CC - C623-2008

Sentencia C-623/08

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda por la no estructuración de un verdadero cargo de inconstitucionalidad

Referencia: expediente D-7070

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 (parcial), “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.

Demandante: Gabriel Vanegas Torres.

Magistrado Ponente:

Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil ocho (2008) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Gabriel Vanegas Torres demandó la inconstitucionalidad del parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 (parcial), “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras

disposiciones”. Expediente D-7070 Mediante Auto del veintiséis (26) de noviembre de dos mil siete (2007), el Magistrado Sustanciador resolvió admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. En dicho Auto se ordenó además comunicar la demanda al Ministerio del Interior y de Justicia, al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Director de la Organización Nacional Indígena de Colombia, al Director de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible -ASOCARSy a los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Rosario, Javeriana y Nacional, para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran defendiendo o impugnando la constitucionalidad de la disposición acusada. Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Nacional y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.

II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA A continuación se transcribe la norma acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 41.146, de 22 de diciembre de 1993, subrayando los apartes demandados: “LEY 99 DE 1993

(Diciembre 22) Diario Oficial No. 41.146, de 22 de diciembre de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Artículo 33º. (…) Parágrafo 3º. Del Manejo de Ecosistemas Comunes por varias Corporaciones Autónomas Regionales. En los casos en que dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan jurisdicción sobre un ecosistema o sobre una cuenca hidrográfica comunes, constituirán de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, una comisión conjunta encargada de concertar, armonizar y definir políticas para el manejo ambiental correspondiente. El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de concertación para el adecuado y armónico manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales o Reservas. 2 Expediente D-7070 Cuando dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan a su cargo la gestión de ecosistemas comunes, su administración deberá efectuarse mediante convenios, conforme a los lineamientos trazados por el Ministerio del Medio Ambiente;”

III. LA DEMANDA III.1. Normas constitucionales que se consideran infringidas El accionante considera que los apartes acusados del parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras

disposiciones.”, violan el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 40 numeral 2, 58, 63, 79, 80, 93, 94, 209, 246, 286, 287, 288, 329, 330 y 56 transitorio de la Constitución Política. 3.2. Fundamentos de la demanda El demandante señala como razones de inconstitucionalidad de los apartes normativos acusados, las siguientes: - En primer lugar, sostiene que los apartes demandados otorgan competencias a las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR-, para ejercer la administración y manejo de ecosistemas comunes, desconociendo las facultades que en esta materia le asigna la Constitución Política de 1991 a las entidades territoriales. En su criterio, ello resulta lesivo de los principios de autonomía, participación y descentralización de las entidades territoriales, los cuales encuentran sustento en los artículos 1, 2, 246, 286, 287, 288, 330 y 56 transitorio del Texto Superior. A su juicio, el legislador no podía circunscribir de manera exclusiva la competencia para el manejo y administración de los ecosistemas comunes a las CAR, por lo que era necesario que se estableciera la participación conjunta y armónica de las entidades territoriales con jurisdicción en estos territorios para la definición de estos asuntos. En relación con el mismo punto, sostiene que la preceptiva acusada “ignora que existe en el país el deber de la colaboración y participación armónica de las diferentes dependencias de la administración (C.P. art. 113), para la ejecución de la política ambiental en el país a la luz de los principios de rigor

subsidiario y armonía regional…”. - En segundo término, afirma que la norma acusada vulnera los derechos y competencias constitucionales de los grupos indígenas, ya que no prevé que 3 Expediente D-7070 éstos participen en las decisiones de administración y manejo de los ecosistemas comunes. En este sentido, los apartes demandados desconocen el principio de diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (art. 7 de la C.P.), y comportan un desconocimiento de las facultades que la Constitución le reconoce a las comunidades indígenas en relación con el manejo de los recursos naturales que se encuentran dentro de su territorio, concretamente en los artículos 246, 286, 287 y 330 de dicho ordenamiento Superior. Sostiene al respecto que, a diferencia de otras entidades territoriales, las comunidades indígenas no sólo gozan de autonomía administrativa, presupuestal y financiera dentro de sus territorios, sino que también se les reconoce “autonomía política y jurídica”, según se desprende de los artículos 246, 286 y 330 constitucionales. A su juicio, ello incluye la posibilidad de adelantar procesos relacionados con el ordenamiento territorial dentro de su jurisdicción a pesar de que aún no exista ley orgánica sobre la materia, potestad que, en consideración a la naturaleza de dichas comunidades, constituye un elemento fundamental que garantiza la subsistencia misma del grupo y la preservación de sus costumbres. Además, dicha autonomía implica un “poder de regulación normativa” que se traduce en la capacidad de expedir normas jurídicas, por lo que debe entenderse que la autonomía de las comunidades indígenas significa que ellas tienen potestad para regular, a

