CC-C245-1995

Sentencia No. C-245/95 MINISTERIO PUBLICO-Naturaleza El Ministerio Público tiene un carácter institucional en la Constitución que corresponde al órgano autónomo e independiente de control encargado de realizar específicas funciones estatales; pero es de anotar, que el Ministerio Público no se manifiesta e identifica como una entidad única, orgánica y funcionalmente homogénea, pues la variedad de las funciones que le han sido encomendadas están asignadas a los órganos institucionales y personales. DELEGADO DEL PROCURADOR/AGENTE DEL PROCURADOR El delegado es un alter ego del Procurador, hace las veces de éste, y lo vincula plena y totalmente. Aquí opera la figura de la representatividad, por cuanto el delegado actúa en nombre del delegante. Es una transferencia de la entidad propia -en nivel jurídico, no reala otro, con tres notas: plena potestad, autonomía de ejecución y confianza intuito personae. En cambio, el agente obra en desarrollo de una función antes que en nombre de una persona, pero siempre está bajo la subordinación de otro superior, ante quien responde y de quien puede cumplir órdenes específicas para un asunto determinado. En este orden de ideas, los procuradores delegados son agentes, pero se advierte que todo delegado tiene indirectamente una función de agente, pero no todo agente es necesariamente delegado. Advierte la Corte, que la autonomía e independencia con que actúan los delegados y agentes del Procurador se predica frente a los funcionarios ante los cuales ejercen sus funciones, más no con respecto al Procurador General de la Nación, del cual son dependientes o subordinados.

LEY-Unidad de materia El tema del período de los procuradores delegados ante las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa no podía ser materia objeto de regulación a través de la Ley 27 de 1992, pues la situación laboral de dichos funcionarios debe ser regulada dentro del marco normativo especial antes mencionado. Por lo tanto, no existe unidad de materia entre la norma acusada y el contexto general de la referida ley y, por esta causa, debe ser declarada inexequible. PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Facultad de libre nombramiento y remoción/INTERPRETACION SISTEMATICA Es razonable y acorde con el espíritu de las disposiciones mencionadas, que los inmediatos colaboradores del Procurador General de la Nación sean de su libre nombramiento y remoción. Es cierto que la norma del art. 280 de la Constitución dice que los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categorías, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo, pero el alcance de esta norma no puede llevarse hasta el extremo de consagrar el período para los delegados del Procurador ante dichos funcionarios, porque: La norma hay que interpretarla de manera sistemática y armónica con las restantes disposiciones que le asignan al Procurador su carácter de director supremo del Ministerio Público y la potestad de libre nombramiento y remoción de los funcionarios de la Procuraduría, con excepción de los que pertenecen a la carrera administrativa. PROCURADOR DELEGADO-Periodo Resulta inconcebible que quienes actúan en nombre y representación del

Procurador como agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales puedan tener un período superior al de aquél, pues se rompe la estructura jerárquica y funcional antes mencionada, al colocar al director del Ministerio Público en una posición desigual frente a quienes son sus dependientes o subordinados, es decir, los instrumentos inmediatos a través de los cuales actúa y los ejecutores de sus políticas y directrices. Además, al consagrar la norma acusada un período para los referidos delegados hace materialmente imposible e inmanejable el ejercicio de la dirección suprema del Ministerio Público por el Procurador General de la Nación, pues dicho período los convierte, en alguna forma, en autónomos frente a éste. FUNCIONARIO DE PERIODO La interpretación de dicha norma no puede extenderse hasta el extremo de otorgarles un período fijo para el ejercicio del cargo pues, ello no surge expresamente de ella y, además, los períodos que la Constitución consagra para algunos funcionarios constituyen una garantía institucional, objetiva, antes que un derecho subjetivo o meramente individual con respecto a quien desempeña el cargo. Por análogas razones, tampoco, a dichos funcionarios se les extiende el fuero previsto en el art. 174 de la Constitución con respecto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

REF. EXPEDIENTES D-708.

TEMA: Demanda de inconstitucionalidad del artículo 4o. de la ley 27 de 1992.

ACTOR:

ANDRES ENRIQUE NAVIA.

MAGISTRADO PONENTE:

ANTONIO BARRERA

CARBONELL.

Aprobada en Santafé de Bogotá, D. C., el día primero (1°) de junio de mil

novecientos noventa y cinco (1995).

