecho al debido proceso. De acuerdo con lo alegado por los demandantes, este trámite impide a los sujetos afectados por el fallo de responsabilidad fiscal2 llevar a cabo las siguientes actuaciones: i) demandar la nulidad y reclamar el restablecimiento de sus derechos, así como solicitar la suspensión provisional del acto administrativo, debido a que las normas demandadas excluyen cualquier otro medio de control diferente al allí previsto para enjuiciar las decisiones con responsabilidad fiscal; ii) solicitar la indemnización de los perjuicios causados, dado que estos preceptos no contemplan la posibilidad de que el afectado reclame, en el marco del control automático, el resarcimiento de los daños que le hayan inferido; iii) ejercer el derecho de contradicción, ya que estos preceptos no otorgan la oportunidad de solicitar pruebas ni presentar alegatos de conclusión, lo que se evidencia en que la fase probatoria contemplada en el trámite de control automático es de carácter potestativo o facultativo.

10. Adicionalmente, alegaron que las referidas limitaciones al derecho de contradicción no se ven subsanadas o corregidas por la oportunidad que las normas demandadas otorgan para que participen terceros o intervenga el Ministerio Público, «ya que quien conoce de las circunstancias de tiempo modo y lugar y pruebas, es directamente el sancionado»3. Por último,

indicaron que, si bien estos preceptos no derogan de forma expresa los medios de control de nulidad simple y de nulidad y restablecimiento del derecho, o cualquier otros medios de control jurisdiccional de las decisiones 1 Escrito demanda, p. 8. 2 Escrito de subsanación de la demanda, p. 8. 3 Idem. con responsabilidad fiscal, «se configura una derogatoria tácita [de tales acciones respecto del asunto en comento] al contemplar de manera específica particular y concreta un medio de control o figura jurídica determinado y exclusivo para los fallos de responsabilidad fiscal, cual es erróneamente el control automático de legalidad»4.

4. Intervenciones

11. En total, se recibieron nueve escritos ciudadanos de intervención5.

Dentro del término de fijación en lista, que inició el 3 de septiembre de 2021 y finalizó el 16 de septiembre de 2021, se recibieron oportunamente cinco intervenciones, por lo que cuatro escritos fueron presentados de manera extemporánea6. En cuanto a las intervenciones presentadas en tiempo, tres de ellas solicitaron a la Corte declarar la exequibilidad de las normas demandadas; las dos restantes instaron al tribunal a declarar la inexequibilidad de estos preceptos.

12. Solicitud de exequibilidad de las normas demandadas7. Las intervenciones que solicitaron a la Corte declarar la exequibilidad de las normas demandadas plantearon cuatro argumentos. Primero, explicaron que las normas demandadas ofrecen desarrollo a los mandatos previstos en el artículo 267 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 04 de

2019. De acuerdo con esta norma, el legislador debe desarrollar un control

jurisdiccional de las decisiones con responsabilidad fiscal, regido por unas reglas especiales y de carácter expedito. Segundo, adujeron que este desarrollo legislativo responde al cumplimiento por parte del Estado colombiano de las órdenes impartidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) en la sentencia del caso Petro Urrego vs. Colombia. En dicho fallo, se ordenó a Colombia prever un mecanismo jurisdiccional para el control de las decisiones de destitución de los funcionarios de elección popular. Tercero, los intervinientes que solicitaron la exequibilidad coincidieron en que el proceso de control 4 Idem. 5 Las personas e instituciones que presentaron intervenciones en el proceso de referencia se identifican a continuación: el 9 de septiembre de 2021, el ciudadano Harold Sua Montaña; el 14 de septiembre de 2021, el Ministerio de Justicia, por intermedio del director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico; el 15 de septiembre de 2021, la Contraloría General de la República, por intermedio del director de la oficina jurídica; el 15 de septiembre, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena, por intermedio de dos profesores; el 16 de septiembre, el Consejo de Estado, por conducto de su presidenta, Marta Nubia Velásquez Rico; el 20 de septiembre de 2021, el Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas, representado por su presidente, Gilberto Blanco Zúñiga; el 28 de septiembre, el ciudadano Sergio Fajardo Valderrama; el 1 de octubre, el Departamento de Derecho Administrativo de la

