CC - C336-2010

Sentencia C-336/10

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Intervención amplia del legislador en materia económica AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Intervención del legislador justificada por razones de orden macroeconómico

Referencia: expediente D-7935

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 8° (parcial) de la Ley 617 de 2000, “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica del presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”

Demandante: Juan Guillermo Salazar Pineda

Magistrado Ponente:

Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA

MARTELO

Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil diez (2010). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES El catorce (14) de octubre de dos mil nueve (2009), en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Juan Guillermo Salazar Pineda, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 8° (parcial) de la Ley 617

de 2000, "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto D-7935 Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional". Mediante Auto del doce (12) de noviembre de dos mil nueve (2009), el Magistrado Sustanciador resolvió admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. En la misma providencia ordenó comunicar la demanda al Ministerio del Interior y de Justicia, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación, a la Federación Nacional de Departamentos, a los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades del Rosario, Nacional, del Atlántico, Libre y Simón Bolívar, para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran dentro del proceso con el propósito de impugnar o defender la constitucionalidad del artículo 8° de la Ley 617 de 2000. Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda presentada.

II. EL TEXTO ACUSADO A continuación se transcribe el texto del artículo 8° de la Ley 617 de 2000, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 44.188 de 9 de octubre de

2000 y se subraya el segmento sobre el cual versa la acusación. “Ley 617 de 2000 (octubre 6) Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. El Congreso de Colombia

DECRETA: (…) ARTICULO 8o. VALOR MAXIMO DE LOS GASTOS DE LAS ASAMBLEAS Y CONTRALORIAS DEPARTAMENTALES. A partir del año 2001, durante cada vigencia fiscal, en las Asambleas de los departamentos de categoría especial los gastos diferentes a la remuneración de los diputados no podrán superar el ochenta por ciento (80%) de dicha remuneración. En las Asambleas de los departamentos de categorías primera y segunda los gastos diferentes a la remuneración de los diputados no podrán superar el sesenta por ciento (60%) del valor total de dicha remuneración. En las Asambleas de los departamentos de categorías tercera y cuarta los gastos diferentes a la remuneración de los

2 D-7935 diputados no podrán superar el veinticinco por ciento (25%) del valor total de dicha remuneración. Las Contralorías departamentales no podrán superar como porcentaje de los ingresos corrientes anuales de libre destinación del respectivo departamento, los límites que se indican a continuación: Categoría Límite gastos

Contralorías Especial 1.2% Primera 2.0% Segunda 2.5% Tercera y 3.0% Cuarta

III. LA DEMANDA El demandante considera que el artículo 8° de la Ley 617 de 2000, "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional", contraviene lo dispuesto en el artículo 308 Superior, en concordancia con los artículos 1°, 2°, 113, 117, 119, 133 inciso 1° y 209 de la Constitución Política.

El demandante comienza por señalar que la disposición acusada, en cuanto establece que “Las Contralorías departamentales no podrán superar como porcentaje de los ingresos corrientes anuales de libre destinación del respectivo departamento, los límites que se indican a continuación…”, desconoce el “principio de autonomía presupuestal”, pues “entró a regular un aspecto que la misma Constitución le tenía vedado, la posibilidad que tienen las contralorías departamentales de realizar gastos distintos de los de funcionamiento de la forma que estimare conveniente”. Agrega que aún cuando Colombia es un estado unitario, las entidades territoriales tienen autonomía para manejar sus propios asuntos”, siendo el legislador el llamado a definir el grado de autonomía que, según el artículo 287 de la Carta, se debe ejercer “dentro de los límites de la Constitución y de

