CC - C424-2015

Sentencia C-424/15

(Bogotá D.C., 8 de julio de 2015) CODIGO PROCESAL DEL TRABAJO-Procedencia de la consulta de sentencias de primera instancia adversas a las pretensiones del trabajador CONSULTA DE SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA ADVERSAS A LAS PRETENSIONES DEL TRABAJADOR, AFILIADO O BENEFICIARIO-Exequibilidad condicionada en el entendido que también serán consultadas ante el correspondiente superior funcional Constada la vulneración del derecho a la igualdad y la disminución de las garantías procesales, la disposición acusada es exequible en el entendido que también serán consultadas ante superior funcional, las sentencias de única instancia totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario. Dicha remisión se efectuará así: (i) si la sentencia desfavorable para las pretensiones del trabajador es dictada por el juez laboral o civil del circuito-en los lugares donde no hay laboralen primera o única instancia, dicho funcionario deberá enviar el proceso a la respectiva Sala Laboral del Tribunal de su Distrito Judicial para que se surta el grado de consulta y; (ii) cuando el fallo sea proferido en única instancia por los jueces municipales de pequeñas causas será remitido al juez laboral del circuito o al civil del circuito a falta del primero. Sin que el condicionamiento habilite a las partes a interponer los recursos propios de una sentencia de primer grado o el recurso extraordinario de casación. GRADO DE CONSULTA-Marco normativo y jurisprudencial CODIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL-Adopción de medidas de descongestión de la jurisdicción

ordinaria laboral por Legislador en la formación de la ley que lo modificó mediante la implementación de la oralidad/CODIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL-Procedencia de la oralidad frente a sentencias de primera instancia que no fueren apeladas CONSULTA-Institución procesal CONTROL JURISDICCIONAL DE CONSULTA-No está consagrado como un medio de impugnación o recurso ordinario al alcance de las partes Pese a que la jurisprudencia ha considerado que este mecanismo de control jurisdiccional de consulta no es propiamente un medio de impugnación, cuenta con una estrecha relación con los principios de derecho de defensa, debido proceso y doble instancia, sin que a la misma le sean aplicables todos los principios y garantías de la apelación, tanto así, que el juez que asume conocimiento en grado de consulta no está limitado por el principio de non reformatio in pejus, sino que oficiosamente puede hacer una revisión del fallo. CONSULTA-Facultad del superior para examinar íntegramente fallo del inferior GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA-Características Se puede resumir en que el grado jurisdiccional de consulta (i) no es un recurso ordinario o extraordinario, sino un mecanismo de revisión oficioso que se activa sin intervención de las partes; (ii) es una examen automático que opera por ministerio de la ley para proteger los derechos mínimos, ciertos e indiscutibles de los trabajadores y la defensa de la justicia efectiva y, (iii) al ser un control integral para corregir los errores en que haya podido incurrir el fallador de primera instancia, no está sujeto al principio de non reformatio in pejus.

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALESLimites/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-No es absoluta Se resalta que: (i) el legislador por mandato constitucional puede definir los procedimientos judiciales con fundamento en la cláusula general de competencia para la expedición de las leyes, la cual, en todo caso no es absoluta; (ii) si decide consagrar un medio procesal en relación con ciertas situaciones de hecho y excluye del mismo a otras, puede hacerlo según su estimación de la necesidad y conveniencia de instituir dicha diferenciación, pues ello, corresponde a la función que ejerce, siempre que no vulnere principios constitucionales de obligatorio cumplimiento; (iii) y en todo caso, las reglas, valores y principios constitucionales, en acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, son límite de validez de tal potestad configurativa. La Constitución en el artículo 31 dispone en lo atinente al control de legalidad bajo estudio que “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”. No obstante, la libertad configurativa no es absoluta, pues encuentra su límite en la no vulneración principios constitucionales de obligatorio cumplimiento. Si bien la norma Superior autoriza al Legislador para establecer el grado de consulta, a su vez, la jurisprudencia constitucional advierte que dentro del diseño procesal de la figura no puede existir arbitrariedad o disminución de las garantías fundamentales para asegurar el pleno ejercicio del acceso a la administración de justicia, y es en este punto en el que al tratarse de los

