CC-C226-1999

Sentencia C-226/99

CONVENCION SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES-Objeto La Convención objeto de revisión establece, como se dijo, que los países signatarios se comprometen, con miras a la protección de los derechos fundamentales y el interés superior del menor, a prevenir y sancionar el tráfico internacional de menores, así como a regular los aspectos civiles y penales del mismo. El tráfico internacional de menores, práctica aberrante que desafortunadamente en el mundo contemporáneo se ha intensificado, no sólo atenta contra la dignidad de los niños sujetos pasivos de ese delito, sino contra la familia, y la sociedad, contra sus valores y principios básicos, pues ataca a quienes constituyen el futuro de la Nación. El tráfico internacional de menores usualmente está ligado a conductas tan graves como el secuestro, pues implica que al menor se le separe por la fuerza de su familia, es una forma de violencia física y moral, y en la mayoría de los casos se realiza con el objeto de someter a la víctima a prácticas de abuso sexual, explotación laboral o económica y práctica de trabajos riesgosos. En esa perspectiva, el objeto principal de la Convención que se revisa no sólo está acorde con nuestro ordenamiento constitucional, sino que contribuye a la realización efectiva de sus preceptos, valores y principios. CONVENCION SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES-Colaboración de los países en intercambio de información y pruebas El capítulo II de la Convención, que regula los aspectos penales de la misma, señala los compromisos que adquieren los países parte en la materia, los cuales

deberán cumplir dentro de los límites que les impone su derecho interno; así, por ejemplo, los obliga a prestarse mutua colaboración en forma pronta y expedita por intermedio de sus autoridades centrales, dentro de los límites de la ley interna de cada Estado y conforme a los tratados internacionales aplicables, y a establecer mecanismos de intercambio de información sobre la legislación nacional, jurisprudencial, prácticas administrativas, estadísticas y modalidades que haya asumido el tráfico internacional de menores en el respectivo país, disposiciones plenamente concordantes con la Constitución colombiana, especialmente con lo dispuesto en su artículo 93. EXTRADICION POR EL DELITO DE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES-Viabilidad Teniendo en cuenta que los tratados internacionales, una vez aprobados por el Congreso y previo el juicio de constitucionalidad que efectúa la Corte Constitucional, si este es favorable, se incorporan al ordenamiento interno, y si se refieren al reconocimiento de derechos fundamentales, como ocurre en el caso que nos ocupa, sus mandatos prevalecen en dicho ordenamiento, es claro que si la Convención que se revisa es declarada exequible, una vez sea ratificada por el Gobierno Nacional, puede ser la base para la extradición de nacionales colombianos a países signatarios del instrumento que se revisa, con los cuales Colombia no haya celebrado el respectivo tratado, o con lo que habiéndolo hecho no contemplen como extraditable esta clase de delitos, previsión que no contraría nuestro ordenamiento constitucional. CONVENCION SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES-Plazo para localización y restitución de menores Establecer un plazo para que los Estados, sean parte o no de la Convención,

presenten la solicitud fundada de localización y restitución de un menor (dentro de los 120 días después de que se conozca la sustracción para los países no signatarios y de 180 días para los paísesparte). Se establece a partir de la fecha en que el respectivo Estado "conoce del hecho", momento a partir del cual se activa la obligación que éste tiene, a través de sus autoridades de impulsar y adelantar las acciones correspondientes, no hacerlo, implicaría que esas autoridades estarían omitiendo el cumplimiento de su deber en una situación en la que está de por medio la seguridad e integridad de un menor de edad, cuyos derechos prevalecen, lo que implica que la disposición impugnada en la vista fiscal es simplemente un mecanismos que propende por la eficiencia a los Estados, comprometiéndolos a que actúen con celeridad en situaciones de extrema gravedad.

Referencia: Expediente L.A.T. 139

Revisión de constitucionalidad de la Ley 470 del 5 de agosto de 1998, “Por medio de la cual se aprueba la

CONVENCION

INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES”, hecha en México, D.F., el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Magistrado Ponente:

Dr. FABIO MORON DIAZ.

Santa Fe de Bogotá, D.C., abril catorce (14) de mil novecientos noventa y nueve (1999).