I. ANTECEDENTES.

Cumplidos los trámites propios del proceso a que da origen la acción pública de inconstitucionalidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional procede a adoptar la decisión respectiva, en relación con la demanda presentada por el ciudadano ANDRES ENRIQUE NAVIA IBAÑEZ contra el parágrafo del artículo 4o de la ley 27 de 1992.

II. NORMA ACUSADA.

El texto acusado dispone: LEY 27 DE 1992

(Diciembre 23) "Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre administración de personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras disposiciones" Art. 4o. De los empleos de carrera y de libre nombramiento ... PARAGRAFO. Los Procuradores Delegados ante las jurisdicciones Ordinaria y Contencioso Administrativa, tendrán el mismo período de los funcionarios ante los cuales actúan".

III. LA DEMANDA.

El actor hace dos (2) cargos concretos contra el parágrafo del artículo 4o de la ley 27 de 1992, que se sintetizan así: 1.- Se vulneró el principio de la unidad de materia (art.158 C.P.), porque el contenido específico de esta ley es la reglamentación de la carrera administrativa del personal civil que presta sus servicios a la rama ejecutiva del poder central y en las entidades descentralizadas de nivel nacional, y el parágrafo demandado regula lo relativo al período de los procuradores delegados ante las altas corporaciones de justicia (jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa), que no son funcionarios de carrera sino de

libre nombramiento y remoción por tener el carácter de agentes de quien los nombra, es decir, del Procurador General de la Nación. 2.- Los procuradores delegados no pueden tener período fijo porque la Constitución no contiene una previsión sobre el particular, como sí lo hizo con los magistrados de las altas corporaciones de justicia. Ello es así, "porque debe mantenerse en la Carta política la estructura lógica que informa a los organismos de control uno de los cuales es la Procuraduría General de la Nación." El artículo 277 de la Constitución establece que el Procurador General de la Nación ejercerá sus funciones "por sí o por medio de sus delegados o agentes". Según el demandante, esto es indicativo"- dentro de un razonamiento lógico jurídico - que delegados y agentes son de libre nombramiento y remoción de su superior jerárquico, pues no se concibe la prestación de un eficaz servicio de control con las ataduras de un período fijo aceptado para su subalterno". No se concibe que el Procurador General de la Nación tenga señalado un período de (4) años y sus delegados y agentes uno superior al de su Jefe "puesto que tendrían el de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado que es de ocho (8) años", porque ello pervertiría la organización administrativa de la Procuraduría y se crearía una categoría de funcionarios inmanejables por su superior jerárquico. Según el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución, el gobierno tiene la libertad de nombrar y remover libremente a sus agentes; ello implica que

esta misma previsión debe ser aplicada con respecto a los delegados y agentes del Procurador General de la Nación, haciendo una interpretación armónica entre dicho numeral y el artículo 277, ibídem. Dice finalmente el actor, que entre los artículos 189 numeral 13 inciso 2o, 277 y 288 de la Constitución existe una concatenación lógica que permite arribar a la conclusión de que los delegados y agentes del Procurador son de su libre nombramiento y remoción y no pueden tener período.

IV. INTERVENCION DE CIUDADANO COADYUVANTE DE LA

DEMANDA.

El ciudadano ISMAEL CLAUDINOR IBAÑEZ VILLAREAL, intervino en el proceso para coadyuvar las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: El único funcionario de período dentro de la Procuraduría es el Procurador General de la Nación, por expresa disposición del artículo 276 de la Constitución. Los demás funcionarios y empleados podrán ser de carrera o de libre nombramiento o remoción, mas no de período. Los delegados y agentes del Procurador "son por su propia naturaleza de libre nombramiento y remoción del Procurador General". Estos no pueden tener una estabilidad superior a la de éste. El art. 280 de la Constitución no señala período alguno a los agentes. "Los períodos dentro de la función pública no constituyen derechos subjetivos, sino el límite temporal para el ejercicio de las competencias legales".

V. INTERVENCION DE CIUDADANO IMPUGNADOR DE LA

DEMANDA.