derechos de la parte más débil de la relación laboral, que la Constitución en distintas disposiciones establece un tratamiento tuitivo para el trabajador, por lo que deberá examinarse, si dentro de la exclusión del control de legalidad 2 para los trabajadores con menores ingresos resulta proporcionada y razonable con la libertad de configuración. CONSULTA-Alcance/CONSULTA-Naturaleza DERECHO A LA IGUALDAD-Reiteración de jurisprudencia DERECHO A LA IGUALDAD-Derecho, valor y principio TEST DE IGUALDAD-Criterios para determinación de intensidad JUICIO DE IGUALDAD-Ponderación del test de proporcionalidad TEST INTERMEDIO DE RAZONABILIDAD-Alcance JUICIO DE IGUALDAD-Determinación de la intensidad procede una vez constatada la existencia de trato legal diferenciado frente a iguales o trato igualitario ante sujetos divergentes DERECHO A LA IGUALDAD-Trato discriminatorio en la falta de previsión de la consulta para las sentencias que se tramitan en única instancia Si bien el legislador cuenta con la libertad de organizar los procedimientos judiciales, resulta injustificado privar a los usuarios de la justicia -en única instanciade una garantía importantísima para el derecho laboral, como lo es, la facultad oficiosa de revisar asuntos importantes dejados de considerar por el apoderado o por el mismo demandante. DERECHO A LA IGUALDAD-Diferencia de trato por razón de la cuantía como criterio de diferenciación

LIBERTAD DE CONFIGURACION DEL LEGISLADOR EN

MATERIA DE RECURSOS DE LA JURISDICCION ORDINARIA

LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO DEL

FACTOR CUANTIA-Medida regresiva según sentencia C-372 de 2011 Se deduce que (i) el Congreso de la República en el ejercicio de su potestad para establecer o modificar los códigos, puede introducir diferenciaciones en razón de la cuantía para acceder a los medios de impugnación, de control de la legalidad e incluso variar el quantum, siempre y cuando esa medida esté justificada en la realización de otros derechos; (ii) que el objetivo de la reforma se encuentre encaminado a la protección de otros derechos fundamentales y, (iii) que al juez constitucional en cumplimiento del control abstracto de las leyes no le compete determinar qué cuantía sí es proporcionada, sino que le corresponde verificar que la motivación en cada caso esté constitucionalmente justificada. 3 DERECHOS MINIMOS E IRRENUNCIABLES-Jurisprudencia constitucional/PRINCIPIO DE CONSONANCIA-Criterios jurisprudenciales para verificar la protección de derechos mínimos irrenunciables del trabajador Al analizar sí determinada institución procesal garantiza la protección de los derechos de los trabajadores, se debe tener en cuenta que: (i) son mínimos irrenunciables, en el sentido reivindicatorio de los logros alcanzados a favor del empleado; (ii) el carácter tuitivo de la legislación laboral busca la protección de la parte más débil de la relación y, (iii) la facultad de reconocer beneficios mínimos no es exclusiva del grado de consulta, sino también se aplica a la doble instancia. JUICIO INTEGRAL DE IGUALDAD-Determinación del patrón de igualdad o tertium comparationis

Los sujetos a comparar en la presente acción son: (i) los trabajadores cuyos negocios jurídicos, por razón de la baja cuantía de las pretensiones, son conocidos por el juez laboral en única instancia; y (ii) aquellos trabajadores cuyos litigios, por razón de una cuantía superior, se tramitan con doble instancia. A diferencia de los grupos comparados en la sentencia C-090 de 2002 -trabajadores oficiales sometidos a la jurisdicción ordinaria y empleados públicos cobijados por lo contencioso administrativo-, frente a estos sujetos se tiene que: (i) pertenecen a la misma jurisdicción, es decir, a la ordinaria laboral y de la seguridad social y por lo tanto le es aplicable el mismo régimen jurídico en cuanto a los derechos sustanciales y procesales consagrados en los respectivos códigos; y (ii) los derechos que pretenden defender ante su juez natural, tienen la connotación de derechos mínimos e irrenunciables, así como las demás garantías consagradas en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política. JUICIO INTEGRAL DE IGUALDAD-Trato desigual entre iguales o igual entre desiguales Siendo los grupos sujetos a comparación de la misma naturaleza, desde la perspectiva de los derechos de los trabajadores puede predicarse la existencia de un trato legal diferenciado, al limitar el grado de consulta para uno de los dos grupos iguales, basado en una distinción fáctica radicada en el valor pecuniario de los derechos laborales y de la seguridad social reclamados ante la misma jurisdicción ordinaria. Conforme a lo previamente expuesto y para determinar la intensidad del test en el presente caso, se tiene que el mismo se