I. ANTECEDENTES El 11 de agosto de 1998, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, a través de oficio sin número, remitió a esta Corporación, en

cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la C.P., fotocopia autenticada de la Ley 470 del 5 de agosto de 1998, “Por medio de la cual se aprueba la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES”, hecha en México, D.F., el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994). El día 9 de septiembre de 1998, el Magistrado Sustanciador, a través de auto de la misma fecha, asumió la revisión de la Ley 470 del 5 de agosto de 1998, y de la Convención que la misma aprobó, para lo cual ordenó la práctica de las siguientes pruebas: solicitó a las Secretarías Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, el envío de la copia del expediente legislativo correspondiente al trámite de dicha ley en el Congreso de la República y ordenó que una vez cumplido lo anterior, por Secretaría General, se procediera a la fijación en lista del negocio y a practicar el traslado del expediente al Despacho del señor Procurador General de la Nación, para efectos de recibir el concepto de su competencia. Una vez cumplidos todos los trámites indicados para esta clase de actuaciones procesales de control de constitucionalidad, procede la Corte a pronunciar su decisión.

II. EL TEXTO DE LA NORMA QUE SE REVISA “LEY 470 DE 1998

(agosto 5) Ley 470 del 5 de agosto de 1998, “Por medio de la cual se

aprueba la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE

TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES”, hecha en

México, D.F., el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994). EL CONGRESO DE COLOMBIA Visto el texto de la ‘CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES’ hecha en la ciudad de México D.F., México el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994) que a la letra dice:

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO

INTERNACIONAL DE MENORES Los Estados Parte en la Presente Convención, CONSIDERANDO la importancia de asegurar una protección integral y efectiva del menor, por medio de la instrumentación de mecanismos adecuados que permitan garantizar el respeto de sus derechos; CONSCIENTES de que el tráfico internacional de menores constituye una preocupación universal; TENIENDO EN CUENTA el derecho convencional en materia de protección internacional del menor, y en especial lo previsto en los artículos 11 y 35 de la Convención sobre Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989; CONVENCIDOS de la necesidad de regular los aspectos civiles y penales del tráfico internacional de menores; y REAFIRMANDO la importancia de la cooperación internacional para lograr una eficaz protección del interés superior del menor,

Conviene lo siguiente:

CAPITULO PRIMERO

NORMAS GENERALES

Artículo 1 El objeto de la presente Convención, con miras a la protección de los derechos fundamentales y el interés superior del menor, es la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así como la regulación de los aspectos civiles y penales del mismo.

En Tal sentido, los Estados Parte de esta Convención se obligan a: a) asegurar la protección del menor en consideración a su interés superior; b) instaurar un sistema de cooperación jurídica entre los Estados Parte que consagre la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así como adoptar las disposiciones legales y administrativas en la materia con ese propósito; y c) asegurar la pronta restitución del menor víctima del tráfico internacional al Estado de su residencia habitual, teniendo en cuenta el interés superior del menor. “Artículo 2 Esta Convención se aplicará a cualquier menor que se encuentre o resida habitualmente en un Estado Parte al tiempo de la comisión de un acto de tráfico internacional contra dicho menor. Para los efectos de la presente Convención: a) ‘Menor’ significa todo ser humano cuya edad sea inferior a dieciocho años. b) ‘Tráfico internacional de menores’ significa la substracción, el traslado o la retención, o la tentativa de sustracción, traslado o retención de un menor con propósitos o medios ilícitos. c) ‘Propósitos ilícitos’ incluyen, entre otros, prostitución, explotación sexual, servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, ya sea en el Estado de residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se halle localizado. d) ‘Medios ilícitos’ incluyen, entre otros, secuestro, consentimiento fraudulento o forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de lograr el consentimiento de los padres, las personas o la institución a cuyo cargo se halla el menor, o cualquier otro medio ilícito ya sea en el Estado de

residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se encuentre. Artículo 3 Esta Convención abarcará, asimismo, los aspectos civiles de la sustracción, el traslado y la retención ilícitos de los menores en el ámbito internacional no previstos por otras convenciones internacionales sobre la materia. Artículo 4 Los Estados Parte, en la medida de lo posible, cooperarán con los Estados no parte en la prevención y sanción del tráfico internacional de menores y en la protección y cuidado de los menores víctimas del hecho ilícito. En tal sentido, las autoridades competentes de los Estados Parte deberán notificar a las autoridades competentes de un Estado no Parte, en aquellos casos en que se encuentre en su territorio a un menor que ha sido víctima del tráfico internacional de menores en un Estado Parte. Artículo 5 A los efectos de la presente Convención, cada Estado Parte designará una Autoridad Central y comunicará dicha designación a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Un Estado Federal, o un Estado en el que están en vigor diversos sistemas jurídicos o un Estado con unidades territoriales autónomas, puede designar más de una autoridad Central y especificar la extensión jurídica o territorial de sus funciones. El Estado que haga uso de esta facultad designará la Autoridad Central a la que puede dirigirse toda comunicación. En caso de que un Estado Parte designará más de una Autoridad Central hará la comunicación pertinente a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 6 Los Estados Parte velarán por el interés del menor, procurando que los procedimientos de aplicación de la Convención

permanezcan confidenciales en todo momento.