El ciudadano HERNAN GUILLERMO ALDANA DUQUE, intervino en el proceso para impugnar las pretensiones de la demanda y, en tal virtud, expuso los siguientes argumentos :

En cuanto al primer cargo de la demanda, esto es, la falta de unidad de materia, no es cierto que la ley 27 de 1992 se refiera exclusivamente a la carrera administrativa a nivel nacional, pues claramente se infiere tanto de su encabezamiento como del conjunto normativo contenido en ella que dicha ley desarrolla el artículo 125 de la Constitución que alude de manera genérica a los empleos en los órganos y entidades del Estado, es decir, a los de elección popular, a los de libre nombramiento y remoción, a los de carrera, los desempeñados por trabajadores oficiales y demás que determine la ley, en todos los niveles administrativos. Por lo tanto, la ley en cuestión, podía ocuparse de regular un aspecto propio del régimen de los empleos de la Procuraduría General de la Nación, como es lo relativo al período de los procuradores delegados ante las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativo. Con respecto al segundo cargo, el impugnador expresa : - Es diferente el concepto de procurador delegado al de agente del Procurador General de la Nación. "En efecto, el artículo 118 de la Constitución de 1991 introduce con relación a la regulación positiva anterior, una modificación sustancial en lo que se refiere a los cargos de quienes representan al Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia y ante el Honorable Consejo de Estado." - La Constitución de 1886, no preveía la categoría de procuradores delegados ante la Corte Suprema de Justicia y ante el Consejo de Estado, sino la de fiscales. Los procuradores delegados fueron de creación legal. - Los procuradores delegados, no surgieron como agentes del Procurador

General de la Nación, sino como colaboradores del Ministerio Público, con funciones propias dadas por la ley. - Conforme al artículo 118 de la Constitución, una categoría es la de delegados y otra la de agentes del Ministerio Público. Luego, según el texto del artículo 280 de la Constitución si se acepta que los procuradores delegados son agentes del Ministerio Público, cuando desempeñan cargos ante magistrados y jueces de período, tienen los mismos derechos y entre éstos se comprende el de la estabilidad. - Según el artículo 278 de la Constitución, corresponde al Procurador General de la Nación nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados de su dependencia. Igualmente la norma siguiente otorga competencia a la ley, entre otras cosas para determinar lo relativo al retiro del servicio de los funcionarios y empleados de la Procuraduría. Por consiguiente, corresponde al legislador determinar la forma de retiro del servicio de los empleados de dicho organismo. - "En fin, cuando la Constitución otorga a los agentes del Ministerio Público ante los magistrados y jueces de superior categoría los mismos derechos de éstos, señaló al Procurador un límite en la facultad de libre nombramiento y remoción de sus citados agentes, en cuanto ella chocara con los iguales derechos, garantías y tratamientos establecidos en la Constitución y en la ley para dichos funcionarios judiciales".

VI. INTERVENCION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL

DERECHO.

El ciudadano interviniente Ministerio de Justicia y el Derecho considera que la norma impugnada no es contraria a la Constitución por las siguientes

razones: No se ha alterado el principio de unidad de la materia, puesto que la ley 27 de 1992 no solamente está desarrollando la reglamentación de la carrera administrativa, sino otros aspectos relativos a la preceptiva del artículo 125 de la Constitución Política; más aún, esta ley regula aspectos de la relación laboral de los funcionarios de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, mientras esas entidades adoptan sus respectivas normas de carrera, pues el artículo 125 de la Carta no alude única y exclusivamente al personal que presta sus servicios en la rama ejecutiva a nivel central y en las entidades descentralizadas a nivel regional, sino a todos los servidores públicos. Según el art. 280 de la Constitución, los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categorías, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo. Precisamente uno de los derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado es su permanencia en el cargo por un período determinado. "mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso" (art.233 C.P.), derecho que la Ley 27 de 1992 en el parágrafo del artículo 4o consagró para los referidos agentes ante las jurisdicciones ordinaria y contenciosa administrativa. Esta prerrogativa tiene su razón de ser por la altísima misión que debe cumplir, "porque no es concebible que los funcionarios que ejercen control sean de inferior categoría o tengan menos derechos que las personas ante

quienes ejercen el cargo". Bajo ningún punto de vista, se puede armonizar la disposición del numeral 13 del artículo 189 de la Carta, referente al libre nombramiento y remoción de los agentes del Gobierno con respecto a los agentes del Ministerio Público dada la clara disposición constitucional del artículo 280.

VII. CONCEPTO DEL VICEPROCURADOR GENERAL DE LA

NACION.

