CC-C561-1999

Sentencia C-561/99

FUNCION ADMINISTRATIVA-Principios, objeto y control El artículo 209 Superior establece los principios, objeto y el control de la función administrativa, distinguiéndolos como lo ha señalado esta Corporación, entre principios finalísticos, funcionales y organizacionales. Entre los primeros (finalísticos), tenemos que la función administrativa propiamente dicha, se encuentra al servicio de los intereses generales del Estado; entre los funcionales se encuentran la igualdad, la moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; y, por último, entre los organizacionales se hallan la descentralización, desconcentración y delegación de funciones. DESCENTRALIZACION-Concepto En el fenómeno jurídico de la descentralización, se produce un traslado de asuntos que serían de conocimiento de la autoridad central, a las autoridades territoriales, o de la administración central a otras autoridades a quienes se confía el desempeño de labores especializadas, de tal suerte, que la decisión administrativa en los dos casos, no se adopta por la autoridad central, sino por un ente territorial, o por la entidad prestadora del servicio, o encargada del ejercicio de funciones administrativas. DESCONCENTRACION-Concepto La desconcentración, hace relación a la transferencia de potestades para la toma de decisiones, a instancias o agencias que se encuentran subordinadas al ente central, sin que necesariamente, gocen de personería jurídica, ni presupuesto, ni reglamento administrativo propio. El propósito de esta figura, es el de descongestionar la gran cantidad de tareas que corresponden a las autoridades administrativas y, en ese orden de ideas,

contribuir a un rápido y eficaz diligenciamiento de los asuntos administrativos. DELEGACION-Concepto Para los efectos de la presente sentencia, es importante resaltar, que la desconcentración de funciones se realiza (hace y deshace) mediante la ley, en tanto, que la delegación se realiza y revoca por la autoridad administrativa titular de la atribución. Bien se trate de desconcentración o de delegación de funciones, lo que se busca con estas figuras, es el mismo fin : descongestionar los órganos superiores que conforman el aparato administrativo y, facilitar y agilizar la gestión de los asuntos administrativos, con el objeto de realizar y desarrollar los fines del Estado en beneficio de los administrados, en cumplimiento y desarrollo de los preceptos constitucionales. Ha de observarse, con todo, que dados los elementos propios de estos mecanismos para la realización de la función administrativa, la ley regula de manera específica los efectos que asigna a cada uno de ellos, en relación con el régimen propio de los actos objeto de delegación y desconcentración en la vía gubernativa. DELEGACION-Empleador en el que puede recaer El artículo demandado no hace otra cosa que desarrollar la norma constitucional (art. 211), al señalar los empleados en los cuales puede recaer el acto de delegación. Y, es que, por lo demás así debe ser, se observa razonable, como quiera que las autoridades administrativas a quienes se autoriza a delegar funciones, a las que se refiere la norma, no son otras, que los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa, de una

parte; y, de otra, en la misma disposición acusada se indica en quiénes se puede delegar, a saber, “en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente”, lo que no vulnera la Constitución. DELEGACION Y DESCONCENTRACION La posibilidad de delegación de funciones presidenciales que señale la ley, vista como un mecanismo del Estado, al cual puede acudir legítimamente el Presidente, se justifica en términos de eficacia y celeridad que propenden por el adecuado desarrollo de la función administrativa. Además, observa la Corte, que la delegación y desconcentración de funciones no se excluyen, por cuanto, como se dijo, el fin de estos dos mecanismos es el mismo : descongestionar los órganos superiores de la administración, para facilitar y agilizar la gestión de los asuntos administrativos, que se encuentran al servicio de los intereses generales de los ciudadanos. SUPERINTENDENCIA-Naturaleza El artículo 66 de la Ley 489 de 1988, no vulnera la Constitución Política, en sus artículos 4 y 150-7, al disponer la existencia de superintendencias sin personería jurídica, porque como se vio, el Constituyente le confirió autonomía al órgano legislativo, para determinar la estructura de estas entidades, y en ese orden de ideas, las superintendencias pueden estar dotadas o no de personería jurídica. Precisamente, la sentencia No. 8 del 14 de febrero de 1985 de la Corte Suprema de Justicia, citada por el demandante, al referirse a la estructura y organización de la Superintendencia de Notariado y Registro, manifestó : “...Modalidades

como las de estar adscritas o vinculadas a un Ministerio y las de estar dotadas de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente pueden ser reguladas por el legislador según la voluntad de éste”, punto este que aparece ahora, con toda claridad, en la Constitución vigente. DELEGACION EN SUPERINTENDENCIA La delegación en las superintendencias, que realice el Presidente de la República, en virtud de autorización legal, no vulnera la Constitución Política, por cuanto, como se dijo, el acto de delegación es un mecanismo del manejo estatal, al cual, puede acudir legítimamente el Presidente de la República, con el objeto de racionalizar la función administrativa. Al contrario, la Corte considera, que el acto de delegación se constituye, en un mecanismo válido y eficaz, para hacer efectivos los principios consagrados en la Carta Política, tendientes al cumplimiento y agilización de la función administrativa, en aras del interés general. En efecto, el artículo 209 Superior, señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y, se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, “mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Referencia: Expediente D-2376