CAPITULO II

ASPECTOS PENALES

Artículo 7 Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas eficaces, conforme a su derecho interno, para prevenir y sancionar severamente el tráfico internacional de menores definido en esta Convención. Artículo 8 Los Estados Parte se comprometen a: a) prestarse asistencia mutua en forma pronta y expedita por intermedio de sus Autoridades Centrales, dentro de los límites de la ley interna de cada Estado Parte y conforme a los tratados internacionales aplicables, para las diligencias judiciales y administrativas, la obtención de pruebas y de más actos procesales que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de esta Convención; b) establecer por medio de sus Autoridades Centrales mecanismos de intercambio de información sobre legislación nacional, jurisprudencia, prácticas administrativas, estadísticas y modalidades que haya asumido el tráfico internacional de menores en sus respectivos Estados; y c) Disponer las medidas que sean necesarias para remover los obstáculos que puedan afectar en ellos la aplicación de esta Convención en sus respectivos Estados. Artículo 9 Tendrán competencia para conocer de los delitos relativos al tráfico internacional de menores: A) el Estado Parte donde tuvo lugar la conducta ilícita; b) el Estado Parte de residencia habitual del menor; c) el Estado Parte en el que se hallare el presunto delincuente si éste no fuere extraditado; y d)El Estado Parte en el que se hallare el menor víctima de dicho tráfico. Tendrá preferencia a los efectos del párrafo anterior el Estado Parte que hubiere prevenido en el conocimiento del hecho ilícito.

Artículo 10 Si uno de los Estados Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición proveniente de un Estado Parte con el cual no ha celebrado tratado, o en caso de haberlo no lo contemple entre los delitos extraditables, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para concederla en caso de tráfico internacional de menores. Asimismo, los Estados Parte que no supeditan la extradición a la existencia de un tratado reconocerán el tráfico internacional de menores como causal de extradición entre ellos. Cuando no exista tratado de extradición, ésta estará sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho interno del Estado requerido. Artículo 11 La acciones instauradas conforme a lo dispuesto en este capítulo no impiden que las autoridades competentes del Estado Parte donde el menor se encontrare ordenen en cualquier momento su restitución inmediata al Estado de su residencia habitual considerando el interés superior del menor.

CAPITULO III

ASPECTOS CIVILES

Artículo 12 La solicitud de localización y restitución del menor derivada de esta Convención será promovida por aquellos titulares que establezca el derecho del Estado de la residencia habitual del menor. Artículo 13 Serán competentes para conocer de la solicitud de localización y de restitución, a opción de los reclamantes, las autoridades judiciales o administrativas del Estado Parte de residencia habitual del menor, o las del Estado Parte donde se encontrare o se presuma que se encuentra retenido. Cuando existan razones de urgencia a juicio de los reclamantes, podrá presentarse la solicitud ante las autoridades judiciales o administrativas del lugar donde se produjo el hecho ilícito.

Artículo 14 La solicitud de localización y de restitución se tramitará por intermedio de las Autoridades Centrales o directamente ante las autoridades competentes previstas en el artículo 13 de esta Convención. Las autoridades requeridas acordarán los procedimientos más expeditos para hacerla efectiva. Recibida la solicitud respectiva, las autoridades requeridas dispondrán las medidas necesarias de conformidad con su derecho interno para iniciar, facilitar y coadyuvar con los procedimientos judiciales y administrativos relativos a la localización y restitución del menor. Además, se adoptarán las medidas para proveer la inmediata restitución del menor y, de ser necesario, asegurar su cuidado, custodia o guarda provisional, conforme a las circunstancias, e impedir de modo preventivo que el menor pueda ser trasladado indebidamente a otro Estado. La solicitud fundada de localización y de restitución deberá ser promovida dentro de los ciento veinte días de conocida la sustracción, el traslado o la retención ilícitos del menor. Cuando la solicitud de localización y de restitución fuere promovida por un Estado Parte, éste dispondrá para hacerlo de un plazo de cientos ochenta días. Cuando fuere necesario proceder con carácter previo a la localización del menor, el plazo anterior se contará a partir del día en que ella fuere del conocimiento de los titulares de la acción. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las autoridades del Estado Parte donde el menor fuere retenido podrán ordenar en cualquier momento la restitución del mismo conforme al interés superior de dicho menor. Artículo 15 En las solicitudes de cooperación comprendidas en esta