la ley”. Sin embargo, el legislador debe respetar unos límites que resguardan el núcleo esencial de la autonomía de las entidades territoriales en materia presupuestal, entendida ésta como un derecho y como una garantía institucional. Alude al principio de autonomía presupuestal que, según él corresponde a la Contraloría General de la República y a las contralorías departamentales, municipales y distritales, encargadas de ejercer el control fiscal sobre la gestión de la administración y de los particulares que manejan fondos o bienes de la Nación, así como dotadas “de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal”. 3 D-7935 Puntualiza que el precepto demandado vulnera el artículo 308 de la Constitución, ya que “entra a regular los gastos de libre destinación de dichas entidades, lo cual conduciría a permitirle al legislador establecer los gastos en los cuales deben y pueden incurrir las contralorías departamentales y considera que la Constitución Política es clara en señalar el límite impuesto al legislador para reglamentar el presupuesto de gastos de las contralorías departamentales, el cual se restringe únicamente a los gastos de funcionamiento. Por tanto, extender el mandato contenido en el artículo 308 Superior a los gastos de inversión de dichas entidades, constituye un desbordamiento de la facultad de configuración legislativa de que goza el Congreso de la República para efectos de regular los asuntos de competencia de las entidades territoriales, lo cual, en su criterio, es abiertamente contrario al ordenamiento constitucional. Para finalizar señala que “resulta evidente de una lectura profunda del artículo

8° de la Ley 617 que el legislador trasgredió el límite mismo que la Constitución le impuso en el artículo 308, puesto que en dicha ley asumió la actividad legislativa por encima de los preceptos constitucionales al tocar temas que le estaban vedados por la Carta Superior, es decir, en el mismo momento en que el legislador optó por reglamentar gastos de las contralorías departamentales distintos a los de funcionamiento, entró a contradecir la Carta Superior, debido a que ésta es clara en decir que ‘la ley podrá limitar las apropiaciones departamentales destinadas a honorarios de los diputados y a gastos de funcionamiento de las asambleas y de las contralorías departamentales’ ”. En suma, el demandante estima que con la expedición de la norma objeto de reproche constitucional se quebranta el principio de autonomía presupuestal de las entidades territoriales consagrado en el artículo 287 Superior, al tiempo que se desconoce el artículo 150 superior en relación con las funciones constitucionales atribuidas al Congreso de la República, toda vez que en el ejercicio de las mismas, al legislador le está vendado, por expreso mandato constitucional, limitar las apropiaciones departamentales destinadas a gastos diferentes a los de funcionamiento de las asambleas y contralorías de esas entidades territoriales.

IV. INTERVENCIONES

1. Ministerio del Interior y de Justicia El Ministerio del Interior y de Justicia, mediante escrito allegado a esta Corporación el 9 de diciembre de 2009, intervino en el trámite de la presente acción con el fin de defender la constitucionalidad del artículo 8° de la Ley 617 de 2000.

Para tal efecto, consideró pertinente retomar los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-579 de 20011, en la cual se declaró exequible el artículo 8° de la Ley 617 de 2000, bajo la formulación de un 1 M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 4 D-7935 cargo general consistente en el desconocimiento del principio de autonomía de las entidades territoriales para definir la utilización de los recursos de fuente endógena. A partir de una interpretación de la citada providencia, concluyó el interviniente que el límite impuesto por el artículo 308 de la Constitución Política, en cuanto a la posibilidad de que el legislador limite las apropiaciones departamentales destinadas a gastos de funcionamiento de las Asambleas y de las Contralorías Departamentales sólo opera en condiciones de normalidad económica de los departamentos. De esta manera, existiendo un grave problema fiscal en las entidades territoriales es viable aplicar las medidas adoptadas por el legislador para conjurar la crisis de la forma como lo dispone el precepto demandado, lo cual a su juicio y, de conformidad con la Sentencia C-579 de 2001, resulta ajustado a la Constitución.

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante escrito del 9 de diciembre de 2009, intervino en el trámite de la acción de inconstitucionalidad del artículo 8° de la Ley 617 de 2000, a favor de la declaración de exequibilidad de la norma demandada.

De manera preliminar, indica el interviniente que la autonomía de que gozan las entidades territoriales debe entenderse como la autodeterminación de la

