CC - C535-2016

Sentencia C-535/16

CONSECUENCIAS DE QUIENES PIERDEN EL CONCURSO DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Inhibición para decidir de fondo

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Concepto DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Oportunidad procesal para definir la aptitud de la demanda

Referencia: Expediente D-11257

Demandantes: Zulma Julieth Romero Trujillo y Maida Ximena Vargas Garzón Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 95 del Decreto Ley 407 de 1994, ‘Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional

Penitenciario y Carcelario’.

Magistrada Ponente:

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil dieciséis (2016) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

1. En ejercicio de la acción de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40-6, 241-5 y 242-1 de la Constitución, las ciudadanas Zulma Julieth Romero Trujillo y Maida Ximena Vargas Garzón demandaron el artículo 95 del Decreto Ley 407 de 1994, “Por el cual se establece el régimen de personal 2 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”, por considerar que la disposición desconoce los artículos 1, 2, 13 y 40-7 de la Constitución1.

Mediante auto del dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis (2016)2 se admitió la acción, en relación con los cargos formulados por la lesión de los artículos 13 y 40-7, y se ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente del Congreso; al Presidente de la República; a los Ministerios del Interior, y de Justicia y del Derecho; al Instituto Penitenciario y Carcelario – INPEC; a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC; al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP; y, a las facultades de Derecho de las Universidades de Los Andes, Antioquia, Cartagena, Valle, EAFIT, Santo Tomás - Sede Bogotá, Externado de Colombia, Javeriana, Libre, Nacional de Colombia, Rosario, La Sabana y Sergio Arboleda. También se ordenó correr traslado al Ministerio Público y fijar en lista el proceso para efectos de las intervenciones ciudadanas (artículos 242 y 244 de la C.P. y 7, 11 y 13 del Decreto 2067 de 1991). Por último, mediante la referida providencia judicial, se inadmitió la demanda en relación con los cargos por presunta lesión de la cláusula del Estado Social y de Derecho, y de los fines esenciales del Estado (artículos 1 y 2 de la Carta, respectivamente)3, concediendo la oportunidad de corrección. Vencido el término sin que las promotoras de la acción hayan corregido la demanda, por Auto de 12 (doce) de abril de dos mil dieciséis (2016)4, se rechazó parcialmente frente a los cargos referidos.

2. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de

constitucionalidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional procede a decidir la demanda de la referencia.

II. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe la disposición objeto de demanda, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 41.233 de veintiuno (21) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994): “DECRETO - LEY 407 de 1994

(febrero 20) Diario Oficial No. 41.233, de 21 de febrero de 1994 1 En este trámite se presentó inicialmente una ponencia a cargo del Magistrado Alberto Rojas Ríos, en esta se asumía el estudio de fondo de la demanda. Tal ponencia no alcanzó la mayoría de votos en la discusión de Sala Plena. Como los Despachos a cargo de los Magistrados que le siguen en orden alfabético al ponente (por el apellido de los integrantes de la Corporación), doctores Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva, estuvieron de acuerdo con la ponencia inicial, el proceso pasó al despacho de quien actúa como ponente. Se conservan sin embargo parte de los antecedentes sintetizados del primer proyecto presentado. 2 Folios 19 a 25. 3 Por no cumplir con los requisitos de claridad, especificidad, pertinencia y suficiencia. 4 Folios 28 a 30 vto. 3 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El Presidente de la República de Colombia, En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 172 de la Ley 65 de 1993, y oída la Comisión Asesora,

DECRETA:

[…] ARTÍCULO 95. CONSECUENCIAS DE LA NO APROBACION DEL CONCURSO. Quienes no aprobaren un concurso, no podrán ser convocados para concursar en otro empleo de la misma clase o de superior categoría dentro de los doce (12) meses siguientes.”

III. LA DEMANDA

3. En escrito radicado en la Secretaría de esta Corporación el diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciséis (2016)5, las ciudadanas Zulma Julieth Romero Trujillo solicitaron declarar inexequible el artículo 95 del Decreto Ley 407 de 1994, “Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”. En su concepto, el enunciado normativo acusado quebranta los artículos 1, 2, 13 y 40-7 de la Constitución. Sintetizaron sus acusaciones en cuatro cargos que se presentan a continuación. 3.1. Primer cargo: violación del modelo de Estado Social de Derecho.