relaciona con una competencia específica definida por la Constituciónexpedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones Art.150.2 CPen cabeza de un órgano constitucional -el Congreso-. Por lo cual, al desarrollar el juicio de igualdad, prima facie se debería aplicar un test leve. No obstante, cuando existen limitaciones 4 constitucionales impuestas al Legislador para desarrollar ciertas materias, es razonable que en algunos casos se aplique un test de mayor intensidad. Razón por la cual, al verse involucrados derechos que gozan de una especial protección, como los mínimos laborales y de seguridad social -CP, 48 y 53se aplicará un test intermedio. Ello, además, al presentarse serias dudas respecto de la afectación del goce del derecho a una administración de justicia efectiva para los trabajadores cuya sentencia en única instancia sea totalmente adversa a sus pretensiones. JUICIO INTEGRAL DE IGUALDAD-Justificación constitucional de la diferencia de trato/TRABAJADORES CON PROCESO EN UNICA INSTANCIA Y TRABAJADORES CON LITIGIOS EN DOBLE INSTANCIA-Son sujetos en comparación equiparables en razón de que sus asuntos se ventilan ante la misma jurisdicción y conforme al Código Sustantivo de Trabajo y Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social TEST DE PROPORCIONALIDAD-Juicio integrado de igualdad intermedio/GRADO DE CONSULTA-Competencia de las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial/GRADO DE CONSULTA-Fin legítimo e importante porque reafirma la vigencia de un orden justo/GRADO DE CONSULTA-Medio adecuado y

efectivamente conducente para la descongestión de la jurisdicción ordinaria laboral/GRADO DE CONSULTA-Proporcionalidad de la medida frente al sacrificio de otros derechos en razón de la cuantía de los derechos de los trabajadores y el fin de la descongestión judicial de la segunda instancia

DERECHO A LA EFECTIVA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

FRENTE A LOS DERECHOS MINIMOS E IRRENUNCIABLES DE LOS TRABAJADORES-Limites y restricciones Considera la Sala Plena que si bien la limitación de los derechos de los trabajadores colabora en algún grado con la descongestión de las Salas Laborales de los Tribunales, en la obtención de ese objetivo se restringen gravemente derechos sujetos a un especial control por parte del Estado, como lo son los mínimos e irrenunciables del trabajador, por las siguientes razones: El grado de consulta no es un recurso o medio de impugnación, lo que implica que es ajeno a la actividad que pueda desplegar el demandante sea en causa propia o a través de apoderado judicial. En ese sentido, la ley protege con más garantías al trabajador que tiene un pleito de mayor cuantía frente a aquel cuyas pretensiones son inferiores a los 20 Sml/v; tal y como se desarrolló en el marco normativo, es de la esencia de este control jurisdiccional, revisar integralmente la legalidad del fallo con el único propósito de garantizar los derechos de las partes, entre ellas a la más débil de la relación, y con ello una efectiva administración de justicia. Por anterior, los derechos reclamados en única instancia reciben un trato injustificado al excluir de la revisión de la legalidad del fallo totalmente adverso del control

5 judicial de consulta. En la jurisprudencia constitucional, los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores no pueden ser desprotegidos en función de su valor pecuniario. Ante la desproporción del sacrificio de los derechos de los trabajadores mediante la adopción de un mecanismo de descongestión, encuentra la Sala Plena que la norma sólo sería constitucional bajo el entendido de que las sentencias de única instancia que consagren derechos mínimos e irrenunciables y que sean totalmente adversas a los trabajadores, deberán ser trasladadas dependiendo del superior funcional del juez que profiera la sentencia totalmente adversa al trabajador, es decir: (i) si la sentencia desfavorable para las pretensiones del trabajador es dictada por el juez laboral o civil del circuito-en los lugares donde no hay laboralen primera o única instancia, dicho funcionario deberá enviar el proceso a la respectiva Sala Laboral del Tribunal de su Distrito Judicial para que se surta el grado de consulta y, (ii) cuando el fallo sea proferido en única instancia por los jueces municipales de pequeñas causas será remitido al juez laboral del circuito o al civil del circuito a falta del primero. Sin que el condicionamiento habilite a las partes a interponer los recursos propios de una sentencia de primer grado o el recurso extraordinario de casación. CONSULTA DE SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA ADVERSAS A LAS PRETENSIONES DEL TRABAJADOR, AFILIADO O BENEFICIARIO-Desconocimiento de las garantías mínimas que deben regir las relaciones laborales ACCESO A LA EFECTIVA ADMINISTRACION DE JUSTICIADesconocimiento por exclusión de la garantía del control de legalidad del