Universidad Externado de Colombia, a través de escrito presentado por su director, Jorge Iván Rincón Córdoba, y el ciudadano Pablo César Díaz Barrera. 6 En la Secretaría General de la Corte Constitucional presentaron de forma extemporánea sus escritos las siguientes personas: el 20 de septiembre de 2021, el Colegio de Abogados Administrativistas, por intermedio de su presidente; el 28 de septiembre de 2021, el ciudadano Sergio Fajardo Valderrama; el 1° de octubre de 2021, la Universidad Externado de Colombia, por intermedio del director del departamento de derecho administrativo; y, el 1° de octubre de 2021, el ciudadano Pablo César Diaz Barrera. 7 El ciudadano Harold Sua Montaña; el Ministerio de Justicia, por intermedio del director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico; y, la Contraloría General de la República, por intermedio del director de la oficina jurídica. automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal no excluye la posibilidad que tienen los sujetos declarados responsables fiscales de acudir a otros medios de control para salvaguardar sus derechos. A esos efectos, explicaron que el objeto de este control automático se limita a determinar que el fallo de control fiscal se encuentre ajustado a la Constitución y a la ley. Cuarto, argumentaron que la norma garantiza el derecho al debido proceso, en la medida en que i) permite la intervención de los sujetos afectados; ii) otorga al juez facultades oficiosas para decretar las pruebas necesarias para proferir la decisión; iii) prevé la suspensión de la inclusión en el boletín de

responsables fiscales; y, iv) se trata de un control oficioso que se encuentra justificado por la protección de los derechos de los involucrados en la actuación administrativa y el interés general, representado en la protección del patrimonio público.

13. Solicitud de inexequibilidad de las normas demandadas8. Un segundo grupo de intervenciones manifestó a la Corte que las disposiciones acusadas son contrarias al texto superior. Primero, señalaron que del artículo 267 de la Constitución no se deriva un mandato según el cual el control de las decisiones con responsabilidad fiscal deba ser automático y oficioso.

Segundo, las normas demandadas no se adecuarían a la interpretación hecha por la Corte IDH del artículo 23.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Petro Urrego vs. Colombia. Según la opinión expresada en dicha providencia, ninguna autoridad administrativa tiene competencia para aplicar sanciones que restrinjan derechos políticos, sin que el control automático jurisdiccional de la decisión subsane la falta de competencia del órgano administrativo. Tercero, las normas demandadas son contrarias al debido proceso, puesto que (i) limitan el derecho de acción, en tanto que se trata de una actuación que se inicia sin la intervención de la voluntad de los afectados; (ii) violan el derecho de prueba y contradicción, debido a que el ejercicio de esas facultades queda sometido a la discrecionalidad del juez; (iii) confieren al responsable fiscal el tratamiento de mero interviniente, pues no le da la oportunidad de formular sus propias pretensiones ni de solicitar la suspensión del acto administrativo; y, (iv) no

prevén la oportunidad para que la autoridad judicial se pronuncie sobre la reparación integral del daño.

14. Además, adujeron que, por tratarse de un acto administrativo de carácter particular, su control jurisdiccional atañe a los derechos del sujeto que ha sido declarado responsable, por lo que la norma debería garantizarle la posibilidad de formular pretensiones y solicitar pruebas. De esa forma, se restringen las garantías del declarado responsable fiscal respecto de aquellos otros sujetos que tienen la posibilidad de acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, máxime cuando a la decisión se le otorgan efectos erga omnes, que impiden acceder a la justicia respecto de cuestiones no debatidas en la sentencia. 8 Universidad de Cartagena y Consejo de Estado.

5. Concepto del Ministerio Público

15. El 10 de diciembre de 2021, el viceprocurador general de la Nación rindió concepto en relación con el presente asunto. En su escrito solicitó a la Corte emitir un fallo inhibitorio respecto de la demanda objeto de estudio, debido a su ineptitud sustantiva. En su criterio la demanda no satisface los requisitos de certeza, especificidad y suficiencia, necesarios para el estudio de fondo de las demandas de constitucionalidad.

16. Respecto del incumplimiento del requisito de certeza, explicó que los demandantes desconocen el tenor de las normas acusadas, pues pasan por alto que estas (i) disponen la incorporación de los documentos contentivos de las diligencias administrativas al expediente, con lo que los intervinientes tienen la posibilidad de consultarlas y participar de manera informada en el proceso

y (ii) disponen que (a) se suspenderá la inclusión de la persona condenada en el boletín de responsables fiscales, como medida para evitar daños, y (b) en caso de verificarse alguna causal de invalidez, la sentencia debe declarar la nulidad del acto y adoptar «las demás medidas que en derecho correspondan», dentro de las que podría decretarse la reparación de los daños. Además, no hacen una lectura sistemática de estos preceptos, pues ignoran que introducen a la Ley 1437 de 2011 solo la definición y elementos especiales del control de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal, pero no regulan de forma integral los aspectos procesales del mecanismo, los que se rigen por las disposiciones generales, como aquellas que regulan la solicitud, práctica y contradicción de las pruebas.