Las accionantes consideran que la disposición demandada vulnera la cláusula del Estado Social de Derecho, por las razones que se transcriben a continuación: “La persona que se encuentre inmersa en un concurso no presenta per se ese carácter de funcionario inscrito en carrera pues apenas está concursando para ello, lo relacionado en el artículo 95 de (sic) decreto 407 de 1994 es una limitante para poder ingresar a ejercer derechos en un estado que en lugar de efectivizarlos lo que trata de hacer es cercenarlos y soslayarlos a tal punto que los hace perentorios.” Al referirse en concreto al artículo demandado afirman:

“…es un atentado a nuestro estado social de derecho…por cuanto no es factible que el legislador derivado, en uso de facultades legales extraordinarias atente contra la potestad democrática y participativa que el constituyente primario le brindó al pueblo para que pudiera participar libremente en la conformación de cargos públicos. 5 Folios 1 a 13 del expediente. 4 (…) El sólo hecho que una persona se presente a concurso y no logre acceder al cargo público en carrera administrativa no es óbice para excluirlo de participar nuevamente en un CONCURSO DE ESA ENTIDAD O DE OTROS SIMILARES. (Mayúsculas y negrillas originales). 3.2. Segundo cargo: violación del artículo 2º Superior, por desconocimiento de los fines esenciales del Estado. Sostienen que el Artículo 95 del Decreto Ley 407 de 1994 desconoce los fines esenciales del Estado previstos en el Artículo 2 de la Constitución, para lo cual se pronuncian en los siguientes términos: “Cuando una persona se presente a concurso para proveer vacantes para hacer parte de (sic) INPEC, lo hace con la intención no sólo de obtener una remuneración económica por el trabajo que realiza, sino también una estabilidad laboral, apoyo al cumplimiento de los fines del estado y vocación de servicio, lo último por cuanto es una actividad que exige compromiso, solidaridad, responsabilidad, honestidad, y en muchos casos sacrificio en aras de mantener el orden justo en nuestro país. “El hecho que una persona, por diferentes motivos que pueden llegar a ocurrir en el transcurrir de un concurso público como es el de ingreso al servicio del INPEC, el cual presenta una particularidad especial para adquirir el cargo de dragoneante pues

se debe hacer un curso de formación de 8 meses en el cual se debe estar interno en la escuela penitenciaria nacional en FunzaCundinamarca, para los cursos de formación y de 4 meses para los de complementación en el cual se pueden presentar un sin número de situación (sic) que obstaculicen el cumplimiento a cabalidad del curso sin ser necesariamente determinante un requisito objetivo que excluya o haga perder a la persona el mismo”. 3.3. Tercer cargo: violación del derecho a la igualdad (Art. 13 Superior). Consideran las promotoras de la acción que para atender este cargo deben analizarse dos situaciones, una, en la que la norma no existe y, en consecuencia, las personas que no pasan el concurso para acceder a la carrera administrativa específica del INPEC pueden volver a presentarse con libertad en cualquier momento en que se abran convocatorias; y, otra, en vigencia de la disposición demandada, que impide a aquellos que pierden el concurso, además de no tener la oportunidad de integrar la carrera, presentarse a uno nuevo para aspirar a ocupar un cargo similar o superior, dentro de los 12 meses siguientes. 5 En este último escenario, concluyen las demandantes que el artículo 97 del Decreto Ley 407 de 1994, “Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”, impone una sanción que, conforme a lo indicado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-100 de 20046, desborda las facultades del legislador; quien pese a ostentar competencia para configurar el régimen de acceso al servicio público7, no puede hacerlo desconociendo derechos fundamentales como el de participación, igualdad o escoger profesión u oficio.