Convención transmitidas por vía consular o diplomática o por intermedio de las Autoridades Centrales, será innecesario el requisito de legalización u otras formalidades similares. En el caso de solicitudes de cooperación cursadas directamente entre tribunales de la zona fronteriza de los Estados Parte tampoco será necesario el requisito de la legalización. Asimismo, estarán exentos de legalización en el Estado Parte solicitante los documentos que sobre el particular se devuelvan por las mismas vías. Las solicitudes deberán estar traducidas, en su caso, al idioma o idiomas oficiales del Estado Parte al que se dirijan. Respecto a los anexos bastará la traducción de un sumario que contenga los datos esenciales de los mismos. Artículo 16 Las autoridades competentes de un Estado Parte que constaten en el territorio sometido a su jurisdicción la presencia de una víctima de tráfico internacional de menores deberán adoptar las medidas inmediatas que sean necesarias para su protección, incluso aquellas de carácter preventivo que impidan el traslado indebido del menor a otro Estado. Estas medidas serán comunicadas por medio de las autoridades Centrales a las autoridades competentes del Estado de la anterior residencia habitual del menor. Las autoridades intervinientes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para que los titulares de la acción de localización y restitución del menor estén informados de las medidas adoptadas. Artículo 17 De conformidad con los objetivos de esta Convención, las Autoridades Centrales de los Estados Parte intercambiarán información y colaborarán con sus autoridades competentes judiciales y administrativas en todo lo relativo al control de la

salida y entrada de menores a su territorio. Artículo 18 Las adopciones y otras instituciones afines constituídas en un Estado Parte serán susceptibles de anulación cuando su origen o fin fuere el tráfico internacional de menores. En la respectiva acción de anulación se tendrá en cuenta en todo momento el interés superior del menor. La anulación se someterá a la ley y a las autoridades competentes del Estado de constitución de la adopción o de la institución de que se trate. Artículo 19 La guarda o custodia serán susceptibles de revocación cuando tuvieren su origen o fin en el tráfico internacional de menores, en las mismas condiciones previstas en el artículo anterior. Artículo 20 La solicitud de localización y de restitución del menor podrá promoverse sin perjuicio de las acciones de anulación y revocación previstas en los artículos 18 y 19. Artículo 21 En los procedimientos previstos en el presente capítulo, la autoridad competente podrá ordenar que el particular o la organización responsable del tráfico internacional de menores pague los gastos y las costas de la localización y restitución en tanto dicho particular u organización haya sido parte de ese procedimiento. Los titulares de la acción o, en su caso la autoridad competente, podrán entablar acción civil para obtener el resarcimiento de las costas, incluídos los honorarios profesionales y los gastos de localización y restitución del menor, a menos que éstos hubiesen sido fijados en un procedimiento penal o un procedimiento de restitución conforme a lo previsto en esta Convención. La autoridad competente o cualquier persona lesionada podrá entablar acción civil por daños y perjuicios contra los particulares o las organizaciones responsables del tráfico internacional del

menor. Artículo 22 Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para lograr la gratuidad de los procedimientos de restitución del menor conforme a su derecho interno e informarán a las personas legítimamente interesadas en la restitución del menor de las defensorías de oficio, beneficios de pobreza e instancias de asistencia jurídica gratuita a que pudieran tener derecho, conforme a las leyes y los reglamentos de los estados parte respectivos.

CAPITULO IV

CLAUSULAS FINALES

Artículo 23 Los Estados Parte podrán declarar, al momento de la firma, ratificación o adhesión a esta Convención o con posterioridad, que se reconocerán y ejecutarán las sentencias penales dictadas en otro Estado Parte en lo relativo a la indemnización de los daños y perjuicios derivados del tráfico internacional de menores. Artículo 24 Respecto a un Estado que tenga en cuestiones tratadas en la presente Convención dos o más sistemas jurídicos aplicables en unidades territoriales diferentes, toda mención a) a la ley del Estado se entenderá referida a la ley en la correspondiente unidad territorial; b) a la residencia habitual en dicho Estado se entenderá referida a la residencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado; c) a las autoridades competentes: de dicho Estado se entenderá referida a las autoridades autorizadas para actuar en la correspondiente unidad territorial. Artículo 25 Los Estados que tengan dos o más unidades territoriales en las que se apliquen sistemas jurídicos diferentes en cuestiones tratadas en la presente Convención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o