través de normas, el uso del suelo, de los recursos naturales que se encuentran en su territorio y, de manera general, de los asuntos ambientales, competencia que, en sentir del demandante, es desconocida por el artículo acusado1. - Por último, aduce que el legislador no podía otorgar competencias en materia de ordenamiento territorial a las CAR mediante la expedición de una ley ordinaria, como la Ley 99 de 1993, sino que, tal como lo establece el artículo 288 de la Carta, este tema debe ser regulado a través de una ley orgánica. En apoyo de la demanda, el actor sostiene que la acusación contra los apartes acusados se genera en un problema de interpretación y aplicación de los mismos, pues el alcance que le han reconocido las autoridades administrativas en situaciones concretas evidencia un desconocimiento de la participación de las entidades territoriales y de los territorios indígenas en los procesos ambientales. Para ilustrar su afirmación, el actor se refiere a la forma en que se ha adelantado el proceso de ordenación y manejo de la cuenca del Río Palo en el Departamento del Cauca, en el que, según afirma, la CAR encargada no aceptó la participación de las comunidades indígenas de la zona, bajo la consideración de que el parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 no la contempla.

IV. INTERVENCIONES 1 Para fundamentar sus argumentos, el actor realiza extensas citas de las sentencias C-534 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz; C-535 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-064 de 1998, M.P. Vladimiro

Naranjo Mesa. 4 Expediente D-7070 - Intervención del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Mediante apoderado especial, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial intervino en el proceso de la referencia para defender la constitucionalidad del aparte normativo acusado y solicitarle a la Corte que se declare inhiba para emitir un pronunciamiento de fondo. Para el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la demanda presentada no cumple con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que deben ser observados en este tipo de trámites, ya que en ella el actor no efectúa una exposición clara de las razones por las cuales considera que la norma acusada es inconstitucionalidad, ni tampoco existe relación entre los apartes normativos acusados y los artículos de la Carta que cita como violados. En consecuencia, estima que no es posible un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda. En todo caso, considera que, en cuanto la acusación es inconsistente y no se predica propiamente de la norma demandada, no existen razones para cuestionar su constitucionalidad. La posición del interviniente es explicada por éste de la siguiente manera: Empieza por señalar que en ejercicio de la potestad consagrada en el numeral 7 del artículo 150 superior, el legislador estableció el Sistema Nacional Ambiental - SINA, cuya composición institucional se encuentra integrada por distintas entidades estatales encargadas de definir y ejecutar las políticas ambientales. La organización jerárquica de dichas autoridades, de acuerdo con

el artículo 4 de la Ley 99 de 1993, se encuentra conformada de la siguiente manera: (i) el Ministerio del Medio Ambiente; (ii) las Corporaciones Autónomas Regionales - CAR; (iii) los departamentos y, finalmente, (iv) los distritos. Así, luego de realizar una cita de la sentencia C-1345 de 2000 y de transcribir los artículos constitucionales que el accionante estima vulnerados, afirma que dentro de la política ambiental definida en nuestro ordenamiento por la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1604 de 2002, las Corporaciones Autónomas Regionales - CAR, son las entidades encargadas de la administración del medio ambiente y de los recursos naturales renovables existentes dentro de su jurisdicción, en los términos del artículo 23 de la Ley 99 de 1993. De esta manera, el hecho de que la norma acusada prevea la conformación de comisiones integradas por las distintas CAR que tienen jurisdicción sobre ecosistemas comunes, con el fin de definir el manejo y administración de dichos recursos, constituye para el interviniente un mecanismo a través del cual se busca que exista coordinación y armonía entre las distintas Corporaciones Autónomas y, además, establece un principio de planificación 5 Expediente D-7070 ambiental que resulta fundamental para el desarrollo sostenible de los recursos naturales. En efecto, a través de ella el legislador buscó que las CAR “ejerzan las potestades conferidas por la ley de manera eficiente, coordinada y concertada, cuando surjan circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento del mandato legal, como puede ser, por ejemplo, la existencia

