CC - C508-2006

Sentencia C-508/06

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA TRIBUTARIA-Alcance El Congreso tiene una amplia potestad de configuración para establecer impuestos, tasas y contribuciones, para determinar quiénes están obligados a pagarlos y para decidir cuáles serán los casos de exención o exclusión aplicables. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA TRIBUTARIA-Límites en establecimiento de exenciones EXENCION TRIBUTARIA-Características EXENCION TRIBUTARIA-Condición y exigencia de generalidad TASA-Características TASA Y TRIBUTO PARAFISCAL-Diferencias TASA E IMPUESTO-Diferencias PEAJE-Concepto PEAJE-Cobro PEAJE EN CONTRATO DE CONCESION-Cobro constituye derecho del contratista concesionario Dado que el cobro del peaje, constituye un derecho del contratista concesionario, derivado del contrato de concesión, la entidad pública concedente (Nación, Distrito, Departamento o Municipio), no puede exonerar su pago, a no ser que la ley lo autorice. PEAJE-Regulación es competencia del legislador En cualquier circunstancia la obligación del pago del peaje, la fijación de su monto y la exoneración de su pago, bien sea que el Estado asuma directamente la responsabilidad de la construcción y mantenimiento de las obras, o que la haga a través de la celebración de contratos de concesión, es materia que corresponde regular única y exclusivamente al Legislador. Y esa potestad habrá de ejercitarse de conformidad con las reglas que emanan de la propia Constitución, como ya se ha señalado; es decir considerando que la regla general en esta materia es el deber de contribuir al sostenimiento del

Estado y que solo por excepción puede el legislador prever excepciones. EXENCION TRIBUTARIA A FAVOR DE GRUPOS DE SOCORRO Y AYUDA HUMANITARIA-No pago de tasas, tarifas y peajes EXENCION PEAJE-No inclusión de ambulancias de los cuerpos de bomberos/OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-No configuración/PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EXENCION TRIBUTARIA-No desconocimiento La Corte pone de presente que como se señaló en los apartes preliminares de esta sentencia, cuando una norma tributaria impone una carga y excluye de ella a un sujeto o sector determinado, no puede tachársele de inconstitucional por ese sólo hecho. Y ello por cuanto “las exenciones son medidas fiscales que por sí mismas constituyen una excepción al principio de igualdad, pero que forzosamente no implican su desconocimiento”. Así mismo ha de tenerse en cuenta que la Constitución no ha consagrado un derecho a recibir o conservar exenciones tributarias, sino que por el contrario ha establecido un deber general de contribuir mediante el pago de tributos "al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad" (art. 95-9 de la C.P). Igualmente que en esa perspectiva no resulta lógico en principio declarar la inconstitucionalidad de una norma que establece una exención, por el simple hecho de no comprender a otros que habrían podido también ser supuestamente sus destinatarios. Esa determinación corresponde al exclusivo resorte del legislador. En ese orden de ideas, la Corte no encuentra que haya lugar a un condicionamiento de la norma en el sentido señalado por el señor Procurador a partir de la supuesta

configuración de una omisión legislativa, pues claramente no se dan los presupuestos señalados por la jurisprudencia para la configuración de dichas omisiones, -particularmente en cuanto no existe en el ordenamiento constitucional una norma que señale el deber específico que se estaría incumpliendo-. Ello implicaría una intervención indebida del Juez constitucional en el ámbito de la potestad de configuración reconocida al legislador en materia tributaria. Ahora bien, como ya se ha expresado lo anterior no implica un pronunciamiento sobre eventuales decisiones del legislador encaminadas a determinar que las ambulancias de los cuerpos de bomberos oficiales y voluntarios estén cubiertas por la exención mencionada. En conclusión, no puede entenderse vulnerado en manera alguna el principio de igualdad.