En razón de que al señor Procurador General de la Nación se le aceptó el impedimento que manifestó para intervenir en el presente proceso, rindió el concepto de rigor el señor Viceprocurador General de la Nación, quien conceptuó que la norma acusada debe ser declarada exequible, bajo el entendido de que ella no cobija a "Los Procuradores Delegados que no cumplen de manera habitual y permanente con la función de agentes del Ministerio Público". El concepto del señor Viceprocurador se resume así: En relación con el cargo de la demanda sobre la falta de unidad de materia expresa: "Nuestra jurisprudencia constitucional ha entendido frente al mandato 158 de la Ley Fundamental, que allí no se consagra una simple garantía de trámite, cuya inobservancia es susceptible de subsanarse a términos del parágrafo del artículo 241 ibídem. La unidad de materia es en verdad, asunto de índole sustantivo que apunta a la sistematización racional de la tarea legislativa". Dentro del contexto jurídico del artículo 158 de la Constitución, es indudable la correspondencia temática entre el texto impugnado y la materia del ordenamiento del cual hace parte; piénsese en la relación género-especie, entre la materia que se insinúa cuando la Ley 27 dice que

desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política y el período de unos funcionarios del Ministerio Público. Vínculo que se evidencia no sólo por el contenido normativo del mandato superior, que describe cuáles son los empleos de carrera y defiere en la ley la determinación de los que no lo son, sino también por la cobertura que prescribe el mismo, esto es, el régimen de empleos del Estado, sin hacer distinción entre los de las distintas ramas u organismos que conforman su estructura. "La correlación temática advertida, se corrobora con la observación de que el conjunto normativo, integrado por el articulado de la Ley y en especial el del mismo artículo 4o., aluden también a otras formas de vinculación con la función pública, la de los empleos de libre nombramiento y remoción, de los trabajadores oficiales y de los de elección popular". En punto al tema del período de los procuradores delegados ante las jurisdicciones ordinaria y contencioso considera: "Sin perjuicio de las funciones que directamente atribuye la ley a los Procuradores Delegados y a los agentes del Ministerio Público, en el escenario autonómico de sus competencias, unos y otros también desarrollan aquellas funciones que puede delegarles el Procurador General por determinación de la misma Ley, como Supremo Director del Ministerio Público, en cuanto determinador de políticas generales y de encargos específicos (Ley 4a de 1990)". "La delicada tarea que la Constitución atribuye al Procurador General de la Nación como Supremo Director del Ministerio Público y de la Entidad de control disciplinario por excelencia, organizacionalmente hablando, crea y demanda un vínculo de especial e inescindible confianza entre el titular del

cargo de Procurador General y sus inmediatos colaboradores, como que con el concurso de éstos se diseñan y ejecutan las políticas que compete desarrollar a la Procuraduría. Así mismo en este andamiaje se configura entre el Procurador y sus funcionarios cercanos una especie de puente con el resto de los servidores de la Procuraduría, que imprime dinámica al ejercicio de la actividad de control. No cabe duda por ello que los mismos deben ser de libre nombramiento y remoción del Procurador". El artículo 280 constitucional que guarda semejanza, en lo esencial, con el inciso 3o. del art. 142 de la Carta de 1886, tiene como diferencia que se refiere a los agentes del ministerio público y en cambio éste alude a los funcionarios. Es decir, que uno y otro, en similares términos consagraron que éstos servidores tendrían la misma categoría, remuneración privilegios (hoy derechos) y prestaciones que los magistrados y jueces ante quienes ejercen su cargo. No cabe duda que dentro de la referencia de los derechos se encuentra el atinente al de la estabilidad relativa que se desprende del señalamiento de un período para el ejercicio de una función. "Puede afirmarse, de todo lo enunciado y de una lectura armónica de la ley 4a de 1990, reorgánica de la Procuraduría General de la Nación, que si bien algunos de los Procuradores Delegados del Procurador General -de libre nombramiento y remoción por éste - en atención al vínculo de confianza anotadocumplen además de atribuciones que se desenvuelven primordialmente en la órbita administrativa de las funciones propias de éste

organismo de control, atribuciones de agentes del Ministerio Público, los denominados Procuradores Delegados en lo Contencioso y los Procuradores Delegados en lo Penal, son verdaderos agentes del Ministerio Público, con funciones dominantemente de sujetos procesales, pero que pueden además en una vinculación de dependencia del titular del Ministerio Público, cumplir otras actividades que éste les asigne, como por ejemplo, impulsar determinadas causas o acciones ante las autoridades judiciales donde actúan". Resulta clara entonces la diferencia entre los procuradores delegados, que cumplen esencialmente funciones disciplinariasadministrativas y los agentes del Ministerio Público que actúan ante la rama jurisdiccional, a quienes se les aplica el art. 280.

VI. COMPETENCIA.

Es competente la Corte para conocer de la acción instaurada, conforme al artículo 241-4 de la Constitución Política.

VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE.

1. El Ministerio Público. 1.1. Constitución de 1886.

En la Constitución de 1886 el Ministerio Público era ejercido bajo la suprema dirección del gobierno por el Procurador General de la Nación, por los fiscales del Consejo de Estado, de los tribunales administrativos, de los tribunales superiores de distrito judicial, de los juzgados superiores y de circuito y por los demás fiscales designados por la ley. A la Cámara de Representantes se le asignaban determinadas funciones fiscales. A dichos funcionarios se les confiaba de manera general la misión de "defender los intereses de la Nación, promover la ejecución de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas; supervigilar la conducta de los

empleados públicos y perseguir los delitos y contravenciones" (arts. 142, 143, 144 y 146). No se aludió en la Constitución de 1886, como en la actual, a los delegados y agentes del Procurador. La Constitución se refirió a los fiscales ante las diferentes autoridades judiciales como órganos que en cierta forma eran autónomos frente al Procurador, al no tener éste sino el Gobierno la dirección del Ministerio Público y, además, porque dichos fiscales gozaban de un período fijo y no eran designados libremente por el Procurador. En efecto, los fiscales del Consejo de Estado, de los tribunales administrativos y de los tribunales superiores eran nombrados por el Presidente de la República por un período de cuatro años, de listas presentadas por el Procurador General de la Nación y los fiscales de los juzgados superiores y del circuito eran designados para un período de tres años, por el Procurador General de la Nación, de listas presentadas por los fiscales de los respectivos tribunales superiores. Dichos fiscales debían reunir las mismas condiciones de los magistrados y jueces ante quienes ejercían el cargo (arts. 144 y 146). En diferentes oportunidades la ley creó y reorganizó las distintas procuradurías delegadas que actualmente existen. (Leyes 83 de 1936, 25 de 1974 y 4a. de 1990; Decretos Leyes 2898 de 1953 y 521 de 1971), a las cuales les correspondía el cumplimiento de funciones propias del Procurador que les eran delegadas por éste o asignadas por la ley. Con respecto a los procuradores delegados el Procurador ejercía el conjunto

de las atribuciones propias del poder jerárquico, el cual aparecía desdibujado con respecto a los fiscales. 1.2. Constitución Política de 1991. 1.2.1. El artículo 27 transitorio. A raíz del cambio institucional operado en la administración de justicia con la creación de la Fiscalía General de la Nación, fue necesario regular lo relativo a las funciones que cumplirían en lo sucesivo las diferentes fiscalías ante la justicia penal y ante las demás jurisdicciones. Fue asi como el inciso 3o. del art. 27 transitorio de la Constitución dispuso: "Las actuales fiscalías de los juzgados superiores, penales del circuito y superiores de aduana, y de orden público, pasarán a la Fiscalía General de la Nación. Las demás fiscalías se incorporarán a la estructura orgánica y a la planta de personal de la Procuraduría. El Procurador General señalará la denominación, funciones y sedes de estos servidores públicos, y podrán designar a quienes venían ejerciendo dichos cargos, conservando su remuneración y régimen prestacional". "La procuraduría delegada en lo penal continuará en la estructura de la Procuraduría General de la Nación". El Procurador General de la Nación, con fundamento en el artículo 27 transitorio en referencia, en las disposiciones de la ley 4a. de 1990 y del decreto 489 de 1992 sobre estructura orgánica, planta de personal e incorporación de personal de la Procuraduría expidió, entre otros, los siguientes actos: la resolución R-016 del 24 de junio de 1992, "por medio de la cual se asignan funciones a los agentes del Ministerio Público ante las

autoridades judiciales", resolución R-017 de la misma fecha, "por la cual se establecen las sedes de unos cargos..... y se determinan las autoridades judiciales ante las que deben cumplir sus funciones unos servidores públicos" y resolución R-001 del 9 de febrero de 1993 "por medio de la cual se asignan y delegan funciones del Ministerio Público ante las jurisdicciones civil y laboral...." Los referidos actos constituyen el antecedente inmediato relativo a la determinación de los despachos judiciales ante los cuales deben cumplir su misión los delegados y agentes, con arreglo a las funciones determinadas por la ley y las delegaciones hechas por el Procurador General de la Nación. 1.2.2. Aspectos orgánico y funcional. El Ministerio Público es un órgano de control, autónomo e independiente, al cual se le asigna de modo general una variedad de funciones, en lo que atañe con "la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas". El Ministerio Público es ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los Procuradores Delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley (arts. 113, 117, 118, 277, 278 y 282 C.P.). El Procurador General de la Nación tiene la suprema dirección del Ministerio Público; cumple sus funciones directamente o a través de sus "delegados y agentes". (art. 242-2-4, 275, 277, 278 y 281 C.P.).

Como se expresó por esta Corte en la Sentencia C-223/95 , "conforme a las 1 precisiones precedentes, se puede inferir que el Ministerio Público tiene un carácter institucional en la Constitución que corresponde al órgano autónomo e independiente de control encargado de realizar específicas funciones estatales; pero es de anotar, que el Ministerio Público no se manifiesta e identifica como una entidad única, orgánica y funcionalmente homogénea, pues la variedad de las funciones que le han sido encomendadas están asignadas a los órganos institucionales y personales que se determinan en el art. 118". La suprema dirección del Ministerio Público en cabeza del Procurador General de la Nación necesariamente implica que los diferentes órganos y funcionarios que lo conforman se encuentran articulados y subordinados orgánica, funcional y técnicamente a dicha institución y concretamente al referido funcionario, quien orienta, dirige y señala las directrices o pautas generales que deben ser observadas por los referidos órganos a efecto de asegurar la coordinación de las funciones y la unidad en las correspondientes acciones y decisiones. La anotada calidad supone necesariamente que el Procurador General de la Nación, ostente la calidad de un verdadero director supremo o jefe superior dentro del conjunto orgánico correspondiente al referido órgano de control, dotado de los poderes propios de la jerarquía. En efecto, de la Constitución se deduce que el Procurador tiene las siguientes atribuciones: 1) El supremo poder de dirección y control de las actividades, tareas y cometidos asignados al Ministerio Público (art. 275).

1 M.P. Antonio Barrera Carbonell. 2) Las facultades ordinarias de administración necesarias para cumplir dichas actividades, las cuales se desdoblan en una variedad de atribuciones que comprenden la potestad de ordenar y mandar, ejercer el poder reglamentario interno, dar instrucciones, celebrar contratos, nombrar y remover empleados y funcionarios de su dependencia, ejercer con respecto a éstos el poder disciplinario (arts. 113, 275, 277, 278-6 y 279) y revocar sus decisiones. 3) La facultad de asignar funciones a sus delegados y agentes, bajo la responsabilidad de éstos, sin perjuicio del derecho de avocación cuando lo estime conveniente por necesidades del servicio. A juicio de la Corte, podría establecerse una diferenciación entre delegado y agente del Procurador, de la siguiente manera: El delegado es un alter ego del Procurador, hace las veces de éste, y lo vincula plena y totalmente. Aquí opera la figura de la representatividad, por cuanto el delegado actúa en nombre del delegante. Es una transferencia de la entidad propia -en nivel jurídico, no reala otro, con tres notas: plena potestad, autonomía de ejecución y confianza intuito personae. En cambio, el agente obra en desarrollo de una función antes que en nombre de una persona, pero siempre está bajo la subordinación de otro superior, ante quien responde y de quien puede cumplir órdenes específicas para un asunto determinado. En este orden de ideas, los procuradores delegados son agentes, pero se advierte que todo delegado tiene indirectamente una función de agente, pero no todo agente es necesariamente delegado. No obstante lo dicho antes, no existen en la Constitución criterios concretos

para diferenciar los delegados de los agentes del Procurador, pues lo cierto es que unos y otros desarrollan funciones y actúan en representación del Procurador en el cumplimiento de las tareas que son propias del Ministerio Público, salvo en lo atinente a las funciones que privativamente corresponde a aquél en los términos de los artículos 242-2-4 y 278 constitucionales. Tanto los unos como los otros, en razón de la inmediatez del vínculo funcional con el Procurador, traducen su inspiración, voluntad y las directrices de su política general en lo relativo a la actividad de control que constitucionalmente se les atribuye. Pero obviamente, la asignación de funciones por la ley y la delegación de funciones que pueden recibir, conlleva cierta autonomía e independencia para realizarlas y la radicación en cabeza de dichos delegados y agentes de la consiguiente responsabilidad, sin que ello comporte ruptura del vínculo jerárqu