Quizá, continúan las demandantes, la finalidad de la disposición es ejemplarizar la conducta de quienes se presentan a concurso, con el objeto de buscar eficacia y eficiencia, sin embargo, no es necesaria, pues el solo hecho de no acceder a la carrera es ya una consecuencia “digna y respetuosa que le puede ocasionar a las persona (sic) que no cumplen con los requisitos del concurso, (…)”. Finalmente, agregan, la disposición establece una medida injusta y desigual respecto de las personas que se presentan a concursos, que entorpece fines estatales como la eficacia y eficiencia que deben guiar el ejercicio de la función pública. Precisaron que: “El artículo acusado debe ceder ante los principios constitucionales superiores de que está soslayando, es claro que las personas que presenten las características relacionados (sic) en el artículo atacado de inconstitucional se encuentran en desigualdad con las demás personas verbigracia las personas que se presentan para la convocatoria del INPEC unos quedarán aptos y otros no, pero los que fueron actos (sic) si pierden el curso no podrán presentar para concurso en esa entidad, similares y/o superiores durante un lapso de 12 meses, mientras que las personas no fueron aptos si podrán hacerlo pues la no aprobación solo ocurrió en la convocatoria a concurso.”. 3.4. Cuarto cargo: violación del artículo 40.7 Superior. Las demandantes explican que la disposición atacada desconoce el derecho a acceder a cargos y funciones públicas, por cuanto restringe la participación durante 12 meses para aquellas personas que no pasan todas las etapas de un concurso, ante lo cual se preguntan, ¿dónde quedan los derechos de poder

concurrir libremente a los concursos públicos? ¿Esta restricción se ajusta a nuestra carta constitucional?”. Esos cuestionamientos, afirman, se responden con fundamento en lo sostenido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-640 de 20128, que establece que 6 MP Rodrigo Escobar Gil, AV Jaime Araujo Rentería. 7 Artículos 125, 150-23 y 209. 8 MP. María Victoria Calle Correa. 6 la carrera administrativa es un principio del ordenamiento superior, que permite, además, la satisfacción de otros bienes fundamentales.

IV. INTERVENCIONES

4. Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena Mediante escrito9 radicado en la Secretaría General el 2 de mayo de 2016, la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena solicita a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad del Artículo 95 del Decreto Ley 407 de 1994.

En lo que atañe a la cuestión de fondo planteada en la demanda, a juicio del interviniente restringir la participación de una persona en futuros concursos por haber perdido otro con anterioridad, compromete el postulado constitucional de acceso a cargos y funciones públicas. Para arribar a la anterior conclusión comienza por destacar: “A nuestro parecer, es una medida desproporcionada y excesiva, pues establece una imposibilidad temporal (12 meses) de acceder a un cargo de la misma categoría o nivel superior en la carrera penitenciaria a quien no aprobare un concurso, lo cual implica que tal prohibición desborde el fin legítimo que participen los mejores en el concurso público, pues, las pruebas en sí mismo, dentro del concurso de mérito

constituyen una garantía para la escogencia meritocracia de quien pretenda acceder a los cargos públicos.” A este planteamiento agrega: “Este mecanismo establecido por el legislador extraordinario en la disposición acusada no es adecuado, pues precisamente el mérito de una persona que aspira en determinado momento a un cargo (…) es el objeto de evaluación que se deberá hacer dentro del concurso, de manera tal que no tendría sentido entrar a descalificar a una persona con anterioridad al mismo. Que una persona pueda aspirar no significa que tenga que ser elegido; su elección dependerá entonces, de la evaluación que se haga sobre sus condiciones y las de los demás aspirantes dentro del proceso del concurso.”10 Sobre la base de las consideraciones transcritas, sostiene que el fin de la norma acusada es procurar el mérito en los cargos públicos y, en tal sentido, no existe justificación alguna para impedir la participación de personas que hayan perdido una prueba dentro del concurso para ingresar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. 9 Folios 97-101. 10 Folios 68-78. 7

5. Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, por escrito11 radicado en la Secretaría General el 5 de mayo de 2016, intervino en el proceso de constitucionalidad con el fin de solicitar la inconstitucionalidad de la norma demandada.

En sustento de esta petición el interviniente se pronuncia en los siguientes términos: “El artículo en cuestión incluye como consecuencia de la no aprobación del concurso de méritos para acceder a la carrera administrativa para proveer cargos al INPEC, una sanción entendida como la imposibilidad

de presentarse al concurso en otro empleo de la misma categoría por un tiempo de doce (12) meses, situación que evidencia un claro desconocimiento de los principios fundamentales de igualdad, eficacia y trasparencia, pues la norma deja en desprotección los derechos que constitucionalmente son reconocidos a todas las personas, en igualdad de condiciones, que gozan de especial protección, de conformidad con el artículo 125 de la Carta….”12 Amparándose en estos planteamientos concluye: “De esta manera, al referirse la norma al acceso a la carrera administrativa y limitarla a la aprobación del concurso de méritos, la norma demandada vulnera el derecho a la igualdad (artículo 13), el derecho a acceder a cargos públicos, (Artículo 40.7) de la Constitución, así como los Artículos 23.1C de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADDH) y el Artículo 25C del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Igualmente, desconoce el principio de democracia que hace parte de los fines esenciales del Estado y de los principios generales que rigen el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, tal como lo ha destacado la jurisprudencia Internacional.”13