R e f e r e n c i a : e xpediente D-6064

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal b) del artículo 21 de la Ley 105 de 1993 tal como quedó modificado por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002 “por la cual se modifica parcialmente el artículo 21 de la Ley 105 de diciembre 30 de 1993”

Actor: Juan Carlos Arbeláez Mesa

Magistrado Ponente:

Dr. ALVARO TAFUR GALVIS

Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil seis (2006). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Juan Carlos Arbeláez Mesa presentó demanda contra el literal b) del artículo 21 de la Ley 105 de 1993 tal como quedó modificado por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002 “por la cual se modifica parcialmente el artículo 21 de la Ley 105 de diciembre 30 de 1993”.

Mediante auto del cinco (5) de diciembre de 2005, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda y dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista las normas acusadas para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, así como a los Ministros del Interior y de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Transporte, para que, si lo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas acusadas. Cumplidos los trámites ya relacionados, propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.

II. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 45.046 del 27 de diciembre de

2002. Se subraya lo demandado. “Ley 787 de 2002”

(diciembre 27) por la cual se modifica parcialmente el artículo 21 de la Ley 105 de diciembre

30 de 1993 El Congreso de la República DECRETA: Artículo 1°. Modifícase parcialmente el artículo 21 de la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993, el cual quedará así: Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, ésta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo. Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la infraestructura nacional del transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán exclusivamente para ese modo de transporte. Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte, estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas. Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes principios: a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte, deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo; b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas

Militares y de la Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, vehículos oficiales del (DAS) Departamento Administrativo de Seguridad y las demás instituciones que prestan funciones de Policía Judicial; c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privada, responsables de la prestación del servicio; d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de operación; e) Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valoración en las vías nacionales, se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal. Parágrafo 1°. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio de Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento, operación y desarrollo de la infraestructura de transporte. Parágrafo 2°. Para tener derecho a la exención contemplada en el numeral b), es de carácter obligatorio que los vehículos allí relacionados, con excepción de las bicicletas y motocicletas, estén plenamente identificados con los emblemas, colores y distintivos institucionales de cada una de las entidades y organismos a los cuales pertenecen. Para efectos de control, el Ministerio de Transporte reglamentará lo pertinente. Parágrafo 3°. Facúltese a las Entidades Territoriales para decretar las exenciones contempladas en el numeral b), del artículo 1°. Parágrafo 4°. Se entiende también las vías Concesionadas.”

(...)

III. LA DEMANDA El demandante afirma que el literal b) del artículo 21 de la Ley 105 de 1993 tal como quedó modificado por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002 “por la cual se modifica parcialmente el artículo 21 de la Ley 105 de diciembre 30 de 1993”, vulnera el derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 de la

Constitución Política. Explica el actor que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las personas jurídicas son sujetos de derechos fundamentales mediante dos “vías” a saber, i) indirectamente, cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas, y ii) directamente, cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre que esos derechos por su naturaleza sean susceptibles de ejercicio por ellas mismas. Como fundamento de sus aseveraciones cita un aparte de la sentencia SU-182 de 1998. Señala que la disposición acusada vulnera el derecho a la igualdad de los Cuerpos de Bomberos oficiales y voluntarios, en la medida en que se otorga un trato diferente a personas jurídicas que se encuentran en la misma situación de hecho sin que exista una finalidad constitucionalmente legítima que justifique dicha desigualdad. En efecto, afirma que la desigualdad referida “...se ve reflejada en la decisión tomada por el legislador de cobrar tasas, tarifas y peajes a las AMBULANCIAS pertenecientes a los CUERPOS DE BOMBEROS OFICIALES Y VOLUNTARIOS, excluyendo del pago de dicha tasa, tarifa y

peaje a las AMBULANCIASpertenecientes a la CRUZ ROJA, DEFENSA CIVIL Y HOSPITALES OFICIALES. Teniendo en cuenta que todas estas personas jurídicas se encuentran en la misma situación de hecho y prestan un servicio de utilidad pública a los ciudadanos de la Nación, por lo tanto no existe una finalidad que justifique tal desigualdad...”.

IV. INTERVENCIONES Vencido el término de fijación en lista de las normas acusadas, no fue allegada al expediente ninguna intervención de las autoridades y entidades a quienes se notificó e invitó en el auto admisorio de la demanda.