estructura administrativa y política del territorio, la gestión propia de sus intereses, la constitución de sus propias formas de gobierno, así como la expedición de actos de naturaleza administrativa sobre las decisiones que los afecten. Desde ese punto de vista, sostiene que para efectuar el análisis de constitucionalidad de la disposición demandada es necesario, en primer lugar, estudiar su verdadero significado y finalidad, ya que la restricción que contempla el artículo 308 Superior, respecto de los gastos de funcionamiento, se establece en consideración a que las contralorías departamentales únicamente incurren en ese tipo de gastos. Así las cosas, afirma que, partiendo de un criterio de interpretación teleológico del precepto constitucional, debe entenderse que el artículo 308 superior se refiere exclusivamente a la facultad del legislador para restringir los gastos de funcionamiento de las contralorías, bajo el supuesto de que el tipo de gastos que tales órganos realizan son de funcionamiento, razón por la cual el argumento esgrimido por el demandante no está llamado a prosperar. Por otro lado, señala que el legislador se encuentra plenamente facultado para establecer límites a los gastos de funcionamiento de las contralorías departamentales, sin que exista por ese solo hecho vulneración de la autonomía de las entidades territoriales. 5 D-7935 Finalmente, aduce que la restricción establecida en el artículo 8° de la Ley 617 de 2000, además de no extralimitar el contenido y alcance la Constitución Política, se encuentra ajustado al porcentaje relacionado con los ingresos corrientes de libre destinación, existiendo, entonces, total proporcionalidad respecto de la capacidad financiera y fiscal de los departamentos.

3. Departamento Nacional de Planeación Andrés Montenegro Sarasti, en su condición de apoderado judicial del Departamento Nacional de Planeación, intervino en el presente asunto para solicitarle a la Corte estarse a lo resuelto en la Sentencia C-579 de 2001, en la cual se declaró exequible el precepto demandado.

Previamente señala el interviniente que el cargo de inconstitucionalidad formulado por el demandante respecto del artículo 8° de la Ley 617 de 2000 ya fue objeto de debate constitucional. Partiendo de este supuesto, concluye que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada y, por ende, a manera de pretensión principal, solicita a la Corte Constitucional abstenerse de efectuar pronunciamiento alguno sobre el particular. No obstante lo anterior, considera pertinente realizar un análisis adicional en torno a la constitucionalidad del artículo acusado y al alcance de los cargos formulados en la demanda. Así pues, en relación con la autonomía de las entidades territoriales, indica que el reconocimiento del Estado unitario como fórmula de organización del territorio dota de una cláusula abierta al poder central, del cual se desprenden, entre otras, las regulaciones territoriales, las cuales son moldeadas en función de ese impulso unitario. Para el interviniente la consecuencia de la organización unitaria del Estado consiste, precisamente, en legitimar una actuación preponderantemente central, para lo cual el legislador no puede obrar arbitrariamente, sino que debe dimensionar en cada caso el interés nacional. A manera de ejemplo, señala que uno de los ámbitos donde más se ha discutido el tema de la autonomía ha sido, precisamente, el tributario, aspecto

en el que la Corte Constitucional, en diversos pronunciamientos, ha determinado que la fórmula adoptada por la Constitución de 1991 en este aspecto no implica una soberanía fiscal en cabeza de las entidades territoriales, dado que el poder de éstas es derivado. Por otro lado, aduce que la autonomía presupuestal de que gozan los organismos de control fiscal supone la posibilidad de disponer de los recursos en forma independiente, más no la posibilidad de que su presupuesto se defina mediante un procedimiento distinto al señalado por el legislador, dado que dicha facultad no es absoluta, como lo ha precisado la Corte Constitucional en su jurisprudencia. 6 D-7935 Adicionalmente, puntualiza que el proceso presupuestal colombiano se desarrolla con base en los principios de universalidad, unidad de caja, especialización, anualidad, programación integral, inembargabilidad, coherencia macroeconómica y homeostasis presupuestal, de los cuales destaca los tres primeros, definidos en los artículos 15, 16 y 18 del Decreto 111 del 15 de enero de 1996. En aplicación de los anteriores principios, el presupuesto de gastos de cada vigencia debe ser atendido con las rentas que se ha estimado recaudar y ninguna autonomía puede exceder el monto en él reconocido, salvo que, con posterioridad a la aprobación del presupuesto se produzca una modificación que incluya gastos inicialmente no previstos o que aumente el monto de las apropiaciones establecidas. Por lo anterior, las apropiaciones reconocidas a una contraloría no pueden ser aumentadas por el titular del organismo, pues los competentes para efectuar

ese tipo de ajustes son el Gobierno Nacional o local y la respectiva corporación de elección popular, previo agotamiento del procedimiento establecido en las normas orgánicas del presupuesto que obligan a elaborar un proyecto de ley, ordenanza o acuerdo y someterlo a la aprobación del Congreso de la República, de la Asamblea Departamental o del Concejo Municipal.

4. Universidad del Rosario El Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, intervino en el presente asunto, mediante escrito del 2 de diciembre de 2009, en el que le solicitó a la Corte estarse a lo resuelto en la Sentencia C-579 de

2001. Para tal efecto, sostiene que la Corte Constitucional ya se había pronunciado en relación con los cargos de la demanda, mediante la Sentencia C-579 del 5 de junio de 2001, en la que declaró exequible el artículo 8° de la Ley 617 de

2000. Por lo tanto, considera que sobre el particular existe cosa juzgada constitucional y, en tal virtud, no es jurídicamente admisible otro pronunciamiento sobre el tema.

V. COADYUVANCIAS CIUDADANAS Vencido el término de fijación en lista, el 9 de diciembre de 2009, los siguientes ciudadanos expresaron su concepto en relación con la demanda de la referencia.

1. En primer lugar, en escrito recibido el 15 de febrero de 2010, el ciudadano Fernando Aragón Ospina puntualiza que la disposición demandada plasma una restricción en cuanto al límite del presupuesto total de las Contralorías y, de esta manera, atenta contra la autonomía administrativa y financiera de dichas

entidades, coarta el ejercicio de la función pública de control fiscal y desdibuja lo establecido por la Constitución Política en su artículo 272, parágrafo 3, que 7 D-7935 sobre el particular señala que: “(…) corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal”. Para reafirmar su posición, trae a colación el caso de la Contraloría Departamental de Risaralda, entidad que durante el periodo 1995-1998, gracias a la aprobación de la Ordenanza No. 033 “Por la cual se dictan normas sobre la organización de la Contraloría General del Departamento de Risaralda, como un ente de carácter técnico con autonomía administrativa, presupuestal y personería jurídica, se establece su estructura, planta de cargos y se dictan otras disposiciones”, se le otorgó diversas funciones de las cuales se destaca la autonomía presupuestal como manifestación de la capacidad para programar y presentar proyectos de presupuesto de ingresos y egresos clasificados en gastos de funcionamiento e inversión por intermedio del Gobernador a la Asamblea Departamental. Finalmente, a juicio del coadyuvante, la norma demanda contraviene la estructuración de los entes de control fiscal descentralizados y afecta la autonomía administrativa y financiera de que son titulares, lo cual implica un retroceso en el ejercicio del control fiscal de las entidades territoriales.

2. Por su parte, la ciudadana Falena María Atuesta Salas, en escrito recibido el 29 de enero de 2010, advierte que el precepto acusado restringe la posibilidad

de ejecutar proyectos de inversión, como sucede con el resto de las entidades que hacen parte de la estructura del Estado y atenta contra la autonomía de estos organismos, creando categorizaciones odiosas del concepto de autonomía, toda vez que entidades como el Banco de la República, las Universidades Estatales o las Corporaciones Autónomas Regionales disponen con libertad de sus propios recursos, lo cual genera inequidad a la luz del artículo 113 de la Carta Política. Afirma que las Contralorías, como organismos autónomos e independientes sobre las cuales recae la función pública de control fiscal, deben tener la posibilidad de determinar su propio presupuesto de funcionamiento e inversión y de recaudar la cuota de fiscalización de manera directa sin injerencia de ninguna otra entidad, tal y como sucede con las Superintendencias. Como sustento de su intervención, anexa los siguientes documentos: Proyecto sobre Independencia de la E.F.S. Informe final del grupo de trabajo INTOSAI, Declaración de Lima y Declaración de México; Ordenanza 003 de julio de 1996 “Por medio de la cual se reestructura la Contraloría de Risaralda”, entre otros.

VI. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El señor Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 4893 del 25 de enero de 2010, solicitó a esta Corporación declarar la existencia de cosa juzgada material. Ello, por considerar que ya hubo un pronunciamiento sobre el particular, a través de la Sentencia C-579 de 2001, mediante la cual este Alto

8 D-7935 Tribunal declaró exequible el artículo 8° de la Ley 617 de 2000, frente a un cargo similar al que es objeto de acusación en la presente demanda.

Por lo anterior, considera la vista fiscal que no es necesario hacer un pronunciamiento de fondo en relación con el cargo de inconstitucionalidad planteado por el demandante.

VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir la demanda de la referencia, pues el artículo parcialmente acusado forma parte de una ley de la

República.

2. Planteamiento del asunto El ciudadano Juan Guillermo Salazar Pineda solicita declarar la inconstitucionalidad del artículo 8º de la Ley 617 de 2000 en la parte en que limita el gasto de las contralorías departamentales a un porcentaje determinado del monto de los ingresos corrientes anuales de libre destinación del respectivo departamento, bajo el cargo de afectar la autonomía de estas entidades territoriales y, en particular, el artículo 308 de la Constitución, pues, a su juicio, la ley sólo puede limitar las apropiaciones departamentales en lo relativo a los gastos de funcionamiento, mas no cuando se trata de gastos de inversión.

En las intervenciones presentadas por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y el Departamento Nacional de Planeación, así como en el concepto del señor Procurador General de la Nación se alude a la posible existencia de cosa juzgada constitucional, ya que en la Sentencia C-579 de 2001 la Corte declaró la exequibilidad de la disposición que ahora se demanda en forma parcial. Como quiera que de haber entrado la cuestión en autoridad de cosa juzgada no cabría el pronunciamiento posterior, es menester analizar

previamente este aspecto y a ello se procede a continuación.

3. La cosa juzgada constitucional En primer término, cabe anotar que en la Sentencia C-579 de 20012 se declaró la exequibilidad de los artículos 3 a 11 de la Ley 617 de 2000, con algunas salvedades que en nada afectan al artículo 8º, que, por lo tanto, fue hallado constitucional en su totalidad. Sin embargo, en la parte motiva de la sentencia citada, la Corporación apuntó que se declaraba la exequibilidad de los artículos 3 a 11 “sólo por el cargo genérico señalado en las demandas -la violación de la autonomía de las entidades territoriales, al incidir el legislador sobre el manejo de recurso de fuente endógena-” y añadió que los efectos de cosa juzgada debían “restringirse a los cargos aquí analizados, puesto que en

2 M. P. Eduardo Montealegre Lynett. 9 D-7935 las mismas normas existen ciertos aspectos que, si bien no fueron objeto de acusaciones específicas en este proceso y por lo mismo no han dado lugar a un pronunciamiento particular, podrían serlo en el futuro”. Dentro de los aspectos que en esa oportunidad no fueron objeto de análisis, la Corte citó, a título de ejemplo, “el esquema planteado por los artículos 8 y 10 acusados para limitar los gastos de asambleas y concejos, que toman como referencia los honorarios de los diputados o concejales -excluidos estos del rubro ‘gastos’ que se pretende limitaro las ‘cuotas de fiscalización’ que se establecen como obligación de las entidades descentralizadas del nivel

territorial”. En el auto admisorio de la demanda que ahora ocupa la atención de la Corte se puso de presente la anterior situación y se aclaró que la demanda se admitía, “sin perjuicio del análisis que pueda adelantar la Sala Plena sobre la configuración del fenómeno de cosa juzgada constitucional”. Para adelantar el análisis y determinar si se configura o no la cosa juzgada constitucional, es indispensable precisar la interpretación que del artículo demandado hizo la Corte, los términos de la demanda entonces resuelta y los cargos efectivamente analizados y hacer mención especial de las disposiciones constitucionales que sirvieron de parámetro para el examen de constitucionalidad y la declaración de exequibilidad que siguió al juicio adelantado. 3.1. La interpretación del artículo 8º de la Ley 617 de 2000 en la Sentencia C-579 de 2001 En cuanto hace a la interpretación del precepto ahora acusado parcialmente, es importante señalar que en la Sentencia C-579 de 2001 se hizo un estudio conjunto de los artículos 3 a 11 de la Ley 617 de 2000 y que, en esa ocasión, también fueron demandados los artículos 1º y 2º, 15, 16, 17, 19, 22 y 85 de la misma ley, de modo que el sentido del artículo 8º lo apreció la Corte en relación con las disposiciones pertinentes entonces estudiadas. Así por ejemplo, el segmento del artículo 8º demandado en esta oportunidad, hace referencia a los ingresos corrientes anuales de libre disposición del respectivo departamento y en el parágrafo 1º del artículo 2º se precisa que para

los efectos de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000 “se entiende por ingresos corrientes de libre destinación los ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por éstas las destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado”, se añade que “los ingresos corrientes son los tributarios y los no tributarios, de conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica de presupuesto y, a continuación, se indica que los gastos de funcionamiento no se podrán financiar con una serie de recursos, entre los que aparecen los recursos de cofinanciación, las regalías y compensaciones y otros más. 10 D-7935 Además, el artículo 8º de la Ley 617 de 2000, en lo acusado, se vale de una categorización de los departamentos para señalar, de conformidad con ella, el porcentaje de los ingresos corrientes de libre disposición del respectivo departamento que las contralorías departamentales no podrán superar y en el artículo 1º se establece la categorización presupuestal de los departamentos que, por los cargos estudiados, fue declarada exequible en la Sentencia C-579 de 2001. Con base en lo anterior, la Corte en la sentencia citada estimó que “los artículos 3 a 11, demandados, establecen límites al monto de los recursos que las entidades territoriales pueden destinar a gastos de funcionamiento” e indicó que según el artículo 8º, “los gastos de las Asambleas Departamentales, diferentes a la remuneración de diputados, no podrían superar un determinado porcentaje de dicha remuneración, a partir del 2001; y que los gastos de las

contralorías no podrán superar un porcentaje de sus ingresos corrientes de libre destinación”. Posteriormente, en la Sentencia C-1112 de 20013, ante una nueva demanda respecto de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 14 de la Ley 617 de 2002, para determinar si había operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y decidir acerca de los aspectos que en esa oportunidad ameritaban el pronunciamiento de la Corporación, la Corte volvió a ocuparse de la interpretación de las disposiciones demandadas y, entre ellas del artículo 8, en los siguientes términos: “El Capítulo II de dicha normatividad contiene las disposiciones cuya constitucionalidad se cuestiona. Este regula acerca del saneamiento fiscal que pretende producirse en las entidades territoriales. La materia se desarrolla, en las normas acusadas, a través de los siguientes temas: -la financiación de gastos de funcionamiento de las entidades territoriales (art. 3), -el valor máximo de los gastos de funcionamiento de los departamentos, distritos y municipios, de las asambleas y contralorías departamentales, concejos, personerías y contralorías distritales y municipales (arts. 4, 6, 8 y 10), -el periodo de transición para ajustar los gastos de funcionamiento de los departamentos, distritos y municipios, de las contralorías departamentales así como de los concejos, personerías, contralorías distritales y municipales (arts. 5, 7, 9 y 11). Por último, la prohibición de

efectuar transferencias y la obligación de liquidar empresas ineficientes”. 3.2. El cargo resuelto en la Sentencia C-579 de 2001 y las consideraciones de la Corte En la Sentencia C-579 de 2001 la Corte resolvió el cargo esgrimido que, conforme al resumen que aparece en los antecedentes de la providencia, consistió en la “intromisión indebida del legislador en las finanzas de las entidades territoriales, ya que (los artículos demandados) determinan con qué recursos se debe pagar el funcionamiento, cuánto es lo máximo que en ello se puede gastar, cuál tiene que ser la distribución de esos recursos entre los 3 M. P. Alvaro Tafur Galvis. 11 D-7935 diversos órganos que estructuran la administración municipal y departamental, y sendos periodos de transición”. Para los ciudadanos que en esa ocasión demandaron, la limitación de la autonomía de los entes territoriales provenía del señalamiento de “un monto máximo de gastos de funcionamiento” y, según la Corte, el problema jurídico planteado por los actores consistía en determinar “si las medidas que se acaban de enumerar, al haber sido adoptadas por el Congreso para intervenir sobre el manejo financiero y presupuestal de las entidades territoriales, lesionan la autonomía que el artículo 287 superior le garantiza a estos entes descentralizados”. A fin de resolver la cuestión enunciada, la Corte consideró que el caso planteaba, de entrada, “un problema de armonización entre los principios de unidad nacional y autonomía territorial” y trajo a colación el artículo 287 superior que establece “el contenido mínimo del principio de autonomía territorial”, conformado por los derechos de los entes territoriales a gobernarse

por autoridades propias, establecer los tributo