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

6. En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución Política, el señor Procurador General de la Nación rindió el Concepto 006110 del 3 de junio de 2016, mediante el cual solicita a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad del Artículo 95 del Decreto Ley 407 de 199414.

En sustento de esta postura jurídica, el Jefe del Ministerio Público advierte 11 Folios 122-126. 12 Folio 72. 13 Folio 75. 14 Folios 80-83. 8 como evidente que la norma acusada impone una consecuencia jurídica negativa en un proceso de selección posterior realizado para proveer cargos en el INPEC, lo cual estima violatorio de los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a cargos y funciones públicas: “En efecto, el principio del mérito tiene como uno de sus elementos principales que el Estado deba elegir para sus cargos de carrera a los mejores aspirantes, de acuerdo al proceso objetivo de selección dispuesto para cada evento. Y en razón de lo anterior, la única razón para denegar el acceso a los cargos públicos disponibles, además de los requisitos previstos legalmente para cada cargo, es carecer de la mejor cualificación al interior del referido proceso en concreto. Por esta razón resulta inadmisible que los resultados de concursos distintos al que se presenta tengan alguna consecuencia de puntuación o de penalización frente a otros proceso de selección.” Con base en lo anterior, la vista fiscal estima que haber perdido un concurso de méritos es una circunstancia que sólo puede implicar consecuencias negativas frente al mismo proceso, no siendo posible aplicarlas para realizar diferenciaciones en otros concursos, pues ello supone imponer una desventaja injustificada que quebranta el derecho a la igualdad: “En el mismo sentido, la disposición resulta violatoria de la igualdad pues, aun cuando el cargo formulado a partir de este principio constitucional no logra evidenciar de manera clara cuáles son los grupos que deben compararse en el juicio propuesto, en todo caso es

posible concluir que implícitamente señalan un juicio de igualdad entre las personas que pierden el concurso y todos aquellos los (sic) que se presentaran a los concursos en el lapso en que los primeros resultarían inhabilitados.”15

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para conocer del presente asunto conforme al artículo 241 numeral 5º de la Carta, en razón a que la disposición demandada hace parte de un Decreto con fuerza de Ley proferido por el Gobierno Nacional con fundamento en el artículo 150 numeral 10º de la

Constitución Política. De la aptitud de la demanda 15 Folio 82. 9

2. Asumir el conocimiento de fondo de los cargos invocados, y admitidos16, por las accionantes contra el artículo 95 del Decreto - Ley 407 de 1994, “por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”, parte de la satisfacción de los requisitos de aptitud, por lo tanto, la Sala abordará a continuación si en este caso se cumplen. 2.1. Cuestiones generales sobre la acción de inconstitucionalidad y requisitos.- 2.1.1. La acción pública de inconstitucionalidad, cuyos alcances han sido objeto de reiterados pronunciamientos por parte de esta Corporación17, materializa no solo el derecho de participación en una democracia como la prevista por el Constituyente de 1991, sino la posibilidad efectiva por parte de la ciudadanía de controlar la actuación principal del Congreso, y de aquellas autoridades que excepcionalmente tienen la facultad de proferir normas con contenido material de Ley; mediante un instrumento que se invoca ante la

Corte Constitucional, quien debe establecer, en cumplimiento de su función principal como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución Política18, la sujeción de las actuaciones legislativas a esa norma superior. En tal sentido, en la Sentencia C-128 de 201119, la Sala Plena manifestó: “5. Reiterando la jurisprudencia de este Tribunal20, la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de participación ciudadana, con el cual se desarrolla el principio previsto en los artículos 1º, 2º, y 3º de la Constitución, de ser Colombia un Estado social de derecho, democrático y participativo. Dicha acción está destinada a provocar que la Corte Constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, tras el adelanto de un proceso, produzca una sentencia con efectos de cosa juzgada sobre un cierto problema jurídico planteado por el actor, relacionado con disposiciones creadas en general aunque no exclusivamente por el Congreso de la República, obrando como constituyente derivado o como órgano representativo legislativo.”. 16 Nuevamente se precisa que, en su escrito, las accionantes demandaron la inconstitucionalidad del artículo 95 del Decreto - Ley 407 de 1994, “Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario”, por desconocer los artículos 1, 2, 13 y 40-7 de la Constitución Política. Sin embargo, los dos primeros referidos al Estado Social y de Derecho y a los fines estatales fueron rechazados, por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991.

17 En la Sentencia C-673 de 2015, con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, la Sala Plena de la Corporación consideró que: “7. De forma reiterada, esta Corporación ha explicado que la acción pública de inconstitucionalidad es un mecanismo judicial de control objetivo o abstracto, en virtud del cual quienes están legitimados pueden acudir ante el Tribunal Constitucional para solicitar que, previo el cumplimiento de un proceso, la Corporación se pronuncie sobre la conformidad de un precepto legal demandado con relación a lo establecido en el texto de la Carta Política.”. 18 El artículo 241 de la Carta establece: “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. (...)”. 19 MP. Juan Carlos Henao Pérez. 20 Sentencias C-914 de 2010 y C-761 de 2009. Así mismo, entre muchas otras, sentencias C-041 de 2002, C1095 de 2001, C-143 de 2001, A. 178 de 2003, A. 114 de 2004 y C-405 de 2009. 10 El ejercicio de la acción , empero, no está desprovisto del cumplimiento de unas cargas por parte de quienes se encuentran legitimados para su interposición, por lo menos por tres razones fundamentales, la primera, porque la ley goza de una presunción de corrección de origen que deriva del carácter epistémico del proceso democrático; la segunda, porque la demanda debe permitir la apertura de un debate en el que cada uno de los que intervengan tengan claridad sobre aquello que se discute; y, la tercera, porque

la Corte no puede asumir motu proprio la formulación de razones de inconformidad, so pena de interferir intensamente en el rol que le concedió el Constituyente al Congreso21. Lo dicho no obsta para que, en aplicación del principio pro actione, se prefiera efectuar un pronunciamiento de fondo en beneficio tanto de la existencia de un sistema jurídico coherente y consistente, como del derecho de acción del promotor, por lo que estos requisitos deben ser analizados razonablemente22. 2.1.2. En tal sentido, el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, dispone que las demandas de inconstitucionalidad deben cumplir requisitos formales mínimos, que se concretan en: (i) señalar las normas acusadas; (ii) indicar las normas que se consideras infringidas; (iii) exponer las razones de la violación; (iv) explicar el trámite desconocido en la expedición del acto, cuando sea del caso; y, (v) ofrecer las razones por las cuales la Corte Constitucional es competente para conocer del asunto. Sobre el tercero de los referidos presupuestos, la Corte Constitucional ha venido sosteniendo en reiterada jurisprudencia que las razones de inconstitucionalidad deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. Al respecto, en la Sentencia C-1052 de 2001, con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, cada uno de estos elementos fue definido en los siguientes términos: “(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición comprensible y

presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que 21 Al respecto, en la sentencia C-128 de 2011 MP Juan Carlos Henao Pérez se afirmó: “(…) la regulación del derecho a accionar contra las leyes, busca ponderar entre el interés perseguido por el actor al demandar y los demás bienes jurídicos llamados a ser protegidos, como aquellos que recoge la norma acusada y ordenados a partir del poder de configuración legislativa del Congreso, así como los relacionados con la seguridad jurídica y el principio de estabilidad del Derecho, con los cuales se protege la confianza en el sistema normativo y en las reglas que lo integran.”. 22 Al respecto en la Sentencia C-330 de 2016, con ponencia de la Magistrada María Victoria Calle Correa, se sostuvo que: “Ahora bien, la acción de inconstitucionalidad es de naturaleza pública y constituye una de las herramientas más poderosas de defensa de la supremacía de la Constitución y un derecho político de todo ciudadano. Por ello, la Corte ha explicado que la evaluación de los requisitos mencionados debe efectuarse con base en el principio pro actione, y que estas condiciones no son formalidades, sino herramientas para verificar si la demanda genera un auténtico problema de constitucionalidad”. En el mismo sentido ver las Sentencias C-330 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, C-533 de 2012 MP. Nilson Pinilla Pinilla, C-100 de 2011 MP. María Victoria Calle Correa y C-978 de 2010 MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 11

significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos a los mandatos del Texto Superior; y (v) suficientes, esto es, capaces de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o disposición demandada”23. 2.1.3. Finalmente, la Corte Constitucional ha reiterado que la admisión de la demanda por parte del Magistrado ponente de cada acción de inconstitucionalidad es un momento oportuno para determinar el cumplimiento de los requisitos antes citados; sin embargo, también ha indicado, que el hecho de que se supere esa primera mirada, que es sumaria, no impone un pronunciamiento de fondo, pues finalmente es en la Sala Plena de la Corporación, integrada por todos sus Magistrados en quien recae la competencia de proferir una Sentencia, en donde se determina, previo un debate deliberativo, si la demanda es apta o no, contando con la intervención además de quienes hayan sido convocados y del Ministerio Público24. 2.2. Análisis de la aptitud de los cargos presentados en la demanda contra el artículo 95 del Decreto - Ley 407 de 199425.- 2.2.1. Ineptitud sustancial del cargo por presunta violación del artículo 13 Constitucional.

2.2.1.1. En síntesis las accionantes afirman que la disposición demandada prevé una sanción para quienes no aprueban los concursos de ingreso a la carrera específica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), consistente en restringir su participación durante los 12 meses siguientes en concursos para el acceso a cargos de la misma clase o de superior categoría. 23 En el mismo sentido ver las sentencias C-229 de 2003 MP Rodrigo Escobar Gil, C-653 de 2003 MP Jaime Córdoba Triviño, C-856 de 2005 MP Clara Inés Vargas Hernández, C-128 de 2011 MP Juan Carlos Henao Pérez, C-508 de 2014 MP Mauricio González Cuervo, C-055 de 2016 MP Luis Ernesto Vargas Silva, AV Alejandro Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Luis Ernesto Vargas Silva y SV Alberto Rojas Ríos, y C-207 de 2016 MP Alejandro Linares Cantillo. 24 En tal sentido ver, entre otras, las sentencias C-623 de 2008 MP Rodrigo Escobar Gil, C-894 de 2009 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, C-508 de 2014 MP Mauricio González Cuervo y C-207 de 2016 MP Alejandro Linares Cantillo. En la segunda de las citadas providencias, la Corte afirmó: “Apoyada en tales razonamientos, la propia jurisprudencia ha dejado claro, que la Corte se encuentra habilitada para adelantar un nuevo estudio de procedibilidad de la demanda en la Sentencia, cuando de la valoración de los elementos fácticos allegados al proceso, se infiere una inobservancia de los requisitos mínimos de procedibilidad en la acusación, que a su vez no permite delimitar el ámbito de competencia de la Corte para

pronunciarse. Se ha explicado al respecto, que en esa instancia procesal, el análisis resulta de mayor relevancia, si se tiene en cuenta que para ese momento, “además del contenido de la demanda, la Corte cuenta con la opinión expresada por los distintos intervinientes y con el concepto del Ministerio Público, quienes de acuerdo con el régimen legal aplicable al proceso de inconstitucionalidad, [sólo] participan en el juicio con posterioridad al auto admisorio.”. 25 “Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto nacional Penitenciario y Carcelario”. 12 Esa sanción, en su consideración, desborda la competencia del legislador para regular los requisitos de acceso a cargos públicos. También indican que la finalidad de la medida puede ser ejemplarizante, pero innecesaria porque la consecuencia de no aprobar el concurso es la pérdida de la oportunidad de acceder a la carrera; y, finalmente que es injusta y desigual frente a quienes se presentan a esas convocatorias. 2.2.1.2. Las demandantes individualizan la disposición que acusan de inconstitucionalidad, así como la disposición constitucional que consideran lesionada bajo el cargo de igualdad, esto es el artículo 13 Superior. Así mismo, invocaron el artículo 241 como fuente de la competencia de la Corte Constitucional para asumir el conocimiento del asunto. Empero, varios reparos cabe efectuar por parte de la Sala, que evidencian la ineptitud del cargo especialmente porque adolece de falta de especificidad, pertinencia y suficiencia. En primer lugar, las razo