fallo por parte del superior funcional El inciso final del artículo 53 constitucional, dispone que “La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. De la lectura de dicho mandato que se extrae que está vedado al legislador emplear la ley para disminuir aquellos derechos consagrados a favor de los trabajadores, dentro de los cuales, naturalmente se encuentran las garantías de una efectiva administración de justicia. En este sentido, el apartamiento de los fallos totalmente negativos a las pretensiones del trabajador de un control de legalidad, se reduce a una barrera de acceso a una efectiva administración de justicia a través de un fallo justo, pues teniendo en cuenta que la parte vencida no dispone de su voluntad para solicitar el control de legalidad, sino que este procede ope legis dentro del grupo de los trabajadores se logra evidenciar una categoría mayormente desprotegida, pues aquellas personas cuyas acreencias laborales no superan los 20 smlv, además de estar desprovistos de la garantía de la doble instancia y del recurso extraordinario de casación, se les restringe aún más con la exclusión de la garantía de control de legalidad de fallo por parte del superior funcional. 6 GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA Y TRATAMIENTO ESPECIAL A FAVOR DE LOS TRABAJADORES-Reconocimiento de la realidad sobre la formas El tratamiento especial que la constitución reconoce a favor de los trabajadores, se refleja en una legislación más benévola en el establecimiento de mayores garantías, el reconocimiento de la realidad sobre la formas, entre otras beneficios, prerrogativas con las que no cuenta el otro extremo del

vínculo contractual –empleador-. En otras palabras, independientemente al modo en el que legislador previó para que el trabajador resolviera sus controversias -proceso verbal, ordinario de única o doble instancia-, ello, no implica que el valor intrínseco que representa el derecho sea encasillado en una mayor o menor categoría, pues, tratándose de los derechos reconocidos a los trabajadores, como adquiridos, mínimos e irrenunciables, merecen la misma protección y garantía de la recta y pronta administración de justicia, materializada en el control que se ejerce por un juez especializado en el grado jurisdiccional de consulta. DERECHOS MINIMOS E IRRENUNCIABLES-Trato desproporcionado La diferenciación en razón del valor de las pretensiones de los derechos mínimos e irrenunciables consagrados en la constitución entraña un trato desproporcionado, por lo que se considera que la expresión “De primera instancia” vulnera el derecho a la igualdad (CP, 13) de los trabajadores que resuelven sus conflictos en un juicio de única instancia, y con ello, se desconocen las garantías mínimas que deben regir toda relación laboral (CP, 53). En consecuencia la norma analizada será exequible, bajo el entendido que también son susceptibles del grado de consulta, las sentencias de única instancia totalmente adversas a los derechos del trabajador, afiliado o beneficiario. Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “Las sentencias de primera instancia”, contenida en el artículo 69 Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Ref.: Expediente D-10513.

Actor: Katherine Alejandra Rodríguez Puerto.

Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.

I. ANTECEDENTES

7

1. Texto normativo demandado.

La ciudadana Katherine Alejandra Rodríguez Puerto, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40.6, 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inconstitucionalidad de una expresión contenida en el artículo 69 del Código procesal del Trabajo1, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, cuyo texto -con lo demandado en subrayases el siguiente:

CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO

DECRETO LEY 2158 DE 1948

(junio 24) (…) ARTICULO 69. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA. <Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007. Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción denominado de “consulta”. Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas. También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al departamento o al municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante. En este último caso se informará al Ministerio del ramo respectivo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la remisión del expediente al superior.