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Señor Procurador General de la Nación, allegó el concepto número 4036, recibido el ocho (8) de febrero de 2006, en el cual solicita a la Corte declarar exequible de manera condicionada la disposición acusada, de conformidad con las siguientes consideraciones.

La Vista Fiscal, advierte que en el caso del literal acusado, se configura una omisión legislativa relativa que conduce a la violación del derecho a la igualdad, toda vez que “...dicha trasgresión emana del silencio de la disposición que excluye de sus consecuencias jurídicas a las ambulancias de los Cuerpos de Bomberos las cuales, por ser asimilables a las demás ambulancias contempladas por la norma, deberían estar contenidas en el texto legal en tela de juicio...”. Recuerda que en la exposición de motivos de la Ley 787 de 2002, se explicaron las razones por las que procedía la exclusión del pago de peajes para los vehículos de socorro, atención y prevención de desastres y ayuda

humanitaria. En igual sentido recuerda que durante el segundo debate en la Cámara de Representantes se señaló que la finalidad del proyecto de ley era facilitar y hacer menos onerosa, mediante el no pago de peajes, tarifas o tasas, las distintas actividades de “socorro, ayuda humanitaria, prevención y atención de desastres” y en general “aquellas situaciones de calamidad que afectan a cualquier colombiano y/o colectividad y que obligan un desplazamiento del cuerpo de voluntariado y/o ayuda policial en su ayuda”. Así mismo que en el Senado de la República se adujo que el propósito del texto aludido era facilitar la movilización intermunicipal e interdepartamental de vehículos que cumplen con labores de rescate, prevención y seguridad, así como la prestación de servicios de ayuda humanitaria imprescindibles para la sociedad. Precisa que “...el texto del numeral b) del artículo 1° de la Ley 787, tiene la particularidad de ser una norma de naturaleza exceptiva y, como tal, el legislador está obligado a enumerar de manera concreta todos y cada uno de los eventos que quedan por fuera de la regla general, la que para el caso analizado es el cobro, por parte de la Nación, de prestaciones pecuniarias, con ocasión de la construcción y el mantenimiento de la infraestructura de transporte (tasas-peajes)...”. Estima que en el caso de las ambulancias de los Cuerpos de Bomberos no se justifica que se aplique una regulación legal diferente, en lo atinente a la exoneración de pago a los vehículos que cumplen labores de socorro y seguridad, puesto que el Cuerpo de Bomberos está compuesto por diversos vehículos que cumplen precisamente actividades de socorro, atención y

rescate en eventos tan graves y peligrosos como los incendios. Precisa que “ si la finalidad de la norma era la de incluir la atención a la población durante los incendios, para facilitar la actividad y hacerla menos onerosa, no se explica que en la regulación se haya omitido hacer referencia a los demás vehículos que suelen utilizarse en la atención de incendios como ocurre con las ambulancias...”. Concluye entonces, que el Legislador omitió en forma injustificada incluir a las ambulancias de los Cuerpos de Bomberos dentro de la enumeración de los vehículos exceptuados del pago de tasas tarifas y peajes, desconociendo así, que las ambulancias de dichos cuerpos de socorro se encuentran en idéntica situación fáctica que la de aquellos vehículos a los que hace alusión el literal b) del artículo 1° de la Ley 787 de 2002, por lo que solicita que el referido literal sea declarado exequible pero de manera condicionada, en el entendido que la exclusión allí señalada es aplicable también a las ambulancias pertenecientes a los Cuerpos de Bomberos.

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma acusada hace parte de una Ley de la República.