17. Sumado a ello, en la demanda se hace una interpretación subjetiva del ordenamiento constitucional, conforme a la cual el único instrumento acorde a dicho ordenamiento para controvertir los fallos de control fiscal es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Con ello, no toman en cuenta que la Constitución no hace referencia a dicho instrumento en particular y, en cambio, en el artículo 267 superior sí prevé un proceso especial de control jurisdiccional de los fallos de responsabilidad fiscal, el cual ha sido desarrollado por el legislador conforme a la amplia potestad con la que cuenta para regular los procedimientos.

18. De otra parte, la demanda no satisface el requisito de especificidad porque los demandantes omiten identificar en concreto cuáles de las prerrogativas derivadas del debido proceso son las que presuntamente vulneran las normas demandadas. Tampoco cumple con el requisito de

suficiencia, porque se propuso un reproche incompleto en el que se hizo un examen aislado de las normas demandadas y no se tuvo en cuenta la libertad de configuración del legislador, lo que lo hace perder su poder persuasivo para generar una duda mínima de constitucionalidad.

19. A continuación, en este cuadro se resume el sentido de las intervenciones y solicitudes formuladas en relación con las normas objeto de

control constitucional: Intervinien Cuestionamiento Solicitud te Viceprocura Solicitó a la Corte que profiera un fallo inhibitorio respecto Inhibitorio dor General de la demanda objeto de estudio, debido a que no satisface de la los requisitos de certeza, especificidad y suficiencia, Nación necesarios para el estudio de fondo de las demandas de constitucionalidad. Harold Considera que el artículo 45 de la Ley 2080 de 2021 se Exequible. Eduardo encuentra ajustado a la Constitución, debido a que este no Sua establece una instancia destinada a desvirtuar la validez del Montaña fallo con responsabilidad fiscal, sino a garantizar que este se encuentre ajustado a la Constitución y a la ley. Ministerio Esta configuración legislativa del control automático de los Exequible de Justicia y fallos con responsabilidad fiscal no vulnera el derecho al del Derecho debido proceso porque: (i) responde a las características generales que fueron establecidas en el inciso quinto del artículo 267 de la Constitución; (ii) no es un procedimiento que tenga por objeto fungir como una instancia adicional del juicio de responsabilidad fiscal; (iii) es idóneo para cumplir su finalidad específica que no es otro que revisar de forma automática e integral la legalidad de los fallos con

responsabilidad fiscal; y, (iv) en ese contexto permite un adecuado ejercicio de las garantías propias del debido proceso de sujeto declarado responsable fiscal, en tanto se permite su intervención, a pesar de que no resulta necesaria, por tratarse de proceso de control de legalidad de la decisiones, en el que no se somete a escrutinio judicial su conducta. Contraloría Las previsiones del artículo 45 de la Ley 2080 de 2021 son Exequible General de un desarrollo del Acto Legislativo 04 de 2019, en el que se la previó el control jurisdiccional de los fallos con República responsabilidad fiscal, así como una manifestación del cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en al caso Petro Urrego vs. Colombia. En ese contexto, las normas demandadas favorecen el control judicial de los fallos con responsabilidad fiscal, el cual se adelanta por un juez de la república, en un plazo razonable, con la finalidad de que se defina la situación de quien sea declarado fiscal o tercero civilmente responsable. Este mecanismo judicial tiene la virtud de ofrecer a los jueces la posibilidad cierta de ejercer el debido control de convencionalidad de los fallos con responsabilidad fiscal y, de esa manera, cumplir con los estándares de protección de derechos políticos establecidos por la Corte IDH. Adicionalmente, estas disposiciones respetan el derecho al debido proceso del sujeto declarado responsable fiscal. Primero, se trata de un control oficioso que se encuentra justificado por la protección de los derechos del sujeto afectado y la garantía del interés general, representado en el patrimonio público. Segundo, el juez cuenta con facultades oficiosas con las que “puede suplir, con creces, la