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 9, 13 y 66 parciales de la Ley 489 de diciembre 29 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el

ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

Demandante: Elson Rafael Rodrigo

Rodríguez Beltrán.

Magistrado Ponente:

Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.

Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, según consta en acta número treinta y seis (36), a los cuatro (4) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999).

I. ANTECEDENTES El ciudadano Elson Rafael Rodrigo Rodríguez Beltrán, con base en el artículo 241-4 de la Constitución Política, demandó la inconstitucionalidad de los artículos 9, 13 y 66 (parciales) de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

Por auto del veintinueve (29) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999), el magistrado sustanciador, doctor Alfredo Beltrán Sierra, admitió la demanda de la referencia y, ordenó fijar en lista la norma acusada. Así mismo, dispuso dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto, y comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente de la República, al señor Presidente del Congreso de la República y al Ministro de la Justicia y el Derecho, con el objeto de que si

lo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas demandadas.

A. Norma acusada.

El siguiente es el texto de las normas demandadas, con la advertencia de que se subraya lo acusado.

LEY 489 DE 1998

(Diciembre 29) “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. El Congreso de Colombia “DECRETA: (...) “Artículo 9º. Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley. Parágrafo. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los

criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos. (...) Artículo 13. Delegación del ejercicio de funciones presidenciales. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 142 de 1994 y en otras disposiciones especiales, el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamento administrativo, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado el ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 del artículo 189 de la Constitución Política. (...) Artículo 66. Organización y funcionamiento de las superintendencias. Las superintendencias son organismos creados por la ley, con la autonomía administrativa y financiera que aquella les señale, sin personería jurídica, que cumplen funciones de inspección y vigilancia atribuidas por la ley o mediante delegación que haga el Presidente de la República previa autorización legal. La dirección de cada superintendencia estará a cargo del Superintendente.” B.- La demanda El actor considera que las disposiciones legales demandadas, violan los artículos 1, 2, 3, 4, 123, 150-7, 189-13, 209 y 211 de la Constitución Política. Señala que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 211 Superior, así como, con el alcance jurisprudencial que a la figura de la delegación le ha dado esta Corporación, el aparte del artículo 9 de la Ley 489 de 1998, que se demanda, viola la Carta Fundamental, por cuanto, restringe

solamente a los empleados públicos de los niveles directivo y asesor, que se encuentren vinculados al organismo correspondiente, la posibilidad de que en ellos se deleguen determinadas funciones. Agrega, que de conformidad con la norma constitucional mencionada en el párrafo precedente, se dispone que la ley fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan ejercer el acto de delegación en sus subalternos o en otras “autoridades administrativas”, lo que significa, que la delegación puede recaer en cualquier servidor público, independientemente de su forma de vinculación (empleado público o trabajador oficial) con el Estado y, del nivel que ocupe. Por ello, según el demandante, es un “contrasentido” del artículo 9 demandado, radicar exclusivamente en cabeza de servidores de determinados niveles, la posibilidad de ser delegatarios, máxime si se tiene en cuenta que la finalidad de la delegación, consiste en racionalizar la administración y evitar el recargo de los órganos superiores. En ese orden de ideas, a juicio del demandante, la disposición demandada (art. 9) es discriminatoria, por cuanto, desconoce que existen otros niveles en la administración, tales como, el ejecutivo, el profesional, el administrativo, poniendo en tela de juicio la capacidad de los servidores públicos, de asumir las funciones que les pueda delegar su superior. Así mismo, considera que el artículo 9 demandado, desconoce el artículo 2 de la Constitución Política, que establece los fines esenciales del Estado y, olvida que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, en la solidaridad de los ciudadanos y