2. La materia sujeta a examen Para el actor el literal b) del artículo 1° de la Ley 787 de 2002 “por la cual se modifica parcialmente el artículo 21 de la Ley 105 de diciembre 30 de 1993”

vulnera el artículo 13 superior por cuanto no incluye en el listado de vehículos exentos de pagar tasas, tarifas y peajes respecto de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, a las ambulancias de los Cuerpos de Bomberos, sin que exista alguna justificación constitucional para darles un tratamiento diferente al que en la misma disposición se da a las ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, la Defensa Civil, y los hospitales oficiales. Vencido el término de fijación en lista de las normas acusadas, no fue allegada al expediente ninguna intervención de las autoridades y entidades a quienes se notificó e invitó en el auto admisorio de la demanda. El señor Procurador General de la Nación coincide con el demandante y afirma que el legislador omitió en forma injustificada incluir a las ambulancias de los Cuerpos de Bomberos dentro de la enumeración de los vehículos exceptuados del pago de tasas, tarifas y peajes respecto de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, con lo que desconoció que las ambulancias de dichos cuerpos de socorro se encuentran en idéntica situación fáctica que la de aquellos vehículos a los que hace alusión el literal b) del artículo 1° de la Ley 787 de 2002, por lo que solicita que dicho literal sea declarado exequible pero de manera condicionada, en el entendido que la exoneración de pago de tasas, tarifas y peajes allí contenida, es aplicable también a las ambulancias pertenecientes a los Cuerpos de Bomberos. Corresponde a la Corte en consecuencia establecer si con el literal acusado se

desconoce o no el artículo 13 superior al no incluir a las ambulancias de los Cuerpos de Bomberos oficiales y voluntarios dentro del listado de vehículos exentos de pagar tasas, tarifas y peajes por los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte.

3. Consideraciones preliminares Previamente la Corte considera necesario efectuar algunas precisiones relativas a i) la amplia potestad de configuración del Legislador en el ámbito tributario y los criterios señalados por la jurisprudencia respecto del respeto del principio de igualdad en materia de exenciones y ii) el contenido y alcance del artículo 21 de la Ley 105 de 1993 tal como quedó reformado por el artículo primero de la Ley 787 de 2002, que resultan pertinentes para el análisis del cargo planteado en la demanda. 3.1 La amplia potestad de configuración del Legislador en el ámbito tributario y los criterios señalados por la jurisprudencia en relación con el respeto del principio de igualdad en materia de exenciones 3.1.1 La Corte Constitucional se ha pronunciado de manera reiterada sobre la amplia potestad de configuración del Congreso de la República para legislar en materia tributaria.

Así ha explicado que al tenor de lo dispuesto por el artículo 150, numeral 12 de la Carta Política, en concordancia con el 154 y 338 ibídem, el Congreso tiene una amplia competencia para establecer impuestos, para determinar quienes habrán de pagarlos y para decidir, según su libre apreciación, cuáles serán los casos de exención o exclusión aplicables.

Esa atribución genérica incluye, ha dicho la Corte, el ejercicio de todas las competencias inherentes a ella, tales como determinar la clase de tributo a imponer, los sujetos activos y pasivos de la obligación, el señalamiento del hecho y la base gravable, las tarifas aplicables, la fecha a partir de la cual se iniciará su cobro, así como la forma de recaudo, las condiciones en que ello se llevará a cabo y los eventos en que no habrá lugar a dicho pago, para lo cual habrá de guiarse por sus propios criterios y orientaciones, atendiendo la realidad social y evaluando razones de conveniencia, necesidad, justicia, equidad e igualdad. La Corte ha destacado que la potestad impositiva del Estado ha sido confiada a los órganos plurales de representación política, y en especial, al Congreso de la República. Este ejerce su potestad según la política tributaria que estime más adecuada para alcanzar los fines del Estado. Por eso, dicha potestad ha sido calificada por la Corte como "poder suficiente", ya que es "bastante amplia y discrecional". Incluso, la Corte ha dicho que es "la más amplia discrecionalidad". Aplicando estos criterios al campo de las exenciones tributarias, la Corte ha señalado: “Si el Congreso tiene autoridad suficiente para establecer impuestos, tasas y contribuciones, señalando los hechos en que se fundamenta su obligatoriedad, las bases para su cálculo, los sujetos contribuyentes, los sujetos activos y las tarifas aplicables, es natural que goce del poder suficiente para consagrar exenciones y otras modalidades de trato a los