de dos o más corporaciones con jurisdicción sobre un ecosistema o sobre una cuenca hidrográfica”. Lo anterior, según afirma, se enmarca dentro de las políticas adoptadas en la actualidad por los organismos internacionales encargados del tema ambiental, los cuales exigen el manejo integrado de los recursos naturales, en aras de su protección y conservación. En este sentido, la norma acusada no vulnera la Constitución Política sino que, por el contrario, ella constituye una herramienta importante para lograr la realización de los mandatos que en materia ambiental estableció el constituyente en la Carta de 1991, en particular, el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano (art.79 C.P.) y el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales (art.80 C.P.) Sostiene, además, que no es cierto que la disposición objeto de reproche atribuya competencias o facultades a las CAR, ya que son otras normas de la Ley 99 de 1993 las que definen las funciones que deben cumplir estas entidades dentro del SINA. En este orden de ideas, la referida norma se limita a definir la forma en que se ejercerán dichas competencias cuando quiera que existan ecosistemas que hagan parte de más de una jurisdicción, por lo que debe concluirse que ella “no se aparta del marco de jurisdicción y competencia que el legislador define para las corporaciones autónomas regionales”. A su juicio, tampoco es cierto que, como lo afirma el demandante, a través de esta disposición el legislador haya desconocido las competencias de las entidades territoriales y de las comunidades indígenas en materia ambiental;

por el contrario, la propia Ley 99 de 1993 dispone en su Título IX cuales son las facultades de estas entidades en relación con el manejo de los recursos naturales, dentro de las cuales se encuentran las funciones de inspección y vigilancia, de promoción, de expedición de normas con sujeción a los mandatos superiores, de apoyo presupuestario y de desarrollo de programas de cooperación e integración con entidades territoriales equivalentes y limítrofes de países vecinos. Así las cosas, es claro que el legislador se ocupó de definir claramente las funciones que deben desempeñar las Corporaciones Autónomas Regionales y las que han sido asignadas a las entidades territoriales, previendo, además, distintos mecanismos de coordinación, concertación y armonización entre las entidades involucradas2. Ello significa que en materia de política ambiental, el 2 El interviniente cita, a manera de ejemplo, el artículo 66 de la Ley 99 de 1993. 6 Expediente D-7070 ordenamiento ha previsto las denominadas competencias concurrentes, que implican la participación de diversas autoridades en el manejo de este tema que convergen y no que se excluyen. En este sentido, para el Ministerio no existe una vulneración de la autonomía de las entidades territoriales o de otras autoridades, ya que ésta sólo puede ser ejercida dentro de los límites y parámetros que fije la Ley, dentro de los cuales, en este caso, se encuentran las facultades de las Corporaciones Autónomas Regionales en materia ambiental3. Adicionalmente, estima que no es cierto, como lo afirma el actor, que la norma acusada vulnere el artículo 288 de la Carta al constituir una distribución

de competencias que sólo podía ser establecida mediante una ley orgánica, en particular, de la Ley orgánica de ordenamiento territorial, ya que ella se ocupa de la definición de “competencias político-democráticas de los distintos niveles del Gobierno” y no, de manera fundamental, del tema ambiental. En este sentido, nada obsta para que mediante una ley ordinaria el legislador regule el tema referente a la protección del medio ambiente. Con base en tales argumentos, se reitera, el interviniente considera que la norma acusada se ajusta a la Constitución, y que la Corte debe declarase inhibida para pronunciarse de fondo, ya que en ella no se regula la situación descrita por el actor en la demanda, ni éste explica de qué manera la misma viola la normatividad constitucional citada.

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN En su concepto, el representante del Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad condicionada de la norma acusada.

El Señor Procurador afirma que bajo el sistema existente con anterioridad a la expedición de la Ley 99 de 1993, las funciones ambientales se encontraban establecidas en cabeza de múltiples entidades públicas, lo que generaba conflictos de competencia, decisiones contradictorias y afectación de los recursos naturales. Por tal razón, el legislador creo, en desarrollo de la habilitación constitucional contenida en el numeral 7 del articulo 150 de la Carta, el Sistema Nacional Ambiental - SINA, el cual se encuentra integrado, entre otras entidades, por las Corporaciones Autónomas Regionales, entidades encargadas de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio

ambiente y los recursos naturales renovables. 3 En este punto, el representante del Ministerio realiza una breve explicación del proceso de ordenación y manejo de recursos y, posteriormente, efectúa una cita de las sentencias C-497A de 1994, C1340 de 2000, entre otras. 7 Expediente D-7070 Bajo la consideración de que dichos recursos pueden llegar a extenderse más allá de la jurisdicción de las CAR, de las entidades territoriales e incluso del propio Estado, la ley previo que la competencia en materia de protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables le corresponde de manera concurrente a la Nación, a los departamentos, municipios y distritos, a los territorios indígenas y a las Corporaciones Autónomas Regionales, tal y como lo ha sostenido la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos4. En este escenario, a juicio del representante del Ministerio Público, cuando la norma acusada dispone que el manejo de ecosistemas en los que tenga jurisdicción más de una CAR debe efectuarse mediante una comisión conjunta de las entidades involucradas, que armonice, concerte y defina las políticas correspondientes, no puede entenderse que ella excluye la participación de los entes territoriales o de las comunidades indígenas en el manejo de ecosistemas comunes, así como tampoco de aquellas personas que pudieran resultar afectadas por las decisiones adoptadas. En efecto, de acuerdo con los mandatos constitucionales, en particular, con los artículos 1, 2 y 133 de la Carta, es claro que cuando la norma habla de concertación, debe entenderse que es necesaria la inclusión de los ciudadanos,

de las comunidades indígenas y de las propias entidades territoriales en el proceso de administración y manejo de ecosistemas comunes y no, como lo hace el actor, que la norma acusada excluye a cualquier otra autoridad distinta a las Corporaciones Autónomas Regionales involucradas. Así las cosas, para el Procurador no es cierto que la norma acusada elimine las competencias de las entidades territoriales o de las comunidades indígenas en materia de gestión de ecosistemas comunes. En el mismo sentido, el Ministerio Público afirma que no existe en este caso una vulneración del principio de reserva de ley orgánica, como quiera que el tema que regula la norma acusada es el de la asignación de funciones ambientales a las CAR, asunto que el constituyente no reservó a una norma de carácter orgánico, por lo que su definición corresponde a la ley ordinaria. Por consiguiente, el Procurador General de la Nación solicita a ésta Corporación que se declaren exequibles los apartes acusados, “bajo el entendido que en todos los procesos en los cuales deba darse aplicación a tales preceptos debe garantizarse la participación ciudadana, la de los pueblos indígenas y de las entidades territoriales que puedan resultar afectados por ellos”. 4 Sentencias C-495 de 1996, C-894 de 2003, entre otras. 8 Expediente D-7070

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia Por dirigirse la demanda contra una norma que hace parte de una ley de la República (parágrafo 3° del art. 33 de la Ley 99 de 1993) esta Corporación es

competente para decidir sobre su constitucionalidad, tal y como lo prescribe el artículo 241-4 de la Constitución Política. 1.1. El estudio de la demanda en forma en la Sentencia Como lo ha destacado esta Corporación en anteriores oportunidades5, cuando el Pleno de la Corte avoca el estudio de una demanda de inconstitucionalidad que ha sido previamente admitida, debe proceder a establecer, como cuestión inicial, si la misma fue presentada en legal forma, pues de ello depende que se active su competencia para emitir pronunciamiento de fondo. En efecto, en cuanto la Carta Política no faculta a la Corte Constitucional para adelantar un control oficioso de constitucionalidad sobre las leyes (C.P. art. 241), pues dicho control se activa a través del ejercicio ciudadano de la acción pública, la posibilidad de llevar a su fin un juicio de inconstitucionalidad, depende en todos los casos de que en la respectiva demanda se delimite el ámbito de competencia del órgano de control, es decir, se circunscriba el campo sobre el cual asumirá el correspondiente análisis, lo cual se concrete mediante el cumplimiento estricto de los requisitos de procedibilidad. A este respecto, ha aclarado el mismo Tribunal6 que, aun cuando en principio, es en el Auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del Magistrado Ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del Pleno de la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad

que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (C.P. art. 241-4-5). Bajo ese entendido, la Corte, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, está plenamente habilitada para realizar un nuevo análisis de procedibilidad de la demanda en la Sentencia, teniendo en cuenta, ya no solo la acusación, sino también la opinión expresada por los distintos 5Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-1115 de 2004, C-1300 de 2005, C-074 de 2006 y C-929 de 2007. 6Ibídem. 9 Expediente D-7070 intervinientes y el concepto del Ministerio Público, quienes de acuerdo con el régimen legal aplicable a esta clase de actuaciones, tienen oportunidad de participar en el proceso con posterioridad a la admisión de la demanda, permitiéndole al Pleno de la Corporación contar con mayores elementos de juicio para realizar un estudio completo y detallado sobre su competencia para pronunciarse de fondo. En el presente caso, quien interviene en representación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, le solicita a la Corte que se declare inhibida para emitir pronunciamiento de fondo, en razón a que el actor no identificó con precisión el objeto sobre el cual versa la acusación, ni tampoco expuso las razones por las cuales la norma acusada infringe las disposiciones constitucionales citadas en la demanda. Al respecto, sostiene que, en cuanto la acusación gira en torno a las competencias asignadas a las CARS para la administración y manejo los ecosistemas, la demanda se dirigió