en la prevalencia del interés general; así como los principios de la función pública señalados en el artículo 209 de la Carta, y la finalidad social del Estado consagrada en los artículos 365 y siguientes ibidem. En relación con el aparte del artículo 13 demandado, considera el actor, que viola el artículo 209 Superior, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre delegación y desconcentración y, sobre las funciones de inspección y vigilancia que ejerce el Presidente de la República; como quiera, que al establecer la norma acusada, que el Presidente puede delegar las funciones consagradas en los numerales 21, 22, 24 y 26 del artículo 189 del Estatuto Fundamental, se olvida que las mismas tienen un carácter administrativo, por lo que, el Presidente en su ejercicio, actúa como suprema autoridad administrativa, operando por lo tanto, la figura de la desconcentración de funciones más no la de delegación, razón por la cual, sobre este punto se deben aplicar las mismas reglas fijadas por la jurisprudencia de esta Corte Constitucional. Ahora bien, en cuanto al artículo 66 de la Ley 489 de 1998, también demandado, manifiesta el demandante que son válidas las mismas argumentaciones expuestas en relación con el artículo 13 ejusdem, por cuanto, se está igualmente, en presencia de la figura de la desconcentración. Así mismo, esta norma legal (art. 66), viola el artículo 150-7 de la Carta, porque desconoce y restringe la función del Congreso de la República de crear las entidades necesarias para el cumplimiento de los fines del Estado. Agrega, que en ningún artículo de la Constitución Nacional, se dispone que

las superintendencias no puedan tener personería jurídica, al contrario, la Carta faculta al órgano legislativo para la creación de superintendencias y otras entidades del orden nacional “sin ninguna limitante en su estructura orgánica otorgándoles o no personería jurídica salvo que para la creación de éstas entidades se requiere la iniciativa del Gobierno como lo establece el artículo 154 superior”. Por último, indica que el aparte demandado “sin personería jurídica”, revive una antigua controversia, superada por la Corte Suprema de Justicia con la sentencia No. 8 del 14 de febrero de 1985, cuando revisó la constitucionalidad del Decreto 1659 de 1978, mediante el cual se establecía la estructura, la organización y las atribuciones de la Superintendencia de Notariado y Registro. Igualmente, manifiesta que la misma ley demandada en su artículo 38 señala la estructura y organización de la Administración Pública y consagra como entidades del sector descentralizado por servicios entre otras a las superintendencias y unidades administrativas especiales con personería jurídica.

C. Intervenciones Intervención del Director del Departamento Administrativo de la

Función Pública. El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, actuando a través de apoderado, presentó un escrito en el cual solicita se declare la exequibilidad de la normas acusadas, con fundamento en los siguientes argumentos : Manifiesta que no le asiste razón al demandante, por cuanto el artículo 209 Superior, consagra que la función pública deberá realizarse teniendo en cuenta los principios de descentralización, delegación y desconcentración. De manera pues, que la delegación se constituye en un manejo estatal al

cual puede acudir el Presidente de la República y las autoridades administrativas, de conformidad con la ley y, en los términos de eficiencia, celeridad y desconcentración del poder. Señala que por mandato constitucional (art. 209), así como por disposición legal, los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de organismos y entidades, pueden transferir el ejercicio de sus funciones en sus colaboradores y, en este caso particular, el artículo 9 demandado, restringió esa facultad a los funcionarios que conforman el nivel directivo y asesor, con lo cual no se viola ningún principio constitucional. Indica, que el artículo 13 acusado, tampoco vulnera ninguna disposición constitucional, en el entendido de que la misma normatividad superior precisa las distintas atribuciones del Presidente de la República, pero no determina en que calidad actúa para el cumplimiento de cada una de las funciones, es decir, si lo hace en calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno o Suprema Autoridad Administrativa, función interpretativa que corresponde realizar a la jurisprudencia y a la doctrina. Además, agrega el interviniente, que se debe interpretar armónicamente la disposición constitucional consagrada en el artículo 189, con el artículo 209 de la misma Carta, por cuanto, la función administrativa se encuentra al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con fundamento en los principios que allí se esbozan y mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones. En conclusión, agrega, que las funciones del Presidente de la República no solamente pueden ser desconcentradas, sino también delegadas, como en efecto lo contempla la