contribuyentes, por razones de política económica o para realizar la igualdad real y efectiva, a partir de la iniciativa del Gobierno (art. 154 C.P.). En torno a ese punto ha señalado esta Corte: "...la atribución de legislar en materia tributaria, principalmente encomendada al Congreso de la República, es lo bastante amplia y discrecional como para permitirle fijar los elementos básicos de cada gravamen atendiendo a una política tributaria que el mismo legislador señala, siguiendo su propia evaluación, sus criterios y sus orientaciones en torno a las mejores conveniencias de la economía y de la actividad estatal. Así, mientras las normas que al respecto establezca no se opongan a los mandatos constitucionales, debe reconocerse como principio el de la autonomía legislativa para crear, modificar y eliminar impuestos, tasas y contribuciones nacionales, así como para regular todo lo pertinente al tiempo de su vigencia, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, las tarifas y las formas de cobro y recaudo. (...) Si un principio jurídico universal consiste en que las cosas se deshacen como se hacen, debe preservarse en el orden tributario el de que quien crea los gravámenes es el llamado a introducir los cambios y adaptaciones que requiera el sistema tributario. De allí que, en tiempo de paz, sea al Congreso al que corresponda legislar en materia tributaria, con toda la amplitud que se atribuye a tal concepto, mediante la creación, modificación, disminución, aumento y eliminación de impuestos, tasas y contribuciones, bien que éstas sean fiscales o parafiscales; la

determinación de los sujetos activos y pasivos; la definición de los hechos y bases gravables y las tarifas correspondientes (Artículos 150-12 y 338 C.P.)". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-222 del 18 de mayo de 1995. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo). "...el Congreso de la República goza de la más amplia discrecionalidad, desde luego siempre que la aplique razonablemente y sujeto a la Constitución, tanto para crear como para modificar, aumentar, disminuir y suprimir tributos". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-430 del 28 de septiembre de 1995. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo)” La Corte ha explicado que el amplio margen de configuración del legislador en materia tributaria tiene varias implicaciones al momento de ejercer el poder de imposición. Así, en virtud del principio democrático, el legislador no sólo puede definir, en el marco de la Constitución, los fines de la política tributaria sino también goza de un amplio margen para escoger los medios que estime adecuados para alcanzarlos. Igualmente que en una democracia pluralista, caben distintas políticas tributarias que responden a concepciones diferentes sobre la mejor manera de alcanzar un "orden económico y social justo" (Preámbulo y art. 2° de la C.P.), por lo que la competencia de escoger la opción a seguir, ante diferentes alternativas legítimas al respecto, ha sido depositada en el Congreso de la República, el órgano representativo, deliberativo y pluralista en una

democracia. Así mismo que en virtud de esa confianza y de esa potestad suficientemente amplia, no es necesario que el Congreso justifique que la opción escogida es la mejor manera de alcanzar los fines del Estado. Por el contrario, se presume que su decisión es constitucional y la carga de demostrar lo contrario recae sobre quien controvierta el ejercicio de su facultad impositiva "bastante amplia y discrecional". Ahora bien, como ninguna potestad, por amplia que sea, es absoluta en una democracia constitucional, la Corte ha precisado que el Congreso no puede ejercer su poder impositivo de una manera incompatible con los mandatos constitucionales, -por lo que necesariamente deberá hacerlo dentro de los límites consagrados en la misma Constitución, respetando particularmente los principios de equidad, eficiencia y progresividad que señala el artículo 363 superior y sin desconocer que en materia tributaria, las leyes no se aplicarán de manera retroactiva-. Todo lo cual ha dicho la Corte excluye el ejercicio arbitrario de su potestad de configuración, es decir, cuando ello resulte imposible de justificar a partir de razones acordes con la Constitución, como tampoco que pueda ejercerse de una forma contraria a los derechos fundamentales. 3.1.2 Ahora bien, en lo que se refiere concretamente al tema de las exenciones la Corte ha puesto de presente que la Constitución no ha consagrado un derecho a recibir o conservar exenciones tributarias, sino que por el contrario ha establecido un deber general de contribuir mediante el pago de tributos "al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad" (art. 95-9 de la C.P).