más de ellas. Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto noventa días después de recibidas. Artículo 26 Los Estados Parte podrán declarar, al momento de la firma, ratificación o adhesión a la presente Convención o con posterioridad, que no se podrá oponer en juicio civil en ese Estado Parte excepción o defensa alguna que tienda a demostrar la inexistencia del delito o irresponsabilidad de una persona, cuando exista sentencia condenatoria ejecutoriada por este delito, pronunciada en otro Estado Parte. Artículo 27 Las autoridades competentes de las zonas fronterizas de los Estados Parte podrán acordar, directamente y en cualquier momento procedimientos de localización y restitución más expeditos que los previstos en la presente Convención y sin perjuicio de ésta. Nada de lo dispuesto en esta Convención se interpretará en el sentido de restringir las prácticas más favorables que entre sí pudieran observar las autoridades competentes de los Estados Parte para los propósitos tratados en ella. Artículo 28 Esta Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 29 Esta Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 30 Esta Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado después que haya entrado en vigor. Los instrumentos de

adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 31 Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre una o más disposiciones específicas y que no esa incompatible con el objeto y fines de esta Convención. Artículo 32 Nada de lo estipulado en la presente Convención se interpretará en sentido restrictivo de otros tratados bilaterales o multilaterales u otros acuerdos suscritos entre las Partes. Artículo 33 Esta Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique esta Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión: Artículo 34 Esta Convención regirá indefinidamente pero cualquiera de los Estados Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante. Artículo 35 El instrumento original de esta Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto

para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha organización y a los Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiera y el retiro de las últimas. En fe de lo cual los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman esta Convención. Hecho en la ciudad de México D.F., México, el día dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro. El Suscrito Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, HACE CONSTAR: Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado de la ‘Convención Interamericana sobre tráfico Internacional de Menores’, hecha en la ciudad de México D.F., México el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), documento que reposa en los archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio. Dada en Bogotá, D.C., el día once (11) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).

HECTOR ADOLFO SINTURA VARELA

Jefe Oficina Jurídica

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 10 sept. 1997

APROBADO. SOMETASE A LA CONSIDERACION DEL

HONORABLE CONGRESO NACIONAL PARA LOS EFECTOS

CONSTITUCIONALES

Fdo. ERNESTO SAMPER PIZANO

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

Fdo. MARIA EMMA MEJIA VELEZ

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Apruébase la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES”, hecha en la ciudad de México, D.F., el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º. de la Ley 7ª. de 1944 la ‘CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES’, hecha en México, D.F., el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

ARTICULO TERCERO: Las presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA,

Fdo. AMILKAR ACOSTA MEDINA

EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA

REPUBLICA,

Fdo. PEDRO PUMAREJO VEGA

EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES

Fdo. CARLOS ARDILA BALLESTEROS

EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CAMARA DE

REPRESENTANTES,

Fdo. DIEGO VIVAS TAFUR

REPUBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EJECUTESE previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los 5 AGO. 1998

Fdo. ERNESTO SAMPER PIZANO

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

Fdo. CAMILO REYES RODRIGUEZ

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,

Fdo. ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION El Señor Procurador General de la Nación ha emitido, dentro del término establecido, concepto favorable sobre la constitucionalidad del instrumento internacional que se revisa, salvo de los incisos tercero y cuarto del artículo catorce (14) del mismo, los cuales le solicita a esta Corporación declarar inconstitucionales; no obstante, señala que es necesario verificar previamente algunos requisitos de forma en relación con el trámite de la ley aprobatoria de la Convención de la referencia.

En lo relacionado con la suscripción de la Convención, señala que esta Corporación debe verificar la competencia de la(s) persona(s) que la suscribieron en nombre del país, pues tal aspecto no aparece certificado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese sentido, no obstante lo anterior, insinúa el Ministerio Público que la misma se puede colegir del texto del tratado, en el cual aparece que los plenipotenciarios que participaron en la firma del instrumento actuaron debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos. De otro lado y en cuanto al trámite que se le debió dar a la ley 470 de 1998, señala que a ésta le correspondía el establecido en la Constitución para una ley ordinaria, el artículo 154 superior, y que el mismo se

cumplió a cabalidad. En efecto, dice el señor Procurador que el proyecto de ley y su exposición de motivos fueron presentados al Senado de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores de esa época, doctora María Emma Mejía, y que fueron publicados en la Gaceta del Congreso No. 391 del 23 de septiembre de 1997 ; así mismo que su discusión se inició en la comisión segunda del Senado con la ponencia presentada por el congresista Lorenzo Muelas Hurtado, ponencia que fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 448 del 30 de octubre de 1997. Posteriormente se surtieron los debates en las Comisiones y plenarias de ambas Cámaras. Una vez presentadas las respectivas ponencias, los debates se produjeron de conformidad con los términos de la iniciación y aprobación dispuestos en la Constitución, es decir de ocho días entre el primero y segundo debate en cada Cámara y de no menos de quince días entre la aprobación del proyecto en