Ley 489 de 1998. Por último, la acusación en contra del artículo 66 ibidem, carece de fundamento, toda vez que el actor no realiza un análisis del conjunto de la ley, sino de manera “parcializada” del mencionado artículo, como quiera que la ley demandada considera la existencia de superintendencias sin personería jurídica, las cuales hacen parte del nivel central y, se encuentran definidas en los artículos 38 y 66, así como, consagra la existencia de superintendencias con personería jurídica como parte del sector descentralizado (art. 82). Ahora bien, señala que el artículo 50 de la ley 489 de 1998, consagra que las superintendencias independientemente que tengan personería jurídica o no, deben encontrarse adscritas a un ministerio o a un departamento administrativo, por lo que, a su juicio, el querer del legislador fue la existencia de superintendencias sin personería jurídica dentro de la rama ejecutiva del poder público en el sector central, y en el sector descentralizado, de superintendencias con personería jurídica. Pero en ambos casos, deben estar adscritas a un ministerio o a un departamento administrativo. Por esta razón considera que el artículo 66 de la Ley 489 de 1998, también demandado, no vulnera ninguna disposición constitucional. Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho. Inicia su intervención, manifestando que no comparte la razón de inconformidad que aduce el actor respecto del artículo 9 de la Ley 489 demandado, en el sentido de que la delegación de funciones de las autoridades administrativas no debieron recaer solamente en empleados públicos de los niveles directivo y asesor, por cuanto “no se puede llegar al

absurdo” de interpretar que las normas constitucionales cuando establecen la posibilidad de delegar ciertas funciones en subalternos u otras autoridades, exija que la delegación se realice “en cabeza de todos ellos”. Agrega, que precisamente la Carta Política faculta al legislador la posibilidad de regular dentro de ciertos límites el acto de delegación. Por otra parte, se añade en la intervención del Ministerio, que dada la importancia de las funciones a que se refiere el artículo 211 Superior, por tratarse de funciones que competen al Presidente de la República, se comprende que el órgano legislativo haya tenido sumo cuidado al permitir la delegación solamente en los niveles más próximos a las autoridades administrativas. Tampoco considera que el artículo 13 quebrante las normas constitucionales, por cuanto el mismo Estatuto Fundamental en su artículo 150-8 faculta al Congreso de la República para expedir las normas a las cuales se debe sujetar el Gobierno en el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le confiere la Constitución, por una parte, por la otra, el artículo 209 constitucional establece que la función administrativa se realiza mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones. De la misma manera, afirma que la Constitución (art.211) establece que la ley señalará las funciones que el Presidente de la República puede delegar, entre otros, en los superintendentes, así como la función de fijar las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades. Por lo tanto, la norma acusada se limita a desarrollar los principios constitucionales y, en ese orden de ideas, señala las funciones que puede

delegar el Presidente de la República, entre las cuales se encuentran las contenidas en los numerales 21, 22, 24 y 26 del artículo 189 Superior. Igualmente, manifiesta que si bien es cierto la Corte Constitucional, entratándose del tema, ha expresado que las atribuciones presidenciales contenidas en los numerales 24 y 26 se encuentran referidas a la desconcentración, no se entiende que por esta razón, se excluya la posibilidad de la delegación, la cual está expresamente permitida en la Constitución. Finalmente, el artículo 66 acusado, tampoco presenta vicios de inconstitucionalidad, como quiera que las superintendencias en su carácter de unidades ejecutoras, pueden recibir funciones de control y vigilancia, en unos casos, del Presidente de la República, y se estaría frente a la figura de la delegación y, en otros casos, directamente de la ley. En cuanto a la personería jurídica, no considera acertada la acusación, toda vez, que nada impide que en la práctica existan superintendencias “que posean tal calidad. Y, añade que la norma demandada “se limita a establecer que, no se exige como requisito para la organización y funcionamiento de la Superintendencia la personería jurídica, lo que no contraviene el ordenamiento constitucional”.

D. Concepto del Procurador General de la Nación.

En concepto Nro. 1831 del 11 de junio de 1999, el señor Procurador solicita declarar constitucionales las normas demandadas. Sus razones se pueden resumir así: El artículo 209 Superior, consagra los principios de la función

administrativa, a su vez, el artículo 211 ibidem contempla concretamente el principio de delegación de funciones, desde el punto de vista general como específico, es decir, la norma constitucional señala que la ley fijará las condiciones de la delegación, a las cuales se sujetarán las autoridades administrativas y, específicamente cuando se refiere al Presidente de la República, establece las funciones que éste puede delegar en sus ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Ahora bien, señala el Ministerio Público, que el artículo 211 de la Carta Política, habilitó al legislador para que fijará las condiciones bajo las cuales procederá el acto de delegación por parte de las autoridades administrativas, por lo tanto, no se vislumbra impedimento constitucional alguno, como quiera, que el legislador dentro del ámbito de sus funciones, dispuso que las autoridades administrativas sólo pueden delegar dichas funciones en los empleados que pertenecen al nivel directivo o asesor, situación que por lo demás, a juicio del Ministerio Público, resulta razonable, toda vez , que éstos funcionarios tienen a su cargo la dirección de las entidades a las cuales se encuentran vinculados y, en consecuencia, les compete adoptar y desarrollar las políticas y directrices de la entidad, “funciones que por su trascendencia sólo deben ser delegadas en aquellos empleados que desempeñan tareas de dirección, confianza y manejo, como son los que laboran en los niveles directivo y asesor”. El artículo 9 acusado, no discrimina a los funcionarios de los demás niveles

de la administración, por cuanto, los servidores en los cuales puede recaer el acto de delegación, se encuentran en una situación de hecho diferente, que “justifica” que se les puedan delegar las funciones asignadas a los titulares de los organismos a los cuales se encuentran vinculados, teniendo en cuenta que sus funciones propias son las de dirección, manejo y asesoría. Por otra parte, entratándose de la delegación de las funciones presidenciales, precisa el Procurador, que el artículo 211 de la Carta, al referirse al ámbito específico de la delegación, dispone que la ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en las autoridades administrativas que la misma norma determina. Así las cosas, las funciones que consagran los numerales 21, 22, 24 y 26 del artículo 189 Superior, son las que el Constituyente expresamente le asignó al Presidente de la República, pero indica el Ministerio Público, que ante la imposibilidad personal de ejercerlas directamente, la misma Carta Política en los numerales 7, 8 y 19 literal d) del artículo 150, facultó al órgano legislativo para la creación de organismos a los cuales por disposición legal, se les transfieren las funciones de inspección y vigilancia propias del Presidente de la República, transferencia ésta que se efectúa en virtud del principio de la desconcentración. Pero, así mismo, la Constitución Política (art. 211), señala las funciones que el Presidente de la República puede delegar en determinados funcionarios, entre los cuales se encuentran los superintendentes y, en ese orden de ideas, el artículo 13 de la Ley 489 de 1998 establece que el

Presidente puede delegar, entre otras autoridades, en los superintendentes, las funciones referidas en los numerales 21, 22, 24 y 26 del artículo 189 Superior. Por ello, es la misma Ley Fundamental, la que permite que las atribuciones presidenciales de inspección y vigilancia, sean objeto de desconcentración por parte del órgano legislativo, y de delegación por parte del Presidente de la República “ya que éste como titular de esas funciones debe gozar de la facultad para delegarlas”. Por último, manifiesta el Procurador, que el artículo 150-7 Superior dispone que corresponde al Congreso de la República, la creación de ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos, así como su estructura orgánica y, en este sentido, determinará a cuál ministerio se encontrarán adscritos y, si gozarán de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. De manera pues, que en desarrollo de este precepto constitucional, el legislador dispuso en el artículo 66 de la Ley 489 de 1998, que las superintendencias son organismos creados por la ley, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica y, que cumplen funciones de inspección y vigilancia “atribuidas por ley o mediante delegación que haga el Presidente de la República previa autorización legal”. Igualmente, la citada ley, en sus artículos 68 y 82 establece que las superintendencias con personería jurídica, son entidades descentralizadas del orden nacional, con autonomía administrativa y patrimonial, y sujetas al

régimen jurídico contenido en la ley que las crea y, en lo no previsto en la ley, al de los establecimientos públicos. De manera pues, señala el Ministerio Público, que el legislador, en ejercicio de las funciones que le otorga la Constitución Política, para determinar la estructura de las superintendencias, estableció en la ley demandada dos clases de estas entidades, a saber, unas dotadas de personería jurídica que hacen parte del sector descentralizado de la rama ejecutiva; y, otras carentes de personería jurídica pertenecientes al sector central de la rama ejecutiva. Por ende, a su juicio, no le asiste razón al actor cuando afirma que el artículo 66 demandado, desconoce lo preceptuado en el artículo 150-7 del Ordenamiento Superior, pues como se vio, el Constituyente confirió autonomía al legislador para determinar la estructura de las superintendencias. Concluye el Procurador expresando, que en virtud de lo dispuesto por el artículo 211 de la Carta, la delegación en las superintendencias opera tanto para las del sector central como descentralizado de la rama ejecutiva, como quiera que ni la norma constitucional ni el artículo 13 de la Ley 489 de 1998 demandado, hacen distinción alguna para efectos de delegación.

I.- CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las que se acusan en la demanda que se

estudia.

2. El problema jurídico.

Corresponde a la Corte Constitucional determinar si los artículos 9, 13 y 66 parciales de la Ley 489 de 1998, vulneran los artículos 1, 2, 3, 4, 123, 1507, 189-13, 209 y 211 de la Ley Fundamental. 2.1. Descentralización, delegación y desconcentración. Sea lo primero, comenzar citando el artículo 209 Superior, que establece los principios, objeto y el control de la función administrativa, distinguiéndolos como lo ha señalado esta Corporación