2. Pretensión y cargos. 2.1. Pretensión. Se solicita a este Tribunal que declare la inexequibilidad de la

expresión subrayada, por considerar que vulnera los artículos 13 y 53 de la Constitución Política. 2.2. Cargos. En el escrito de demanda se plantean dos cargos, a saber: 2.2.1. Vulneración del derecho a la igualdad (CP, 13). La consulta “[s]e utiliza como mecanismo para la protección de los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador toda vez que éstos se ven afectados o vulnerados por una sentencia judicial adversa a la totalidad de sus pretensiones”. A partir 1 Este decreto legislativo fue dictado por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 121 de la Constitución Política de 1886, que regulaba el estado de sitio, y se adoptó como legislación permanente por el artículo 1 del Decreto Ley 4133 de 1948. Fue modificado en el artículo 69 por la Ley 1149/07. 8 de la interpretación que hace de esta institución, afirma que la expresión demandada, al limitar la consulta a las sentencias de primera instancia, brinda un trato discriminatorio a los fallos de única instancia, en los cuales también se pueden vulnerar las garantías y los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores. Considera que la diferencia de cuantía, que determina si un proceso es de única instancia o de dos instancias, no es suficiente para justificar la discriminación, pues “al ser la consulta un mecanismo tan importante para la protección de los derechos a (sic) los trabajadores y siendo su objetivo el restablecimiento de los derechos que se ven vulnerados, la consulta no puede depender de la cuantía”. En sustento de su argumento, cita la Sentencia C-662 de 1998, en la cual este Tribunal declaró inexequible la

expresión “de primera instancia”, contenida en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo, por considerar que: Si bien, el señalamiento de la competencia del respectivo juzgador por la cuantía de las pretensiones constituye un elemento referencial objetivo y la existencia de la única instancia en materia laboral un presupuesto esencial de la racionalización de la administración de justicia, con vigencia de los principios de economía procesal, celeridad y eficiencia que la inspiran, desde el punto de vista del derecho sustancial que se reclama en las controversias surgidas de una relación laboral y en el entendido de que las pretensiones por las cuales se acude a la justicia laboral tienen el mismo origen y propósito, no resulta aceptable que el otorgamiento de la atribución para fallar extra o ultra petita, exclusivamente en cabeza del juez del trabajo cuando conoce y decide en un conflicto laboral en primera instancia con atención al factor cuantía, no pueda extenderse a las condenas que se impongan en las decisiones judiciales laborales de la única instancia. De esta manera, el criterio diferenciador utilizado, como es el de la cuantía de las pretensiones reclamadas, se constituye en un factor de trato desigual para aquellos que tramitan sus litigios por la vía procesal de la única instancia frente a los que pueden hacerlo por el camino de la doble instancia, a pesar de la identidad material que presentan con respecto al contenido de sus reclamaciones. El sustento de la diferencia para acudir a esas instancias anotadas, se repite, estaría en el monto de la pretensión, lo cual no configura un elemento razonable y justo para convalidar el

tratamiento diferente y discriminatorio de situaciones fácticas equiparables, como ocurre en el presente caso. Es más, la razón de ser y propósito que rige para la concesión de las facultades extra o ultra petita en el juicio laboral de primera instancia, se cumplen en los procesos de única instancia; así ocurre, debido al carácter de orden público de las normas jurídicas que regulan los derechos, prerrogativas y beneficios mínimos derivados de una relación laboral subordinada, haciéndolos irrenunciables (C.P., art. 53), así como por el 9 interés social que revisten las mismas, lo que conlleva a hacer efectiva la protección especial de la cual gozan todos los trabajadores. Aceptar, entonces, que por el referente numérico de la cuantía se impida que los trabajadores, sometidos a un proceso de única instancia por el monto de sus pretensiones, se beneficien de la potestad de fallo del juez laboral con los alcances mencionados, es dar paso al desconocimiento de valores, principios, y derechos con reconocimiento superior, como son la justicia, la igualdad material, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y el acceso a una adecuada administración de justicia, que hacen que la restricción en este sentido analizada, sea inconstitucional (C.P., Preámbulo y arts. 13, 53, 228 y 229). 2.2.2. Desconocimiento de las garantías mínimas que deben regir las relaciones laborales (CP, 53). Este cargo comparte en gran parte la base argumentativa del anterior, cuestiona que la expresión demandada al limitar la

consulta a las sentencias de primera instancia, desconoce los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores cuyos procesos se resuelven en única instancia, sin tener en consideración la naturaleza de los derechos reclamados, sino el valor pecuniario con el que son tasados, involucrando además un criterio de inequidad en el sentido de ofrecer menores garantías a aquellos trabajadores con menores ingresos.

3. Intervenciones. 3.1. Ministerio de Trabajo: exequible. 3.1.1. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Trabajo indica en su intervención que el grado de consulta no constituye propiamente un recurso, al respecto, la H. Corte Constitucional ha indicado que se trata de “una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo, lo cual significa que la competencia funcional del superior que conoce la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer la revisión del asunto una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida.”2 3.1.2. Con fundamento en lo anterior, indica el representante del Ministerio que la norma acusada pretende la realización del principio de un orden económico y social justo, objetivo que se encuentra alineado con la protección

y salvaguarda de los derechos de los trabajadores que resulten vencidos dentro 2 Sentencia C-968 de 2003. 10 de los procesos laborales. Adicionalmente, indica que el Legislador cuenta con la libertad de configurar los trámites procesales de los diferentes juicios, pudiendo excluir en algunos casos recursos o en este caso, el grado jurisdiccional de consulta. 3.2. Universidad Externado de Colombia: exequible. 3.2.1. El ente universitario a través de su departamento de derecho laboral y el centro de investigaciones laborales defiende la constitucionalidad de la norma acusada, al tratarse de un asunto en el que el Legislador cuenta con un gran margen de discrecionalidad por autorización expresa de la Constitución para hacer, interpretar, reformar y derogar las leyes -art. 150 CP-, estableciendo además la competencia específica de expedir leyes que rijan el ejercicio de las funciones públicas -art. 150.2 CP-, dentro de las cuales se encuentra la administración de justicia, establecimiento de excepciones a las providencias mediante la indicación de cuáles pueden ser apeladas o consultadas -art. 31 C.P.- 3.2.2. En el ejercicio de dichas competencias, el legislador instituyó la competencia de dos procedimientos en materia laboral, de única y de doble instancia, por lo cual, frente al grado de consulta a favor del trabajador consideró razonable establecer los siguientes requisitos: (i) que se trate de una sentencia proferida en un proceso de primera instancia, (ii) que la sentencia sea adversa a las pretensiones del trabajador y (iii) que a pesar de ello, el trabajador no haya ejercido su derecho de impugnación. En ese sentido, si el

legislador hubiera querido que dicha figura se extendiera a todos los procesos laborales ordinarios, no los hubiera diferenciado en instancias y cuantías. 3.3. Instituto Colombiano de Derecho Procesal: exequible condicionado. 3.3.1. La consulta se consagra en los estatutos procesales en favor o interés de una de las partes. La Constitución no señala los criterios que deba seguir el legislador para su regulación, lo cual no implica que esté habilitado para dictar una reglamentación arbitraria, pues debe desarrollarse conforme a los principios, valores y derechos consagrados en la norma Superior. 3.3.2. El tema que se plantea con la demanda, resulta interesante en la medida que, si el trabajo es un derecho fundamental que goza en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado -art. 25 CPy si el fin del proceso es la efectividad de los derechos reconocidos, ¿qué justifica que a un trabajador que reclama los mismos derechos que otro pero con un salario más bajo, por razón de la cuantía de sus pretensiones no tenga derecho a la doble instancia y menos a la revisión del superior por medio de la consulta? 3.3.3. Frente al anterior planteamiento, es claro que el Legislador cuenta con un amplio grado de configuración frente al establecimiento de procedimientos judiciales y la estipulación de instancias -C.179/95-. No obstante, no está 11 justificada la discriminación frente a los trabajadores cuyos derechos se reclaman a través de un proceso de única instancia y doble instancia, los cuales están en una misma situación de hecho. Por ejemplo, dos trabajadores de la misma empresa reclaman al mismo empleador el pago de salarios y

prestaciones, y a los dos se les niegan sus pretensiones, el trabajador con un salario mínimo ve reducidas sus garantías frente aquel cuyo sueldo lo clasificó en un juicio de doble instancia y sin que hiciera uso de la apelación, cuenta con una protección adicional, como lo es la consulta, para que su caso sea revisado por el superior jerárquico. Por estas razones, la norma debería ser exequible bajo el entendido que se aplica a las sentencias de única instancia adversas a las pretensiones del trabajador.

4. Concepto del Procurador General de la Nación: inexequible. 4.1. Mediante escrito No. 5873 del 29 de abril de 2015, el Jefe del Ministerio Público solicitó la inexequibilidad de la norma acusada al con