La Corte ha explicado que el Congreso en el ámbito nacional puede empero establecer exenciones tributarias, las cuales se identifican por su carácter taxativo, limitativo, inequívoco, personal e intransferible, de suerte tal que únicamente obrarán a favor de los sujetos pasivos que se subsuman en las hipótesis previstas en la ley, sin que a éstos les sea dable transferirlas válidamente a otros sujetos pasivos bajo ningún respecto. Igualmente ha destacado que las exenciones corresponden a hechos generadores que en principio estarían total o parcialmente gravados, pero que por razones de política económica, fiscal, social o ambiental, el órgano competente decide sustraerlos total o parcialmente de pago. En ese orden de ideas el Congreso puede decretar las exenciones que considere convenientes bajo la condición de que la iniciativa provenga del Gobierno (art. 154 C.P.), y no podrá concederlas en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales (art. 294 C.P.). Al tomar la decisión de excluir a determinados sectores o sujetos del pago de un determinado tributo debe consultar criterios de conveniencia dentro de una política fiscal definida sin que desconozca con ello derechos o garantías fundamentales. La Corte ha precisado que no obstante el amplio margen de configuración que existe sobre la materia, el tratamiento de las exenciones tributarias no queda librado a la mera opción política del legislador, sino que lleva implícita una valoración específica del principio de equidad tributaria, conforme al cual las mismas deben analizarse y que las hace susceptibles del control de constitucionalidad. En ese contexto ha dicho entonces la Corte que la competencia del legislador

para establecer exenciones no es ilimitada, sino que debe consultar los parámetros que se deprenden del deber general de contribuir previsto en el numeral 9º del artículo 95 de la Constitución, de los principios de equidad, eficiencia y progresividad, que se predican del sistema tributario conforme al artículo 363 Superior, y del principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta. Concretamente respecto del principio de equidad y su relación con los principios de generalidad del tributo y de igualdad, cabe recordar lo dicho en la sentencia C-711 de 2001 donde se señaló: “La equidad tributaria, como medida de justicia fiscal que es, en varias oportunidades ha sido examinada por esta Corporación verificando sus relaciones de conexidad para con los principios de la igualdad y de la generalidad, tal como se lee en la sentencia C-183 de 1998, que al efecto reza: “Toda subvención, exoneración o beneficio fiscal, en cuanto abarca sólo a un grupo de contribuyentes actuales o potenciales, en cierta medida afecta el principio de igualdad, el cual representa el más importante límite del poder tributario estatal. Sin embargo, la afectación de la igualdad traspasa el umbral de la normalidad cuando dicha subvención, exoneración o beneficio se niega a un contribuyente que se encuentra en la misma situación formal que la de los destinatarios de la norma favorable. Aquí puede aludirse a un indicio de trato discriminatorio”. Prosigue la sentencia diciendo en líneas posteriores: “Al lado del principio de legalidad del tributo, de profunda raigambre democrática, el principio de igualdad constituye claro límite formal y

material del poder tributario estatal y, por consiguiente, las reglas que en él se inspiran se orientan decididamente a poner coto a la arbitrariedad y a la desmesura. No se trata de establecer una igualdad aritmética. La tributación tiene que reparar en las diferencias de renta y riqueza existentes en la sociedad, de modo que el deber fiscal, expresión de la solidaridad social, tome en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos y grupos y, conforme a ella, determine la carga fiscal, la que ha de asignar con criterios de progresividad, a fin de alcanzar grados cada vez mayores de redistribución del ingreso nacional. “La igualdad impone la necesidad de acatar como regla tributaria básica la generalidad del tributo. Si al margen de los contribuyentes se coloca a aquellas personas que carecen de capacidad contributiva, todos los demás ciudadanos, según su poder económico y en los términos de la ley, quedan sujetos al mismo deber de concurrir al levantamiento de las cargas públicas. El privilegio en la ley y en la aplicación de la ley, resulta definitivamente proscrito, pues el poder tributario se fundamenta en la justicia y en la equidad. “La generalidad del tributo, aparte del componente subjetivo que comporta - el universo de los obligados por el tributo ha de comprender sin excepciones a todas las p