información que provendría de una demanda de parte”. Tercero, las normas prevén la publicidad de las actuaciones y la participación de los terceros interesados. Cuarto, se trata de un control de legalidad del fallo con responsabilidad fiscal que no enerva otros mecanismos para la protección de los derechos, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Sobre este último punto, en la sentencia C-713 de 2008, la Corte Constitucional explicó que la revisión eventual del Consejo de Estado no excluye la interposición de otras acciones para la protección de derechos individuales. Universidad Las normas demandas son inconstitucionales debido a que Inexequible de el control automático de legalidad de los fallos con Cartagena responsabilidad fiscal obstruye y contraría las garantías básicas del debido proceso, así como el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. Ello, por cuanto anula y obstaculiza irrazonablemente el ejercicio del derecho de acción, en la medida en que se trata de una actuación procesal automática en la que no interviene la voluntad de los afectados, sumado al hecho de que la sentencia no se puede declarar un eventual restablecimiento del derecho a favor del sujeto calificado como responsable. Consejo de Las normas demandadas son incompatibles con la Inexequible Estado Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y la sentencia de la Corte IDH en el caso Petro Urrego vs. Colombia. En primer lugar, del artículo 267 de la Constitución no se desprende que el control jurisdiccional de los fallos con responsabilidad fiscal deba ser automático y oficioso. Además, la configuración definida por el legislador para este trámite judicial es

contraria al debido proceso porque (i) viola los derechos de prueba y contradicción; (ii) da al responsable fiscal la calidad de simple interviniente, sin la posibilidad de formular sus propias pretensiones, ni solicitar la suspensión del fallo que declaró su responsabilidad; (iii) no se define con claridad si el juez puede resolver sobre la reparación integral del daño. Como resultado de estas circunstancias, las garantías del declarado responsable fiscal son menores que las de otros sujetos que tienen la posibilidad de acudir al medio de control de nulidad restablecimiento del derecho para garantizar sus intereses. Adicionalmente, los efectos erga omnes que se le otorgan al fallo impiden acceder a la justicia para cuestionar otros aspectos que no fueron abordados en la sentencia. Esta regulación no cumple con el estándar derivado de la interpretación del artículo 23.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos fijada por la Corte IDH. De acuerdo con dicha norma, ninguna autoridad administrativa puede aplicar sanciones que restrinjan derechos políticos. El hecho de que se establezca un control jurisdiccional posterior y automático no subsana la falta de competencia de la autoridad administrativa que toma le decisión.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

20. La Corte Constitucional es competente para adelantar el control de constitucionalidad de la presente demanda, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución.

2. Cuestiones preliminares: la aptitud de la demanda y la eventual configuración del fenómeno de la cosa juzgada 2.1. Aptitud sustancial de la demanda

21. En atención a que el Ministerio Público objetó la aptitud de la demanda, pues, a su juicio, los cargos planteados incumplen las exigencias de certeza, especificidad y suficiencia, es menester examinar el cumplimiento de los requisitos pertinentes. En la medida en que la Sala Plena logre establecer que dichos requisitos se encuentren debidamente satisfechos, procederá a adelantar el estudio de fondo de las acusaciones formuladas contra las disposiciones demandadas. De no ser así, habrá de emitir un fallo inhibitorio.

21. Requisitos generales de las demandas de inconstitucionalidad. El artículo segundo del Decreto 2067 de 1991 fija los requisitos que deben cumplir las demandas interpuestas en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. Con fundamento en esta disposición, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que la expedición de una sentencia de fondo depende de que la demanda satisfaga las siguientes cargas: i) señalar las normas acusadas como inconstitucionales, así como trascribirlas por cualquier medio o aportar un ejemplar de la publicación oficial; ii) indicar las normas superiores infringidas; iii) exponer las razones que sustentan la acusación, esto es, explicar el concepto de violación; iv) precisar el trámite legislativo impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado, cuando fuere el caso, y v) expresar la razón por la que este tribunal es competente para ejercer el control de constitucionalidad sobre el texto demandado9.

22. La Sentencia C-1052 de 2001, providencia que ha sido reiterada de

manera pacífica y unánime por esta corporación10, decantó las exigencias particulares que ha de cumplir el concepto de la violación. Según fue 9 Estos requisitos han sido analizados de manera reciente en las Sentencias C-097 de 2021, C-106 de 2021, C-056 de 2021, C-145 de 2021, C-433 de 2021 y C-057 de 2021. 10 Entre muchas otras, ver las sentencias C-135 de 2019, C-189 de 2017, C-240 de 2014, C-249 de 2017, C544 de 2019, C-447 de 2015, C-647 de 2016, C-134 de 2019, C-372 de 2014, C-385 de 2017, C-118 de 2020, C-207 de 2016, C-206 de 2016. señalado en dicha oportunidad, las razones planteadas en la demanda deben ser «(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazo