CC - C318-2007

Sentencia C-318/07

BIENES INEMBARGABLES-Desuso de norma que establecía la inembargabilidad hasta el valor de doscientos pesos, de libros relativos a la profesión del deudor, máquinas e instrumentos utilizados por el deudor para enseñar/INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Disposición acusada no vigente La Corte Constitucional considera que el contenido normativo demandado, referido a que los libros relativos a la profesión del deudor, así como los instrumentos y máquinas que el deudor utiliza para enseñar un arte o una ciencia, no son embargables hasta el valor de doscientos pesos ($200) a elección del mismo deudor, no está vigente en el ordenamiento jurídico colombiano. En razón de lo anterior, no procede pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de las expresiones demandadas, contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 1677 del Código Civil. Como tantas veces lo ha expuesto este Tribunal Constitucional, el control de constitucionalidad tiene como sustento la regla general consistente en que la norma objeto de control debe estar vigente, salvo que pese a su falta de vigencia, ésta siga produciendo efectos. Ahora bien, en el presente caso no se da la excepción referida pues la norma derogada no sigue produciendo efectos. Por el contrario, como se dijo, sobre ella ha se ha configurado el fenómeno del desuso, por la imposibilidad fáctica de aplicarla, de conformidad con lo explicado en fundamento número 9 de esta sentencia. Por todo lo anterior, la Corte Constitucional se declarará inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de las

disposiciones acusadas.

Referencia: expediente D-6543

Demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 3° y 4° (parciales) del artículo 1677 Ley 57 de 1887 (Código Civil).

Demandante: Andrés Fernando Marín

Rodríguez.

Magistrado Ponente:

Dr. HUMBERTO ANTONIO

SIERRA PORTO

Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil siete (2007). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Andrés Fernando Marín Rodríguez solicita a esta Corporación la declaratoria de inconstitucionalidad de los numerales 3° y 4° (parciales) del artículo 1677 Ley 57 de 1887 (Código

Civil).

II. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada y se subrayan los apartes demandados.

Código Civil (...) ARTICULO 1677. La cesión comprenderá todos los bienes, derechos y acciones del deudor, excepto los no embargables.

No son embargables: 1o.) <Numeral modificado por el artículo 3o. de la Ley 11 de

1984. El nuevo texto es el siguiente:> No es embargable el salario mínimo legal o convencional. 2o.) El lecho del deudor, el de su mujer, los de los hijos que viven

con él y a sus expensas, y la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas. 3o.) Los libros relativos a la profesión del deudor, hasta el valor de doscientos pesos y a la elección del mismo deudor. 4o.) Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetos a la misma elección. 5o.) Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado. 6o.) Los utensilios del deudor arte o trabajador del campo, necesarios para su trabajo individual. 7o.) Los artículos de alimento y combustible que existan en poder del deudor, hasta concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia, durante un mes. 8o.) La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente. 9o.) Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación.

III. LA DEMANDA Las normas demandadas estipulan un valor límite de doscientos pesos ($200), al embargo de los libros relativos a la profesión del deudor y a las máquinas e instrumentos que el deudor utiliza para la enseñanza de algún arte o ciencia. El demandante considera que estas normas vulneran los artículos 1º (prevalencia del interés general), 2º (fines esenciales del Estado), 8º (protección de las riquezas culturales de la Nación), 13

(promoción de la igualdad real y efectiva), 25 (derecho al trabajo), 27 (libertad de enseñanza e investigación) y 70 (promoción e igual acceso a la cultura). El actor explica que los artículos constitucionales citados establecen un

contenido normativo consistente en que es deber del Estado, tanto proteger aquellos materiales que sirvan para el fomento de la cultura, la enseñanza, la ciencia y las artes, así como establecer condiciones adecuadas para que quienes desarrollan oficios relacionados con ello, encuentren efectivamente garantizada su actividad. De este modo, en opinión del demandante, las normas acusadas configuran un límite para que la propiedad de los elementos necesarios para el ejercicio de actividades relacionadas con la cultura, la enseñanza, la ciencia y las artes, se vea garantizada cuando el propietario tenga la calidad de deudor, y se pretenda respaldar una obligación con dichos elementos. Así, encuentra el actor que dicho límite es desproporcionado respecto de la importancia que cobran los mencionados elementos en razón a que las actividades que con ellos se desarrolla, se promocionan y protegen en la Constitución. Y, es desproporcionado –según el demandanteporque prohíbe el embargo de dichos elementos (libros, instrumentos o máquinas), tan sólo en el equivalente a un valor de doscientos pesos ($ 200). Suma que en sus palabras resulta irrisoria, y no brinda en realidad ninguna garantía de protección a las actividades constitucionalmente consagradas, en el evento mencionado de la posibilidad de embargo. Agrega por último, que de lo anterior se desprende también la vulneración del derecho al trabajo y a la igualdad, entre otras cosas porque en los numerales 5 y 6 del mismo artículo 1677 del Código Civil se estipulan como inembargables los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado y los utensilios del deudor artesano o trabajador del campo, necesarios para su trabajo individual, sin que para estos elementos se

establezca límite de valor alguno.

IV. INTERVENCIONES 1.- Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia Mediante escrito allegado a la Secretaría General de esta Corporación, el 16 de noviembre de 2006, el Ministerio del Interior y de Justicia solicita a la Corte Constitucional, o bien que dicte un fallo inhibitorio, o que declare la exequibilidad condicionada de las disposiciones acusadas.

Respecto de la solicitud de inhibición, argumenta que el cargo formulado por el demandante deviene de una interpretación particular de éste de la norma demandada, con lo cual se desnaturaliza el sentido abstracto del control de constitucionalidad que realiza este Tribunal Constitucional. Asevera que la demanda plantea que la norma es contraria a la Constitución en razón a que la suma de doscientos pesos ($200) como monto mínimo equivalente al valor de los bienes (libros, instrumentos o máquinas) que se establecen como inembargables en las disposiciones demandadas, es ineficaz como medida de protección a las actividades que se desarrollan con estos bienes. Se explica en el escrito de intervención que la conclusión del actor sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas, se deriva de un juicio subjetivo de eficacia de las mismas. Así, afirma que “se debe tener en cuenta que el juicio de constitucionalidad que le corresponde ejercer a la Corte Constitucional se lleva a cabo mediante la confrontación en abstracto de los preceptos legales demandados con el estatuto superior, para determinar si ellos se adecuan a éste, independientemente de la buena o mala aplicación o interpretación que de ellos se haga.”

Agrega, que en el escrito de la demanda sólo funge como razón de la presunta inconstitucionalidad, la supuesta ineficacia de las normas acusadas, pero no se dice nada para sustentar la vulneración de las cláusulas constitucionales que alega. En últimas, concluye que no existe mérito suficiente en el escrito de la demanda, para dictar un fallo de fondo sobre la constitucionalidad de las normas acusados, pues “un precepto de la ley no es inconstitucional por la interpretación o aplicación que se haga de ella sino por su oposición sustancial a los principios o normas de la Carta Política.” En virtud de esto plantea que lo pertinente es un fallo inhibitorio por parte de la Corte. De otro lado, explica que si esta Corporación decide hacer un estudio de fondo de las normas objeto de la demanda, entonces lo procedente es una sentencia interpretativa. Ésta, en el sentido de declarar la exequibilidad de las mismas, bajo el entendido que la suma de doscientos pesos ($ 200), como monto equivalente al mínimo valor exento de la situación jurídica de embargo por deudas cuando se trata de los libros, instrumentos o máquinas relativos al oficio del deudor, se debe actualizar a partir de una formula que en la idea del interviniente la establecería la Corte Constitucional. El Ministerio sustenta lo anterior, en el argumento consistente en que si se llegase a aceptar que la ineficacia de la norma configura un cargo de constitucionalidad, entonces se debe partir del hecho que “la total ineficacia del precepto legal no hace que este devenga inconstitucional, puesto que una cosa es la validez de las normas jurídicas y otra muy

distinta su eficacia.” Por ello, lo único que se podría oponer a la norma demandada es que está desactualizada, pero no que es contraria a la Constitución. Ahora bien, si esto es así, “al desaparecer la suma que no es embargable del ordenamiento jurídico se formalizaría una violación a los principios de igualdad y proporcionalidad”, luego la solución no puede ser declararlas inexequibles, sino actualizar el monto de inembargabilidad en la forma expuesta.

2. Intervención del Instituto colombiano de Derecho Procesal En escrito recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 8 de noviembre de 2006, el Instituto colombiano de Derecho Procesal plantea que este Tribunal Constitucional debe emitir un fallo inhibitorio respecto de las normas acusadas.

Se explica en el escrito de intervención que los numerales 3 y 4 del artículo 1677 del Código Civil parcialmente acusados, han sido “modificados de manera tácita y evidente”, por el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil. En este orden, no procede estudio de fondo de constitucionalidad sobre un contenido normativo que no está vigente. Considera el interviniente que el artículo 684 del C.P.C. (de 1970 y modificado en 1989) dispuso que los utensilios necesarios para el trabajo de la persona contra quien se decrete el secuestro no podrán embargarse, ha modificado los numerales 3 y 4 del artículo 1677 del Código Civil (de 1857 y modificado en 1984) pues por un lado, libros, instrumentos o máquinas relativos al trabajo del deudor (art. 1677 C.C) están dentro de la noción de

utensilios, enseres e instrumentos del artículo 684 del C.P.C.; y por otro, los conceptos de profesión y/o actividad de enseñanza del deudor (art. 1677 C.C) se subsumen igualmente en la noción de trabajo individual de la persona del artículo 684 del C.P.C. La anterior identidad en los contenidos normativos de los artículos 1677 del C.C y 684 del C.P.C., lo sustenta el interviniente en la comparación de los textos respectivos textos, y lo presenta de la siguiente manera: Artículo 1677 del Código Civil Artículo 684 del C.P.C (…) (…)

No son embargables: No podrán embargarse: (…) (…) 3o.) Los libros relativos a la 11. Los utensilios, enseres e profesión del deudor, hasta el instrumentos necesarios para el valor de doscientos pesos y a la trabajo individual de una elección del mismo deudor. persona, contra quien se decretó 4o.) Las máquinas e instrumentos el secuestro, a juicio del juez, de que se sirve el deudor para la con la salvedad indicada en el enseñanza de alguna ciencia o numeral anterior (se refiere a que arte, hasta dicho valor y sujetos a el crédito provenga del la misma elección. respectivo bien). (…) (…) Concluye pues el interviniente, que el límite establecido por las normas demandadas de doscientos pesos ($200) como equivalente del valor inembargable relativo a los elementos en cuestión, ya no es un límite y “queda ahora a juicio del juez”, quien a partir de la norma del Código de Procedimiento Civil citada, tiene la prohibición legal de “despojar al

deudor de los elementos necesarios para el ejercicio de su profesión, oficio o trabajo”. Por ello, en su opinión, la decisión de la Corte debe ser inhibitoria, pues el contenido normativo demandado no tiene vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano. 3.- Intervención de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario. La Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario allegó escrito de intervención, recibido en la Secretaría General de esta Corporación el 17 de noviembre de 2006, en el que manifiesta que la demanda objeto de estudio se dirige contra contenidos normativos que fueron modificados por el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual no procede estudio de fondo sobre la constitucionalidad de las normas demandadas, sino un fallo inhibitorio. El escrito de intervención señala que los numerales acusados del artículo 1677 del Código Civil, fueron derogados tácitamente por el artículo 684 del C.P.C. Y aclara además, que “a pesar de que las reglas sobre bienes inembargables se encuentran en el Código Civil, no son normas sustanciales sino procesales y por eso el Código de Procedimiento [Civil] las modifica”. Concluye que le es dable a la Corte Constitucional adelantar estudio de constitucionalidad de normas “desuetas u obsoletas”. La consecuencia de la derogatoria tácita de los numerales acusados es que “hoy, (…), aquellos elementos imprescindibles para la realización de cualquier actividad remunerada de la cual dependa el deudor para su digna subsistencia, sin consideración a su valor, (…) son señalados por el juez como inembargables, según su criterio, pero sujeto a los mismos medios de

discusión propios de las decisiones judiciales.” Con ello adicionalmente, se ha establecido que la inembargabilidad no surge de un valor determinado, sino del criterio de utilidad y necesidad que tiene el deudor de servirse de ciertos elementos, en los términos del artículo 684 del C.P.C en mención. Por lo anterior, afirma que la Corte debe inhibirse para dictar un fallo de fondo sobre la constitucionalidad de las normas demandadas.

4. Intervención de la Facultad de Derecho de la Universidad de

Cartagena. Mediante escrito recibido en la Secretaría General de esta Corporación el 12 de diciembre de 2006, la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de los numerales acusados, bajo el entendido que el valor de $ 200 pesos debe actualizarse a una suma que oscile entre $18.000.000 y $21.000.000. El interviniente considera que la demanda carece de fundamentos suficientes que permitan detectar que las normas acusadas son contrarias a la Constitución. No obstante, explica que los numerales que se demandan tienen como objetivo “que los docentes a los que usan libros como apoyo necesario de su labor no [deban] pagar sus deudas con ellos”, lo cual es un propósito acorde con la Constitución, siempre y cuando se entienda que el valor en el que se protegen estos bienes no es de doscientos ($200), sino, dicho valor pero actualizado a 2007 (según el interviniente, este valer estaría entre $18.000.000 y $21.000.000). En este sentido la norma debería pues, ser declarada exequible, bajo la condición expuesta.

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN De conformidad con los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución, el Procurador General de la Nación rinde concepto de constitucionalidad número 4240 en el proceso de la referencia. La vista Fiscal solicita a la Corte Constitucional que se inhiba para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de las normas demandadas.

Explica el Ministerio Público, que la demanda tiene falencias en la fundamentación del cargo de inconstitucionalidad. Considera que el demandante no desarrolla el concepto de la violación de las normas constitucionales, es decir que tan sólo referencia las disposiciones superiores que presenta trasgredidas, pero no dice por qué resultan vulneradas. En su parecer esto se sustenta en dos aspectos principales: (i) el accionante no presenta los argumentos en que se apoya la solicitud de inconstitucionalidad (…) de manera clara, cierta, específica, pertinente y suficiente; y, (ii) el actor no tiene en cuenta que el concepto de bienes inembargables establecido en el artículo demandado del Código Civil ha sufrido profundas modificaciones por parte del legislador, tales como en el Decreto 2282 de 1989, en donde desaparecieron, precisamente, las expresiones por él demandadas”. Sobre lo primero afirma el Procurador General, que en el escrito de la demanda no queda claro cómo es que las normas demandadas vulneran el estatuto superior, tal como se expuso más arriba. Sobre lo segundo, señala que el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil vigente hace una enumeración de los bienes inembargables que “…corresponde a un lenguaje más acorde con los tiempos actuales, en el

que desaparece la suma de doscientos pesos acusada por el demandante”. Por lo cual, las expresiones demandas no están vigentes en nuestro ordenamiento. Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional que se declare inhibida para emitir pronunciamiento respecto de las expresiones acusadas.

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Competencia 1.- La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4 de la Carta.

Problema jurídico 2.- Se han demandado las expresiones “hasta el valor de doscientos pesos y a la elección del mismo deudor” y “hasta dicho valor y sujetos a la misma elección”, contenidas en los numerales 3 y 4, respectivamente, del artículo 1677 del Código Civil, por cuanto estas expresiones determinan el valor hasta el cual no resultan embargables los libros relativos a la profesión del deudor, y los instrumentos o máquinas que el deudor utilice para enseñar una ciencia o un arte; y, dicho valor es tan sólo de doscientos pesos ($200). A juicio del demandante, el valor mencionado no da cuenta del hecho que los libros, instrumentos o máquinas en cuestión se utilizan para desarrollar actividades constitucionalmente protegidas. Así, en opinión del actor, es deber constitucional del Estado, tanto proteger aquellos materiales que sirvan para el fomento de la cultura, la enseñanza, la ciencia y las artes, así como establecer condiciones adecuadas para que quienes desarrollan oficios relacionados con ello, encuentren efectivamente garantizada su actividad. Ello se deriva pues, de los artículos superiores 1º

(prevalencia del interés general), 2º (fines esenciales del Estado), 8º (protección de las riquezas culturales de la Nación), 13 (promoción de la igualdad real y efectiva), 25 (derecho al trabajo), 27 (libertad de enseñanza e investigación) y 70 (promoción e igual acceso a la cultura). De ahí que, si sólo se protegen los elementos en cuestión, para el evento del embargo y cuando su propietario es deudor, en un monto que en la actualidad no representa un valor real de protección frente a ningún bien en el mercado, entonces no se protegen ni fomentan adecuadamente las actividades culturales, académicas, artísticas y científicas, no se respeta el acceso igualitario a ellas ni el derecho al trabajo. 2.- Algunos intervinientes consideran que en el escrito de la demanda no se expresan razones para fundamentar por qué las normas constitucionales se ven trasgredidas por las normas demandadas. En estas intervenciones se explica que el actor sólo atina a afirmar que las expresiones acusadas vulneran algunos artículos constitucionales, pero no establece el concepto de la violación, además de que las únicas razones presentadas se refieren a la ineficacia de las normas demandadas, en el sentido de explicar que su presunta inconstitucionalidad deriva del monto de doscientos pesos ($200) como equivalente al valor en el que ciertos bienes no son embargables. Por dicho monto, las normas acusadas no establecen en realidad la inembargabilidad de ninguno de estos elementos. Según los intervinientes en mención, la argumentación anterior desborda el carácter abstracto del control de constitucionalidad que corresponde a la

Corte Constitucional, pues sugiere que las normas cuya eficacia está en cuestión serían contrarias a la Constitución, cuando la inconstitucionalidad material debe tener como sustento la contrariedad sustancial entre el contenido de una norma de rango legal y una de rango constitucional. Por ello solicitan a la Corte emitir un fallo inhibitorio por ineptitud sustantiva de la demanda. Otros intervinientes consideran que el contenido normativo demandado, estipulado en el artículo 1677 del Código Civil, según el cual estarían exentos de la posibilidad de embargo los libros, instrumentos o máquinas referenciados, hasta un valor de doscientos pesos ($200), no está vigente en el ordenamiento jurídico colombiano. Esto, en tanto el numeral 11 del artículo 684 del Código de Procedimiento Civil, que es posterior (de 1970 y modificado en 1989) al artículo 1677 del Código Civil (de 1857 y modificado en 1984), derogó tácitamente al último. El mencionado numeral 11 del artículo 684 C.P.C., reguló el mismo asunto de manera distinta. Es decir respecto de los elementos de trabajo del profesional o de quien enseña un arte o una ciencia, ya no se establece un monto determinado a partir del cual se consideran inembargables, como lo establecían los numerales 3 y 4 del artículo 1677 acusado, sino que ahora se prohíbe de plano el embargo de los elementos necesarios para el trabajo individual de una persona, al tenor del citado numeral 11 del artículo 684 C.P.C. Lo anterior se sustenta en el análisis de los contenidos de las normas en cuestión. El artículo 684 del C.P.C. dispuso que los utensilios necesarios

para el trabajo de la persona contra quien se decrete el secuestro no podrán embargarse. Por un lado, libros, instrumentos o máquinas relativos al trabajo del deudor (art. 1677 C.C) están dentro de la noción de utensilios, enseres e instrumentos del artículo 684 del C.P.C.; y por otro, los conceptos de profesión y/o actividad de enseñanza del deudor (art. 1677 C.C) se subsumen igualmente en la noción de trabajo individual de la persona del artículo 684 del C.P.C. Así, se asevera en estos escritos de intervención, que la demanda se dirige contra un contenido normativo derogado, luego no procede un estudio de fondo de constitucionalidad de la normas demandadas por parte de la Corte Constitucional, además porque de la anterior interpretación se desprende que la modificación normativa se da justamente en el aspecto que el demandante considera inconstitucional, esto es, en el establecimiento de un valor determinado hasta el cual son inembargables algunos bienes del deudor, ya que la norma posterior no contempló monto alguno. Por lo explicado consideran que la Corte debe inhibirse de dictar un fallo de fondo sobre la constitucionalidad de las disposiciones acusadas. De otro lado, otros intervinientes plantearon a este Tribunal Constitucional la declaratoria de exequibilidad condicionada de las normas demandadas, siempre y cuando se entendiera que el valor de doscientos pesos ($200), debía ser actualizado, y proponen que sea esta Corte la que establezca la formula de actualización de dicho valor. Consideran pues, que el sentido de la inconstitucionalidad planteada, es que el monto de doscientos pesos

($200) no corresponde hoy día al valor real de ningún bien en el mercado, por lo que lo pertinente es interpretar la norma de conformidad con lo que quiso el legislador al momento de expedirla, que fue proteger en un valor razonable los libros, instrumentos y maquinaria del deudor profesional, maestro, artista y/o científico, del evento del embargo. Dicho valor debe ser entonces actualizado para cumplir con el propósito de la norma. De ahí la solicitud a la Corte Constitucional de dictar una sentencia interpretativa en los términos expuestos. 3.- El Ministerio Público por su lado, solicita igualmente que la Corte Constitucional se inhiba para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de las expresiones acusadas, por ineptitud sustantiva de la demanda, y en sustento de ello expresa dos razones principales. En primer lugar, explica que la demanda adolece de fundamentos que desarrollen el concepto de la violación; y los pocos argumentos que se estructuran no sugieren “la confrontación en abstracto del contenido de la disposición acusada y la norma Superior”. En segundo lugar, manifiesta que “el concepto de bienes inembargables establecido en el artículo demandado del Código Civil ha sufrido profundas modificaciones por parte del legislador, tales como en el Decreto 2282 de 1989, en donde desaparecieron, precisamente, las expresiones por él demandadas”; lo cual deja entrever que el contenido normativo demandado no está vigente. 4.- De conformidad con lo anterior, corresponde a la Corte Constitucional determinar preliminarmente el alcance de la demanda, en cuanto a si adolece de defectos insalvables en su argumentación y a si se dirige contra

un contenido normativo vigente o derogado. Luego de ello, si es procedente, se deberá estudiar de fondo lo relativo a la inexequibilidad que propone el demandante.

Asuntos previos: Alcance de los artículos 1677 del Código Civil y del artículo 684 del Código de Procedimiento Civil y vigencia del artículo 1677 del Código Civil. 5.- En primer término, la Corte considera que si bien el escrito de la demanda no es profuso en razones para sustentar la presunta vulneración de las normas constitucionales por parte de las disposiciones demandadas, permite detectar la relevancia constitucional de la discusión que plantea el demandante. En esencia, del argumento expuesto en la demanda se deriva que el punto al cual se dirige el actor, es el relativo a que la suma de doscientos pesos ($200) no representa en la actualidad un valor al que pueda equivaler algún bien en el mercado, por lo que la cualidad de inembargabilidad de unos bienes determinados hasta dicho monto, no representa algo real en la práctica. Ahora bien, aquellos bienes que resultan inembargables hasta el monto en mención, los relaciona el demandante con actividades consagradas constitucionalmente en su promoción y protección.

Así, los libros, los instrumentos y/o máquinas, utilizados por un deudor para el ejercicio de actividades culturales, artísticas, científicas, académicas y laborales, no serían en la práctica realmente inembargables, pues a ninguno de estos bienes se le puede adjudicar en la actualidad un valor de doscientos pesos ($200). De este modo, si las anteriores actividades están expresamente contempladas en la Constitución, el debate sobre si la inembargabilidad de los bienes que sirven para su desarrollo directo tiene

relevancia constitucional, al margen de que haya que tener en cuenta muchos más aspectos, y por tanto esgrimir muchas más razones para sustentar una inconstitucionalidad por dicho concepto. En últimas, no existe requisito legal, ni interpretación de alguno de ellos, que sugiera que las demandas de inconstitucionalidad deben contar con un cierto número de razones. En este orden, encuentra la Sala que existiendo los elementos mínimos que enmarcan una discusión de relevancia constitucional, se debe estudiar en el presente caso lo relativo a la vigencia de las disposiciones demandadas. Alcance del artículo 1677 del Código Civil 6.- El artículo 1677 del Código Civil colombiano parcialmente acusado, se encuentra dentro del capítulo IX titulado “Del pago por cesión de bienes o por acción ejecutiva del acreedor o acreedores”, del Libro Cuarto denominado “De las obligaciones en general y de los contratos”. El artículo 1672 del mismo Código, estipula que cuando a causa de accidentes inevitables un deudor no se halla en estado de pagar sus deudas, podrá ceder (abandono voluntario) sus bienes al(los) acreedor(es). Así, el artículo 1677 en cuestión, establece que la mencionada cesión podrá comprender todos los bienes, derechos y acciones del deudor, excepto los no embargables. A su turno los numerales demandados del mismo artículo disponen que dentro de los bienes no embargables se encuentran los libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de doscientos pesos ($200) (num 3 art 1677 C.C) y las máquinas e instrumentos que sirven al deudor

para la enseñanza de un arte o ciencia hasta el mismo valor (num 4 art 1677 C.C). Como se ve, el artículo 1677 parcialmente demandado, contiene un listado de bienes, a los cuales la legislación civil les adjudica la cualidad de inembargabilidad, y a su turno prohíbe que sean objeto de cesión en la situación particular del deudor frente al acreedor, descrita en el artículo 1672 del C.C. Alcance del artículo 684 del Código de Procedimiento Civil 7.- De otro lado, el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil establece también la cualidad de inembargabilidad de algunos bienes. Dispone pues, que además de los bienes inembargables de conformidad con las leyes especiales, tampoco podrán embargarse, entre otros los del numeral 11: los utensilios, enseres e instrumentos necesarios para el trabajo de la individual de la persona contra quien se decretó el secuestro, a juicio del juez, salvo que el crédito provenga del precio del respectivo bien. El numeral en comento, estipula que aquellos bienes que para el deudor sean necesarios para su trabajo individual, no podrán embargarse. Esto significa, que el criterio de neces