contra la norma equivocada, ya que tales competencias no se encuentran contenidas en el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993. De igual manera, explica que, aun cuando el actor cita como violados los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 40 numeral 2, 58, 63, 79, 80, 93, 94, 209, 246, 286, 287, 288, 329, 330 y 56 transitorio de la Constitución Política, en realidad no explica las razones por las cuales la norma acusada se aparta de tales preceptos Superiores. De esta manera, considera que no se estructuró una proposición jurídica completa que permita proferir un fallo de fondo con relevancia constitucional. En ese orden de ideas, antes de cualquier consideración de fondo, y a pesar de que la demanda fue previamente admitida, en el presente fallo, debe empezar la Corte por determinar si es cierto que la misma cumple con los requisitos de procedibilidad previstos en la ley y la jurisprudencia constitucional. Requisitos que debe cumplir una demanda para que el juez constitucional pueda activar su competencia y proceda a proferir pronunciamiento de fondo Pues bien, según lo ha destacado esta Corporación en numerosas ocasiones, aun cuando la acción de inconstitucionalidad es de naturaleza pública y no 10 Expediente D-7070 está sometida a formalidades especiales, quien la ejerce sí debe asumir una carga procesal mínima que le permita al órgano de control no solo activar su competencia, sino también, adelantar con diligencia la función que en ese

campo le ha sido asignada: “decidir definitivamente y con alcance de cosa juzgada, las controversias sobre la validez de las leyes y decretos con fuerza de ley que hayan llegado a su conocimiento a través de demanda ciudadana.”7 Ha precisado esta Corporación que exigir unos requisitos de procedibilidad permite que, mediante el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, se promueva una verdadera controversia de tipo constitucional, provista de los elementos de juicio pertinentes y suficientes para que la Corte pueda entrar a determinar si, “con base en la acusación, existe o no una oposición objetiva entre una norma legal y la Carta Política, que es el propósito del control de constitucionalidad de las leyes”8. Por ello, para que la Corte decida sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y decretos con fuerza de ley, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación, es necesario que, en cada caso, la demanda reúna los requisitos mínimos señalados en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, como son los de incluir en ella: (i) las normas que se acusan como inconstitucionales, (ii) las preceptivas superiores que se estiman violadas y, particularmente, (ii) las 7 Sentencia C-980 de 2005. 8Sentencia C-074 de 2006. 11 Expediente D-7070 razones o motivos por los cuales se considera que dichos textos constitucionales han sido infringidos. En punto al último requisito, ha explicado la Corte que el mismo le impone al ciudadano una carga de contenido material y no simplemente formal, en el

sentido de que no se satisface con el señalamiento de cualquier tipo de razones o motivos, sino que se requiere que tales razones o motivos sean “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”9, por oposición a las acusaciones vagas, abstractas, imprecisas o globales, que no permiten plantear una verdadera controversia de tipo constitucional, y que, por tanto, deben ser desestimadas por improcedentes e ineptas. En la Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte tuvo oportunidad de explicar en detalle el alcance de los presupuestos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia que deben observarse en la formulación de la acusación, señalando que: “La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental”10, no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa. Adicionalmente, que las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente11 “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita”12 e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto

de la demanda13. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad 9 Sentencia C-1052 de 2001. 10 Cfr Corte Constitucional Sentencia C-143 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández. Estudió la Corte en a aquella ocasión la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 20 de la Ley 3 de 1986, 246, 249 y 250 del Decreto 1222 de 1986. En el mismo sentido puede consultarse la Sentencia C-428 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz. 11Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001; M.P. Alvaro Tafur Gálvis, la Corte también se inhibió de conocer la demanda contra Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º del Decreto 2700 de 1991, pues “del estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra ella”. 12 Sentencia C-504 de 1995; M.P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se declaró inhibida para conocer de la demanda presentada contra el artículo 16, parcial, del Decreto 0624 de 1989 “por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”, pues la acusación carece de objeto, ya que alude a una disposición no consagrada por el legislador. 13 Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1544 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se

inhibe en esta oportunidad proferir fallo de mérito respecto de los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, por presentarse ineptitud sustancial de la demanda, debido a que el actor presentó ca